Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 123255
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaAnte la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas a los recurrentes vencidos (art. 68, CPCC).
C. 123.255 "ACOSTA HECTOR RAMON CONTRA DOMINGUEZ DANIEL HERIBERTO. INTERDICTO DE RECOBRAR"
I. La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Quilmes revocó el pronunciamiento de origen que, a su turno, rechazara el interdicto de recobrar incoado por Héctor Ramón Acosta contra Daniel Heriberto Domínguez, María Florencia Hombrado y Alejandra Romina Chaparro, admitiéndolo al encontrar reunidos los extremos para su progreso (v. sentencias de fecha 11-IX-2018 y 19-III-2019).
II. Frente a ello, los accionados vencidos -por medio de asistencia letrada- interponen recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el que esgrimen errónea aplicación de los arts. 345 inc. 3, 375, 384, 456 y 608 inc. 2 del Código Procesal Civil y Comercial; 8 del Pacto de San José de Costa Rica; 17 y 18 de la Constitución nacional y 15 y 31 de su par local. Además, denuncian conculcación de doctrina legal que citan (v. escrito electrónico de fecha 12-IV-2021).
III. El remedio no puede prosperar, en virtud de la insuficiencia técnica que porta (conf. art. 279, CPCC).
III.1. Ha sostenido este Tribunal -reiteradamente- que quien afirma que el fallo transgrede determinados preceptos del derecho vigente o denuncia absurdo, anticipa una aserción cuya demostración debe luego llevar a cabo. El incumplimiento de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor (conf. doctr. causas C. 119.531, "Chirichimo", resol. de 4-III-2015; C. 120.072, "Rivara", resol. de 9-III-2016; C. 120.223, "Equity Trust Compañy (Argentina) SA", resol. de 23-V-2017; entre otras), tal como se verifica en el caso (art. 279, cit.).
En efecto, el Tribunal de Alzada en su sentencia de fecha 19 de marzo de 2019 -a la luz de las pruebas colectadas en la especie- para revocar la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, hacer lugar a la pretensión actoral sostuvo "... la ocupación del demandado Domínguez Daniel Heriberto y por ende también la de las codemandadas Alejandra Romina Chaparro y Maria Florencia Hombardo, es claramente ilícita, porque en apoyo de su relación de poder fáctico con el inmueble en cuestión acompañaron un instrumento fraguado, confeccionado en forma burda y artera (obrante a fs. 71/72), pretendiendo justificarlo con un supuesto boleto de compraventa aparentemente celebrado entre el tristemente fallecido Darío Héctor Acosta Colwel, a poco más de un mes de la fecha de su deceso y que, con el incuestionable informe de fs. 1053/1054 realizado por el Auxiliar Letrado del Juzgado de Paz de Florencio Varela, Dr. Norberto Justo Mercado, quedó debidamente acreditada su falsedad e invalidez ..." (v. pág. 8).
Tal fundamento, que se erige en el pilar jurídico del fallo en crisis, no logra ser conmovido por los reproches expuestos en las págs. 14/23 del escrito electrónico, en tanto su detenida lectura deja advertir que éstos (vinculados con la revisión de las circunstancias fácticas de la litis y la valoración de las pruebas testimoniales y documental) se desentienden de los expuestos por el a quo , limitándose a ofrecer una mera disconformidad con el resultado obtenido, esgrimiendo un punto de vista subjetivo y discrepante sobre la cuestión debatida (conf. doctr. art. 279 y causas C. 119.454, "Giunta", resol. de 18-III-2015; C. 120.818, "Ceriani", resol. de 21-IX-2016; C. 121.064, "Franchini", resol. de 5-IV-2017; etc.).
Cabe rememorar que discrepar con las motivaciones brindadas por los sentenciantes no es base idónea de agravios, ni constituye el supuesto de absurdo, causal de procedencia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y doctrina legal, ya que esa anomalía queda configurada cuando media cabal demostración del error palmario y fundamental en el discurrir del juez, dando lugar así a la única vía que autoriza la apertura de la casación para el examen de temáticas de hecho y prueba (conf. art. 279, CPCC y doctr. causas C. 118.426, "Dignani", sent. de 12-VII-2017; C. 121.282, "Club Atlético All Boys", sent. de 21-III-2018 y C. 122.323, "Suelgaray", sent. de 6-XI-2019; e. o.).
Lo dicho, basta para desestimar esta parcela impugnativa y permite, además, repeler las infracciones legales indicadas en la pág. 14 del embate (arts. 279 y 289, CPCC).
III.2. Igual suerte adversa debe correr la alegación de arbitrariedad (v. págs. 14 y sigs. de la impugnación), toda vez que ella no se erige en elemento útil a los fines de enervar lo decidido. Conviene recordar que la simple enunciación de su existencia no es suficiente para habilitar esta instancia extraordinaria si no se demuestra -como sucede en el caso- que la operación intelectual desarrollada en la formación de la sentencia carece de bases aceptables, con arreglo a los mandatos legales que gobiernan la apreciación de las constancias (conf. doctr. causas C. 118.323, "Gaetan", resol. de 4-III-2015; C. 120.917, "Gasparroni", resol. de 21-IX-2016; C. 121.414, "Ramírez", resol. de 12-IV-2017; entre otras).
III.3. El mismo déficit porta la transgresión a las garantías constitucionales y al Tratado internacional que se expresan en la referida pág. 14 del escrito electrónico, ya que no se logra acreditar de qué manera la decisión colisiona con los derechos y prerrogativas que se dicen infringidos, faena a cargo de los interesados -en el caso insatisfecha- que no puede ser suplida por esta Corte (conf. doctr. causas C. 120.725, "Fisco de La Provincia de Buenos Aires", resol. de 1-VI-2016; C. 121.691, "Medina", resol. de 6-IX-2017 y C. 122.504, "Carrizo", resol. de 26-IX-2018).
III.4. Por último, tampoco cabe atender el tópico que alega violación a la doctrina legal (v. págs. 23/26 del recurso), toda vez que en los casos en los cuales se endilga dicha infracción es indispensable que primeramente la misma sea individualizada y luego se exponga su similitud con la cuestión bajo análisis para pretender finalmente su aplicación (conf. doctr. causas C. 119.452, "Benítez", resol. de 17-XII-2014; C. 120.343, "Fortunato", resol. de 25-XI-2015; C. 121.131, "Ceratto", resol. de 21-XII-2016; e. v.), carga esta última no abastecida eficazmente por los quejosos que conlleva a repeler también este segmento de la protesta.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Ante la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas a los recurrentes vencidos (art. 68, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1, acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 07/10/2021 17:11:02 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/10/2021 13:48:36 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/10/2021 10:22:50 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/10/2021 14:52:07 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/10/2021 09:52:36 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 01/11/2021 14:21:21 hs. bajo el número RR-729-2021 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia