Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 37.685-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la Resolución DE PRLA Nº 6848/2016 dictada en el trámite de las actuaciones administrativas SIGEA Nº 12196-1392-2011 y, consecuentemente, dejar sin efecto los Cargos N° 543/2011 y 544/2011, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2023-151749652-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 21 de Diciembre de 2023 En Buenos Aires, reunidos los Vocales miembros de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, a fin de resolver en los autos caratulados: “INTERNACIONAL DE PRODUCTOS S.A. c/ D.G.A. s/ Recurso de Apelación”, Expte. N° 37.685-A, El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. A fs. 26/37vta. se presenta, mediante apoderado, la firma INTERNACIONAL DE PRODUCTOS S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA Nº 6848/2016, dictada por el Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en el trámite de las actuaciones administrativas SIGEA Nº 12196-1392-2011, por la que se resuelve rechazar la impugnación impetrada por la referida firma y confirmar los Cargos N° 543/2011 y 544/2011, formulados en concepto de diferencia de tributos y de multa automática, respectivamente, en relación al D.I. Nº 11 001 IC04 008501 D.
II. La recurrente, en primer lugar, efectúa una breve reseña de los antecedentes del caso, luego, en cuanto aquí interesa, afirma que la mercadería involucrada en autos resulta originaria de Perú y que tiene preferencia arancelaria por encontrarse amparada en el Acuerdo de Complementación Económica Nº 58. Sostiene que el origen de la mercadería se encuentra acreditado con todas las constancias obrantes en autos (despacho de importación, certificado de origen, factura comercial y B/L), como así también su transbordo en República Dominicana sin ingresar a dicho territorio (conforme constancia emitida por la autoridad aduanera de dicho país, debidamente legalizada mediante apostilla del Ministerio de Relaciones Exteriores, y constancia emitida por el Agente de Transporte Aduanero, en representación del Transportista, emitida en la Argentina, razón por la que deviene innecesaria la legalización consular exigida en la Nota Externa Nº 22/09). Resalta que la mercadería involucrada no estuvo en ningún momento destinada al comercio, uso o empleo en República Dominicana y que, durante su transporte, tampoco sufrió ninguna operación distinta a la carga, descarga o manipuleo, para mantenerla en buenas condiciones o asegurar su conservación. Señala que la Nota Externa N° 22/09 fue interpretada por la Aduana con un excesivo rigorismo legal y que no tiene entidad jurídica para hacer caer la preferencia arancelaria del ACE N° 58, el cual posee jerarquía supra legal de conformidad con lo dispuesto por el art. 75 inc. 22 de la C.N. Cita jurisprudencia referida a la acreditación del origen de la mercadería aplicable al caso. Cuestiona el hecho de que el servicio aduanero rechazara arbitrariamente la prueba informativa ofrecida en instancia administrativa, como así también, el hecho de que las actuaciones no se hayan puesto a disposición de las partes para alegar, violando las formas esenciales del procedimiento y conllevando, a su entender, a la nulidad absoluta de la resolución apelada. Finalmente ofrece prueba, hace la reserva del Caso Federal y solicita que se deje sin efecto la resolución aduanera apelada y los cargos formulados, con costas.
III. A fs. 50/56 la representación fiscal contesta el traslado oportunamente conferido y, luego de realizar una negativa genérica y sostener que el planteo de nulidad resulta improcedente, mantiene que la Nota Externa N° 22/09 establece que para aquellos casos donde sea necesario acreditar la expedición directa, deberá presentarse como documentación complementaria una constancia por parte de la autoridad aduanera del país no participante del Acuerdo, que indique que la mercadería se transportó en tránsito por su territorio con o sin transbordo o almacenamiento temporal, con firma y sello del funcionario interviniente. Agrega que también se requiere una declaración jurada del transportista indicando que el tránsito se encuentra justificado por razones geográficas o por consideraciones relativas a requerimientos del transporte, y que la mercadería no está destinada al comercio, uso o empleo en el país de tránsito, de acuerdo a lo establecido por el art. 4, inc. b) de la Resolución N° 252/99 del Comité de Representantes de la ALADI. Sostiene que, en los presentes actuados, la documentación aportada por la importadora no cumple con lo requerido a los fines de acreditar la expedición directa, ya que tanto la declaración jurada del transportista como la constancia por parte de la autoridad aduanera, no cumplirían con el art. 1.3 de la Nota Externa N° 22/09, al no contener la legalización consular requerida. Finalmente, cita un precedente que, a su entender, no resultaría aplicable al tema en trato, ofrece como prueba las actuaciones administrativas, hace la reserva del Caso Federal y solicita que se rechace el recurso de apelación interpuesto, confirmándose la resolución aduanera apelada y los cargos formulados, con costas.
IV. De la compulsa de las actuaciones administrativas SIGEA Nº 12196-1392-2011, surge que la misma se inicia a fs. 1/4 con las impresiones de pantalla como resultado de la consulta de las garantías Nº 11 001 001870 B (FCAP) y 11 001 001921 V (MUAU). A fs. 5 obra agregada la Nota Nº 589/2011 (SE RECR) mediante la cual la Sección Registro y Cruce dispone la remisión de las actuaciones a Sección Liquidaciones, a los efectos de generar los cargos en concepto de multa automática y diferencia de tributos en relación al D.I. Nº 11 001 IC04 008501 D, por no cumplimentar con lo normado en el punto 1.3 de la Nota Externa N° 22/09. A fs. 6 obra agregada la Multinota presentada por el despachante de aduana en fecha 14/02/11, en representación de la firma INTERNACIONAL DE PRODUCTOS S.A., solicitando la liberación de las garantías mencionadas precedentemente y adjuntando a la misma copias de la factura comercial, del despacho de importación, del conocimiento de embarque y de las notas de transbordo en original y copia, las cuales lucen agregadas a fs. 7/13. A fs. 14/15 obran agregados los Cargos N° 543 (por un monto total de u$s 5.032,69) y 544 (por un monto total de u$s 286,70) y a fs. 17 obra constancia de notificación dirigida a la firma importadora, notificada fehacientemente en fecha 26/05/11 (ver fs. 38). A fs. 22/25vta., con fecha 10/06/11, la importadora impugna ambos Cargos y acompaña la documentación que luce agregada a fs. 26/37. A fs. 42, en fecha 27/06/13, se tiene por deducida la impugnación, por agregada la prueba documental y se resuelve no hacer lugar a la prueba informativa ofrecida. A fs. 47/48, con fecha 12/09/13, mediante Nota Nº 387/13 (DV CUPO) la División Cupos de Origen elabora el informe técnico de su competencia. A fs. 63, con fecha 09/09/16, mediante Nota N° 285/16 (DV CUOR) la División Cupos de Origen amplía el informe de fs. 47/48, en función a la Instrucción General N° 02/16 (DGA). A fs. 64 División Impugnaciones liquida nuevamente los Cargos N° 543/2011 y 544/2011. Finalmente, a fs. 65/66vta., con fecha 19/12/16, se dicta la resolución aduanera aquí apelada.
V. A fs. 59 se abre la causa a prueba y a fs. 62, a requerimiento de parte, se reformula la prueba informativa ordenada (libramiento de exhortos) y, en consecuencia, se ordena el libramiento de oficios al Administrador de Puerto Caucedo de la Dirección General de Aduanas de la República Dominicana y al Agente de Transporte Aduanero. A fs. 74 se agrega la contestación del ATA interviniente y a fs. 101/112 se acompaña el informe brindado por la Dirección General de Aduanas de la República Dominicana. Los antecedentes administrativos corren por separado. A fs. 124 (PV-2023-88193977-APN- TFN#MEC) se cierra el período probatorio. A fs. 128 (IF-2023-105869770-APN-TFN#MEC) se ponen los autos para alegar. A fs. 133/149 (RE-2023-113121148-APN-SGASAD#TFN) y 152/155 (IF-2023-113745163-APN-DTD#JGM)
obran agregados los alegatos de la actora y la representación fiscal, respectivamente. A fs. 161 (IF-2023-148098584- APN-VOCXIX#TFN) se pasan los autos a sentencia.
VI. Ahora bien, el thema decidendi radica en determinar si resulta procedente la formulación de los Cargos N° 543/2011 y 544/2011 en concepto de diferencia de tributos y de multa automática, por lo que corresponde analizar si la prueba documental e informativa aportada y producida, por la aquí actora, tanto en sede aduanera como en esta instancia, resulta idónea para acreditar que la mercadería importada mediante el D.I. Nº 11 001 IC04 008501 D se encuentra efectivamente amparada por el beneficio arancelario previsto en el Acuerdo de Complementación Económica Nº 58 (celebrado entre Perú y el MERCOSUR) o si, por el contrario, la misma debe recibir tratamiento como de extra zona, como pretende el servicio aduanero. Cabe destacar que el origen de la mercadería, no fue cuestionado.
Conforme surge de las actuaciones administrativas correspondientes a la causa, la firma INTERNACIONAL DE PRODUCTOS S.A. documentó, mediante el D.I. 11 001 IC04 008501 D, oficializado el 12/01/2011, la importación a consumo de 2.903 unidades de la mercadería declarada “Envíos del género Capsicum En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg (R. 967/99 MEYOSP) --Las demás -Las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas: LAS DEMÁS HORTALIZAS PREPARADAS O CONSERVADAS (EXCEPTO EN VINAGRE O EN ÁCIDO ACETICO), SIN CONGELAR, EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LA PARTIDA 20.06.”, clasificada en la P.A. 2005.99.00.110D, originaria y procedente de Perú.
El servicio aduanero consideró procedente la formulación de los cargos a la firma importadora por considerar que la operación en trato no cumplía "... con lo normado en el punto 1.3 de la Nota Externa Nº 22/2009, ello en el entendimiento que la declaración jurada del transportista y la constancia de la autoridad aduanera, no se encuentra legalizada por el consulado de la República Argentina con jurisdicción en el país no participante del acuerdo por el que hubiera transitado la mercadería." (ver fs. 5 de las actuaciones administrativas). Y, en consecuencia, formuló los Cargos N° 543/2011 y 544/2011, en concepto de diferencia de tributos por la suma de u$s 5.032,69 y de multa automática por la suma de u$s 286,70 (ver fs. 14 y 15 de las actuaciones administrativas)
Por su parte, el informe técnico elaborado por la División Cupos de Origen mediante Nota Nº 387/13 (DV CUPO) dispone que "... la presente operación se encuentra sujeta a los requisitos de la Nota Externa N° 22/09 (SDG CAD) para acreditar la expedición directa, y que la Constancia Aduanera, Certificación Nº 504/10, emitida por la Dirección General de Aduanas de la República Dominicana, obrante en fotocopias a fs. 7/8 y 30/31 (...) no se ajusta a lo requerido en su punto 1.3, sino que se encuentra legalizada mediante la Apostilla de la Haya. Cabe aclarar que esta área cuenta con antecedentes de la División Dictámenes en Régimen Tributario Aduanero, y en su Dictamen 726/2009 indicó que la legalización de documentos públicos por Apostilla, conforme la Convención de La Haya, no se aplica a los documentos relacionados con una operación aduanera por cuanto la propia Convención expresamente los excluye.
En relación a la documentación agregada en fotocopias a fs. 9 y 32, para dar cumplimiento con el punto 1.1 b) de la Nota Externa N° 22/2009, ella carece de la legalización consular correspondiente, de acuerdo con lo requerido en el punto 1.3 de la referida Nota Externa." (ver fs. 47/48 de las actuaciones administrativas).
VII. La Nota Externa N° 22/09 a la que alude la Aduana, fue dictada como consecuencia de lo dispuesto por la Resolución Nº 252/99 del Comité de Representantes de la ALADI, aplicable en la especie en cuanto regula el régimen de origen para los países participantes de la Asociación. De conformidad con lo dispuesto en el art. 4º de dicha resolución, para que las mercancías originarias se beneficien con los tratamientos preferenciales, éstas deben haber sido expedidas directamente del país exportador al país importador, asimismo, enumera los supuestos que deben cumplirse para que se considere que hay expedición directa.
En atención a la mencionada norma de la ALADI, la Nota Externa Nº 22/09 regula en su art. 1.1 la documentación requerida en las destinaciones de importación para aquellos casos donde sea necesario acreditar la expedición directa, esto es: "a) Constancia por parte de la Autoridad Aduanera del país no participante del acuerdo que indique que la mercadería se transportó en tránsito por su territorio con o sin transbordo o almacenamiento temporal, con firma y sello del funcionario interviniente. (...) b) Declaración jurada del Transportista indicando que el tránsito está justificado por razones geográficas o por consideraciones relativas a requerimientos del transporte y que la mercadería no está destinada al comercio, uso o empleo en el país de tránsito; de acuerdo a lo establecido por el artículo 4°, inciso b) de la Resolución Nº 252/99 del Comité de Representantes de la ALADI."
A su vez, el punto 1.3 de la Nota bajo a análisis, establece que: "Los documentos mencionados en los puntos 1.1 y 1.2 deberán presentarse debidamente legalizados por los consulados de la República Argentina con jurisdicción en el país no participante del acuerdo por el que hubiere transitado la mercadería ".
VIII. A fin de analizar el cumplimiento de lo dispuesto por la Nota Externa Nº 22/09, es menester evaluar -en primer lugar- si la documentación a la que se hace referencia en el punto 1.1, es decir, la constancia emitida por la autoridad aduanera del país no participante del Acuerdo (inc. a) y la declaración jurada del transportista (inc. b), cumplen en el caso con los requisitos exigidos por la normativa vigente al momento de la oficialización de la operación involucrada.
IX. Al respecto cabe señalar que, a fs. 7/8 y 30/31 de las actuaciones administrativas, el despachante de aduana, en representación de INTERNACIONAL DE PRODUCTOS S.A., acompaña copia de la Certificación Nº 504 emitida por la Dirección General de Aduanas de la República Dominicana en fecha 28/12/2010, apostillada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de dicho país, de conformidad con la Convención de la Haya del 05/10/1961, la cual certifica que las mercaderías en trato "no fueron sometidas a operaciones distintas de las de descarga, carga o cualquier otra destinada a mantenerla en buen estado y permanecieron bajo estricto control y vigilancia de las autoridades aduaneras en el territorio de la República Dominicana".
La Convención de la Haya, concluida el 05/10/1961 y aprobada por nuestro país mediante la Ley Nº 23.458, tiene por finalidad la supresión del requisito de legalización diplomática o consular para los documentos públicos extranjeros de los Estados signatarios de la Convención, quedando como única formalidad la certificación de la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento esté revestido, mediante la fijación de la Apostilla, expedida por la autoridad competente del Estado del que emane el documento (conf. arts. 1, 3 y 4).
No obstante ello, el art. 1 de la referida Convención aclara que ésta no se aplicará: “… a) a los documentos expedidos por agentes diplomáticos o consulares; b) a los documentos administrativos que se refieran directamente a una operación mercantil o aduanera.”
Llegado este punto, resulta oportuno señalar que, en un caso análogo al presente, requerido un informe al Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país, en relación al apostillado que acompañaba la certificación respectiva por parte de la Dirección General de Aduanas de República Dominicana, dicho organismo nacional informó que: "Con respecto al documento en particular, se indica que el certificado de aduanas ya había sido apostillado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana cuando fue presentado en esta sede y, ante la insistencia del recurrente por una intervención ulterior, se otorgó el visto. Ello así, concluye el Ministerio que el certificado en cuestión no podía ser legalizado por el Consulado por encontrarse adosada la aplicación del 'apostillado'." Asimismo, y como parte de la prueba producida en el caso en comentario, el Ministerio de Relaciones Exteriores amplió su respuesta y acompañó el informe del Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana el cual informó que se había procedido a la legalización del certificado mediante apostillado "por considerar que 'el documento subyacente no es directamente relacionado con una operación aduanera, y que sólo se trataba de una constancia referente al accionar de la autoridad pública'." (Conf. "Bavosi SA c/ DGA s/ Apelación" Expte. Nº 33.679-A, Sala "E", Sent. 18/09/2019)
En consecuencia, y teniendo en cuenta que no existe un criterio unívoco de parte de los Ministerios que intervienen en este tipo de procedimientos (lo cual seguramente dio lugar a que el Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana apostillara la certificación), se deduce que de encontrarse colocada la apostilla, como sucede en el caso de autos, y en el caso análogo traído a colación, no podría conseguirse la legalización por parte del consulado argentino, tal como lo requiere el punto 1.3 de la Nota Externa N° 22/09.
La apostilla implica, en rigor de verdad, la certificación de la firma y el sello colocado en un documento público por la autoridad competente (sin expedirse respecto a su contenido), siendo que justamente el contenido de la Certificación Nº 504 emitida por la Dirección General de Aduanas de la República Dominicana en fecha 28/12/2010, se ajusta a lo requerido en el art. 1.1 inc. a) y que, incluso, dicho contenido fue autenticado o confirmado mediante la Certificación N° 0058 de fecha 01/11/2019, emitida por el Administrador de Aduanas del Puerto Multimodal Caucedo y agregada mediante contestación de oficio obrante a fs. 101/112 de autos, considero que en este punto se encontraría cumplida la legalización exigida por el punto 1.3 de la citada Nota Externa Nº 22/09.
X. Por otra parte, la aquí actora, acompañó en sede aduanera la declaración jurada emitida por el ATA en Diciembre de 2010 (ver copias obrantes a fs. 9 y 32 de las actuaciones administrativas) de la cual surge, en su parte pertinente, que "...la carga amparada por el conocimiento de embarque HLCULI3101109558 fue cargado en el puerto de Callao, Perú, a bordo del buque CAP RICARDA, transbordo en el puerto de Caucedo, República Dominicana al bm. SAXONIA EXPRESS el 12/12/2010 con destino puerto de Buenos Aires, Argentina; llegando a este puerto el día 29/12/2010, bajo manifiesto 10001MANI251142K, sin sufrir durante su transporte y depósito ninguna operación distinta a la carga y descarga o manipuleo para mantenerlas a buenas condiciones y asegurar su conservación, debiéndose el transbordo pura y exclusivamente a necesidades operativas de la línea siendo razonable con la ruta geográfica, estando amparado dicho transbordo por el Anexo V, Artículo 14 , Inciso B, AAPCE/58 del Comité de Representantes de la ALADI.". En cuanto a este documento, si bien su contenido se ajusta a lo exigido por el inc. b) del punto 1.1 de la Nota Externa N° 22/09, el mismo carece de la legalización consular que exigía al momento de la oficialización de la operación aquí involucrada, el punto 1.3 de la Nota Externa N° 22/09.
No obstante, resulta oportuno referir aquí la interpretación efectuada por la Subdirección General Técnico Aduanera mediante Nota Nº 1362/16 (SDG TLA) de fecha 13/06/16. Mediante la misma el servicio aduanero (en respuesta a una consulta efectuada por el Centro de Despachantes de Aduana) señala que: “... la expedición directa es un requisito exigido por los acuerdos que adoptan el régimen general de origen de la ALADI (Resolución N° 252/99) y por aquellos acuerdos que poseen un régimen de origen propio, a los fines de acceder a la preferencia arancelaria.” “Por su parte, el artículo 4º de la citada resolución define expedición directa, en primer lugar, a "Las mercancías transportadas sin pasar por territorio de algún país no participante del acuerdo"; por lo tanto, si pasaran por el territorio de algún país no participante del acuerdo no estarían cumpliendo con el requisito de la expedición directa. Asimismo, expone seguidamente, que se considera expedición directa a "Las mercancías transportadas en tránsito por uno o más países no participantes, con o sin transbordo o almacenamiento temporal, bajo la vigilancia de la autoridad aduanera competente en tales países, siempre que: i) el tránsito esté justificado por razones geográficas o por consideraciones relativas a requerimientos del transporte; ii) no estén destinadas al comercio, uso o empleo en el país de tránsito; y iii) no sufran, durante su transporte y depósito, ninguna operación distinta a la carga y descarga o manipuleo para mantenerlas en buenas condiciones o asegurar su conservación."
"En consecuencia, si las mercaderías transportadas "transitan" o "pasan" por países no signatarios del acuerdo; debe acreditarse la vigilancia de la autoridad aduanera competente, no constituyendo una excepción a tal requisito el hecho de que la mercadería es embarcada en origen y arriba a destino en el mismo buque, pasando previamente por varios puertos intermedios a efectos de descargar y cargar otros contenedores."
"Cabe destacar que lo expuesto tiene su sustento en la opinión de la DIRECCIÓN ÁREA DE ORIGEN DE MERCADERÍAS, dependiente de la SUBSECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR, autoridad de aplicación en materia de regímenes de origen preferencia/es, quien oportunamente y, sobre la base del Art. 14 del Régimen de Origen del ACE Nº 59, vertió entre otras, las siguientes conclusiones: " ...el hecho de que el tránsito de una mercadería determinada se realice por una ruta preestablecida por una empresa transportista no constituye una excepción a la exigencia de la acreditación de la correspondiente vigilancia aduanera" y en el mismo orden "... lo solicitado por las autoridades aduaneras de nuestro país no excede lo establecido en el último párrafo del Art. 14 del Régimen de origen del ACE Nº 59 -que tal como señala el recurrente tiene rango supralegal- que requieren exactamente lo que se les faculta a exigir "adicionalmente", que es "un documento de control aduanero de dicho país no signatario que acredite que la mercancía permaneció bajo supervisión aduanera."
"Respecto de la nota aclaratoria (2) indicada al pie del Anexo I (modelo de carta del transportista) de la Nota Externa N° 22/09 (DGA), no se advierte controversia alguna con el espíritu de dicha norma, sino por el contrario la mencionada nota aclaratoria refuerza lo indicado en la presente, ya que reafirma la necesidad de acreditar la vigilancia aduanera aun cuando se trate de mercader/a que permanece a bordo cuando el medio de transporte pasa o transita por un tercer país no participante del acuerdo preferencial de que se trate.
"Finalmente, con relación al punto 1.3 de la Nota Externa Nº 22/09 (DGA) se informa que esta Subdirección General se encuentra evaluando la actualización de los requisitos y la posibilidad de agilizar el procedimiento de conformidad con la experiencia recogida desde el dictado de la citada Nota Externa. "
En concordancia con lo dispuesto en la antes citada Nota Nº 1362/16, se dictó la Instrucción General Nº 02/16, la cual modificó la Nota Externa Nº 22/09, y estableció la documentación necesaria para acreditar la expedición directa, a partir de su entrada en vigencia. En cuanto a la legalización consular, únicamente hace referencia a la constancia emitida por la autoridad aduanera del país no participante del Acuerdo y no hace referencia alguna a la declaración del transportista del inc. b) del punto 1.1.
Planteado este escenario normativo, considero que cabe estarse a la modificación introducida a la Nota Externa Nº 22/09, mediante el dictado de la Instrucción General Nº 02/16, por la que se ha dejado sin efecto el requisito de la intervención consular de la declaración del transportista. En efecto, la Instrucción General N° 02/16, resulta aplicable al caso de autos por cuanto expresamente dispone: “III.- PAUTAS PROCEDIMENTALE. Para acreditar el requisito de expedición directa objeto de esta Instrucción General, inclusive para aquellas operaciones que se encuentren pendientes de resolución, deberá aplicarse el procedimiento previsto en la presente.”. En este sentido, la Instrucción General N° 02/2016 ha reemplazado la intervención consular antes requerida por la declaración jurada del transportista interviniente, que deberá indicar: “2.1. Que el tránsito está justificado por razones geográficas o por consideraciones relativas a requerimientos del transporte y que la mercadería no está destinada al comercio, uso o empleo en el país de tránsito; de acuerdo a lo establecido en el régimen de origen que se aplique al acuerdo preferencial que ampare la operación. 2.2. Que la mercadería ha sido o no almacenada de forma temporal, indicando -de corresponder- el lugar donde se hubiere producido dicho almacenamiento.”
De este modo, y conforme surge del contenido de la declaración jurada emitida Hapag-Lloyd obrante a fs. 9 y 32 de las actuaciones administrativas, idéntica a la agregada a fs. 9 de los presentes actuados y autenticada mediante contestación de oficio de fs. 74, la misma da cabal cumplimiento a la Instrucción General N° 02/2016.
En virtud de todo lo antes expuesto, considero que la documentación analizada en autos resulta válida para acreditar la expedición directa desde el puerto de Callao, Perú, con destino final al puerto de Buenos Aires, República de Argentina, de la mercadería importada por el D.I. Nº 11 001 IC04 008501 D, que ingresó al territorio aduanero argentino habiendo mediado transbordo en el puerto de Caucedo, de la República Dominicana.
XI. En atención a lo expuesto, corresponde aplicar el beneficio del tratamiento arancelario preferencial a la mercadería involucrada y, consecuentemente, dejar sin efecto los cargos formulados en concepto de diferencia de tributos y de multa automática.
Por ello, VOTO POR:
Revocar la Resolución DE PRLA Nº 6848/2016 dictada en el trámite de las actuaciones administrativas SIGEA Nº 12196-1392-2011 y, consecuentemente, dejar sin efecto los Cargos N° 543/2011 y 544/2011, con costas.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto precedente.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto del Dr. Licht.
De conformidad al acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
Revocar la Resolución DE PRLA Nº 6848/2016 dictada en el trámite de las actuaciones administrativas SIGEA Nº 12196-1392-2011 y, consecuentemente, dejar sin efecto los Cargos N° 543/2011 y 544/2011, con costas.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
Date: 2023.12.21 17:25:55 ART Date: 2023.12.21 18:36:22 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.12.21 18:49:48 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.12.21 18:50:05 -03:00
Fin de la sentencia