Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 122716
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja traída (art. 292 cit. y Acordada 1.790). Costas al recurrente (art. 31, ley 14.967).
La Plata, 20 de Febrero de 2019.
I. El señor Carlos Santiago Zuliani promovió interdicto de recobrar la posesión contra María Isabel Perez, ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 2 del Departamento Judicial de San Nicolás, el que hizo lugar a la acción. La Cámara Primera de Apelación departamental revocó el fallo apelado e impuso las costas de ambas instancias a la actora perdidosa (v. fs. 351/358, 402/405 vta.).
Posteriormente, el doctor José Pablo Visca -letrado patrocinante de los demandados- solicitó regulación de honorarios profesionales y debido a que el inmueble objeto del proceso carecía de valuación fiscal, formuló una estimación respecto a la cuantía económica del proceso conforme al art. 27 inc. 1° de la ley de honorarios local (v. fs. 473 y vta.).
Seguidamente y en cumplimiento a lo requerido por el juzgado, acompañó una tasación del referido inmueble (v. fs. 475/478, 479).
Conferido traslado de la misma a la parte actora, ésta la impugnó y solicitó la designación de un perito para la fijación del valor locativo del inmueble (v. fs. 482/484).
En este estado, dada la desinteligencia habida entre las partes, el magistrado de grado previo a resolver ordenó aplicar el mecanismo a que refiere el art. 27 inc. "a" de la ley 8.904. Así, determinó la base regulatoria, tomando en consideración la tasación efectuada por la martillera desinsaculada en autos (v. fs. 492, 553 y vta.).
A su turno, la Cámara Primera de Apelación departamental confirmó dicha decisión. Para así decidir consideró por un lado que ya se había resuelto de modo definitivo que para la fijación de la base regulatoria se aplicaría el mecanismo previsto en el art. 27 inc. "a" del decreto ley 8.904, descartando la postulación del apelante de encuadrar la cuestión en el art. 40 del citado cuerpo legal y por el otro juzgó razonable la tasación del bien (v. fs. 577/579).
Posteriormente, el juez de grado reguló estipendios de los letrados intervinientes doctores José Benito Aldazabal y doctor José Pablo Visca en la suma de doscientos sesenta mil y trescientos ochenta mil pesos respectivamente, en los términos de los arts. 14, 16, 21, 27, 28 inc. "b" y concordantes del dec. ley 8.904 (v. fs. 586), los que fueron elevados por el Tribunal de Alzada (v. fs. 600 y vta.).
Contra este último pronunciamiento de la Cámara, el apoderado de la parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico del 12 de junio de 2018), el que denegado con sustento en la irrecurribilidad de la resolución impugnada (v. fs. 606), motivó la articulación de la presente queja (art. 292, CPCC; v. fs. 616/622).
II. Arribados los autos principales, cabe señalar que esta Corte ha sostenido reiteradamente que, en principio, contra las decisiones de los tribunales colegiados en materia de honorarios, tanto en lo que hace a la regulación en sí misma como a las bases o pautas ponderadas para llegar a su determinación, no son admisibles los remedios extraordinarios (art. 57 segundo párrafo, dec. ley 8.904; doctr. causas Ac. 98.373, "Primavera", resol. de 8-XI-2006; C. 105.394, "Olmos", resol. de 1-IX-2010; C. 111.205, "Gaggino", resol. de 13-X-2010; C. 108.537, "Talpey Trading S.A.", resol. de 17-VIII-2011; C. 120.041, "Sánchez", resol. de 14-X-2015 y C. 120.567, "Fourcade", resol. de 28-IX-2016).
En el caso no se observa, de conformidad con los agravios traídos, que concurra alguno de los restringidos supuestos en que, por vía de excepción, se ha admitido el apartamiento de dicho criterio (conf. doctr. C. 120.839, "Romano", resol. de 28-IX-2016; C. 120.912, "Antón", resol. de 19-X-2016; C. 120.876, "Iuliano", resol. de 19-X-2016; C. 120.703, "Otamendi", resol. de 15-XI-2016) habida cuenta de que se cuestiona la determinación de la base regulatoria y las pautas tomadas por el a quo para la fijación de los honorarios de los profesionales intervinientes, reiterando alegaciones que ya fueran desestimadas por la Cámara interviniente en una decisión anterior del órgano de fs. 577/579, firme y consentida por las partes, en la que el Tribunal de Alzada consideró que ya se había resuelto de modo definitivo que para la fijación de la base regulatoria se aplicaría el mecanismo previsto en el art. 27 inc. "a" del decreto ley 8.904, descartando la postulación del apelante de encuadrar la cuestión en el art. 40 del citado cuerpo legal, con la que insiste, como se dijera en la presentación en consideración.
Siendo pertinente adicionar que, por el aludido canal revisor, el recurrente denuncia el erróneo encuadre legal del caso, sin que se avizore a este respecto un agravio de entidad suficiente que justifique hacer excepción a la regla general antes aludida que permita habilitar la instancia extraordinaria, resultando en dicho marco insuficiente a tal fin la mera alegación de confiscatoriedad y de falta de proporcionalidad invocada en la impugnación (conf. doctr. C. 113.967, "Pergentil", resol. de 4-V-2011; C. 120.274, "Durini", resol. de 2-XII-2015; C. 120.285, "Bueno", resol. de 30-III-2016; C. 120.703 cit.).
Finalmente, tampoco se advierte - prima facie - la existencia de un agravio federal que suscite la apertura de esta instancia, toda vez que los argumentos expuestos en el recurso se relacionan con denuncias concernientes a la interpretación y aplicación del derecho común que denotan que en el caso no se encuentra involucrada, de manera directa e inmediata, una cuestión de aquel linaje (causas C.118.901, "Polliotto", resol. de 4-VI-2014; C. 121.479, "Rodríguez Roldán", resol de 19-IV-2017).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la queja traída (art. 292 cit. y Acordada 1.790). Costas al recurrente (art. 31, ley 14.967).
Regístrese. Notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia