Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 122950
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar competente para seguir interviniendo en estas actuaciones al Juzgado de Familia n° 2 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en Pilar.
La Plata, 5 de Diciembre de 2018.
I. El Centro para la Recuperación de Adictos y Patologías Asociadas "Juntos Podemos", ubicado en Tortuguitas, comunicó al Juzgado de Familia n° 4 del Departamento Judicial de General San Martín, que el 6 de julio de 2018 ingresó allí F. A. M. L. a fin de iniciar un tratamiento de deshabituación y rehabilitación al consumo de sustancias psicoactivas y tóxicas, bajo modalidad internación en comunidad terapéutica residencial (v. fs. 5/6).
Seguidamente, la titular del órgano se inhibió de intervenir al considerar que debe hacerlo el juez del domicilio real del causante, el cual en el caso, se sitúa en la localidad de Villa Rosa, partido de Pilar. En apoyo a su postura citó jurisprudencia provincial. Así, remitió las actuaciones al Juzgado de Familia que corresponda del Departamento Judicial de San Isidro (v. fs. 8 y vta.).
Recibidas, la Receptoría General de Expedientes de esa jurisdicción las remitió a la misma dependencia de Pilar para el sorteo respectivo (v. fs. 11).
A su turno, el Juzgado de Familia n° 2 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en Pilar (v. fs. 11) -previo a corroborar que el interesado seguía internado en el Centro "Juntos Podemos" (v. fs. 12, 13)-, rehusó la atribución conferida. En ese sentido, sostuvo que es criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que en los procesos de internación es competente el juez del lugar donde se lleva a cabo la medida. En tal virtud, devolvió los obrados al órgano que previno (v. fs. 15/16 vta.), quien, mantuvo su postura y finalmente los elevó a este Tribunal (v. fs. 21/22).
Tal el conflicto a dirimir (art. 161, inc. 2, Const. prov.).
II. Al respecto, cabe señalar que esta Corte ha decidido, reiteradamente, que en consideración al nuevo orden normativo vigente, la asignación de la competencia jurisdiccional para intervenir en el conocimiento de estos supuestos, adquiere especial relevancia acudir a la télesis de los arts. 35 y 36 del Código Civil y Comercial, enmarcados dentro de los denominados principios comunes a las restricciones a la capacidad (Causas 120.691, "G., J. D.", resol. de 22-VI-2016; C. 120.781, "D., J. M.", resol. de 29-VI-2016; C. 120.874, "L., C. J.", resol. de 13-VII-2016).
En ese orden de ideas, el mandato del primer precepto citado establece que el juez debe garantizar la inmediatez con el interesado como así también entrevistarlo en forma personal antes de pronunciar cualquier resolución.
En igual línea, la siguiente norma prevé la intervención del interesado en el proceso, pudiendo aportar todas las pruebas que hacen a su defensa, consignándose, además, en cuanto a la competencia, la interposición de la solicitud de declaración de incapacidad o de restricción a la capacidad ante el juez correspondiente a su domicilio o del lugar de su internación (C. 120.691, cit. y C. 121.233, "G., A. B.", resol. de 28-XII-2016).
Con relación a este último precepto, en doctrina se ha sostenido que la solicitud debe ser interpuesta ante el juez del domicilio de la persona sujeta a proceso y, si está internada, en el lugar donde se lleva a cabo la medida, agregándose que tal regla de competencia apunta a asegurar el principio de inmediatez que debe regir durante todo el proceso (Lorenzetti, Ricardo Luis [director], Kraut, Alfredo Jorge [autor] y Palacios, Agustina [autor], "Código Civil y Comercial de la Nación Comentado", Tomo I, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2014, págs. 173/175).
Frente a tal disyuntiva, ante el dilema de escoger el magistrado mejor posicionado para abordar las causas que involucren a quienes deben transitar una internación por consumo de sustancias tóxicas, no debe perderse de vista que éstas muchas veces son breves, como así también que pueden atravesar varias en distintos establecimientos, motivo por el cual habría que cambiar de juez, asesor, etc. en cada una de ellas, lo que provocaría el desconocimiento de la problemática que aqueja al paciente.
En vista de lo expuesto, en casos como el presente no parece atinado asignar la competencia al Juzgado del lugar de internación, pues para el seguimiento del enfermo, será conveniente que lo sea el juez de su domicilio real, conjugando así la normativa citada con los incs. "d" y "e" del art. 41 del mismo cuerpo legal (conf. C. 121.696, "M., D. C.", resol. de 21-II-2018).
En tales condiciones, es pertinente ponderar a fin de resolver la contienda de competencia traída a esta sede, que de la copia del documento nacional de identidad obrante en autos, surge que F. A. M. L. tiene su domicilio real en San José 1028, localidad de Villa Rosa, partido de Pilar (v. fs. 1).
De allí que, una razonable interpretación del nuevo orden normativo señalado anteriormente conduce a resolver que el órgano hábil para intervenir en este expediente es el Juzgado de Familia n° 2 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en Pilar.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar competente para seguir interviniendo en estas actuaciones al Juzgado de Familia n° 2 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en Pilar.
Regístrese, hágase saber y remítanse.
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
HECTOR NEGRI LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia