Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 34.377-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la Resolución DE PRLA Nº 774/2014 dictada en el trámite de las actuaciones administrativas SIGEA Nº 12196-1714-2011 y, consecuentemente, dejar sin efecto el Cargo Nº 632/2011, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2023-140015423-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 24 de Noviembre de 2023 En Buenos Aires, reunidos los Vocales miembros de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, a fin de resolver en los autos caratulados:
“INTERNACIONAL DE PRODUCTOS S.A. c/ D.G.A. s/ Recurso de Apelación”, Expte. N° 34.377-
A,
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. A fs. 23/32 se presenta, mediante apoderado, la firma INTERNACIONAL DE PRODUCTOS S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA Nº 774/2014, dictada por el Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en el trámite de las actuaciones administrativas SIGEA Nº 12196- 1714-2011, por la que se resuelve rechazar la impugnación impetrada por la referida firma y confirmar el Cargo Nº 632/2011, formulado en concepto de diferencia de tributos, con relación al D.I. Nº 11 001 IC04 064102 C, condenándola así al pago de u$s 5.992,05, con más los intereses del art. 794 del C.A.
II. La recurrente, en primer lugar, efectúa una breve reseña de los antecedentes del caso, luego, en cuanto aquí interesa, afirma que la mercadería involucrada en autos resulta originaria de la Republica de Ecuador y que tiene preferencia arancelaria por encontrarse amparada en el Acuerdo de Complementación Económica Nº 59. Sostiene que el origen de la mercadería se encuentra acreditado con todas las constancias obrantes en autos (despacho de importación, certificado de origen, factura comercial y B/L), como así también su transbordo en República Dominicana sin ingresar a dicho territorio (conforme constancia emitida por la autoridad aduanera de dicho país, debidamente legalizada mediante apostilla del Ministerio de Relaciones Exteriores, y constancia emitida por el Agente de Transporte Aduanero, en representación del Transportista). Agrega que, ésta última constancia, fue emitida en la Argentina y que por ello deviene innecesaria la legalización consular exigida en la Nota Externa Nº 22/09. Resalta que la mercadería involucrada no estuvo en ningún momento destinada al comercio, uso o empleo en República Dominicana y que, durante su transporte, tampoco sufrió ninguna operación distinta a la carga, descarga o manipuleo, para mantenerla en buenas condiciones o asegurar su conservación. Señala que la Nota Externa N° 22/09 fue interpretada por la Aduana con un excesivo rigorismo legal y que no tiene entidad jurídica para hacer caer la preferencia arancelaria del ACE N° 59, el cual posee jerarquía supra legal de conformidad con lo dispuesto por el art. 75 inc. 22 de la C.N. Cuestiona el hecho de que el servicio aduanero rechazara arbitrariamente la prueba informativa ofrecida en sede aduanera. Cita jurisprudencia referida a la acreditación del origen de la mercadería. Finalmente, ofrece prueba, hace la reserva del Caso Federal y solicita que se deje sin efecto la resolución aduanera apelada y el cargo formulado, con costas.
III. A fs. 44/46vta. la representación fiscal contesta el traslado oportunamente conferido y, luego de realizar una negativa genérica, sostiene que la Nota Externa N° 22/09 establece que para aquellos casos donde sea necesario acreditar la expedición directa, deberá presentarse como documentación complementaria una constancia por parte de la autoridad aduanera del país no participante del Acuerdo, que indique que la mercadería se transportó en tránsito por su territorio con o sin transbordo o almacenamiento temporal, con firma y sello del funcionario interviniente. Agrega que también se requiere una declaración jurada del transportista indicando que el tránsito se encuentra justificado por razones geográficas o por consideraciones relativas a requerimientos del transporte, y que la mercadería no está destinada al comercio, uso o empleo en el país de tránsito, de acuerdo a lo establecido por el art. 4, inc. b) de la Resolución N° 252/99 del Comité de Representantes de la ALADI, el cual cita. Sostiene que, en los presentes actuados, la documentación aportada por la importadora no cumple con lo requerido a los fines de acreditar la expedición directa, ya que la declaración del transportista no cumpliría con el art. 1.3 de la Nota Externa N° 22/09, al no contener la legalización consular requerida. Finalmente, cita jurisprudencia, ofrece como prueba las actuaciones administrativas, hace la reserva del Caso Federal y solicita que se rechace el recurso de apelación interpuesto, confirmándose la resolución aduanera apelada y el cargo formulado, con costas.
IV. De la compulsa de las actuaciones administrativas SIGEA Nº 12196-1714-2011, surge que la misma se inicia a fs. 1/2 con las impresiones de pantalla como resultado de la consulta de las garantías Nº 11 001 016334 C y 11 001 016441 B. A fs. 3 obra agregada la Nota Nº 782/2011 (SE RECR) mediante la cual la Sección Registro y Cruce dispone, generar el cargo en concepto de diferencia de tributos en relación al D.I. Nº 11 001 IC04 016334 C, por no cumplimentar con lo normado en el punto 1.3 de la Nota Externa N° 22/09, cumplido con ello pide la devolución de las actuaciones a los fines de solicitar la ejecución de la garantía N° 11 001 016441 B en concepto de multa automática. A fs. 4 obra agregada la Multinota presentada por el despachante de aduana en fecha 19/04/11, en representación de la firma INTERNACIONAL DE PRODUCTOS S.A., solicitando la liberación de las garantías mencionadas precedentemente y adjuntando a la misma copia de la factura comercial, del despacho de importación, del conocimiento de embarque y de las notas de transbordo en original y copia, las cuales lucen agregadas a fs. 5/10. A fs. 11 obra liquidación de deuda tributaria (Cargo N° 632/2011 por un monto nominal de u$s 5.992,05) y a fs. 18 obra constancia de notificación dirigida a la firma importadora, quien se notifica fehacientemente en fecha 13/06/11. A fs. 19/22vta., con fecha 27/06/11, la importadora impugna dicho Cargo y acompaña la documentación que luce agregada a fs. 23/33. A fs. 36, en fecha 27/06/13, se tiene por deducida la impugnación, por agregada la prueba documental y se resuelve no hacer lugar a la prueba informativa ofrecida. A fs. 41/42, con fecha 03/09/13, mediante Nota Nº 368/13 (DV CUPO) la División Cupos de Origen elabora el informe técnico de su competencia. A fs. 44 obra comprobante de ejecución de garantías en efectivo en concepto de multa automática. Finalmente, a fs. 45/46, con fecha 05/03/14, se dicta la resolución aduanera aquí apelada.
V. A fs. 50 se abre la causa a prueba y a fs. 52, previo cumplimiento a la intimación cursada en autos, se ordena el libramiento de exhorto a la Dirección General de Aduanas de la República Dominicana, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y al Agente de Transporte Aduanero. A fs. 57 se agrega la contestación del ATA interviniente y a fs. 72, 119 y 134, obran las infructuosas contestaciones por parte del referido Ministerio. A fs. 141 se ordena el libramiento de oficio al Administrador de Puerto Caucedo de la Dirección General de Aduanas de la República Dominicana, el cual es contestado a fs. 182/192vta. Los antecedentes administrativos corren por separado. A fs. 205 se cierra el período probatorio. A fs. 209 se ponen los autos para alegar. A fs. 214/217vta. y 218/237 obran agregados los alegatos de la representación fiscal y de la actora, respectivamente. A fs. 239 se pasan los autos a sentencia.
VI. Ahora bien, el thema decidendi radica en determinar si resulta procedente la formulación del Cargo Nº 632/2011 en concepto de diferencia de tributos, por lo que corresponde analizar si la prueba documental e informativa aportada y producida, respectivamente, por la aquí actora, tanto en sede aduanera como en esta instancia, resulta idónea para acreditar que la mercadería importada mediante el D.I. Nº 11 001 IC04 016334 C se encuentra efectivamente amparada por el beneficio arancelario previsto en el Acuerdo de Complementación Económica Nº 59 (celebrado entre la República del Ecuador y el MERCOSUR) o si, por el contrario, la misma debe recibir tratamiento como de extra zona, como pretende el servicio aduanero. Cabe destacar que el origen de la mercadería no se encuentra cuestionado.
Conforme surge de las actuaciones administrativas correspondientes a la causa, la firma INTERNACIONAL DE PRODUCTOS S.A. documentó, mediante el D.I. Nº 11 001 IC04 064102 C, oficializado el 05/04/11, la importación a consumo de 1.200 unidades de la mercadería declarada “En trozos de forma cilíndrica de longitud superior o igual a 8 cm. En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg--Palmitos -Los demás, incluidas las mezclas, excepto las mezclas de la subpartida 2008.19: FRUTAS U OTROS FRUTOS Y DEMÁS PARTES COMESTIBLES DE PLANTAS, PREPARADOS O CONSERVADOS DE OTRO MODO, INCLUSO CON ADICIÓN DE AZÚCAR U OTRO EDULCORANTE O ALCOHOL, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE”, clasificada en la P.A. 2008.91.00.110N, originaria y procedente de la República del Ecuador.
El servicio aduanero consideró procedente la formulación del cargo a la firma importadora por considerar que la operación en trato no cumplía "... con lo normado en el punto 1.3 de la Nota Externa Nº 22/2009, ello en el entendimiento que la declaración jurada del transportista y la constancia de la autoridad aduanera, no se encuentra debidamente legalizada por el Consulado de la República Argentina con jurisdicción en el país no participante del acuerdo por el que hubiera transitado la mercadería." (fs. 3 de las actuaciones administrativas). Y, en consecuencia, formuló el Cargo Nº 632/2011 en concepto de diferencia de tributos por la suma nominal de u$s 5.992,05 (fs. 11 de las actuaciones administrativas).
Por su parte, el informe técnico elaborado por la División Cupos de Origen mediante Nota Nº 368/13 (DV CUPO) dispuso que "... la presente operación se encuentra sujeta a los requisitos de la Nota Externa N° 22/09 (SDG CAD) para acreditar la expedición directa, y que la Constancia Aduanera, Certificación Nº 669/11, emitida por la Dirección General de Aduanas de la República Dominicana, obrante en fotocopias a fs. 5/6 y 26/27 (...) no se ajusta a lo requerido en su punto 1.3, sino que se encuentra legalizada mediante la Apostilla de la Haya. Cabe aclarar que esta área cuenta con antecedentes de la División Dictámenes en Régimen Tributario Aduanero, y en su Dictamen 726/2009 indicó que la legalización de documentos públicos por Apostilla, conforme la Convención de La Haya, no se aplica a los documentos relacionados con una operación aduanera por cuanto la propia Convención expresamente lo excluye.
En relación a la documentación agregada en fotocopias a fs. 7 y 28, para dar cumplimiento con el punto 1.1 b) de la Nota Externa N° 22/2009, ella carece de la legalización consular correspondiente, de acuerdo con lo requerido en el punto 1.3 de la referida Nota Externa." (fs. 41/42 de las actuaciones administrativas).
VII. La Nota Externa N° 22/09 a la que alude la Aduana, fue dictada como consecuencia de lo dispuesto por la Resolución Nº 252/99 del Comité de Representantes de la ALADI, aplicable en la especie en cuanto regula el régimen de origen para los países participantes de la Asociación. De conformidad con lo dispuesto en el art. 4º de dicha resolución, para que las mercancías originarias se beneficien con los tratamientos preferenciales, éstas deben haber sido expedidas directamente del país exportador al país importador, asimismo, enumera los supuestos que deben cumplirse para que se considere que hay expedición directa.
En atención a la mencionada norma de la ALADI, la Nota Externa Nº 22/09 regula en su art. 1.1 la documentación requerida en las destinaciones de importación para aquellos casos donde sea necesario acreditar la expedición directa, esto es: "a) Constancia por parte de la Autoridad Aduanera del país no participante del acuerdo que indique que la mercadería se transportó en tránsito por su territorio con o sin transbordo o almacenamiento temporal, con firma y sello del funcionario interviniente. (...) b) Declaración jurada del Transportista indicando que el tránsito está justificado por razones geográficas o por consideraciones relativas a requerimientos del transporte y que la mercadería no está destinada al comercio, uso o empleo en el país de tránsito; de acuerdo a lo establecido por el artículo 4°, inciso b) de la Resolución Nº 252/99 del Comité de Representantes de la ALADI."
A su vez, el punto 1.3 de la Nota bajo a análisis, establece que: "Los documentos mencionados en los puntos 1.1 y 1.2 deberán presentarse debidamente legalizados por los consulados de la República Argentina con jurisdicción en el país no participante del acuerdo por el que hubiere transitado la mercadería ".
VIII. A fin de analizar el cumplimiento de lo dispuesto por la Nota Externa Nº 22/09, es menester evaluar -en primer lugar- si la documentación a la que se hace referencia en el punto 1.1, es decir, la constancia emitida por la autoridad aduanera del país no participante del Acuerdo (inc. a) y la declaración jurada del transportista (inc. b), cumplen en el caso con los requisitos exigidos por la normativa vigente al momento de la oficialización de la operación aquí involucrada.
IX. Al respecto cabe señalar que a fs. 5/6 y 27/28 de las actuaciones administrativas, la aquí recurrente, acompañó copia de la Certificación Nº 669 emitida por la Dirección General de Aduanas de la República Dominicana en fecha 01/04/11, apostillada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de dicho país, de conformidad con la Convención de la Haya del 05/10/1961, la cual certifica que las mercaderías en trato " no fueron sometidas a operaciones distintas de las de descarga, carga o cualquier otra destinada a mantenerla en buen estado y permanecieron bajo estricto control y vigilancia de las autoridades aduaneras en el territorio de la República Dominicana".
La Convención de la Haya, concluida el 05/10/1961 y aprobada por nuestro país mediante la Ley Nº 23.458, tiene por finalidad la supresión del requisito de legalización diplomática o consular para los documentos públicos extranjeros de los Estados signatarios de la Convención, quedando como única formalidad la certificación de la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento esté revestido, mediante la fijación de la Apostilla, expedida por la autoridad competente del Estado del que emane el documento (conf. arts. 1, 3 y 4).
No obstante ello, el art. 1 de la referida Convención aclara que ésta no se aplicará: “… a) a los documentos expedidos por agentes diplomáticos o consulares; b) a los documentos administrativos que se refieran directamente a una operación mercantil o aduanera.”
Llegado este punto, resulta oportuno señalar que, en un caso análogo al presente, requerido un informe al Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país, en relación al apostillado que acompañaba la certificación respectiva por parte de la Dirección General de Aduanas de República Dominicana, dicho organismo nacional informó que: "Con respecto al documento en particular, se indica que el certificado de aduanas ya había sido apostillado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana cuando fue presentado en esta sede y, ante la insistencia del recurrente por una intervención ulterior, se otorgó el visto. Ello así, concluye el Ministerio que el certificado en cuestión no podía ser legalizado por el Consulado por encontrarse adosada la aplicación del 'apostillado'." Asimismo, y como parte de la prueba producida en el caso en comentario, el Ministerio de Relaciones Exteriores amplió su respuesta y acompañó el informe del Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana mediante el cual informó que se había procedido a la legalización del certificado por apostillado "por considerar que 'el documento subyacente no es directamente relacionado con una operación aduanera, y que sólo se trataba de una constancia referente al accionar de la autoridad pública'." (Conf. "Bavosi SA c/ DGA s/ Recurso de Apelación" Expte. Nº 33.679-A, Sala "E", Sentencia del 18/09/2019).
En consecuencia, y teniendo en especial consideración las diferencias de criterios existentes entre los propios Ministerios que intervienen en este tipo de procedimientos (lo cual evidentemente dio lugar a que el Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana apostillara la certificación), puede deducirse que de encontrarse colocada la apostilla, como sucede en los presentes actuados, y en el caso análogo traído a colación, no podría conseguirse la legalización por parte del consulado argentino, tal como lo requiere el punto 1.3 de la Nota Externa 22/09.
La apostilla implica, en rigor de verdad, la certificación de la firma y el sello colocado en un documento público por la autoridad competente (sin expedirse respecto a su contenido), siendo que justamente el contenido de la Certificación Nº 669 emitida por la Dirección General de Aduanas de la República Dominicana en fecha 01/04/11, se ajusta a lo requerido en el art. 1.1 inc. a) y que, incluso, dicho contenido fue autenticado o confirmado mediante la Certificación N° 0057 de fecha 01/11/2019, emitida por la Administración de Aduanas del Puerto Multimodal Caucedo y agregada en autos mediante contestación de oficio de fs. 182/192vta., considero que en este punto se encontraría cumplida la legalización exigida por el punto 1.3 de la citada Nota Externa Nº 22/09.
X. Por otra parte, la aquí actora también acompañó a fs. 7 y 29 de las actuaciones administrativas, la declaración jurada emitida por el ATA en fecha 28/03/11 de la cual surge, en su parte pertinente, que "...la carga amparada por el conocimiento de embarque HLCUGYE110340869 fue cargado en el puerto de GUAYAQUIL, ECUADOR, a bordo del buque SAN ANTONIO V. 01204N, transbordo en el puerto de Caucedo, República Dominicana al bm. CSAV LONQUIMAY Vg. 1109S el 12/03/2011 con destino puerto de Buenos Aires, Argentina; llegando a este puerto el día 30/03/2011, bajo manifiesto 11001MANI055434R, sin sufrir durante su transporte y depósito ninguna operación distinta a la carga y descarga o manipuleo para mantenerlas a buenas condiciones y asegurar su conservación, debiéndose el transbordo pura y exclusivamente a necesidades operativas de la línea siendo razonable con la ruta geográfica, estando amparado dicho transbordo de acuerdo a lo establecido por el artículo 4to., Inciso B, de la resolución Nro. 252/99 del Comité de Representantes de la ALADI.".
En cuanto a este documento, si bien su contenido se ajusta a lo exigido por el inc. b) del punto 1.1 de la Nota Externa 22/09, el mismo carece de la legalización consular que exigía, al momento de la oficialización de la operación aquí involucrada, el punto 1.3 de la Nota Externa 22/09.
No obstante ello, resulta oportuno referirme aquí a la interpretación efectuada por la Subdirección General Técnico Aduanera mediante Nota Nº 1362/16 (SDG TLA) de fecha 13/06/16. A través de la misma el servicio aduanero (en respuesta a una consulta efectuada por el Centro de Despachantes de Aduana) señala que: “... la expedición directa es un requisito exigido por los acuerdos que adoptan el régimen general de origen de la ALADI (Resolución N° 252/99) y por aquellos acuerdos que poseen un régimen de origen propio, a los fines de acceder a la preferencia arancelaria.”
“Por su parte, el artículo 4º de la citada resolución define expedición directa, en primer lugar, a "Las mercancías transportadas sin pasar por territorio de algún país no participante del acuerdo"; por lo tanto, si pasaran por el territorio de algún país no participante del acuerdo no estarían cumpliendo con el requisito de la expedición directa. Asimismo, expone seguidamente, que se considera expedición directa a "Las mercancías transportadas en tránsito por uno o más países no participantes, con o sin transbordo o almacenamiento temporal, bajo la vigilancia de la autoridad aduanera competente en tales países, siempre que: i) el tránsito esté justificado por razones geográficas o por consideraciones relativas a requerimientos del transporte; ii) no estén destinadas al comercio, uso o empleo en el país de tránsito; y iii) no sufran, durante su transporte y depósito, ninguna operación distinta a la carga y descarga o manipuleo para mantenerlas en buenas condiciones o asegurar su conservación."
"En consecuencia, si las mercaderías transportadas "transitan" o "pasan" por países no signatarios del acuerdo; debe acreditarse la vigilancia de la autoridad aduanera competente, no constituyendo una excepción a tal requisito el hecho de que la mercadería es embarcada en origen y arriba a destino en el mismo buque, pasando previamente por varios puertos intermedios a efectos de descargar y cargar otros contenedores."
"Cabe destacar que lo expuesto tiene su sustento en la opinión de la DIRECCIÓN ÁREA DE ORIGEN DE MERCADERÍAS, dependiente de la SUBSECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR, autoridad de aplicación en materia de regímenes de origen preferencia/es, quien oportunamente y, sobre la base del Art. 14 del Régimen de Origen del ACE Nº 59, vertió entre otras, las siguientes conclusiones: " ...el hecho de que el tránsito de una mercadería determinada se realice por una ruta preestablecida por una empresa transportista no constituye una excepción a la exigencia de la acreditación de la correspondiente vigilancia aduanera" y en el mismo orden "... lo solicitado por las autoridades aduaneras de nuestro país no excede lo establecido en el último párrafo del Art. 14 del Régimen de origen del ACE Nº 59 -que tal como señala el recurrente tiene rango supralegal- que requieren exactamente lo que se les faculta a exigir "adicionalmente", que es "un documento de control aduanero de dicho país no signatario que acredite que la mercancía permaneció bajo supervisión aduanera."
"Respecto de la nota aclaratoria (2) indicada al pie del Anexo I (modelo de carta del transportista) de la Nota Externa N° 22/09 (DGA), no se advierte controversia alguna con el espíritu de dicha norma, sino por el contrario la mencionada nota aclaratoria refuerza lo indicado en la presente, ya que reafirma la necesidad de acreditar la vigilancia aduanera aun cuando se trate de mercadería que permanece a bordo cuando el medio de transporte pasa o transita por un tercer país no participante del acuerdo preferencial de que se trate.”
"Finalmente, con relación al punto 1.3 de la Nota Externa Nº 22/09 (DGA) se informa que esta Subdirección General se encuentra evaluando la actualización de los requisitos y la posibilidad de agilizar el procedimiento de conformidad con la experiencia recogida desde el dictado de la citada Nota Externa. "
En correlación con lo dispuesto en la citada Nota Nº 1362/16, se dictó la Instrucción General Nº 02/16, la cual modificó la Nota Externa Nº 22/09, y estableció la documentación necesaria para acreditar la reexpedición directa, a partir de su entrada en vigencia. En cuanto a la legalización consular, únicamente hace referencia a la constancia emitida por la autoridad aduanera del país no participante del Acuerdo y no hace referencia alguna a la declaración del transportista del inc. b) del punto 1.1.
Planteado este escenario normativo, considero que corresponde situarse sobre la modificación introducida a la Nota Externa Nº 22/09, mediante el dictado de la Instrucción General Nº 02/16, por la que se dejó sin efecto el requisito de la intervención consular de la declaración del transportista. En efecto, la Instrucción General N° 02/16, resulta aplicable al caso de autos por cuanto, en su parte pertinente, expresamente dispone: “III.- PAUTAS PROCEDIMENTALES. Para acreditar el requisito de expedición directa objeto de esta Instrucción General, inclusive para aquellas operaciones que se encuentren pendientes de resolución, deberá aplicarse el procedimiento previsto en la presente.”
En este sentido, la Instrucción General N° 02/16 reemplazó la intervención o legalización consular antes exigida para la declaración jurada del transportista interviniente, la cual debe indicar: “2.1. Que el tránsito está justificado por razones geográficas o por consideraciones relativas a requerimientos del transporte y que la mercadería no está destinada al comercio, uso o empleo en el país de tránsito; de acuerdo a lo establecido en el régimen de origen que se aplique al acuerdo preferencial que ampare la operación. 2.2. Que la mercadería ha sido o no almacenada de forma temporal, indicando -de corresponder- el lugar donde se hubiere producido dicho almacenamiento.”
De esta manera, y conforme surge del contenido de la declaración jurada emitida Hapag-Lloyd obrante a fs. 7 y 29 de las actuaciones administrativas, idéntica a la agregada a fs. 7 de los presentes actuados y autenticada por intermedio de la contestación de oficio obrante a fs. 57, la misma da cabal cumplimiento a la Instrucción General N° 02/2016.
En virtud de todo lo antes expuesto, considero que la documentación analizada en autos resulta válida para acreditar la expedición directa desde el puerto de Guayaquil, República del Ecuador, con destino al puerto de Buenos Aires, República de Argentina, de la mercadería importada por el D.I. Nº 11 001 IC04 064102 C, que ingresó al territorio aduanero argentino habiendo mediado transbordo en el puerto de Caucedo, de la República Dominicana.
XI. En atención a lo expuesto, corresponde aplicar el beneficio del tratamiento arancelario preferencial a la mercadería involucrada y, consecuentemente, dejar sin efecto el cargo formulado en concepto de diferencia de tributos.
Por ello, VOTO POR:
Revocar la Resolución DE PRLA Nº 774/2014 dictada en el trámite de las actuaciones administrativas SIGEA Nº 12196-1714-2011 y, consecuentemente, dejar sin efecto el Cargo Nº 632/2011, con costas. La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero en los sustancial al voto precedente.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto del Dr. Licht.
De conformidad al acuerdo que antecede, SE
Revocar la Resolución DE PRLA Nº 774/2014 dictada en el trámite de las actuaciones administrativas SIGEA Nº 12196-1714-2011 y, consecuentemente, dejar sin efecto el Cargo Nº 632/2011, con costas. Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes adminsitrativos y archívese. Date: 2023.11.23 15:43:37 ART Date: 2023.11.23 18:33:00 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.11.24 10:32:16 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.11.24 10:32:35 -03:00
Fin de la sentencia