Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 102945
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 102.945, "Spinadel, Erico y Winitzky de Vera, Martha contra Ronco, Amelio y otros. Interdicto de obra nueva", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Pettigiani, de Lázzari, Genoud.
La Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial -Sala I- del Departamento Judicial de San Isidro confirmó el fallo anterior que, a su turno, hizo lugar a la demanda (v. fs. 1.120/1.124 vta.).
Se interpusieron, por los accionados, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.169/1.175 vta. y 1.131/1.168).
Oída la Procuración General (v. fs. 1.231/1.234), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En caso negativo:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En los términos del art. 613 del Código Procesal Civil y Comercial, los actores -vecinos linderos de los accionados- promovieron el presente interdicto de obra nueva a fin de que se condene a los titulares del inmueble ubicado en calle José María Paz n° 1.165/71 de Florida, Partido de Vicente López, a realizar las obras de demolición necesarias para ajustar las condiciones edilicias de dicho bien a las reglamentaciones municipales correspondientes (v. fs. 101/113 vta.), pretensión que fue resistida, en su oportunidad, por los legitimados pasivos (v. fs. 381/404 y 419/423).
En su momento, el señor juez de la etapa inicial comenzó por descartar la caducidad de la acción opuesta por los accionados, así como la excepción de falta de legitimación pasiva esgrimida por Alberto Amelio Ronco. Correlativamente, estimó la demanda. Para ello, consideró especialmente el carácter irregular (no reglamentario) de la obra nueva en cuestión, así como el concreto menoscabo que la misma había irrogado a los accionantes. En consecuencia, ordenó la demolición del inmueble hasta el punto de respetar la altura máxima prevista por el art. 7.2.1.6. del Código de Edificación de la Municipalidad de Vicente López (v. fs. 1.016/1.024 vta.).
II. Apelada la decisión por los vencidos, el Tribunal de Alzada la confirmó (v. fs. 1.120/1.124 vta.).
III. Contra este último pronunciamiento se alzan Alberto Amelio Ronco, Leonor Inés Ronco y Carlos Alejo Ronco mediante recurso extraordinario de nulidad (v. fs. 1.169/1.175 vta.) en el que denuncian quebrantamiento de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial (v. fs. 1.169/1.175 vta.).
IV. De conformidad con lo dictaminado por el señor Subprocurador General (v. fs. 1.231/1.234), considero que la impugnación no puede prosperar.
IV.1. De inicio, es útil recordar que las alegaciones relativas a la prueba, e incluso a la existencia de una eventual preterición de alguna pieza probatoria, no revisten carácter esencial y por lo tanto son ajenas al ámbito del recurso extraordinario de nulidad y propias del de inaplicabilidad de ley (conf. causas C. 94.832, "Lucanera", sent. de 18-III-2009; C. 111.033, "Orellano", sent. de 2-V-2013 y C. 119.567, "Postigo", sent. de 29-VI-2016).
En función de ello, lógico resulta concluir que la esgrimida falta de consideración -en el fallo- de los expedientes administrativos municipales 4.238/56 y 11.745/93 (v. fs. 1.170 vta. y 1.171) no alcanza a abrirse paso como objeto susceptible de un análisis sustancial por parte de esta Corte, desde que tales omisiones denunciadas no revisten, por definición, el precisado carácter de cuestiones esenciales.
IV.2. Similar deficiencia argumental se advierte en relación a la falta de aplicación de las ordenanzas municipales 7.949, 8.062 y 11.595 y de los arts. 2.511, 2.513 y 2.514 del Código Civil velezano (v. fs. 1.171 y vta.), ya que la eventual omisión de normas tampoco importa -en rigor- una hipótesis subsumible en la invocada causal de anulación formal. Diversamente, tal postulación conlleva un inocultable cuestionamiento al acierto jurídico del fallo; aspecto este cuyo conocimiento, sabido es, pertenece al ámbito propio de la vía de inaplicabilidad de ley reglada por los arts. 278 y concordantes del ordenamiento adjetivo (conf. doctr. causa C. 92.337, "Rodolfo y Jorge Castellazzi S.R.L.", sent. de 10-XII-2008).
IV.3. Por otro lado, tampoco asiste razón a los quejosos en cuanto señalan que la Cámara no ha tratado la falta de turbación de la posesión y el correlativo perjuicio de los demandantes (v. fs. 1.171 vta./1.174).
En tal sentido, y a diferencia de lo que se afirma, basta reparar en que tales tópicos fueron expresamente abordados en el fallo cuya anulación se pretende (v. fs. 1.122 vta./1.124 vta.), circunstancia que sella, sin más, la suerte adversa de esta parcela de la impugnación.
IV.4. Por último, tampoco merece recepción la esgrimida falta de fundamentación normativa del fallo -en los términos del art. 171 de la Constitución provincial- que los recurrentes esgrimen en razón de cierto marco normativo que, a su entender, debió haber aplicado la Cámara para la resolución del pleito (v. fs. 1.174 y vta.).
En efecto, y más allá de su mayor o menor grado de acierto jurídico, la decisión impugnada exhibe una clara e inequívoca fundamentación en derecho. El art. 171 de la Constitución de la Provincia sanciona la carencia absoluta de fundamentación legal, con independencia de que las normas citadas se correspondan o no con los cuestionamientos de la parte (conf. causas C. 97.842, "A., G.", sent. de 3-XI-2010; C. 97.894, "Romero", sent. de 10-XI-2010; C. 112.956, "Valdinazzi", resol. de 2-III-2011; C. 109.048, "Montalbano", sent. de 3-IX-2014; C. 117.541, "Scaglia", sent. de 13-VII-2016 y C. 121.226, "Quinteros", sent. de 29-VIII-2018).
V. Por lo expuesto, en concordancia con lo dictaminado por el señor Subprocurador General (v. fs. 1.231/1.234), si mi opinión resulta compartida, corresponderá desestimar el presente remedio extraordinario. Con costas de esta instancia a los recurrentes que resultan vencidos (arts. 68 y 298, CPCC).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó la primera cuestión también por la negativa .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
Adhiero al voto de la doctora Kogan, con la siguiente salvedad sobre la falta de fundamentación normativa. He expuesto mi opinión en minoría, en los términos vertidos en la causa C. 56.599, "Blanco c/Aeropack" (sent. de 23-XI-1999). El referido art. 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires impone que las sentencias sean fundadas en el texto expreso de la ley y, a falta de este, en los principios generales de derecho, teniendo en consideración las circunstancias del caso; esto es, complementando esa cita con la referencia explícita, puntual y concreta de las particulares modalidades por las cuales esa ley o esos principios se relacionan con el caso. En otras palabras, el propio art. 171 desalienta la mención ritual o automática de la ley, exigiendo la indicación de su cabal relación con las circunstancias de la causa en elemento igualmente esencial.
En consecuencia, y dado que el decisorio respeta esa directiva, de ninguna manera puede afirmarse que se ha infringido en la especie el art. 171 del texto constitucional, por lo que considero que esta parcela de la impugnación tampoco merece recepción (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En orden a confirmar el fallo apelado, la Cámara comenzó por desestimar los agravios expresados contra el rechazo de la caducidad de la acción y la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el codemandado Alberto Amelio Ronco (v. fs. 1.120 vta./1.122 vta.).
En cuanto a lo primero, destacó que los trabajos que habían dado lugar al interdicto habían comenzado hacia agosto de 1998, circunstancia que evidenciaba la tempestividad de la acción promovida dentro del plazo anual previsto en el art. 615 del digesto adjetivo (v. fs. 1.120 vta./1.122).
Respecto de lo segundo, precisó que al inicio Alberto Amelio Ronco había sido codemandado como "propietario" del bien en el que se venía realizando la obra nueva, advirtiendo -a la vez- que en razón de la normativa de fondo indicada por el juez anterior este ya revestía la condición de cotitular de dominio por transmisión "mortis causa" a la fecha de interposición de la demanda (v. fs. 1.122 y vta.).
Finalmente, y en cuanto al "fondo" de la cuestión debatida, tuvo por probados: la condición de "obra nueva" de los trabajos denunciados, su carácter antirreglamentario y el perjuicio efectivamente sufrido por los actores en su propiedad (v. fs. 1.122 vta./1.124 vta.).
II. Contra este último pronunciamiento interponen los citados codemandados recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncian el quebrantamiento de los arts. 3, 33, 39, 499, 510, 784, 944, 1.059, 1.071, 1.144 a 1.146 del Código Civil y 163, 164, 362, 374, 375, 377, 384, 615, 619, 622 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial, así como de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial y 16, 17, 18 y 19 de la nacional. Alegan, asimismo, absurdo, arbitrariedad, falta de fundamentación, incongruencia y autocontradicción del fallo impugnado. Formulan reserva del caso federal (v. fs. 1.131/1.168).
III. La impugnación no prospera.
III.1. Cabe en primer término descartar la argumentación traída en torno al rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva que, aunque no se lo haya aclarado expresamente en el recurso, vale precisar que no concierne al interés de todos los recurrentes sino al particular de Alberto Amelio Ronco (v. fs. 1.138/1.139).
III.1.a. En lo tocante, explica el interesado que al momento de interposición de la demanda la señora Adela Álvarez de Ronco -su madre codemandada- aún vivía. La respectiva excepción obedeció entonces al hecho de no ser su parte titular de dominio ni director de la obra, hipótesis establecidas por el art. 613 del orden ritual. Asevera que el fallecimiento sobreviniente de su madre no modificó el equivocado enfoque de la demanda respecto de su legitimación pasiva que fue, en consecuencia, erróneamente admitida por el juez de primera instancia y por la Cámara que confirmó, en la fase de apelación, el mismo error (v. fs. cit.).
III.1.b. De inicio, cabe admitir -junto al recurrente- que dado que al momento de interposición de la demanda, el 30 de diciembre de 1998 (v. cargo de fs. 113 vta.), la señora Álvarez no había aún fallecido, la transmisión "mortis causa" de la cotitularidad sobre el inmueble de marras no había aún operado, circunstancia verificada recién el 26 de enero de 1999 (v. fs. 283/284).
En atención a ello, bien podría criticarse lo expresado por la Cámara en cuanto a que el excepcionante revestía la calidad de "cotitular dominial" por título "mortis causa" al tiempo de promoción del juicio (v. fs. 1.122).
Sin embargo, es claro que al presentarse por primera vez en el proceso -el 10 de mayo de 1999- (v. fs. 406/410 vta.) el excepcionante ya revestía la señalada calidad de sucesor "mortis causa" de su madre codemandada. En tales condiciones, constituiría un exceso ritual admitir esa alegada falta de legitimación pasiva para inmediatamente admitirla, a tenor de la nueva presentación -junto a sus hermanos- ocurrida pocos días después, en calidad de legitimados por el fallecimiento de su madre (v. presentación del 24 de mayo de 1999 a fs. 419/423 vta.), circunstancia que, por cierto, fuera advertida y señalada por el juez de la instancia liminar (v. fs. 1.020).
En consecuencia, y en los términos en que ha sido a esta altura formulado, el planteo carece de relevancia, por lo que debe -reitero- ser desestimado (arts. 279, 289, 384 y concs., CPCC).
III.2. En otro orden de ideas, corresponde asimismo descartar las alegaciones vertidas en torno al rechazo del planteo de caducidad de la acción (v. fs. 1.135/1.144).
III.2.a. Al respecto, aducen los recurrentes que los actores tenían conocimiento, desde el año 1997, de las obras que se venían realizando en el inmueble. De allí que, al tiempo de promoción del interdicto, el plazo anual de caducidad previsto por el art. 615 del Código procedimental se hallaba, a su entender, vencido (v. fs. 1.141).
En esta dirección despliegan dos principales líneas de ataque: en primer lugar, que al absolver posiciones la coactora Winistzky reconoció haber dado permiso a los demandados para la colocación de andamios en su propiedad para revocar las paredes nuevas construidas en el año 1997 (v. fs. 1.141), lo que denotaría conocimiento y aceptación de las obras a esa fecha.
Por otro lado puntualizan que, al demandar, los actores reconocieron expresamente la realización de obras desde mediados de 1997 (v. fs. 1.142). Y siendo que la pretensión inaugural actuada consistió en la restitución del inmueble a su estado anterior, ello importó -a su entender- el pedido de demolición de todas las obras que se venían realizando desde mediados de 1997, en especial el entrepiso de la planta baja (v. fs. 1.143).
III.2.b. Pues bien, antes que nada conviene recordar que la constatación del efecto interruptivo -o no- de determinadas actuaciones, o el momento desde el cual debe contarse el plazo de caducidad, constituyen cuestiones de hecho que solo pueden ser abordadas en esta instancia extraordinaria si se pone en evidencia que son el resultado de un razonamiento viciado en grado de absurdo (conf. doctr. causas C. 119.070, "Olivera", resol. de 17-XII-2014; C. 119.612, "J., V. E.", resol. de 9-XII-2015; C. 121.132, "Bruno", resol. de 14-XII-2016 y C. 121.212, "Seguro de Depósito S.A", sent. de 13-XII-2017).
A tenor de esta pauta de análisis, y de acuerdo con el sentido anticipado, cabe decir que el despliegue argumental efectuado en abono de este tramo de la impugnación no exhibe más que una simple y sesgada disconformidad con lo resuelto. Disidencia que, sin evidenciar una ponderación absurda de los hechos y las pruebas, resulta ineficaz para enervar la respectiva conclusión del juzgador (conf. doctr. art. 279, CPCC).
En tal sentido, basta brevemente destacar que si bien es cierto que al absolver posiciones la coactora Winitzky reconoció que en el año 1997 los demandados le solicitaron permiso para la colocación de andamios en su propiedad, no menos lo es que, en dicho contexto, la absolvente precisó que ello había sido "previsto por arreglos interiores porque nunca se dijo de hacer nuevos pisos porque la medianera estaba en mal estado" (v. rta. Posición 10 a fs. 585 vta.; el destacado me pertenece).
Según se ve, en modo alguno esta posición absuelta por la señora Winitzky devenga la conclusión unívoca pretendida por los recurrentes, en el sentido de que "...la pared medianera fue revocada desde su propiedad durante el año 1997, lo que lógicamente implica que para ser revocada antes debió estar construida y por lo tanto si esto ocurrió durante el transcurso del año 1997 la interposición del interdicto el 30 de diciembre de 1998 fue realizada fuera de término..." (fs. 1.141). Es evidente entonces que la aclaración así efectuada por la absolvente pone en duda, cuanto menos, la univocidad de aquella conclusión.
Por lo demás, esta interpretación se ve ciertamente corroborada por otras posiciones absueltas -a su vez- por la señora Winitzky: a la 2ª posición: "...Para que jure como es cierto que dicha propiedad lindera a la suya hoy en día se encuentra en igual situación con las modificaciones que ud. conocía anteriormente..."; "...A la segunda: No es cierto. Dice que tenía dos pisos y en agosto de 1998 se levantaron un tercero y cuarto piso y un entrepiso en la planta baja...". a la 4ª posición: "...Para que jure como es cierto que antes de diciembre de 1997 ya existía entre su propiedad y la del demandado la pared medianera existente en la actualidad..."; "...A la cuarta: No es cierto dice que la pared ha sido subida a posterior..." (sic, v. fs. 585).
Seguidamente, es menester poner de resalto que luce igualmente improcedente la caducidad pretendida por los atacantes a tenor del conocimiento que de las obras interiores -en planta baja, primero y segundo piso- tenían los actores desde mediados de 1997, unido al objeto que, a su entender, portaría la pretensión inaugural, esto es: la demolición de las obras realizadas, restituyendo las cosas al estado anterior, incluyendo el entrepiso de la planta baja (v. fs. 1.142).
En efecto, y en consonancia con la ponderación llevada a cabo por la Cámara (v. fs. 1.120 vta./1.122), cabe destacar que la ineficacia de esta perspectiva de ataque deriva del hecho de que el propósito perseguido en el presente interdicto es la demolición de las "obras nuevas" denunciadas, al punto de su adecuación a la normativa municipal en materia de edificaciones urbanas, siendo evidente que tales "obras nuevas" no son otras que las construcciones emprendidas hacia agosto de 1998, sindicadas por los actores como pisos cuarto y quinto de una construcción que originariamente constaba de planta baja, primer y segundo piso. Ello es lo que inequívocamente emerge no solo del escrito de inicio (v. esp. fs. 102 y vta. y 109 vta.) sino de las concordantes manifestaciones vertidas por el actor Erico Spinadel en su denuncia ante la autoridad municipal (v. fs. 2, expte. municipal 4119-010591/98 que en fotocopias certificadas corre agregado por cuerda).
En suma, el mero disenso de los recurrentes respecto del comienzo del plazo de caducidad de la acción entablada no alcanza a evidenciar que sea absurda la respectiva valoración del tribunal recurrido.
Reiteradamente esta Corte ha expresado que cuando se pretenden impugnar las conclusiones de un pronunciamiento sobre las cuestiones fácticas de la litis no basta con presentar la propia versión sobre el mérito de las mismas, sino que es necesario realizar un juicio crítico de los razonamientos desarrollados por el sentenciante y demostrar que padecen de un error grave y manifiesto del que derivan conclusiones contradictorias, incoherentes o inconciliables con las constancias objetivas de la causa (causas Ac. 82.508, "Stella de Pasini", sent. de 3-XII-2003; Ac. 86.431, "Muleiro de Paradiso", sent. de 7-III-2005; C. 116.844, "Don Damián S.A.", sent. de 26-III-2014 y C. 118.443, "La Chara S.A.", sent. de 12-VII-2017). Es que el concepto de absurdo, tal como ha ido elaborándose por esta Suprema Corte, hace referencia a la existencia, en la sentencia atacada, de un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica o a una interpretación groseramente errada del material probatorio aportado. Inversamente, no cualquier error, ni la apreciación opinable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, etcétera, alcanzan para configurar tal absurdo, requiriéndose la demostración de un importante desarreglo en la base del pensamiento, una anomalía extrema, una falla palmaria en los procesos mentales, de manera que se evidencie la irracionalidad de las conclusiones a las que se ha arribado. En otras palabras: al recurrente no le alcanza con argumentar que el hecho, la valoración de la prueba, la interpretación de los informes de los expertos, la relación dialéctica entre los hechos y las normas, etcétera, pudo ocurrir o hacerse de otra forma, tanto o más aceptable; en cambio, le resulta indispensable demostrar que de la forma en que se lo hizo en la sentencia no puede ser (causas C. 97.885, "Cáceres", sent. de 12-VIII-2009; C. 105.234, "Villegas", sent.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.