Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la excepción de nulidad opuesta por la recurrente, con costas.
2Rechazar la prescripción planteada por la actora, con costas
3Confirmar la Resolución N° 199/10 (DV RRMP), con costas.
4Regular los honorarios de los Dres. María Gabriela Mosqueira y Carlos Muzzio en las sumas de $ 5.000 (pesos cinco mil) y $10.000 (pesos diez mil), por su actuación en autos en el carácter de apoderado y patrocinante del Fisco Nacional, respectivamente, por la excepción y cuestión de fondo, de conformidad con la extensión y calidad de la labor profesional desarrollada, la única etapa procesal cumplida y el resultado obtenido, teniendo en cuenta las pautas dispuestas en la ley 21.839, modificada por la ley 24.432, vigente al momento que cumplieran las taresa profesionales en autos, los que quedan a cargo de la actora. Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-86795985-APN-VOCIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 19 de Agosto de 2022 En la ciudad de Buenos Aires, en el día de la fecha, se reúnen los miembros de la Sala “A” Dres. Rubén Alberto Marchevsky (Vocal titular de la 3° Nominación) y Laura Amalia Guzmán (Vocal titular de la 2° Nominación) y a efectos de resolver la causa N° 34.119-I caratulada “INTERLANDI BRUNO s/ apelación”.
El Dr. Marchevsky dijo:
I. Que a fs. 81/99 vta. la actora interpone recurso de apelación, contra la Resolución N° 199/10 (DV RRMP), de fecha 6/9/2010, y notificada el día 10/9/2010, suscripta por el Jefe (Int.) de División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mar del Plata de la AFIP-DGI, mediante la cual se aplica una multa por el IVA -períodos fiscales enero a diciembre de 1999- equivalente al 80% del impuesto omitido, en los términos del art. 45 de la ley N°11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones).
Entiende que la resolución determinativa que estableció la materia imponible, en la que se apoya la aplicación de la multa, resulta irrazonable al sostener la existencia de ventas omitidas sobre la base de los depósitos bancarios.
Sobre este punto, explica que las acreditaciones bancarias son producto de su colaboración en la organización y producción de los congresos internacionales de la Iglesia Evangélica, en la ciudad de Mar del Plata.
Explica que para solventar los gastos de organización se depositaban los fondos necesarios en su cuenta corriente del Banco Galicia, los que eran girados desde los Estados Unidos por asociación Harvest Evangelism; siendo tales depósitos los que luego la AFIP presumió como ventas no declaradas, generando su exclusión del Monotributo junto con la determinación del impuesto supuestamente dejado de ingresar, qué derivó en la multa aquí apelada.
Respecto de su actividad económica, afirma que la misma consistía en la venta de chipa a través de una unidad de venta ambulante, la que respetaba los parámetros establecidos por el Régimen del Monotributo. Agrega que, también, tuvo una breve participación en una sociedad de responsabilidad limitada que terminó por fracasar como negocio, durante los años 1997 a 2000, migrando en el último período hacia Italia. Señala que la administración omitió considerar elementos probatorios – tales como la declaración de la Sra. Silvia Toujas, y el envió por fax de las comunicaciones remitidas por Harvest Evangelism- que reflejaban la realidad de los hechos, justificando el origen de los depósitos bancarios.
Alega que el ente fiscal, pese a conocer que ya se encontraba en otro país, notificó todas las intimaciones, vistas y traslados en el último domicilio informado, aniquilando su derecho de defensa; circunstancia que torna nula a las resoluciones emitidas por ser contrarias al debido proceso y producción de prueba.
Sostiene que el importe de las supuestas ventas omitidas no es compatible con los ingresos que arroja su actividad -venta de chipas- violentando su derecho de defensa y el principio de capacidad contributiva. Hace hincapié en la ausencia de culpa en su conducta.
En este aspecto, menciona que en el presente caso no se omitió la presentación de Declaraciones Juradas, sino que, simplemente, no existieron las ventas que luego la inspección determinó. Continúa diciendo, que la falta de documentación que acreditaban el origen de los depósitos bancarios no le es imputable, pues se encontraba viviendo en Italia e ignoraba la existencia y alcance de la investigación en curso. Asimismo, considera que existe un error excusable, ya que por un lado el ente recaudador lo excluye del Monotributo en base a depósitos bancarios, y al mismo tiempo lo mantiene en dicho régimen reclamando los períodos adeudados que se superponen con los determinados.
Al mismo tiempo, dice que existe un error de hecho basado en la honesta creencia de haber actuado bajo las normas vigentes, y cumplido con las obligaciones impositivas, reuniendo las características de esencial, decisivo e inculpable.
Plantea la prescripción de la acción para aplicar multa, en el entendimiento que resulta aplicable el artículo 62 -inciso 5- del Código Penal de la Nación, y no los artículos 58 a 60 de la ley de rito. Invoca la inconstitucionalidad del art. 17 de la ley N° 24.769 -dado que a su criterio viola el principio de “non bis in ídem”- y los artículos 45 y 65 inc. d) de la ley N°11.683.
Considera que es aplicable la doctrina emanada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Mazza Generosa y Mazza Alberto s/recurso de apelación”.
En cuanto a la graduación de la multa sostiene que la misma resulta absurda.
Finalmente, ofrece prueba documental, instrumental, informativa y testimonial; hace reserva del Caso Federal, solicita beneficio de litigar sin gastos, y peticiona se dicte sentencia eximiéndola de la aplicación de la multa.
II. Que a fs. 117/131 el Fisco Nacional contesta el traslado del recurso, quien por las razones de hecho y derecho que expone, peticiona se confirme el acto apelado, con costas. Acompaña los antecedentes administrativos como prueba y hace reserva del caso federal.
III. Que a fs. 171 se resolvió no hacer lugar a la prueba ofrecida; por medio de la PV-2022-
80775901-APN-VOCIII#TFN se elevaron los autos a consideración de la Sala “A”, y por último con el IF-2022- 80566953-APN-VOCII#TFN se pasaron a sentencia.
IV. Que, en primer lugar, procede expedirse sobre la prescripción opuesta por la recurrente, fundada en la aplicación del artículo 62 -inciso 5- del Código Penal de la Nación.
Sobre el particular este Tribunal tiene dicho que: “Que la ley N° 11683 (t.o. vigente) contiene normas autónomas sobre los plazos de la prescripción, como así también las causales de suspensión o interrupción y la forma de computarlos, y dada la especificidad de dicha ley corresponde estar a lo allí establecido, no obstante que para los casos no previstos pueda recurrirse a los principios y conceptos contenidos en la legislación de fondo en tanto no se oponga o contradiga los preceptos o principios de la ley de procedimiento tributario y los motivos esbozados por el Fisco Nacional para sostener la suspensión del término de la prescripción bajo examen no se encuentran previstos en la ley de rito.” (“Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta s/recuso de apelación”, Sala D, sentencia de fecha 25/10/2012)
En consecuencia, se torna innecesaria la remisión a otra legislación de fondo para el cómputo de la prescripción, por lo que corresponde rechazar el agravio planteado, con costas.
V. Que corresponde a continuación resolver sobre el planteo de nulidad formulado por la actora, fundado en la violación a las garantías constitucionales del debido proceso y los elementos probatorios descartados en sede administrativa.
En lo relativo a la validez de las notificaciones, se observa que al momento de solicitar la inscripción en el Régimen de Trabajador Autónomo, y posteriormente en el Monotributo, la recurrente consignó en ambos casos como domicilio fiscal la calle “Independencia N°1681, Ciudad de Mar del Plata” (vide fs. 34 y 36 del Cpo. Fiscalización).
Asimismo, a fs. 100 del mencionado cuerpo consta copia de formulario presentado ante la AFIP-DGI con fecha 10/08/2010, a través del cual el contribuyente solicita habilitación para actualizar/modificar el domicilio fiscal; y a fs. 44 del Cpo. Finalización Causa Penal se incluye consulta al Sistema Registral del órgano recaudador donde consta que con fecha 12/08/2010 declara por internet “Domicilio Legal/Real” en Bautista 50, Sierra de los Padres, Provincia de Buenos Aires. Finalmente, el 01/09/2010 informa, por igual medio, “Domicilio fiscal” en Aristóbulo del Valle 2652, Piso Garde, Dpto. A, Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires. En función de lo dicho, se concluye que al emitirse la Resolución N°103/2010 (DV RRMP) de apertura de sumario, con fecha 16/6/2010, el domicilio vigente era el declarado por la rubrada y el utilizado por el Fisco Nacional en las actuaciones, lo que echa por tierra su pretensión.
Sobre el cambio del domicilio, la ley de rito en su art. 3° -t.o. en 1998 vigente al momento de la notificación- estipula que “…en aquellas actuaciones en las que corresponda el ejercicio de las facultades previstas en el artículo 9°, punto 1, inciso b), del Decreto N° 618 de fecha 10 de julio de 1997 y concordantes..., el cambio de domicilio sólo surtirá efectos legales si se comunicara fehacientemente y en forma directa en las referidas actuaciones administrativas. Cualquiera de los domicilios previstos en el presente artículo producirá en el ámbito administrativo y en el judicial los efectos de domicilio constituido, siéndole aplicables, en su caso, las disposiciones de los artículos 41, 42 y 133 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación". A tenor de lo expuesto, sus agravios en este sentido no pueden tener una acogida favorable.
Va de suyo que, tal entendimiento, no se modifica al comprobar los dichos del Sr. INTERLANDI BRUNO respecto a la comunicación telefónica que habría mantenido, desde Italia, con la agente responsable del proceso de verificación (fs. 141 Cpo. Fiscalización - O.I. N°16.648/0, F.8400 N° 0064945 y N° 0064982, ambas de fecha 8/11/2001), por cuanto la ley especifica con claridad el domicilio en el que el organismo recaudador debe proceder a practicar las notificaciones que hacen a su función, y si tal comunicación no logra concretarse –como es el caso de autos- es debido a negligencia de la actora por falta de actualización de su declaración de domicilio fiscal al Fisco, la que según lo establece la LPT debe ser fehaciente para surtir efectos, y no una mera conversación telefónica. Lo dicho cobra sentido especialmente, si se toma en cuenta que la actora conocía el hecho que se le imputaba y todas las circunstancias del caso, cuyo desenlace dio origen al acto administrativo apelado en autos, según consta en Declaración Indagatoria del 02/12/2009 -a tenor del art. 294 del CPPN- (fs. 79/80vta. del expediente principal).
También, es dable destacar que la actora no acompaña ningún elemento con entidad suficiente para afectar la validez de las notificaciones que impugna, por lo que sus agravios dirigidos a ese fin, deben rechazarse.
VI. Que, en definitiva, tanto de la lectura del acto apelado, como del análisis de las actuaciones seguidas por el ente recaudador no se vislumbra que el juez administrativo se haya apartado de las circunstancias de hecho y derecho que fundan la resolución apelada, ni que haya incumplido con el procedimiento reglado por la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y modif.) para determinar el tributo y/o aplicar las sanciones recurridas en autos, lo que evidencia que los agravios vertidos por la apelante como fundamento de la defensa de nulidad intentada, se tratan de una mera discrepancia con el criterio fiscal y que integra el fondo mismo de la cuestión que este Tribunal está llamado a resolver, pero que no afecta la validez de acto alguno.
Debe tenerse en cuenta que “la nulidad por vicios procesales carece de un fin en sí misma, es decir, no tiene existencia autónoma, dado que el derecho procesal es una vía para asegurar la aplicación del derecho de fondo. Sólo procede cuando de la violación de las formalidades surge un perjuicio real y concreto en el derecho de la parte, principio que se sintetiza en la máxima “no hay nulidad por la nulidad misma”, receptado en el art. 172 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación” (CNACAF, Sala V, junio 4-997 -Sosa Mirta Elena Impuestos B- 2076). Es decir, que las nulidades no pueden decretarse para satisfacer el interés teórico, sino únicamente cuando ellas hayan redundado en un perjuicio demostrado y concreto para el derecho de quien las pide (conf. "Anteurquiza, Mugo Ramón" - CNACAF. - Sala IV - 26/3/1992 - entre otros), circunstancia que no ha sido acreditada en autos.
Así lo ha interpretado este Tribunal Fiscal que "...como lo tiene reiteradamente dicho nuestro Más Alto Tribunal (fallo 205:549, 247:52, 267:393, entre otros), cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanarse esa restricción en una etapa jurisdiccional ulterior, porque satisface ese derecho fundamental ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un Organismo jurisdiccional en procura de justicia, tal como "in extenso", en el caso de marras, lo ha hecho el recurrente ante este Tribunal, pudiendo ofrecer todas las pruebas que hacían a su derecho..." (in re "Mirror Holding S.A”, 15/9/06 expte. N° 20.440-I).
En mérito a las consideraciones que anteceden, no se observa que la actora haya visto agraviada la garantía del debido proceso ni el derecho de defensa, ya que es necesario que el vicio haya colocado a la parte en estado de indefensión, situación ésta que no se verificó en la especie, en tanto pudo exponer su derecho de defensa en esta instancia.
Por ende, debe rechazarse el planteo de nulidad opuesto por la actora, con costas.
VII. Que, en lo que hace a la supuesta inconstitucionalidad del art. 17 de la ley N° 24.769, y los art. 45 y 65 inc. d) de la ley N°11.683, es preciso recordar el art. 185 de la ley de rito, que en relación a la resolución de éste Tribunal dispone, que “la sentencia no podrá contener pronunciamiento respecto de la falta de validez constitucional de las leyes tributarias o aduaneras y sus reglamentaciones, a no ser que la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación haya declarado la inconstitucionalidad de las mismas…”. No siendo este el caso, corresponde desestimar el planteo efectuado.
VIII. Que conforme surge de lo expuesto en los Considerandos anteriores, corresponde resolver si la multa aplicada se ajusta a derecho.
La actora se agravia por entender que la resolución determinativa que estableció la materia imponible sobre la que se aplica la multa resulta irrazonable, puesto que se habría fundado en depósitos bancarios detectados por el fisco los que, a su entender, corresponden a ventas no declaradas, siendo que su única actividad económica en Argentina fue la venta al por menor de “chipacitos” a través de una unidad de venta ambulante, además de una breve participación en un sociedad de responsabilidad limitada que finalmente fracasó como negocio.
Así concluye que la determinación de oficio presume un negocio imposible de realizar y sostener, lo contrario significa imponer una ficción por sobre la realidad económica, cuya única consecuencia es el cercenamiento al derecho de defensa y el desconocimiento del principio de capacidad contributiva. Con relación a los depósitos bancarios, afirma INTERLANDI haber sido colaborador ad honorem en la organización y producción de congresos internacionales de la Iglesia Evangélica, por lo que desde Estados Unidos, la aludida asociación, giraba fondos a una empleada de dicha organización -a través de una casa de cambio- que luego era depositado en una cuenta del Banco Galicia de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, y finalmente transferido a su cuenta corriente, en moneda nacional. Y que tales transferencias tenían el objeto de cubrir el costo de los eventos realizados por la Iglesia Evangélica en la ciudad de Mar del Plata, durante los meses de julio y noviembre del año 1999.
A fs. 28 del expediente corre agregada copia de la Nota que la organización Harvest Evangelism Inc. remitiera informando que, de acuerdo a sus registros, durante los años 1997 a 2000 remitió fondos a Bruno INTERLANDI, siendo parte depositada en la cuenta corriente de la actora y parte entregada en mano –sin especificar cantidades o proporciones en los distintos medios de pago enunciados-. Se observa que no se desagrega el monto enviado por año ni se adjunta documentación respaldatoria (vide Informe de Inspección fs. 232/239 Cpo. Fiscalización).
Según surge de los antecedentes administrativos y consta en el Informe de Inspección antes indicado, el monto total depositado –depurado- en el año 1999 y detectado por la fiscalización en las cuentas bancarias de la actora, registradas en el Banco Galicia (c/c y c/a) y en el Banco de la Nación Argentina (c/c), ascienden a una suma significativamente superior a la que afirma dicha entidad religiosa haber transferido a INTERLANDI en cuatro años.
Por lo expuesto, se desprende que la actora registró en el período de análisis ingresos que no responden al origen exento que ella misma sostiene y pretende justificar, por exceder el monto que la asociación norteamericana afirma haberle entregado; fondos que no fueron debidamente declarados, por lo que resulta razonable concluir que se tratan de ingresos por ventas no declaradas.
Dichos ingresos se presentan como superiores a los establecidos por el Régimen Simplificado (artículos 2°, 3° y 10 de la Ley 24.977 y el artículo 7 de su decreto reglamentario), por lo que se colige que la actora reunía en el período de análisis, los requisitos establecidos por la Ley del Impuesto al Valor Agregado para ser responsable inscripto en ése gravamen y no los reunía para poder ser incluida en el Régimen Simplificado de Monotributo, como efectivamente se verificó que ocurrió en realidad. Por ello, queda acreditado que el contribuyente ha incurrido en la infracción que se le atribuye, en virtud de haber omitido el pago del Impuesto al Valor Agregado con motivo de no haber presentado las declaraciones juradas respectivas de los períodos fiscales enero a diciembre de 1999, determinación que quedó firme.
IX. Que en relación a la sanción correspondiente al IVA -períodos fiscales enero a diciembre de 1999- equivalente al 80% del tributo omitido, con sustento en lo dispuesto por el art. 45 de la Ley Nº 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones), debe señalarse que el mencionado artículo tipifica una infracción -omisión culposa- que requiere la concurrencia de dos elementos, por una parte, la omisión de pago de impuestos y, por la otra, el medio comisivo, el que puede ser: 1°) la falta de presentación de declaraciones juradas; o 2°) la presentación de declaraciones juradas inexactas (en este último supuesto, en tanto el juez administrativo descarte la existencia de "declaración engañosa"). En lo que atañe al último supuesto, cabe establecer que la inexactitud exigida por la citada norma refiere a errores o diferencias en el contenido de las declaraciones juradas, configurándose el ilícito cuando éstas contienen tal vicio y, como consecuencia de ello, se omite total o parcialmente el impuesto correspondiente.
Por lo tanto, para que se configure la sanción allí tipificada debe existir la concurrencia de la omisión del impuesto, elemento objetivo, y la conducta culpable del sujeto, es decir la existencia del elemento subjetivo En cuanto al elemento objetivo, entiendo que de los documentos obrantes en autos corresponde concluir que se encuentra debidamente acreditado este aspecto de la sanción apelada, en atención a que se omitió el ingreso del tributo en su justa medida, en tiempo y forma.
Asimismo, en la imputación de las conductas infraccionales tipificadas -en el caso por el art. 45- corresponde ponderar la presencia del elemento subjetivo, y su respectiva atribución al responsable con arreglo al principio de culpabilidad, como requisito ineludible de validez.
Como es sabido, la ley 11.683 recepta el criterio de la personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien es culpable, es decir, aquél a quien la acción punible le pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente (Fallos - 271:297; 303:1548). La responsabilidad penal -de eso se trata la cuestión debatida- sólo puede derivar de la comisión u omisión de un acto tipificado, contrario a derecho, resultante de un obrar culpable (en este caso “culpa”) atribuible a un sujeto capaz, debiéndose descartar, según la mayoritaria y más respetada concepción doctrinaria y jurisprudencial, la fundamentación sobre bases puramente objetivas.
La atribución del elemento subjetivo al caso concreto debe surgir necesariamente, de la comprobación de la existencia de culpa imputable al calificar la conducta del responsable, debiendo ésta ser ponderada en consonancia con el conjunto de circunstancias personales y de tiempo y lugar que permitan, en la convicción del intérprete, encontrarla configurada.
Por tanto, en autos, debe indagarse si se infringieron los deberes de cuidado mínimos referidos y si se produjo el resultado dañoso contemplado por la norma, circunstancias demostrativas de la presencia de un hecho culposo sancionable.
Si el contribuyente ha encaminado su conducta a la realización de un hecho jurídicamente debido o permitido, pero al hacerlo ha lesionado un bien jurídico infringiendo los deberes de cuidado que se le exigía respetar, se deduce que actuó con negligencia o imprudencia, ocasionando una lesión o menoscabo del bien tutelado. La merituación de tal circunstancia se refuerza ante la ausencia de controles o cuidados posteriores que hubieren permitido una reparación espontánea del daño.
Que debe examinarse la presencia del elemento subjetivo, cuya concurrencia es necesaria para la configuración del ilícito en cuestión.
Ante todo es necesario recordar la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación recaída en autos: “Elen Valmi de Claret” de fecha 31/03/1999, donde al analizar la figura del artículo 45 de la ley de rito, dijo: “...surge claramente del texto transcripto que no es exigible una conducta de carácter doloso del contribuyente que deba ser acreditada por el organismo recaudador”... Sentado ello, y tras recordar su conocida doctrina en el sentido que en el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de personalidad de la pena concluyó “... si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación de alguna excusa admitida por la legislación vigente”.
Resulta relevante destacar que la apelante, no obstante haber contado en esta instancia con todas las posibilidades, no aportó en autos ningún elemento a los efectos de demostrar un obrar diligente, tornándose sus dichos en meras afirmaciones dogmáticas sin sustento en la realidad fáctica. Por consiguiente, debe tenerse por acreditado el elemento subjetivo requerido en el tipo.
X. Que, en lo que toca a la existencia de un supuesto error excusable de derecho invocado por la actora, previsto en el último párrafo del art. 45 de la Ley N° 11.683, cabe recordar que la Corte Suprema ha entendido que el error excusable en materia tributaria puede aducirse cuando exista oscuridad en las disposiciones de la ley o surjan dudas del texto de la ley en torno a la situación del contribuyente ("Morixe Hnos. S.A.C.I.", Fallos 319-1524). En tal sentido, ese tribunal ha considerado que, "siendo inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa", la multa del art. 45 de la ley 11.683 no debe aplicarse cuando existe "error excusable con origen en la complejidad y las dificultades propias de la cuestión debatida [...] que quedó demostrada por el dispar tratamiento y las encontradas soluciones a las que llegaron los tribunales de las anteriores instancias" ["Astra CAPSA c/ DGI", Fallos 334-53 (2011)].
En forma similar, la Cámara ha considerado que existe error excusable cuando "la conducta de la actora resulta justificada, en la inteligencia de que la difícil interpretación de las normas aplicables o la mala redacción de sus disposiciones, sumadas a las confusiones derivadas de fallos contradictorios que actúan como causas de exculpación por error" (Sala II, "Cepas Argentina S.A. (TF 24.1461) c/D.G.I.", expte. 26.108/07, sentencia del 24/07/08, voto de los jueces Grecco y Herrera).
Como lo sostuviera la Sala A "in re" "Gomer SACI" (25/2/1998) el error, como causal exonerativa de responsabilidad, requiere para su viabilidad que sea esencial, decisivo e inculpable, extremos que deben ser examinados en consonancia con las circunstancias que rodearon el accionar de aquél a quien se le atribuye la infracción.
De acuerdo a los términos de los antecedente mencionados, el error excusable de derecho requiere, para su configuración, que se alegue y pruebe la existencia de oscuridad en los diferentes preceptos de la norma cuestionada o que, de la inteligencia de su texto surjan dudas acerca de la situación frente al tributo. Debe destacarse que la causal exonerativa del error excusable precisa, a efectos de su viabilidad, que el mismo sea esencial, decisivo e inculpable.
Sentado ello, cabe destacar que el actor no sustenta la existencia del mentado supuesto eximente en un error de derecho debido a la interpretación realizada sobre la normativa del Impuesto al Valor Agregado, sino que alega simplemente que su accionar no estuvo dirigido a eludir sus obligaciones tributarias, lo que sella la suerte adversa de su pretensión.
XI. Que en virtud de los hechos verificados por el organismo fiscal, la falta de prueba que permita acreditar la existencia de alguna causal exculpatoria, y confirmado los elementos subjetivo y objetivo que el ilícito en cuestión requiere para su configuración, voto por confirmar la sanción aplicada en la Resolución 199/10, con costas.
La Dra. Guzmán dijo:
Que adhiere al voto del vocal preopinante.
En virtud de la votación que antecede, SE RESUELVE:
1. Rechazar la excepción de nulidad opuesta por la recurrente, con costas.
2. Rechazar la prescripción planteada por la actora, con costas 3°) Confirmar la Resolución N° 199/10 (DV RRMP), con costas.
4. Regular los honorarios de los Dres. María Gabriela Mosqueira y Carlos Muzzio en las sumas de $ 5.000 (pesos cinco mil) y $10.000 (pesos diez mil), por su actuación en autos en el carácter de apoderado y patrocinante del Fisco Nacional, respectivamente, por la excepción y cuestión de fondo, de conformidad con la extensión y calidad de la labor profesional desarrollada, la única etapa procesal cumplida y el resultado obtenido, teniendo en cuenta las pautas dispuestas en la ley 21.839, modificada por la ley 24.432, vigente al momento que cumplieran las taresa profesionales en autos, los que quedan a cargo de la actora. Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
Se deja constancia que el presente pronunciamiento se dicta con el voto coincidente de dos Vocales Titulares por encontrarse vacante la Vocalía de la 1ra. Nominación (art. 184 de la ley 11.683). Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. - Date: 2022.08.19 14:48:25 -03:00 Date: 2022.08.19 18:54:12 -03:00 Laura Amalia Guzman Ruben Alberto Marchevsky Vocal Vocal Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.08.19 18:54:20 -03:00
Fin de la sentencia