Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 122974
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja traída (art. 292, Cód. cit. y Acordada 1.790); con costas a la recurrente (art. 31, ley 14.967).
La Plata, 20 de Febrero de 2019.
I. Conforme surge de las constancias acompañadas, la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata confirmó la decisión del juez de grado quien, a su turno, rechazara el interdicto de recobrar promovido por Romina Samanta Cassinelli contra José Ferrara. Para así resolver consideró -al igual que el sentenciante anterior- que la demanda había sido presentada fuera del plazo que para ello tenía en virtud del art. 615 del Código Procesal Civil y Comercial (v. fs. 1/7 vta. y 12 bis/13).
Frente lo así decidido, la actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 14/22 vta.), cuya denegatoria -en razón de la falta de definitividad del fallo atacado- (v. fs. 23 y vta. y 24 y vta.), suscitó la articulación de la presente queja (art. 292, del CPCC; v. fs. 39/43 vta.).
II. Al respecto -y sin perjuicio de que no se ha dado estricto cumplimiento a la previsión del art. 3° inc. 4 y párr. segundo de la Ac. 3.886/2018-, esta Corte ha resuelto, en reiteradas oportunidades, que el pronunciamiento recaído en un juicio de interdicto de recobrar la posesión, no tiene carácter de definitivo en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, desde que queda expedita para el recurrente el ejercicio de las acciones reales pertinentes (art. 616, Cód. cit.; causas C. 86.631, "Veloso", sent. de 16-II-2005; Ac. 105.023, "Murillo", resol. de 17-VI-2009; C. 106.828, "Nasif", resol. de 29-IX-2010; C. 109.975, "Batafarano", resol. de 17-VIII-2011; C. 117.991, "Zuliani", resol. de 7-VIII-2013; C. 119.243, "Vargas", resol. de 5-XI-2014; C. 119.272, "Beliera", resol. de 11-III-2015; C. 121.761, "Gallo", resol. de 13-IX-2017), no advirtiéndose en el caso la concurrencia de ninguna circunstancia excepcional que permita apartarse del criterio señalado, desde que no se ve impedido el recurrente de instrumentar las mentadas vías correspondientes. En tal sentido, cabe referenciar que el argumento medular en que el Tribunal de Alzada fundó el rechazo del interdicto planteado, lo constituyó la circunstancia de hallar probado con distintos elementos de la causa -prueba testimonial e informativa- que desde el momento de la desposesión alegada por la actora había trascurrido el plazo de un año que para articular el interdicto tenía conforme al art. 615 arriba citado (v. fs. 5/6).
Asimismo, en relación al agravio referido a la imposición de costas (v. fs. 41), es menester recordar que si bien este Tribunal reiteradamente ha expresado que las resoluciones en tal materia, por su carácter accesorio, deben seguir la suerte del principal, razón por la cual no resultan revisables en esta instancia extraordinaria cuando lo juzgado en el pronunciamiento que las impone no reviste naturaleza definitiva en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (conf. doctr. Ac. 98.952, "Encina", resol de 20-XII-2006; Ac. 95.714,"Giaimo", resol. de 23-V-2007), deben tenerse por tal cuando lo decidido puede producir un agravio de imposible reparación ulterior, como cuando, entre otros supuestos, se relaciona a los efectos del principio de cosa juzgada, defectos en la emisión de la sentencia de grado y a su condición o no de vencida (conf. doctr. Ac. 88.683, "Monterisi", resol de 10-XI-2004; CSJN, causa M. 594 XXXVII in re , "Mangudo, Ramón y otros c/ Empresa Hípica Argentina", 30-III-2004), situaciones ausentes en la presente (conf. doctr. Ac. 98.656, "Municipalidad de San Fernando" y Ac. 104.799, "Municipalidad de San Fernando", ambas resols. de 3-XII-2008; Ac. 99.670,"Crespo Furlan", resol. de 20-V-2009; C. 119.949 "Elso", resol. de 11-XI-2015).
Y finalmente, lo propio sucede en relación a la pretendida existencia de cuestión federal con sustento en la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada" y "Di Mascio" (v. fs. 40 vta. y 41; Fallos: 308:490 y 311:2478) la que carece de asidero. Como es sabido, el criterio que emana de esos precedentes condiciona la validez de las restricciones procesales locales para el acceso a los superiores tribunales de la causa, a la circunstancia de que las mismas no sean aplicadas para restringir el trámite de embates que porten agravios federales. Así, en el sub lite , no se exhiben argumentos que prima facie valorados sean suficientes para dar apoyo a la invocación de un supuesto de carácter excepcional (causas C. 119.700, "Fratti", resol. de 20-V-2015; C. 120.738, "Caraceni", resol. de 26-X-2016; C. 122.602, "Pisani", resol. de 29-VIII-2018), que permita habilitar la instancia revisora.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la queja traída (art. 292, Cód. cit. y Acordada 1.790); con costas a la recurrente (art. 31, ley 14.967).
Regístrese, notifíquese y archívese.
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia