Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 12821
Causa Nº MO-12821-2014 R.S.36/2019
///la Ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, el 14 de Marzo de 2019, reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores Jose Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda , para pronunciar sentencia interlocutoria en los autos caratulados: "CONSORCIO DE COPROPIETARIOS DE LA CALLE BUENOS AIRES 640/648 CASTELAR C/ HEREDIA PEDRO S/INTERDICTO", Causa N º MO-12821-2014 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: JORDA-GALLO , manteniéndose dicha integración a los efectos del presente no obstante lo resuelto en el Acuerdo Extraordinario 822/18, teniendo en cuenta la fecha de sorteo del estudio de orden y votación en las presentes actuaciones, resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDA , dijo:
1. La Sra. Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 5 Departamental a fs. 443/447vta. resolvió rechazar el interdicto de obra nueva, con costas a la actora.-
Contra tal forma de decidir se alzó a fs. 448 la actora interponiendo recurso de apelación; el mismo fue concedido a fs. 454 y se lo fundó con la presentación de fs. 457/8vta., replicada electrónicamente (escrito código de referencia 238700416014545228).-
Se agravia la actora del rechazo de su demanda, haciendo referencia especialmente a que cuando la ley de propiedad horizontal remite a los interdictos lo hace a su trámite, lo que no implica que el presente sea un interdicto; argumentando, luego, en pos del acogimiento de su pretensión.-
A los términos de la fundamentación recursiva cabe remitirse en homenaje a la brevedad.-
A fs. 461vta., se llamó "AUTOS" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
2. A fin de dar respuesta a la cuestión planteada debo señalar que, a mi modo de ver, es correcto lo que plantea la actora en su expresión de agravios en lo que hace a la tramitación del presente; aunque, lo advierto desde ya, ello no implica que vaya a promover la revocación del fallo en crisis en cuanto rechazó la demanda.-
Veamos.-
En lo que hace a la tramitación del presente y a la vía interdictal, la cuestión ya ha sido analizada hace tiempo por esta Sala, en posición que comparto totalmente.-
En la causa 52.352 (R.S. 347/07) la Sala diferenció los interdictos de obra nueva (estrictamente considerados) de aquellos procesos en los cuales se denuncian construcciones u obras como violatorias a la ley de propiedad horizontal; allí se señaló que el recaudo de suspensión de la obra es una potestad y no una obligación del actor y, fundamentalmente (con cita a la doctrina de la Suprema Corte, Ac. 82.261, fallo del 1/4/2004), que si bien este tipo de pretensiones tramitan por el carril interdictal no son verdaderos interdictos .-
De este modo, no coincido con los fundamentos en virtud de los cuales la Sra. Juez de Grado repele la demanda (fs. 447) porque el hecho de haber finalizado la obra no implicaba la improcedencia de la vía intentada.-
Ahora bien, llegada esta conclusión, me veo obligado a reasumir (por aplicación del principio de la apelación implícita) las cuestiones que, a resultas del fallo apelado, fueron articuladas en la instancia previa.-
Básicamente: la atendibilidad de la pretensión articulada.-
En tal sentido, la presente fue promovida por la administradora del Consorcio, contra uno de los propietarios, denunciando la infracción a las normas sobre propiedad horizontal y al Reglamento de Copropiedad, puntualmente por dos razones: una construcción en la terraza y un cerramiento en el balcón (ver fs. 79/81).-
La pretensión fue resistida por el accionado; quien, además de articular la improcedencia de la vía procedimental (ver fs. 140/1) -tema que ya fue abordado previamente-, también resiste el fondo del planteamiento, por las razones que esgrime a fs. 141 y siguientes.-
Ahora bien, como el mismo demandado lo ha planteado (ver fs. 141) me veo obligado a explicitar algunas circunstancias que, desde mi concepción, no es dable perder de vista al momento de decidir.-
Aquí la pretensión se ha articulado respecto del Sr. Heredia, que es un adulto mayor (contaba al momento de promoverse la demanda con mas de 70 de edad); asimismo, porta una discapacidad (ver fs. 101/5, 304vta./5) y es jubilado (ver fs. 106 y 246); por lo demás, la vivienda objeto de la controversia es ocupada por él y su cónyuge, que también es una persona adulta mayor.-
Llegado este punto, es necesario tener presente que el colectivo de la ancianidad es uno de aquellos que, por imperio constitucional, resulta destinatario de una mayor protección (art. 75 inc. 23 Constitución Nacional).-
Este necesario respeto -y resguardo- de sus derechos no tiene como sujeto pasivo -en mi concepción- únicamente al Estado, sino a todas las personas integrantes del conglomerado social.-
En alguna ocasión anterior (causa 58.317 R.S. 82/11) desde esta Sala se ponía de manifiesto que cuando la cuestión involucraba a niños, no era solo el Estado quien debía velar por sus derechos, sino todas las personas vinculadas a la cuestión.-
Pues bien, desde mi punto de vista, cuando se trata de adultos mayores (y mas aun cuando portan algún problema de salud) sucede exactamente lo mismo.-
El respeto hacia los mayores (los miembros mas antiguos de la comunidad) ha sido, a lo largo de los tiempos, una cuestión de relevancia en las sociedades; aunque, al parecer, en las épocas mas modernas (con todos los cambios que se han ido desarrollando) esto se ha ido diluyendo.-
No obstante ello, desde el orden normativo han aparecido diversas normas específicas, en las que necesariamente debemos abrevar.-
Fundamentalmente, la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores (ley 27.360).-
Sobre el tema, la doctrina ha señalado que el derecho de la vejez, denominado también derecho de la ancianidad, es una nueva especialidad transversal destinada al estudio de la condición jurídica de las personas mayores, de 60 años de edad en adelante, en el derecho interno, regional e internacional. Este derecho se propone también el reconocimiento de las situaciones de aminoración, vulnerabilidad, discriminación, inestabilidad o abusos que puedan padecer estos sujetos, por el hecho de ser “viejos”. Pero además, aborda el análisis de las herramientas jurídicas que permiten legítimamente la intervención y restitución de la autonomía, la libertad, la igualdad, la participación o la dignidad dañada en el caso. Por ello, en este marco se consideran tanto los principios y reglas, institutos, relaciones jurídicas, derechos y obligaciones, como los sistemas de protección y las garantías, en cuanto se vinculan con el fenómeno demográfico del envejecimiento y de la vejez de cada persona, en particular.
La ratificación de la ley 27360 constituye, en la actualidad, la culminación de todo un complejo movimiento de visibilización de los adultos mayores como sujetos de derechos y de búsqueda de una mayor protección de sus derechos, así como también se instituye en un instrumento que representa el punto de partida de un proceso de reformas normativas e institucionales orientadas a que este nuevo enfoque termine impactando en la realidad y la vida de las personas mayores (ROBINO, Alejandro D., Análisis de la ley 27360. Convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores , Temas de Derecho de Familia, Sucesiones y Bioética, Erreius, Junio 2018, p. 397).-
También se ha dicho que en la sociedad actual los adultos mayores conforman un colectivo social vulnerable. Ello por cuanto el concepto de vulnerabilidad se refiere a las personas o grupos de personas que son más susceptibles de ser lastimadas o heridas, ya sea en lo físico, psicológico o económico, o de cualquier otra forma, o por cualquier otro medio. En el caso de las personas mayores, producto del proceso de envejecimiento, experimentan cambios biológicos, fisiológicos, psicosociales y funcionales que pueden ser de diferente intensidad. Es decir, es frecuente observar una disminución en las funciones físicas, psicológicas y sociales, lo que suele colocarlas en situación de mayor vulnerabilidad. En el Derecho Internacional se produjo el denominado proceso de especificación de los derechos humanos consistente en la elaboración de diferentes convenciones y tratados dirigidos a los miembros de los considerados grupos vulnerables -v. gr., mujeres, niños, personas en situación de discapacidad-. Este proceso de especificación distingue grupos de personas a los que reconoce derechos especiales en función de su situación, cuando se detecta la inoperancia de los derechos generales. En síntesis, es un proceso que tiene por objeto paliar la situación de desventaja social que atraviesan estas personas y que no resulta reparable mediante la igualdad formal en derechos, requiriendo en consecuencia la afirmación de derechos de grupos como herramienta para la eficacia de los derechos individuales. Dentro de estos grupos de sujetos en situación de vulnerabilidad se incluyen los adultos mayores.
Agregando que, por ello, en el ámbito internacional se observó que la problemática de las personas mayores que determinaba que en muchas ocasiones que se encontraran en situación de vulnerabilidad era una problemática con causas y características propias, que por lo tanto requerían un marco normativo que diera soluciones adecuadas a una realidad específica de este grupo social.
Así, en el año 2015 se aprobó en el seno de la OEA la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, resultando este el primer instrumento internacional que regula sus derechos y que, conforme el artículo 75, inciso 22), de nuestra Constitución Nacional gozan de jerarquía superior a las leyes.
Lo importante, se dice, de esta Carta Internacional es que establece un marco regulatorio propio, tomando en cuenta la realidad particular de las personas mayores y proponiendo una nueva mirada sobre el proceso de envejecimiento.
Indicando que la aprobación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores constituye un hito en la materia de tutela de los derechos de los adultos mayores, por cuanto antes de dicha Carta este colectivo social debía recurrir a la protección mediante las normas de carácter general para todas las personas, no teniéndose en cuenta los rasgos diferenciales de su realidad. Hoy con el instrumento internacional se cuenta con una herramienta específica que observa las diferentes problemáticas por las cuales se puedan ver vulnerados los derechos de las personas mayores, observando sus propias causas y por lo tanto promoviendo soluciones adecuadas (SANJUAN, Alejandro, Tutela jurídica de los adultos mayores: vulnerabilidad y protección legal a partir de la convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores , Temas de Derecho Laboral y de la Seguridad Social, Erreius, Mayo 2018, Cita digital: IUSDC285846A).
Coincido totalmente con esas lúcidas reflexiones.
Desde esta Sala, se ha puesto de manifiesto la necesidad de atender la particular situación de los adultos mayores.
Se decía en la causa Nº MO-40548-2011 (R.S. 246/2017) que
" las situaciones de edad avanzada son presupuestas -en nuestro enconfrado constitucional- como desniveladoras respecto de las personas mas jóvenes (art. 75 inc. 23 Const. Nac., 36 Const. Pcial.).-
En efecto: los adultos mayores son, o deberían ser, en nuestro ámbito jurídico destinatarios de una especial protección estatal.-
Ello involucra todos sus estamentos (poderes administrador, legislativo y poder judicial); en lo específicamente jurisdiccional, ello se dará en los diversos casos que el juzgador tenga para resolver y su materialización dependerá de cada cuestión que se presente y sus exigencias específicas.-
Quiero significar, con esto, que la especial protección a este particular grupo etáreo (al igual que acontece con niños, niñas y adolescentes) es obligación específica del Estado, impuesta por la Constitución, incluso ya antes de la suscripción de la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores (y actualmente reforzada por dicha Convención).-
Ahora, cómo se la materialice, dependerá de las circunstancias del caso.-
En algunos supuestos, mediante tutelas diferenciadas (para hacer mas pronta o específica la prestación jurisdiccional); en otros, mediante los ajustes procedimentales razonables; y, finalmente, cuando se encuentren involucradas cuestiones de fondo como las que aquí se debaten, teniendo muy presentes -al juzgar- las puntuales circunstancias del caso en lo que hace a la subjetividad de las personas.-
Esto, en realidad, no es mas que la aplicación de la directriz del art. 171 in fine de la Constitución Provincial, en cuanto nos manda a aplicar la ley teniendo presente las concretas -y vivificantes- circunstancias del caso.-
¿Qué quiero significar con esto?
Que no puede tratarse (so pena de violentar el principio de igualdad) un caso que involucre a un adulto mayor sin tener presente tal circunstancia ".-
Incluso, el Dr. de Lázzari en uno de sus votos ha expresado la necesidad de reconocer el valor intrínseco de todas las etapas vitales y auspiciar la contemplación de los flancos vulnerables de los adultos mayores, su protagonismo e interacción en base a los derechos que, como ciudadanos plenos les asigna la Constitución (su voto en causa B 65072 fallo del 29/12/2008, "Rojas, Angel Gualberto c/Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones Policía Prov. Bs. As. s/Amparo").-
Sobre este piso de marcha, vayamos a la Convención aludida, trayendo a colación los puntos que pueden ser relevantes para el presente.-
Su art. 4 inc. c) determina que los Estados parte: " c) Adoptarán y fortalecerán todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales, presupuestarias y de cualquier otra índole, incluido un adecuado acceso a la justicia a fin garantizar a la persona mayor un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos" .-
En cuanto a la vivienda, el art. 24 determina que
" La persona mayor tiene derecho a una vivienda digna y adecuada, y a vivir en entornos seguros, saludables, accesibles y adaptables a sus preferencias y necesidades.
Los Estados Parte deberán adoptar las medidas pertinentes para promover el pleno goce de este derecho y facilitar que la persona mayor tenga acceso a servicios socio-sanitarios integrados y servicios de cuidados domiciliarios que le permitan residir en su propio domicilio conforme a su voluntad.
Los Estados Parte deberán garantizar el derecho de la persona mayor a una vivienda digna y adecuada y adoptarán políticas de promoción del derecho a la vivienda y el acceso a la tierra reconociendo las necesidades de la persona mayor y la prioridad en la asignación a aquella que se encuentre en situación de vulnerabilidad. Asimismo, los Estados Parte fomentarán progresivamente el acceso al crédito de vivienda u otras formas de financiamiento sin discriminación, promoviendo, entre otros, la colaboración con el sector privado, la sociedad civil y otros actores sociales. Las políticas deberán tener especialmente en cuenta:
a) La necesidad de construir o adaptar progresivamente soluciones habitacionales con el fin de que estas sean arquitectónicamente adecuadas y accesibles a los adultos mayores con discapacidad y con impedimentos relacionados con su movilidad.
b) Las necesidades específicas de la persona mayor, particularmente aquellas que viven solas, a través de subsidios para el alquiler, apoyo a las renovaciones de la vivienda y otras medidas pertinentes, según la capacidad de los Estados Parte.
Los Estados Parte promoverán el establecimiento de procedimientos expeditos de reclamación y justicia en caso de desalojos de personas mayores y adoptarán las medidas necesarias para protegerlas contra los desalojos forzosos ilegales.
Los Estados Parte deberán promover programas para la prevención de accidentes en el entorno y el hogar de la persona mayor ".-
A su vez, y viene al caso a tenor de las cuestiones debatidas, el art. 9 nos habla de su derecho a la seguridad y el art. 5 de su derecho a la no discriminación.-
Pues bien, todo esto viene a cuento porque -desde mi punto de vista- estando involucrados aquí los derechos de dos personas adultas mayores, por imperio constitucional no podemos dejar de tener en cuenta todas estas circunstancias, en las condiciones que luego indicaré.-
Amén de ello, y para cerrar este acápite introductorio conceptual, debo decir que las normas sobre propiedad horizontal no pueden, de ninguna manera, interpretarse escindidas de lo constitucional y convencional; con esto quiero significar, entonces que -aún tratándose de esta área (propiedad horizontal)- la interpretación en clave convencional es la única posible y aceptable.-
Ahora voy al caso concreto y me ocuparé de los planteos y elementos de convicción esenciales para resolverlo (art. 384 del CPCC).-
En tal sentido, considero que el reclamo inicial puede parcelarse, para un mejor análisis y desarrollo.-
El Consorcio accionante planteó, en primer lugar, una cuestión vinculada con la estructura que se estaba emplazando en la terraza de la unidad funcional del demandado; concretamente se refería a la pérgola que se fotografió en las placas de fs. 14/21.-
Es indisputable, a esta altura, que tal estructura existe, pues la parte demandada lo ha reconocido (ver fs. 141/142vta.).-
La pericia de ingeniería, por su parte, es clara en cuanto a la existencia de esta estructura; pero allí se indica que la misma no amplia la superficie cubierta de la unidad (ver fs. 400); si bien refiere algunas cuestiones en cuanto a la construcción, no es contundente en cuanto a la existencia de algún riesgo grave o inminente a su respecto.-
Ahora bien, mas allá de la existencia o no de dicha pérgola, hay una circunstancia que merece ser tenida en cuenta para calibrar la atendibilidad de la pretensión inicial.-
La pericia es clara en cuanto a que en la terraza de otros departamentos también se han emplazado pérgolas (fs. 407); incluso el testigo Langot, cuando vino a declarar, dijo lo mismo (ver fs. 377vta./378); y también lo hizo la testigo Miralles (fs. 262).-
Lo así expuesto, desde mi punto de vista, se erige como valla infranqueable para el progreso de la pretensión pues implica un trato desigualitario dispensado por el Consorcio demandante hacia el actor.-
En tal sentido, si las pérgolas no podían construirse, ello debía regir para todos los copropietarios de la misma manera, y no solo respecto del aquí demandado .-
Lo contrario implica un tratamiento desigual, reprobado constitucionalmente (art. 16 Const. Nac.) y mas aun cuando se lo dispensa respecto de personas que son destinatarias de una protección específica.-
La articulación de una pretensión en estas condiciones (cuando el Consorcio trata de una manera a un copropietario y de otra diversa a otros) se erige, desde mi punto de vista, como un claro abuso y ejercicio disfuncional (art. 10 CCyCN), que de ninguna manera puede el Poder Judicial tolerar (y menos aun cuando están en juego derechos de personas vulnerables).-
Mas aun cuando la existencia de dicha pérgola puede incidir en la mejora de la calidad de vida de los dos ancianos, al posibilitarles un mejor aprovechamiento del, pequeño, espacio abierto de la terraza sin que surja de las constancias de autos
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.