Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 36.689-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar, con respecto a la aquí recurrente, la resolución DE PRLA n° 5702/2015, recaída en la actuación administrativa n° 12210-5391-2008.
2Costas al fisco.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-11781560-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 7 de Febrero de 2022 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F”, Dres. Miguel Nathan Licht (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18a. Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, para resolver en los autos caratulados: “INTERCLIMA S.A. c/ D.G.A. s/ recurso de apelación”, expediente Nº 36.689-A.
El Dr. Miguel Nathan Licht dijo:
I. A fs. 10/17 vta. se presenta la firma referida en el epígrafe, por apoderado, e interpone recurso de apelación contra la Resolución nº 5702/2015, recaída en la actuación nº 12210-5391-2008., mediante la cual se la condena al pago de una multa por la infracción tipificada en el art. 970 del C.A. y se le exigen los tributos, con más intereses. Plantea la nulidad absoluta del procedimiento seguido por la aduana debido a la injustificada dilación en dictar la resolución aduanera. Cita jurisprudencia. Aduce que se ha reexportado la mercadería en tiempo y forma mediante el P.E. 04 001 EC03 028851K. Alega que es nula la Resolución apelada ya que el servicio aduanero no expresa el motivo por el cual entiende el CTC no tipifica el insumo; por lo que entiende que la imputación carece de sustento fáctico y jurídico. Solicita la aplicación del principio in dubio pro reo y en caso de duda, peticiona que se resuelva a favor de la actora. En subsidio, solicita la reducción de la multa, conforme lo dispuesto en el art. 915 del C.A. Alega que los antecedentes infraccionales invocados por el fisco no pueden ser considerados como tales ya que ni siquiera obran en las actuaciones administrativas copias de los fallos. En subsidio, plantea la vulneración del principio de reformatio in pejus ya que primero la aduana reclamó los tributos en pesos al formular la corrida de vista y luego, en la Resolución aquí apelada los reclama en dólares. Finalmente, solicita se declare nula y/o se revoque la resolución. En subsidio, se reduzca la multa y se modifique el importe de tributos reclamados, con costas.
II. A fs. 27/32 vta. se presenta la representación fiscal, y contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido. Efectúa una breve reseña de los hechos y niega las afirmaciones de la actora. Alega que la carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen de importación temporaria recae sobre la importadora, quien debe demostrar en forma fehaciente y con la documentación aduanera pertinente que ha cumplido acabadamente con sus obligaciones dentro del plazo legal otorgado; lo que no ha ocurrido en autos. En consecuencia, entiende que se ha configurado la infracción tipificada en el art. 970 del C.A. Respecto de la nulidad planteada por la recurrente, aduce que debió haber sido planteada como una excepción previa conforme lo determina el art. 1149, inc. h del CA. Cita jurisprudencia de la CIDH. Destaca que la protección del Sistema Interamericano le es garantizada al hombre no a la empresa. Finalmente, acompaña las actuaciones administrativas y solicita se confirme la Resolución apelada, con costas.
III. A fs. 39 se elevan los autos a la Sala “F y se ponen autos a sentencia.
IV. Las actuaciones administrativas nº 12210-5391-2008 se inician con el Acta de Denuncia Nº 536/08, por la infracción tipificada en el art. 970 del C.A. respecto del DIT 04 073 IT14 000884P, con vencimiento 2/04/05. A fs. 4 obra en sobre contenedor el referido DIT. A fs. 6 obra la valoración en aduana. A fs. 7 obra la liquidación tributaria. A fs. 12 obra la liquidación tributaria y la base de la multa. A fs. 13 obra la consulta de garantía global o unitaria. A fs. 14/14 vta. con fecha 29/9/2010 se instruye sumario y se corre vista a la importadora y se cita a CHUBB en su carácter de garante de la obligación en trato. A fs. 19 se notifica de la corrida de vista la aseguradora el 15/2/11 y la importadora el 25/2/11 a fs. 46. A fs. 21/27 vta. contesta la vista conferida la aseguradora. A fs. 33/35 obra copia certificada del CTC 3983/03. A fs. 37/41 obra copia del despacho de importación a consumo de residuos de importación temporaria nº 04 073 IC82 000121K. A fs. 47 se tiene por presentada a la firma INTERCLIMA S.A. y CHUBB ARGENTIAN DE SEGUROS S.A. y por ofrecida la prueba. A fs. 50 (refoliado) obra en sobre contenedor el PE.. nº 04 001 EC03 028851K. A fs. 53 obra la Nota n° 6026/2015 (SE OPRE), mediante la cual se ratifica la denuncia formulada por cuanto no se encuentra tipificado el insumo en el CTC. A fs. 54 obra la liquidación de tributos y la base de la multa. A fs. 55/65 obra la consulta al Registro de Infractores. A fs. 66/69 obra la Resolución DE PRLA Nº 5702/2015, de fecha 28/09/2015, aquí apelada, de la que se notifica la importadora el 15/2/2016 (fs. 72).
Primera cuestión V.- En primer lugar, corresponde examinar, la prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos y multa.
Tal como sostuve in re: “EX-2019-91486944- APN-SGASAD#TFN, AFIANZADORA LATINOAMERICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. c/ DGA s/ apelación”; EX-2019-
97789030- APN-SGASAD#TFN “AIT S.A. c/ DGA s/ apelación” y EX-2019-72410244- APN- SGASAD#TFN “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, entre otras, encuentro que la interrupción o suspensión del curso de la prescripción opera en los casos en que se notifica el auto de apertura del sumario.
Ello es así en virtud de lo establecido en el artículo 1012 inciso b) del C.A. en cuanto dispone que “Sin perjuicio de los actos cuya notificación estuviere expresamente prevista en los procedimientos regulados en este Código, deberán ser notificados (…); b) Los (…) que en alguna medida, afectaren derechos subjetivos o intereses legítimos” carácter que - sin duda- reviste el auto de apertura del sumario, en tanto su dictado ha sido previsto por el legislador como causa de interrupción o suspensión de la prescripción. En orden a ello, no puede pasar desapercibido que la notificación de los actos administrativos tiene trascendental importancia en el procedimiento administrativo (García de Enterría, E. -Fernández, T.R., "Curso de Derecho Administrativo", t. 1, p. 541), dado que resulta fundamental para preservar la seguridad jurídica (confr. Entrena Cuesta, R. "Curso de derecho administrativo", Madrid, 1981, 7a. ed., vol. 1, p.212), constituyéndose como un deber de información impuesto como carga a la administración en garantía de los derechos de los particulares (Garrido Falla, F. "Régimen de impugnación de los actos administrativos", ed. Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1956, págs. 275 y ss.), vinculándose así su régimen con la garantía de la defensa en juicio, el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de la buena fe (González Pérez, J., "Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo", Madrid, 1977, pág. 582).
La circunstancia de que los artículos 805 inc. a) y 937 inc. a) del C.A. - aplicables al caso- establezcan que el curso de la prescripción se suspende e interrumpe por el mero dictado del auto por el cual se ordena la apertura del sumario, no autoriza sin más a acordar a ese acto administrativo efectos jurídicos con prescindencia de la debida notificación en contraposición con el principio general establecido en el artículo 11 de la Ley 19.549. Ello así, a poco que se advierta que es propio de la interpretación de las leyes indagar su verdadero sentido y alcance mediante un examen atento y profundo de sus términos que consulte la racionalidad del precepto y la voluntad del legislador, teniendo en cuenta su conexión con las demás normas que integran el ordenamiento jurídico vigente, con el que deben armonizar del modo que mejor concuerden con los principios y garantías de la Constitución Nacional (Fallos 297:142; 299:93, 301:460; 302:1600, 314:1445, 1717 y 1784, entre muchos otros). Es que, jurídicamente no puede hablarse de acto administrativo en la plenitud de su esencia, en la medida que no produzca sus efectos jurídicos propios a través de la forma previamente encauzada por el ordenamiento jurídico y cuando esta forma - como es el caso de la notificación- aparece como un procedimiento insoslayable para la administración, no cabe duda, a mi entender, que allí estamos hablando de algo más que de la mera "eficacia", sino de la entidad jurídica, es decir, su "validez".
Con arreglo a lo dicho y en relación al caso que nos convoca, entiendo que el auto de apertura del sumario dictado junto con la corrida de vista el 29/9/10 no puede reputarse válido por haber sido notificado a la aquí actora el 25/2/11, es decir después del vencimiento del plazo de prescripción de las acciones fiscales (31/12/10).
En virtud de lo expuesto, el acto examinado carece de la entidad suficiente para producir la interrupción de la prescripción de acción del Fisco para imponer penas –art. 937, inc. a), del C.A.- ni la suspensión de la prescripción de la acción para perseguir el cobro de tributos en los términos art. 805, inc. a), del C.A. En este sentido, habiéndose iniciado el cómputo de dicha prescripción el 1/1/06 -en tanto se trata de una importación temporaria cuyo vencimiento se produjo el 2/04/05-, la misma operó, no habiendo mediado causales interruptivas y/o suspensivas, el 31/12/10 (cfme. arts. 803, 804 y 805 del C.A.), es decir, con anterioridad al dictado de la resolución DE PRLA n° 5702/2015, aquí apelada, dictada el 26/9/15 (ver fs. 66/69. de las act.) y notificada a la actora el 15/2/2016 (fs. 72 de las actuaciones administrativas). En virtud de ello, corresponde declarar la prescripción de las acciones del fisco para imponer la multa y para perseguir el cobro de tributos relativos al DIT nº 04 073 IT14 000884P.
El Dr. Garbarino dijo:
I. Que, con carácter previo al análisis de la cuestión planteada en autos y tal como lo he expresado al sentenciar las causas “Aluar Aluminio Argentina SACI y otro c/Dirección General de Aduanas s/apelación”, expediente N° 24.840-A, del 2/12/13 y “Blanco, Eduardo Jorge c/Dirección General de Aduanas s/apelación”, expediente N° 24.553, del 3/12/13, entre otras, a cuyos fundamentos me remito brevitatis causae, considero que la Administración carece de facultades para aplicar sanciones de naturaleza penal, aunque se trate de infracciones y no de delitos y, por ello, el organismo fiscal debe elevar al tribunal competente los antecedentes y conclusiones de la labor instructora para que emita la correspondiente sentencia.
Que, en efecto, el procedimiento infraccional previsto por el Código Aduanero, al admitir que la misma autoridad -en el caso la DGA- que investiga sea la que juzga, no resulta compatible con la garantía de la imparcialidad del tribunal. Dicha norma -y aquellas reglamentaciones dictadas en consecuencia- deben necesariamente entenderse como derogadas, cuanto menos por la reforma constitucional de 1994, que asignó jerarquía constitucional a los tratados internacionales en materia de derechos humanos en las condiciones de su vigencia, es decir en las condiciones fijadas por la jurisprudencia de la Corte (confr. Corti, Arístides, “Acerca de la competencia del Tribunal Fiscal de la Nación para declarar la inconstitucionalidad de las leyes”, en “Tribunal Fiscal de la Nación, a los 50 años de su creación”, EDICON, Mayo de 2010, volumen II, pág. 138).
Que una de las normas dictadas en consecuencia, y cuyos efectos operan a partir de la ejecución del acto administrativo que impone multa, es el Decreto 258/99 (B.O. 26/3/99), que fuera expresamente aplicado por la Administración en el acápite 4° de la resolución impugnada, de cuyo articulado se desprende que los propios agentes del organismo que impone la sanción se ven directamente beneficiados -en su faz patrimonial- con la mitad del producido de la misma, extremo que resulta por demás indicativo que en la especie no se verifica imparcialidad alguna, sino que existe un temor objetivo de parcialidad bien claro y manifiesto. La imposición de la multa objeto de autos jamás debe hacerse para satisfacer fines recaudatorios o de otro tipo, ni para constituir una fuente de recursos para el Estado, y menos para sus dependientes. Todo ello sin perjuicio de los derechos adquiridos que, de acuerdo al modo en que habitualmente se liquida la referida cuenta "Productividad, Eficiencia y Fiscalización" , pudieran asistir a los beneficiarios de la norma supra analizada, los que, de corresponder, deberán ser satisfechos a través de los principios remuneratorios aplicables en el ámbito laboral, y no a través de la utilización del poder punitivo del Estado, al que cabe acudir sólo en última instancia, por resultar taxativo, fragmentario y proporcional.
En tal sentido, nuestra Corte Suprema ha destacado en el precedente “Angel Estrada y Cía. S.A. c. Secretaría de Energía y Puertos” (Fallos: 328:651, del 5/4/2005) que el principio constitucional de defensa en juicio previsto en el art.18 de la Constitución Nacional y la prohibición al Poder Ejecutivo de ejercer funciones judiciales -art. 109- quedan a salvo “siempre y cuando los organismos de la administración dotados de jurisdicción para resolver conflictos entre particulares hayan sido creados por ley, su independencia e imparcialidad esté asegurada, el objetivo económico y político considerado por el legislador para crearlos sea razonable y sus decisiones estén sujetas a control judicial amplio y suficiente”, no resultando admisible concluir en tales casos que la tarea del Fisco responda a las pautas establecidas por el Alto Tribunal, pues no puede predicarse que el Administrador Federal -o quienes lo sustituyen en la función punitiva- cumplan con el estándar de tener independencia e imparcialidad asegurada, cuando justamente es la propia Administración la que inicia los sumarios para sancionar las presuntas defraudaciones cometidas en su contra.
Por lo tanto, el ejercicio de facultades jurisdiccionales en materia penal por parte de la Administración (ya sea que se trate de materia vinculada al régimen aduanero como al impositivo o al de Seguridad Social) debe quedar limitado a una labor de investigación sumarial, lo que necesariamente lleva a considerar que el juzgamiento de la infracción corresponde exclusivamente al Poder Judicial y/o, según el caso, a tribunales jurisdiccionales legalmente equiparados -por poseer éstos facultades judiciales-, como es el caso de este Tribunal Fiscal de la Nación, en virtud de su indudable posición de neutralidad legal, técnica y fáctica frente al caso, toda vez que la DGA ejerció funciones instructorias que pudieron haber afectado objetivamente su ajeneidad con el procedimiento infraccional desplegado en sede aduanera, al momento de imponer la sanción apelada.
Por ello, la pertinencia de la actuación de este Tribunal Fiscal de la Nación reside en que ejerce funciones jurisdiccionales, y al igual que el fuero contencioso administrativo federal, las mismas resultan sustantiva o materialmente judiciales -por ello es correcto afirmar que posee facultades jurisdiccionales-judiciales-, en tanto es un TRIBUNAL de justicia (en el caso aduanera), imparcial e independiente de la administración activa; y resulta el único tribunal del país especializado en la materia aduanera, por lo que debe gozar de al menos idénticas facultades que las que ostentan por definición los tribunales de justicia en todo tipo de proceso que implique determinación de derechos, en tanto ambos tienen el deber de adoptar decisiones justas basadas en el cabal respeto a las garantías del debido proceso adjetivo y de la doble instancia plena establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y participan de igual modo en la sublime misión de impartir justicia (confr.
“Shimisa de Comercio Exterior S.A. s/ media cautelar” -Expte. 30.400-A-, del 10 de febrero de 2012, voto del suscripto). A tal fin, cabe recordar que el artículo 8vo. de la Convención Americana de Derechos Humanos equipara las nociones de “juez” y “tribunal competente”, siendo que de acuerdo a lo sostenido por señera jurisprudencia en la materia “la previsión contenida en la invocada cláusula del Pacto de San José de Costa Rica relativa a la necesaria intervención de un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, se exhibe plenamente satisfecha, desde que, en la especie, la intervención del TFN responde a tales exigencias” (confr. Sala I Cont. Adm. Federal, in re “Colfax S.A. -TFN 11.715-I- c/ Fisco Nacional (AFIP-DGI) s/ medida cautelar autónoma”, del 12/5/2000).
Por ende, a efectos de cumplir con los lineamientos jurisprudenciales supra referidos, en especial aquellos vinculados a la imparcialidad del juzgador a los fines de la imposición de sanciones, la intervención por parte de este TFN en el proceso debe ser imparcial, plena, amplia y efectiva, sin limitación legal alguna, que permita un adecuado juzgamiento de la conducta infraccional reprochada por la Administración, en toda su extensión; pues las garantías de imparcialidad e independencia que indudablemente ostentan sus Vocales no han sido instituídas en beneficio sólo de ellos sino, fundamentalmente, de los justiciables. Admitir lo contrario implicaría, en definitiva, conculcar la vigencia y progresividad del principio de la tutela jurisdiccional efectiva en materia tributaria (aduanera), que se encuentra contemplado tanto en diversos tratados internacionales que ostentan, conforme fuera señalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en Fallos 315:1492, jerarquía supralegal (art. 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; arts. 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; arts. 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; art. 2, numeral 3° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; art. 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; entre otros), como por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (“Caso de la Panel Blanca” -Paniagua Morales vs.
Guatemala -, Consid. 149 y ss, del 8/3/1998; “Caso del Tribunal Constitucional del Perú” -Aguirre Roca, Rey Ferry y Revoredo Marsano vs. Perú-, Consid. 66 y ss, del 31/1/2001; “Baena Ricardo y otros c/ Panamá”, Consid. 129 y ss., del 2/2/2001; “Ivcher Bronstein c/ Perú”, Consid. , 100 y ss, del 6/2/2001; “Gelman c/ Uruguay”, Consid. 193, del 24/2/2011), que deviene vinculante -confr. art. 68 de la CADH- para los distintos poderes del Estado Nacional. Por lo demás, corresponde dejar sentado que en autos “Nutribras S.A. c/ D.G.A s/ Recurso de Apelación” (Expediente Nro. 36.507-A), del 6 de marzo de 2020, el suscripto ha declarado la inconstitucionalidad del artículo 1112, apartado a), del Código Aduanero, en cuanto faculta a la Dirección General de Aduanas a condenar a los administrados mediante la aplicación de sanciones de naturaleza penal.
II. Que, sentado ello, correponde recordar que esta Sala “F”, en su actual composición (consolidada a partir del 1° de agosto de 2011) ha venido sosteniendo de modo inveterado un criterio diametralmente opuesto al sustentado por el Juez instructor al resolver la primera cuestión -en cuanto señala que la interrupción o suspensión del curso de la prescripción opera en los casos en que se notifica el auto de apertura del sumario-, que coresponde mantener en el caso sometido a examen de este Tribunal.Asimismo, y de acuerdo a la posición sustentada por esta Vocalía de la 16° Nominación, tampoco corresponde hacer aplicación supletoria de lo dispuesto en la ley de Procedimientos Administrativos Nro. 19.549, pues conforme a lo normado en el inc. 1 del artículo 1017 de la ley 22.415, al tratarse de un procedimiento por infracciones (Sección XIV, Título II, Capítulo III, del Código Aduanero), resultan aplicables en primer término las disposiciones del Código de Procedimientos en lo Criminal para la Justicia Federal, según lo dispone expresamente el inciso 2, del mismo artículo 1017 supra citado (en el mismo sentido, Fallos 332:1109, voto del juez Zaffaroni -en disidencia-).
III. Que sentado lo que antecede, cabe señalar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que su jurisprudencia es obligatoria respecto de todos los tribunales inferiores a efectos de la adecuada salvaguardia de la unidad jurídica en la interpretación ínsita en el principio consagrado en el artículo 116 de la Constitución Nacional, habiéndose calificado a sí misma como "intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia", como lo son, v.gr., la ley 22.415 (Código Aduanero).
Que, en efecto, pese a que la Corte Suprema "sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos, y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllos [. . .]. De esa doctrina, y de la de Fallos: 212:51 y 160, emana la consecuencia de que carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el Alto Tribunal, en su carácter de intérprete supremo de la Constitución nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia..." (C.S.J.N., "Incidente de prescripción Cerámica San Lorenzo", del 4/7/85, "Fallos", 307:1094 y sus citas).Ello es así por cuanto, por disposición de la Constitución Nacional y de la correspondiente ley reglamentaria, la Corte Suprema tiene autoridad definitiva para la justicia de toda la República (art. 100, C.N. [actualmente, art. 116, según la reforma de 1994], y art. 14, ley 48, "Fallos", 212-51); extremo que corresponde extender, sin más, a la actuación de este Tribunal Fiscal, en tanto ejerce funciones jurisdiccionales sustantiva o materialmente judiciales, como órgano de justicia fiscal y aduanera, imparcial e independiente de la Administración activa.
Que a lo expuesto se agrega que la Corte Suprema ha expresado en forma contundente que el desconocimiento de las pautas dadas por ella en sus pronunciamientos bastan para descalificar las sentencias emanadas de tribunales inferiores, "pues la ausencia de argumentos que permitan determinar el criterio seguido para prescindir de la doctrina jurisprudencial de la Corte aplicable al caso importa una decisiva carencia de fundamentación que vicia la sentencia como acto jurisdiccional" ("García, Sixto E.", del 30/6/99; Suplemento de Jurisprudencia Penal de "La Ley", del 27/9/99, p. 30). En efecto, en el diseño constitucional argentino "...la Corte Suprema es' el Tribunal en 'último resorte para todos los asuntos contenciosos en que se le ha dado jurisdicción (...) Sus decisiones son finales. Ningún Tribunal las puede revocar. Representa, en la esfera de sus atribuciones, la soberanía nacional, y es tan independiente en su ejercicio, como el Congreso en su potestad de legislar, y como el Poder Ejecutivo en el desempeño de sus funciones..." (Fallos: 12:134 y 325:2723).En ese contexto, se colige necesariamente que es inherente a la función constitucional propia de ese Tribunal Cimero que, cuando ejerce la jurisdicción que la Constitución y las leyes le confieren, imponga a todos los tribunales, nacionales y provinciales, la obligación de respetar y acatar la doctrina constitucional plasmada en sus decisiones (cfr. arg. Fallos: 332:2425).En ese marco, sus sentencias deben ser lealmente acatadas tanto por las partes como por los organismos jurisdiccionales que intervienen en las causas (Fallos: 312:2187 y sus citas, énfasis agregado), principio que se •basa primariamente en la estabilidad propia de toda resolución firme pero, además, en la supremacía del Tribunal (art. 108 citado) que ha sido reconocida por la ley desde los albores de la organización nacional, garantizando la intangibilidad de sus decisiones por medio de la facultad de imponer directamente su cumplimiento a los jueces locales -art. 16, apartado final, ley 48- (Fallos: 325:2723).Ello, por cuanto resulta incuestionable la autoridad definitiva que tiene la interpretación de la Constitución Nacional por parte de la Corte Suprema, cuyo leal acatamiento es indispensable para la tranquilidad pública, la paz social y la estabilidad de las instituciones (Fallos: 212:51, 160 y 251; 321:2114).
En consecuencia, si bien es cierto que la Corte Suprema solo decide en los procesos concretos que le son sometidos, los jueces deben -aun frente a la inexistencia de una norma en tal sentido- conformar sus decisiones a las sentencias de ese Tribunal dictadas en casos similares (Fallos: 307:1094; 312:2007; 316:221; 318:2060; 319:699; 321:2294), obligación esta que se sustenta en la responsabilidad institucional que le corresponde a la Corte como titular del Departamento Judicial del Gobierno Federal (art. 108, Constitución Nacional), los principios de igualdad y seguridad jurídica, así como razones de celeridad y economía procesal que hacen conveniente evitar todo dispendio de actividad jurisdiccional (conf. doctrina de Fallos: 25:364; 212:51 y 160; 311:1644 y 2004; 318:2103; 320:1660; 321:3201 y sus citas). En definitiva, en virtud de los altos fundamentos constitucionales involucrados, si las sentencias de los tribunales se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el Tribunal, carecen de fundamento (Fallos: 307:1094).
IV. Que, bajo tales premisas, la cuestión de fondo sometida a examen de este Tribunal ha sido adecuadamente considerada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con fecha 12 de mayo de 2009 en autos “Wonderland S.R.L. c/ Aduana Rosario”, por lo que cabe remitirse a los fundamentos esbozados por el Alto Tribunal por razones de brevedad, máxime cuando dicha sentencia ha sido suscripta por tres jueces (Lorenzetti, Highton de Nolasco y Maqueda) que en la actualidad continuan en dicha función suprema.
En este orden de ideas, el Alto Tribunal ha destacado que surge claramente de la letra del artículo 937, inc. a), del Código Aduanero que la interrupción de la prescripción se produce por la sola circunstancia del "dictado" del acto respectivo, sin siquiera estar determinado que para que dicho acto posea virtualidad interruptiva deba ser puesto en conocimiento del sumariado.
Asimismo, subrayó que “ si la intención del legislador hubiese sido que la interrupción se produjera con la notificación de aquel acto, o de la vista que debe conferirse de lo actuado a los presuntos responsables, una vez cumplidas las medidas ordenadas en aquella resolución, a fin de que éstos presenten sus defensas y ofrezcan las pruebas pertinentes (art. 1101 del C.A.) así lo habría indicado en el texto legal. Una inteligencia de las normas en juego opuesta a la consignada precedentemente importaría tanto como suponer que lo establecido por la ley respecto de la interrupción de la prescripción obedeció a la imprevisión o a la falta de consecuencia del legislador, lo cual, por principio, es inadmisible (Fallos: 303:1041; 304:794, entre muchos otros).
Por último, señaló que la eficacia del acto que dispone la apertura del sumario a los fines de interrumpir la prescripción le está dada por la directa aplicación del ya citado artículo 937 del Código Aduanero, de manera que no corresponde acudir a otros cuerpos normativos para decidir la cuestión planteada.
V. Que, por lo demás, a los fines de resolver debe contemplarse que el contexto, imposible de obviar, derivado por la pandemia mundial por COVID-19 ha afectado indudablemente la funcionalidad y consecuente eficiencia de todos los servicios que de la Administración se pretenden, no siendo ajenos a ello la Aduana ni este Tribunal Fiscal de la Nación.
Es innegable el hecho de que la súbita emergencia superó toda concepción de “normalidad” que se tenía hasta los principios del año 2020.
Dentro de este anormal y no menos trágico contexto, una nueva normalidad se ha cernido en la actividad cotidiana: ferias extraordinarias, suspensión de plazos discrecionales, improvisadas acciones para lograr la digitalización de documentación obrante históricamente en soporte papel, imposibilidad de asistencia presencial a los puestos de trabajo y la intempestiva incorporación de la modalidad de teletrabajo como regla sobreviniente a la inédita crisis sanitaria que enfrenta la humanidad en el Siglo XXI. Asimismo, tampoco debe olvidarse que en las sucesivas leyes fiscales atinentes al Tribunal Fiscal de la Nación se omitió, casual o causalmente, toda referencia de aplicación a la condición salarial de sus trabajadores (no así a sus Jueces -Vocales-), quienes se encuentran bajo el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), con salarios que resultan ser muy inferiores respecto de aquellos que se pagan por igual tarea en el Poder Judicial de la Nación, pese a que en muchos casos se verifica la existencia de profesionales con formación de Posgrado y experiencia en una materia muy compleja y específica como sin dudas lo es la tributaria, sea impositiva o aduanera, donde no abundan especialistas; o bien personal con extensa trayectoria, que ha dedicado toda su vida laboral a servir al Tribunal, y no resulta bien recompensado, ni reconocido.
Por ende, a esta altura no puede dejar de señalarse que la situación del personal, además de devenir injusta -y siempre el permitir una injusticia significa abrir el camino a todas las que le siguen-, violenta de modo flagrante los principios constitucionales contenidos en los artículos 14 bis y 16 de nuestra Constitución Nacional, toda vez que ejerce IDÉNTICA tarea que sus pares del Poder Judicial de la Nación, pero no son retribuidos del mismo modo.
Por lo tanto, de seguirse el criterio del Juez instructor, y sin perjuicio de considerar que dicha postura merece urgente tratamiento legislativo, donde el Honorable Congreso de la Nación, en ejercicio de sus atribuciones, razonablemente proceda a establecer un sistema definitivo sobre toda la materia aduanera con estricta observancia de parámetros constitucionales y convencionales, resulta harto probable que la sentencia del TFN sea revocada por cualquiera de las 5 Salas que componen la Cámara Contencioso Admisnitrativo Federal (en tanto todas ellas mantienen un postura disimil sobre el particular), como así también por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en virtud de la referida doctrina sustentada en el precedente W.98 (“Wonderlan S.R.L.), por lo que corresponde descartar de plano cualquier solución que no respete los principios de certeza, seguridad jurídica, previsibilidad y celeridad procesal, sometiendo a a los litigantes a una suerte de retrogradación del proceso, que obstruya o paralice los procedimientos recursivos aduaneros, con la consiguiente sobrecarga de trabajo de los Relatores de esta Sala, quienes debieran analizar nuevamente los mismos expedientes al ser devueltos por la Alzada, siendo que dicha circunstancia implicaría, de modo causal, retrasar aun más el dictado de sentencias por parte de este Tribunal Fiscal, dificultando el ejercicio de su loable misión de impartir justicia tributaria (aduanera e impositiva) en plenitud y dentro de un plazo razonable, siendo que va de suyo que los efectos desvastadores de la Pandemia mundial han impedido cumplimentarla adecuadamente.
VI. Que en virtud de lo expuesto, considero que el acto examinado en autos ostenta la entidad suficiente como para producir tanto la interrupción de la prescripción de acción del Fisco para imponer penas –art. 937, inc. a), del C.A.- , como la suspensión de la prescripción de la acción para perseguir el cobro de tributos en los términos art. 805, inc. a), del C.A.
En efecto, habiéndose iniciado el cómputo de dicha prescripción el 1/1/06 -en tanto se trata de una importación temporaria cuyo vencimiento se produjo el 2/04/05-, la misma operó, no habiendo mediado causales interruptivas y/o suspensivas, el 31/12/10 (cfme. arts. 803, 804 y 805 del C.A.), siendo que en fecha 29/9/10 se dispuso la apertura del Sumario (fs. 14 de las actuaciones administrativas), mientras que el dictado de la Resolución DE PRLA n° 5702/2015, aquí apelada, se produjo el 26/9/15 (ver fs. 66/69). En virtud de ello, corresponde rechazar el planteo de prescripción de las acciones del fisco para imponer la multa y para perseguir el cobro de tributos relativos al DIT n° 04073IT14000884P El Dr. González Palazzo dijo:
A la primera cuestión planteada por mi distinguido colega de grado, en tanto entiende que es menester la notificación del auto que dispone la apertura del sumario para dotarlo así de los efectos previstos en el art. 937 y 805 inc .a) del código de fondo, considero que nuestro Tribunal cimero –como bien lo destaca el Dr. Garbarino- en “Wonderland S.R.L. c/ Aduana Rosario” finiquitó la prístina discusión introducida. Su académica introducción en el debate sólo puede generar un innecesario dispendio jurisdiccional que afecta al ya demorado objetivo de arribar a lo pretendido: la sentencia definitiva.
Por ello, y ciñéndome al thema decidendum, adhiero a lo propuesto por el Dr. Garbarino en tanto entiende que corresponde rechazar el planteo de prescripción de las acciones del fisco para imponer la multa y para perseguir el cobro de tributos relativos al DIT n° 04 073 it14 000884p.
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE
Rechazar el planteo de prescripción de las acciones del fisco para imponer la multa y para perseguir el cobro de tributos relativos al DIT n° 04073IT14000884P.
Segunda Cuestión El Dr. Licht dijo:
I. Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, y en atención al criterio mayoritario de esta Sala “F”, corresponde analizar si en el presente caso se ha configurado la infracción tipificada en el art. 970 del C.A. No resulta controvertido en autos que mediante el D.I.T. Nº 04 073 IT14 000884P, registrado el 2/04/04, por ante la Aduana de Buenos Aires, la actora documentó la importación temporaria de 1.000 unidades de “--Las demás -Partes: REFRIGERADORES, CONGELADORES Y DEMAS MATERIAL, MAQUINAS Y APARATOS PARA PRODUCCION DE FRIO, AUNQUE NO SEAN ELECTRICOS; BOMBAS DE CALOR, EXCEPTO LAS MAQUINASY APARATOS PARA ACONDICIONAMIENTO DE AIRE DE LA PARTIDA 84.15”, marca: GROUPE ISTRA, modelo: 7911AAI, P.A. 8418.99.00.000Z, al amparo del régimen del decreto 1439/96.
En tales condiciones, se autorizó la permanencia de la mercadería importada temporariamente por un plazo de 365 días, operando su vencimiento el 2/04/05.
Conforme el régimen suspensivo de importación temporaria al que se acogió la actora, la mercadería así documentada quedó sometida desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de ser exportada para consumo con anterioridad al vencimiento del plazo de permanencia -conf. art. 250 del C.A.-, o, eventualmente, a convertirse, en forma regular, su importación en definitiva, dentro de los plazos previstos en el art. 271 del C.A.
A su vez, las resoluciones aduaneras vigentes a la fecha de registro del D.I.T. que nos ocupa -Res. ANA 127/92 y sus modificatorias-, concretan en detalle la manera de demostrar por los beneficiarios del régimen, el cumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería, determinando las declaraciones, datos y requisitos que deben aportarse al efecto, así como la forma en que deben imputarse y descargarse dichos insumos al momento de la presentación de los respectivos P.E.
Al no existir constancias del cumplimiento de la obligación contraída al efectuar la importación temporaria el servicio aduanero consideró incumplida la obligación de reexportar la totalidad de la mercadería, y dispuso la instrucción de sumario administrativo, imputándole la comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del C.A., oportunidad en que, asimismo se reclamó el pago de los tributos considerados adeudados a la aquí recurrente.
Cabe señalar que corresponde a los beneficiarios de regímenes preferenciales, como el de la especie, la obligación de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera adecuada, el cabal cumplimiento de las condiciones a las que la reglamentación condiciona la ventaja de importar la mercadería sin el pago de los tributos que gravan la destinación definitiva de importación. En el presente caso, dispuesta la apertura del sumario contencioso y la corrida de vista, en oportunidad de presentarse la importadora en sede aduanera sostuvo que había regularizado en legal tiempo y forma la situación de la totalidad de la mercadería introducida en forma temporaria, mediante el P.E. nº 04 001 EC03 28851K.
A fs. 53 mediante nota SE PTEZ N° 6026/2015, el área técnica ratifica la denuncia incoada oportunamente, por cuanto “no se encuentra el insumo tipificado en el CTC aportado”.
Por su parte, el Departamento Procedimientos Legales condenó a la importadora al pago de una multa por infracción al art. 970 del C.A. y la intimó, junto con su aseguradora, al pago de los tributos adeudados, en relación a la totalidad de la mercadería importada temporariamente mediante el D.I.T. N° 04 073 IT14 000884P.
Considero pertinente destacar que en la Resolución apelada se hace mención a la Nota SE PTEZ N° 6026/2015; por lo que no le asiste razón a la actora al plantear que la Resolución carece de fundamento.
II. Sentado lo expuesto, corresponde resolver si se ajusta a derecho la Resolución apelada y en consecuencia, la procedencia de la multa y de los tributos reclamados a la actora, por la presunta comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del C.A.
De la compulsa de las actuaciones administrativas surge que con la solicitud de CTC nº S01:0234425/02 se necesitan 102,24 insumos de la mercadería clasificada en P.A. 8418.99.00 para producir condensador de aire acondicionado automotor para el vehículo marca Ford Amazon, siendo las mermas de 2,24 unidades en 102,24 unidades de muestra, es decir el 2,19% representan las mermas.
Con el P.E. 04 001 EC03 028851K, oficializado el 14/9/2004, se cancelan 978,08 unidades, siendo las mermas del 2,19%, es decir 21,91 unidades las que se importan a consumo mediante el despacho nº 04 073 IC82 000121K, oficializado el 28/10/04, obrante a fs. 37/41 de las actuaciones administrativas.
III. El tratamiento normativo para las mermas se encuentra establecido en el art. 21 del Decreto 1439/96, que establece: “Se considerarán pérdidas las mermas, residuos y sobrantes irrecuperables, no estando por ello sujetos al tratamiento arancelario de importación para consumo. En aquellos casos en que se determine que los residuos y sobrantes tienen valor comercial, los mismos estarán sujetos a la valoración aduanera y deberán exportarse o importarse para consumo dentro de los TRES (3) meses de realizada la última exportación, con lo cual se habrá cumplido la obligación impuesta en el régimen. En el supuesto que la mercadería se importe para consumo, se deberán pagar los tributos que gravan dicha importación y la tasa de estadística que correspondan a su clasificación según su nuevo estado…”.
Conforme surge del Despacho de Importación a consumo de residuos, el mismo se registró un mes después de efectuada la exportación y se han abonado los tributos correspondientes y la tasa de estadística (ver fs. 37/41 de las actuaciones administrativas).
Por todo lo expuesto, teniendo en cuenta que se importaron temporariamente 1.000 insumos y que se reexportaron en tiempo y forma 978,08 insumos con el P.E. mencionado ut supra y se importaron a consumo las mermas, se concluye que no se configuró la infracción tipificada en el art. 970 del C.A.
IV. Atento la forma en la que se resuelve no corresponde tratar las demás cuestiones planteadas por la recurrente.
Que, por todo lo expuesto, VOTO POR:
1. Revocar, con respecto a la aquí recurrente, la resolución DE PRLA n° 5702/2015, recaída en la actuación administrativa n° 12210-5391-2008.
2. Costas al fisco.
El Dr. Garbarino dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Licht.
El Dr. González Palazzo dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Licht.
Por ello, en virtud del acuerdo que antecede, SE
1. Revocar, con respecto a la aquí recurrente, la resolución DE PRLA n° 5702/2015, recaída en la actuación administrativa n° 12210-5391-2008.
2. Costas al fisco.
Regístrese y notifíquese. Firme que quede la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Miguel Nathan Lich (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18a. Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Date: 2022.02.04 19:07:04 -03:00 Date: 2022.02.07 13:13:29 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.02.07 14:53:42 -03:00 Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.02.07 14:53:43 -03:00
Fin de la sentencia