Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 134063
Causa: 134063
La Plata, 2 de Septiembre de 2025.-
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
1.a. Mediante resolución dictada el día 24 de junio de 2025, la Sra. Jueza de la instancia previa sostuvo que el monto del litigio se encontrará determinado por el valor de la obra impugnada; en base a lo cual, decidió diferir la regulación de honorarios requerida para la oportunidad en la que se haya determinado ese importe.
1.b. Contra dicha forma de resolver se alzó el Dr. Gastón Pablo Favero, a través del recurso que viene interpuesto y fundado en la pieza del día 2 de julio de 2025; donde comenzó por referir que, aun cuando el proceso se encuentra concluido y en condiciones de regular los honorarios, la juzgadora no sólo no fijó los estipendios, sino que tampoco cuantificó la base, colocándolo en una situación de indefensión.
Luego de ello, se agravió de que la Magistrada hubiera utilizado, en apoyo de su decisión, jurisprudencia anterior a la reforma de la Ley 14.967 y doctrina publicada en 2011, señalando que tales fundamentos resultan caducos y desactualizados en relación con el marco normativo vigente; y que, de acuerdo con los arts. 21, 27 inc. a y 38 de la Ley de Honorarios, al tratarse de un interdicto vinculado a un inmueble, la base regulatoria debe fijarse sobre el valor del mismo y no en función de los daños cuya determinación corresponde a otro proceso, destacando además la inadecuación de la valuación fiscal.
Finalmente, afirmó que resulta indebido que se condicione la regulación de honorarios a lo que eventualmente se resuelva en el juicio de daños y perjuicios, proceso en el cual la propia jueza se había inhibido, lo cual genera una prolongación injustificada de la incertidumbre sobre sus honorarios.
1.c. Dicha postura mereció la réplica de la contraria, por medio de los fundamentos vertidos en el escrito que se presentara el día 16 de julio de 2025, donde solicitó que se rechace el recurso, con costas.
2.a. Liminarmente, se impone referir que el art. 38 del derogado dec. ley 8904/77 y de la actualmente vigente ley 14.967 no resultan sustancialmente contradictorios respecto al punto que se debate en autos.
En efecto, el primero de ellos establecía que "Tratándose de acciones posesorias, interdictos o de división de bienes comunes, se aplicará la escala del artículo 21° reduciéndose el monto del honorario en un veinte (20) por ciento, atendiendo al valor de los bienes conforme a lo dispuesto en el artículo 27°, si la gestión hubiera sido de beneficio general y con relación a la cuota o parte definida, si fuere en el sólo beneficio del patrocinado"; mientras que su par actual reza que "Tratándose de acciones posesorias, interdictos o de división de bienes comunes, se aplicará la escala del artículo 21, atendiendo al valor de los bienes conforme a lo dispuesto en el artículo 27, si la gestión hubiera sido de beneficio general y con relación a la cuota o parte defendida, si fuere en el solo beneficio del patrocinado", destinando luego un párrafo destinado a regular las exporpiaciones, supuesto ajeno al de autos.
A un lado éste apartado, una simple lectura de ambos textos permite evidenciar entonces que la única diferencia relevante entre dichas regulaciones no se afinca en las pautas a considerar -nótese la idéntica redacción en ese punto-, sino únicamente en haberse eliminado la reducción que imponía aquella norma derogada respecto al monto del honorario (en un 20%).
Vale agregar que esa conclusión es, a la vez, reconocida por la doctrina en la materia (en este sentido: Valdez, Carlos F., Ley de honorarios de abogados y procuradores, 2018, Hammurabi, pág. 178; Quadri, Gabriel H. -dir-, Honorarios profesionales, Erreius, 2018, pág. 231; Ribera, Carlos E., Honorarios de abogados en la Provincia de Buenos Aires, La Ley, 2020, coment. art. 38, pto. 1; e.o.).
2.b. En virtud de ello, las alegaciones que efectúa el apelante -considerando anacrónicas las citas jurisprudenciales y autorales que se efectúan en el decisorio- carecen de todo sustento, a poco que se advierta que su supuesta lejanía en el tiempo -única causal invocada-, leída a la luz de aquella modificación, no constituye una característica que deprecie su valor convictivo.
Por el contrario, ante ordenamientos similares, las pautas allí contenidas -se compartan o no- tienen un indudable peso actual para el debate sobre el punto; lo que termina por desestimar este argumento recursivo.
2.c. Ahora bien, descartadas esas objeciones, resta analizar las restantes que invocara el Dr. Favero, relativas a la pauta estipendial fijada, la ausencia de cuantificación tanto de la misma como de los honorarios, y el tiempo que supone aguardar a la determinación de los daños en un proceso independiente; aspectos todos que, por su indudable correlación, serán abordados en forma conjunta.
En ese sentido, es menester iniciar poniendo de resalto una clara diferencia, reconocida incluso en el memorial, consistente en las diversas discusiones que tolera la vía de los interdictos. Esto es, que el contenido de cada uno de ellos está naturalmente determinado por el conflicto subyacente entre las partes y el objeto escogido por su promotor (ver arts. 600 y ccs. del CPCC).
De tal forma, y aun cuando el art. 38 de la ley arancelaria es comprensivo de todas las pretensiones que el ordenamiento ritual subsume en esa clase de proceso, no resulta menos cierto que la materia de cada una de ellas involucra una discusión diferente; de modo que esa circunstancias determina, en forma particular, separada y distinguible, el respectivo 'monto del juicio'.
Con ello queremos señalar que, en varios aspectos y, en especial, a los fines regulatorios, no es lo mismo -por ejemplo- el objeto de un interdicto de recobrar, de aquel que configura uno de obra nueva, como el presente.
Es precisamente sobre esa línea que, en casos como éste, por regla y aun cuando pueda ser una referencia, no resulta apropiado ponderar el valor total del inmueble a los efectos retributivos. A diferencia de ello, el mismo debería ser fijado en concordancia con la cuantía económica del interés lesionado y cuya protección jurisdiccional se requiere (arts. 613, 614 del CPCC; 15 inc. a y 16 de la ley 14.967; cfr. Hitters Juan Manuel - Cairo Silvina, Honorarios de Abogados y Procuradores, Lexis Nexis, 2007, pág. 470; Quadri, Gabriel H., op. cit., pág. 232/233; esta Sala, causa 87.392, RSI 318/97, del 13/10/1997; CC0103 MP 153.640, RSI 186/15, del 28/04/2015; CC0002 SI 87412, RSI 20/05, del 08-02-2005; CC0102 LP 230937, RSD 77/00, del 08/06/2000; CC0002 SM 36731, RSD 312/94, del 3-11-1994; Cám. Nac. Civ. Sala I, causa 103888/2021, del 7-9-2023; e.o.).
Entendemos que esa es la lectura apropiada para esta clase de pretensiones, en la medida que acompasa o es congruente con el ceñido alcance de las mismas; a la vez de guardar una relación de proporcionalidad y razonabilidad con el contenido del debate. De hecho, una simple lectura del reclamo inicial de autos pone a las claras que la afectación que mediante el interdicto se pretendió conjurar se limita a "los inconvenientes que" allí "se enumeran" (ver ptos. I a III; arts. cits.).
En virtud de ello, no podemos más que coincidir con la juzgadora en punto a su conclusión relativa a la pauta a considerar, máxime cuando el apelante no ha aportado motivos suficientes para poner en crisis el razonamiento del decisorio, imponiendo una solución diversa.
2.d. Llegados a este punto, corresponde hacer una relevante aclaración.
Es que, a lo largo del memorial, el letrado ha sostenido que el pronunciamiento de la instancia le ha impuesto el deber de aguardar a la finalización del proceso iniciado por daños y perjuicios, prologando así "el estado de incertidumbre respecto de" sus honorarios. Sin embargo, y más allá de poder invocarse cierta indeterminación decisoria, una paciente lectura del texto del decisorio no nos convence de ese extremo.
En efecto, además de no aludir en oportunidad alguna a las actuaciones referidas, de su redacción se desprende que la juzgadora afirmó que "el objeto del proceso [...] estuvo dado por la restitución al estado anterior de la cosa que se vio perturbada por la obra", en virtud de lo cual, "el valor del litigio se encontrará determinado por el [...] de la obra impugnada", difiriendo entonces "la regulación de honorarios requerida para la oportunidad en la que se haya determinado" el importe en cuestión.
Esas menciones, planteadas así en forma genérica, no pueden ser asumidas sin más y necesariamente con el sentido que le imprime el profesional, por cuanto ello importaría colocar la decisión en un quicio que puede ser ajeno al que planteó la Magistrada.
En virtud de ello y coincidiendo en lo sustancial con sus términos, habremos de confirmar la resolución dictada el día 24 de junio de 2025; sin perjuicio de lo cual, la juzgadora deberá, en oportunidad de tener por devueltas las actuaciones, hacer saber a las partes cuáles son las afectaciones a las que alude como "interés lesionado" de los actores y que deben ser restituidas "al estado anterior", como así también el procedimiento aplicable para la determinación de las mismas, por constituir las mismas la base estipendial a considerar; permitiendo entonces una recta comprensión de su temperamento decisional y, en su caso, las respectivas impugnaciones (art. 34, 36, 164 del CPCC; cits. ley 14.967).
POR ELLO y fundamentos expuestos, corresponde: 1) confirmar, con el alcance expuesto, la resolución dictada el día 24 de junio de 2025; haciéndole saber a la Magistrada que, en oportunidad de tener por devueltas las actuaciones, deberá hacer saber a las partes cuáles son las afectaciones a las que alude como "interés lesionado" de los actores y que deben ser restituidas "al estado anterior", como así también el procedimiento aplicable para la determinación de las mismas; y 2) imponer las costas en el orden causado, habida que los términos del art. 38 de la ley 14.967 y del pronunciamiento impugnado pudieron generar la convicción en el profesional de peticionar como lo hiciera (art. 68, 69 del CPCC; arg. art. 27, séptimo párrafo, ley 14.967). REGISTRESE. NOTIFÍQUESE. DEVUÉLVASE.
Fin de la sentencia