Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 173427
E xpte. N º 173427 - Juzgado Civil y Comercial N°14
En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda , en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PARA EL CUIDADO INTEGRAL DE S/ INTERDICTO (Art. 250 del CPCCBA)” , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1 ª) ¿Es justa la sentencia definitiva dictada el 16 de septiembre de 2021?
2 ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
I. El 16 de septiembre de 2021 el titular del Juzgado Civil y Comercial N°14 departamental, Dr. Fernando Méndez Acosta, dictó sentencia definitiva en la que; (i) hizo lugar a la excepción de falta de personería opuesta por la demandada en el punto 1° de la contestación del 11/2/21, con costas a la actora; (ii) desestimó el planteo de caducidad fundado en el art. 615 del CPCCBA y (iii) hizo lugar al interdicto de recobrar la posesión interpuesto por Luis Rafael Mayorga en representación de la Cooperativa de Provisión de Servicios para el Cuidado Integral de la Salud Dr. Juan B. Justo contra Mariano Del Valle Jameson, condenando a este último -como a cualquier otro ocupante- a desocupar los lotes de terreno en relación al inmueble sito en calle Pirán, entre Falkner y Strobel de esta ciudad (Circ. VI, sección A, ch. 31, mza. 31-b, parc. 1, partida 045-539) dentro de los veinte días de quedar firme la presente bajo apercibimiento de ley; y (iv) impuso las costas de la acción principal a la parte vencida.
Para así decidirlo, explicó en primer lugar que la defensa de falta de personería opuesta por la demandada es improponible. Citó lo resuelto en la resolución del 4/3/21 -donde se intimó a la actora a que acompañe copias originales de la documentación que respalda la personería invocada por el Sr. Mayorga- y lo resuelto el 15/03/21, donde se dejó constancia del cumplimiento de dicha requisitoria.
Agrego que en el auto saneatorio del 16 de marzo de 2021 no se dejó sin efecto a las resoluciones mencionadas, motivo por el cual corresponde estarse a su contenido y tener por justificada la representación invocada en los términos de ley y subsanada definitivamente la deficiencia advertida.
Seguidamente, rechazó el planteo de caducidad invocado por la accionada.
Reparó en que de las actas de constatación del expediente administrativo en trámite ante el municipio local, se advierte que desde las fechas de su confección y del cargo del 24/07/2020 todavía no había operado el año que enuncia el art. 615 del CPCCBA.
En cuanto a la procedencia del remedio intentado, efectuó diversas consideraciones conceptuales sobre el alcance y contenido de la vía procesal escogida y afirmó que la prueba producida lo lleva a considerar procedente la demanda respecto de la totalidad del inmueble que se identifica, incluido el lote de terreno “4-d” de la misma manzana y circunscripción que no fuera oportunamente considerado en la cautelar innovativa dictada el 16 de marzo de 2021.
Reseñó que los testigos Alonso y Macaya -y también como surge de la actuación administrativa- refirieron que la actora detentó la posesión de la totalidad de la manzana en las calles ya mencionadas, incluyendo el lote “4-d” del mismo inmueble.
Macaya reconoció haber participado de la venta de los lotes que conforman el inmueble y que al momento de proceder a su exhibición admite que sobre el vértice de la manzana existía -solamente- estacionado un micrómnibus, sin signos de habitabilidad o semejante.
Dijo que ello fue “aproximadamente en el año 2020” y que luego en la misma esquina logró ver que se procedió a realizar otra obra, como levantar paredes medianeras del sector; aclarando que esa construcción fue posterior a la instalación del ómnibus en el lugar. Dijo, además, que el colectivo presentaba signos de abandono.
Alonso, por su parte, reconoció haber trabajado en la mensura y medición de los lotes, contratado por la Cooperativa. Ello fue en el año 2016, época en la que no había construcción ni micro alguno.
El juez señaló que el boleto de compraventa fechado el 12 de marzo de 2019 con el que el demandado invoca la adquisición del lote 4-d constituye un instrumento privado, negado en su autenticidad y que carece de valor probatorio.
Así todo, el escribano Tisnes informó que en dicho instrumento autenticó las firmas de Mariano Roberto del Valle Jameson, Luis Rafael Mayorga, Enrique Marino Morchetti y Jorge Luis Andreu, estos tres últimos como representantes de la cooperativa actora.
Aclaró que no obstante ello, la vía sumarísima no permite indagar la bondad de los títulos o derechos sobre los bienes en discusión, aun cuando el demandado denuncie que detenta la ocupación del lote 4-d a partir de marzo de 2019 según lo que se enuncia en la cláusula 7 del instrumento.
Destacó que los actos posesorios de la actora fueron anteriores al del momento en que el demandado tomó la posesión el 12 de marzo de 2019, según lo enunciado en el boleto de compraventa. A ello sumó que si bien el testigo Macaya hizo referencia a que al dar en venta los lotes en el año 2019 ya existía un colectivo abandonado en el lote 4-d, ello solo no es demostrativo de acto posesorio anterior del demandado para desvirtuar el derecho que le asiste a recuperar la posesión de la totalidad del inmueble.
Aclaró que aun cuando en el reconocimiento judicial verificó el 17 de junio de 2021 que la totalidad de la manzana, a excepción del lote 4-d, está “desocupada y en posesión de la actora”, corresponde igualmente hacer lugar al interdicto por la totalidad del predio, inclusive el 4-d.
II. El recurso de la demandada.
La demandada apeló la sentencia el 22 de septiembre de 2021 y fundó su recurso el 1 de octubre de 2021. La contraria replicó su embate el 21 de octubre de 2021.
Sus puntos de crítica pueden sintetizarse del siguiente modo:
(i) Objeta el modo en que fue rechazada la defensa fundada en el vencimiento del plazo de caducidad para interponer el interdicto. Dice que el expediente administrativo a que hizo referencia el magistrado son copias simples sin valor probatorio y cuya autenticidad no fue verificada.
Dice que el demandado comenzó a poseer el lote 4-d el 12 de marzo de 2019 por lo que no puede computarse una fecha posterior para la interposición de la acción en tratamiento.
(ii) Cuestiona la forma en que se decidió la procedencia de la pretensión interdictal. Dice que no se cumple el requisito del art. 608 del CPCCBA para el progreso de la acción, consistente en que la posesión sea producida por despojo.
Refiere que el 11 de marzo de 2019 la actora celebró con el demandado un boleto de compraventa por un lote identificado como 4-D con frente en calle Pirán sobre Strobel y Falkner, parcela que se identificaría de modo definitivo cuando la subdivisión sea aprobada por la Provincia.
La firma de ese negocio, dice, importó la entrega de la posesión. El contrato tiene firmas certificadas y el escribano Tisnes corroboró la identidad de los firmantes.
(iii) Critica también la extensión que le fue dada a la pretensión de la actora. Refiere que esta última no demostró la ocupación de otros lotes distintos al 4-d y que fueron contemplados en la procedencia del interdicto. Cita -y transcribe- el contenido del acta del reconocimiento judicial del 17 de junio de 2021.
III. Tratamiento del recurso.
a. Sobre el plazo de caducidad
El agravio de la demandada no prospera.
Tiene razón el apelante cuando afirma no hay constancia en autos de que el actor haya acompañado los originales de las actas del expediente administrativo que en su momento digitalizó con muy precaria calidad. Tampoco se produjo prueba instrumental para cotejar el contenido de las actuaciones comunales denunciadas.
Sin embargo, aun considerando ese déficit probatorio, entiendo que las fechas y el contenido de tales actas no resultan dirimente al momento de evaluar la caducidad invocada por la demandada, ni altera tampoco la justicia de la decisión adoptada por el juez en su sentencia.
Según se desprende del historial de fotos satelitales disponibles en la aplicación libre, pública y gratuita "Google Earth Pro" (descargable en https://www.google.com/intl/es/earth/download/gep/agree.html -último día de visita 4/12/21), a fines de abril de 2019 el lote no tenía ningún tipo de intervención, ocupación u obra civil. La manzana estaba completamente vacía.
En la siguiente imagen satelital que registra el sistema, fechada el 26 de julio de 2019, ya se puede observar una obra sobre el perímetro del lote «4d» y también -como se verá más abajo en detalle- se aprecia la incursión sobre la parcela 1 cuya posesión se pretende recuperar.
[imagen 1 del anexo digital que acompaña esta sentencia]
De ello se sigue que el comienzo de la ocupación y consiguiente despojo de la parcela 1 ha comenzado en algún momento entre el mes de mayo de 2019 y el 26 de julio de 2019.
Tratándose de un baldío -en el que, por obvias razones, no vive ni reside ninguna autoridad de la Cooperativa- es razonable pensar que el conocimiento efectivo de la desposesión ha ocurrido luego del 26 de julio de 2019 (primera imagen satelital que registra una incipiente obra) y dentro del año anterior a la fecha de la promoción de la demanda (27 de julio de 2020). Tal es la época en la que, entiendo, la actora pudo visualizar la ocupación, realizar las averiguaciones pertinentes y finalmente comprender acabadamente la naturaleza de la situación (un despojo sobre su posesión de toda o parte de la parcela 1, lindera a la que le vendió al Sr. Jameson).
Si bien los requisitos de admisibilidad y procedencia de la vía interdictal deben ser apreciados con rigurosidad, entiendo que la utilidad del instituto no puede verse desvirtuada exigiéndole al accionante recaudos probatorios de difícil o imposible cumplimiento, como los que reclama la demandada en fundamento de su defensa. A su vez, tampoco pierdo de vista que la caducidad, por los efectos que genera, debe ser apreciada con criterio restrictivo y siempre -ante la duda- resolver a favor de la subsistencia del derecho (confr. López Mesa, Marcelo J., "La caducidad de los derechos en el nuevo Código Civil y Comercial", Microjuris, MJ-DOC-7364-Ar).
Por otra parte, se ha dicho -con un criterio que comparto- que «si bien es cierto que para la procedencia del interdicto de recobrar es necesario que no haya transcurrido un año desde el momento en que operó la desposesión, la afirmación y prueba del incumplimiento de tal requisito se encuentra a cargo de la parte demandada, atento a que dicha exigencia se vincula con el plazo de caducidad de la acción, que por tratarse de una excepción, debe recaer -de conformidad con el principio general del "onus probandi"- sobre quien la invoque» (Cám.Civ.Com. de Lomas de Zamora, Sala II, c. 25.004 -" Argañaraz, G ."- del 30/11/2000).
El demandado afincó toda su defensa en alegar que nunca ocupó ningún espacio de la manzana 31-b que no sea el lote 4d que adquirió de la Cooperativa actora. Más abajo explicaré con detalle que esa alegación es falsa y que esa ocupación efectivamente ocurrió.
En este contexto, declarar la caducidad por la sola falta de precisión sobre el momento puntual en el que comenzó el despojo (o el momento en que la Cooperativa tomó conocimiento de él) terminaría por convalidar una estrategia de la accionada que se encuentra en los límites de la regla de la buena fe procesal: Jameson le imputa a la actora la escasa precisión con relación al momento en que se produjo una situación de hecho que él mismo generó y de la que, ya demandado en juicio, pretendió desentenderse sin brindar datos útiles para saber con precisión en qué momento ocurrió.
Por este motivo, considero que la solución adoptada por el juez es correcta y debe ser confirmada (arts. 10 segundo párrafo del CCyC y 615 del CPCCBA).
b. Sobre la procedencia de la vía interdictal.
Una mejor comprensión del conflicto que media entre las partes y un correcto tratamiento del recurso de la demandada me obliga a recapitular muy brevemente la forma en que ha quedado zanjada la controversia en primera instancia. Ello permitirá, además, comprender el alcance de la pretensión de la Cooperativa accionante y el fundamento de la resistencia del demandado Jameson.
i) El 24 de julio de 2020 la Cooperativa accionante promovió un interdicto de recobrar los lotes que componen la «parcela 1» del inmueble identificado catastralmente como circunscripción VI, sección A, chacra 31, manzana 31-b. Afirmó allí que la legitimación pasiva presunta -luego corroborada en el correr del pleito- recaía en el Sr. Jameson, adquirente de un lote “lindero a los usurpados”.
El accionado, a su turno, en uno de los múltiples escritos que conforman su responde de demanda, afirmó que compró un lote en la manzana 31-b identificado provisoriamente como “lote 4-d” y dijo que “ desconoce la ocupación de lotes distintos al que comprara el actor, ni sabe quién pueden ser las personas que ocupan. A todo evento, no objeta ni dispone restricción alguna sobre el derecho de propiedad del actor sobre los lotes distintos al de la operación de venta. Pero no resulta ser el Señor Jameson el sujeto pasivo de tal acción, por no ser el poseedor de dichos lotes ”.
De lo dicho se infiere una diferencia en el modo en que identifican los litigantes los distintos fragmentos de la manzana en la que se produjo el despojo que motiva la controversia. Mientras que la demanda describe la extensión espacial de su pretensión interdictal haciendo mención al estado parcelario actual (la manzana, al parecer, está dividida en 4 parcelas y pretende recobrar la posesión de la 1), el accionado se defiende invocando la división de esas parcelas en lotes con base en un supuesto proyecto de fraccionamiento que -aparentemente- aún no habría sido aprobado por las autoridades competentes (y, sobre esa base, defiende su posesión del lote adquirido e identificado como 4-d).
Esta confusión se agrava con la escasa claridad de la documentación ajuntada por la actora al inicio del pleito y las pocas aclaraciones que formuló en el texto de su demanda para comprenderla. Es confusa porque, precisamente, no hay un plano que identifique con claridad las parcelas originales (aquellas que se verían reflejadas en la cartografía de ARBA que adjuntó con su demanda) mientras en simultáneo identifique las subdivisiones proyectadas con relación a esas parcelas, de modo de comprender cuál es la ubicación exacta del lote 4-d con relación a la distribución parcelaria original.
De todos modos, y pese a las dificultades reseñadas,, entiendo incontrovertido -o, en su caso, debidamente acreditado- que la Cooperativa en marzo de 2019 entregó al demandado voluntariamente la posesión del lote que denominó 4-d según un proyecto de división parcelario, ello en oportunidad en la que celebró un boleto de compraventa en instrumento privado con firmas certificadas.
Si considero que -como es de práctica- las división de las parcelas se identifican con números (parcela original) precedido por letras (subdivisiones de esa parcela), es lógico concluir que el lote «4-d» se trata de un desmembramiento de lo que era (o actualmente sigue siendo) la parcela 4, cuyo vértice coincide con la esquina intersección de las calles Falkner y Pirán. O sea, el lote 4-d no forma parte de la parcela 1.
Para explicar esta idea en términos gráficos, tomaré el proyecto de división que acompaña el boleto de compraventa adjuntado por Jameson y cuyas rúbricas fueron corroboradas por el notario Tisnes:
[imagen 2 del anexo digital que acompaña esta sentencia]
De ello se sigue que la vía interdictal, al estar referida únicamente a la “parcela 1” de la manzana 31-b (Circ. VI, Sc. A, Ch. 31), no comprende ni comprendió jamás al lote identificado como 4-d, el cual -reitero- constituye un desmembramiento de la parcela N°4, lindera a la N°1 en la que se proyectaron la división de los lotes identificados como 1-a y 2-a que son los que la actora invoca como usurpados.
Las aclaraciones y planos acompañados por la actora en su presentación electrónica del 25/09/2020 (a los fines de diligenciar un mandamiento de constatación) y el hecho de que identifique en su demanda a Jameson como adquirente de un lote “ lindero a los usurpados ”, corroboran esta interpretación. Es decir: “el lindero” es el 4d adquirido por el demandado; “los usurpados”, entonces, son los que están pegados a él dentro de la parcela 1.
En resumen: el lote 4d no está incluido dentro de aquellos cuya posesión se invoca como perdida a manos del demandado, mediando violencia o clandestinidad.
ii) Lo dicho hasta aquí es importante para definir la procedencia parcial del recurso de la demandada y para marcar una disidencia con el modo en que el juez resolvió la controversia (en particular, con relación al alcance que le dio tanto a la pretensión de la Cooperativa accionante como a la condena que recepta su reclamo).
En su decisión, el colega consideró que el interdicto es procedente “ respecto de la totalidad del predio, inclusive el lote 4-d que fuera excluido en la cautelar del 16/03/2021 ”.
Esta decisión resulta problemática por dos motivos.
Primero, por razones vinculadas al principio de congruencia: la condena, con esa extensión, estaría comprendiendo un lote que no forma, ni formó parte de la parcela cuya posesión pretende recuperar la Cooperativa. Reitero: el actor quiere recuperar la parcela 1 y el lote 4-d es [o debemos interpretar que ha sido] un proyecto de división de la parcela 4.
La condena es, en este punto, ultra petita (arts. 34.4 y 163.5 del CPCCBA).
Segundo, por razones vinculadas a las exigencias normativas de la vía interdictal. Si el negocio que comprometió en venta al lote 4-d es reconocido por ambas partes (o, en su caso, lo dicho por el escribano Tisnes elimina todo debate respecto a la celebración y eficacia del negocio entre los otorgantes) está fuera de discusión que la posesión de ese fragmento de la manzana fue entregada voluntariamente con fundamento en un acto jurídico cuya validez aquí no es controvertida.
Esa entrega voluntaria, por lógica consecuencia, impide considerar que hubo “violencia” o “clandestinidad” en la pérdida de la relación de hecho con la cosa, como expresamente lo exige la vía policial intentada (art. 608 inc. 2° del CPCCBA).
En otras palabras, no puede el fallo mandar a desocupar una parcela que una parte reconoce haber vendido (demanda del 27/07/2020), la otra reconoce haber adquirido (apartado «V.B» de la contestación del 20/12/2020) y en el que también ambos litigantes reconocen que hubo una entrega voluntaria de la posesión, contexto en el cual el interdicto resulta improcedente (arts. 608 inc. 2 a contrario del CPCCBA; 1924 del CCyC).
iii) Como consecuencia de lo anterior, considero que el recurso del demandado solo debe tener éxito en cuanto permite advertir un error en la extensión espacial de la condena interdictal. Es decir, que no hay razón para que la pretensión prospere también respecto del lote 4-d.
Pero hasta allí llega el éxito del recurso del Sr. Jameson. No es esa la suerte que debe correr el resto de su embate con relación a la alegada invasión indebida sobre la parcela 1 cuya posesión se pretende recuperar.
Jameson dice en su memorial que " nunca se opuso a que el actor ocupara los lotes que son de su propiedad ", a la vez que alega que solo hay un debate por los límites entre las heredades y que el actor no demostró la ocupación de otros lotes. Sobre el colectivo al que refiere el testigo Macaya, afirma que es de su propiedad y "si
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