Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 33962-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso interpuesto por el Fisco Nacional y confirmar la resolución de fs. 68/71; con costas (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
36984/2023 INTERNACIONAL DE PRODUCTOS SA (TF 33962-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO ”
Buenos Aires, noviembre de 2023.
1. Que, a fs. 68/71, el Tribunal Fiscal de la Nación revocó la resolución DE PRLA 6532/13, dictada en la actuación 12196-1387-2011, y dejó sin efecto el cargo tributario 547/11, que había sido formulado por la supuesta falta de acreditación del origen de la mercadería amparada por la destinación de importación para consumo 11 001 IC04 043420C. Impuso las costas a la DGA.
Para resolver como lo hizo, mencionó que la actora había importado 1.800 unidades de mercadería clasificada en la PA 2008.91.00.110N, originaria y proveniente de Ecuador, y que la cuestión a resolver era si aquélla tenía preferencia arancelaria por estar amparada en el Acuerdo de Complementación Económica 59 (suscripto entre Ecuador y los Estados Partes del Mercosur) o si debía tratársela como extra zona, como pretendía la Aduana.
Precisó que no era materia de controversia que la mercadería había sido cargada en el puerto de Guayaquil (Ecuador) y que luego se efectuó un transbordo en el puerto de Caucedo (República Dominicana), donde fue cargada en otro buque con destino a Buenos Aires.
Indicó que el servicio aduanero había fundado el cargo en el incumplimiento de lo previsto en el punto 1.3 de la nota externa 22/09, porque la documentación proporcionada por la importadora no se encontraba legalizada por el consulado de la República Argentina con jurisdicción en el país no participante del acuerdo por el que había transitado la mercadería.
Explicó que esa nota externa había sido dictada como consecuencia de lo dispuesto por la resolución 252/99 del Comité de Representantes de la ALADI, que regulaba el régimen de origen para los países participantes de la asociación y, en su artículo 4º, establecía que las mercancías originarias debían haber sido “expedidas directamente” del país exportador al país importador para beneficiarse de los tratamientos preferenciales, además de enumerar los requisitos para considerar que hubo tal expedición directa.
También explicó que, de conformidad con lo que exigía la citada normativa de la ALADI, el artículo 1.1 de la nota externa 22/09 requería, para aquellas destinaciones en las que fuese necesario acreditar la expedición directa, que el importador acompañase: a) una constancia expedida por la autoridad aduanera del país no participante del acuerdo que indicase que la mercadería se había transportado por su territorio, con o sin transbordo o almacenamiento temporal, con firma y sello del funcionario interviniente; y 1 b) una declaración jurada del transportista en la que constase que el tránsito había estado justificado por razones geográficas o requerimientos del transporte, y que la mercadería no había sido destinada al comercio, uso o empleo en el país de tránsito.
Admitió que el punto 1.3 de esa nota establecía que los documentos del punto 1.1 debían presentarse debidamente legalizados (en el caso, por el consulado argentino con jurisdicción en la República Dominicana), y que la documentación proporcionada por la actora carecía de aquel requisito. Sin embargo, a la luz del contenido de esos documentos y del criterio adoptado en determinados antecedentes administrativos y jurisdiccionales, entendió que eran válidos para acreditar la expedición directa de la mercadería amparada por la destinación 11 001 IC04 043420C desde el puerto de Guayaquil (Ecuador) hacia el de Buenos Aires.
En concreto, señaló que la certificación 637, emitida por la Dirección General de Aduanas de la República Dominicana y agregada a fs. 15/16 de la actuación administrativa, se encontraba apostillada por el ministerio de relaciones exteriores de ese país, de conformidad con la Convención de la Haya del 05/10/1961 (a la cual nuestro país había adherido mediante la ley 23.458). Agregó que el documento en cuestión certificaba que las mercaderías no habían estado sometidas a operaciones distintas de las de descarga, carga o cualquier otra destinada a mantenerla en buen estado, y que permanecieron bajo estricto control y vigilancia de las autoridades aduaneras en el territorio de la República Dominicana. También sostuvo que, aunque no se discutía que el artículo 1º de la referida Convención excluía su aplicación a los documentos directamente referidos a una operación mercantil o aduanera, existía un antecedente de un caso análogo que había tramitado ante el Tribunal Fiscal de la Nación en el que el ministerio de relaciones exteriores de nuestro país había informado que no era materialmente posible “legalizar” una certificación de la aduana de la República Dominicana que ya contase con “apostillado” en los términos de la aludida Convención (lo que acontecía porque las autoridades de ese país interpretaban que el documento, en rigor, no se relacionaba directamente con una operación aduanera). En ese contexto, en el que se infería que no había una interpretación unívoca acerca de los alcances del documento y era improbable que el importador pudiese haber conseguido la legalización, el tribunal entendió que debía estimarse válido el documento proporcionado. En última instancia, refirió que la apostilla no implicaba algo diferente a la legalización exigida por el punto 1.3 de la nota externa 22/09; esto es, la certificación de la firma y sello colocado en un documento público por la autoridad competente, y sin expedirse respecto a su contenido.
En cuanto a la declaración jurada emitida por el agente de transporte aduanero, obrante a fs. 8 de la actuación administrativa, aclaró que su contenido también se ajustaba a los requerimientos de la nota externa 22/09 y que, si bien carecía de la legalización consular exigible al momento de la operación, debía estarse a la modificación introducida a la referida nota mediante el dictado de la instrucción general CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 36984/2023 INTERNACIONAL DE PRODUCTOS SA (TF 33962-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO ”
2/16, por la que se había dejado sin efecto el requisito de la intervención consular de la declaración del transportista. Indicó que ese mismo criterio se había adoptado en una causa análoga, con sustento en la interpretación efectuada por la Subdirección General Técnico Aduanera mediante la nota SDG TLA 1362/16.
2. Que, disconforme con lo que se resolvió, a fs. 77 interpuso apelación el Fisco Nacional; la cual se concedió a fs. 81, se fundó a fs. 82/86 y fue replicada a fs. 93/101. Planteó que lo resuelto era contrario a sus intereses y a lo que específicamente requería la nota externa 22/09 para tener por acreditada la expedición directa, de conformidad con lo que a su vez establecía el artículo 4º de la resolución 252/99 del Comité de Representantes de la ALADI. Insistió en que la propia Convención de la Haya indicaba que era inaplicable a los documentos administrativos directamente referidos a una operación mercantil o aduanera (art. 1º). Remitió a los términos de los informes producidos en la actuación administrativa y concluyó que la interpretación propiciada por el tribunal fiscal contrariaba el régimen de origen y desnaturalizaba el funcionamiento de la preferencia arancelaria.
3. Que la decisión de tener por acreditada la expedición directa de la mercadería desde Ecuador y hacia la República Argentina es resultado de una valoración sobre los hechos y las pruebas que –en principio– no le corresponde revisar a esta Cámara, dada la limitación que surge del artículo 1180 del Código Aduanero. Además, no se desprende que haya mediado arbitrariedad en el ejercicio de las facultades propias del Tribunal Fiscal de la Nación para apreciar esas cuestiones fácticas, o un error de magnitud suficiente para apartarse de aquel principio (doctr. Fallos: 300:985; Sala I, causa “Scioli”, sent. del 14/12/93; Sala III, causa “Schmid, Walter Edmundo”, sent. del 26/10/84; Sala V, causas “Aspitarte y Cía SA”, sent. del 14/8/95, “Seysu S.R.L.”, sent. del 25/3/96, “Zeneca S.A.”, sent. del 26/8/98 y “DGA (en autos Procter & Gamble Soc. Col TF 19609-A)”, sent. del 21/9/06; entre otras).
Por empezar, la decisión apelada se adoptó en el marco de una causa en la que no estaba discutido que la mercadería fuese originaria de Ecuador, ni que la actora hubiese efectivamente acompañado la documentación necesaria para probar su expedición directa desde aquel país. Esto resta credibilidad a la afirmación de que lo decidido tendría virtualidad para desnaturalizar el funcionamiento mismo de la preferencia arancelaria.
En el contexto al que se hizo referencia, el tribunal de origen examinó las particularidades de esos documentos y –en esencia– concluyó que era un exceso de rigor formal considerar, como lo había hecho la Aduana, que se había incumplido la formalidad del punto 1.3 de la nota externa 22/09. Para hacerlo se apoyó en antecedentes 3 administrativos y jurisdiccionales, así como en una interpretación finalista de las normas en juego, que no fue rebatida con la suficiencia que el caso requería.
La recurrente formuló una serie de apreciaciones generales, reiteró los términos de los informes producidos en la instancia administrativa e insistió en la necesidad de aplicar literalmente la reglamentación vigente al tiempo de los hechos, pero sin efectuar una crítica concreta y razonada de los argumentos dirimentes de la decisión. En especial, no se hizo cargo de que la propia administración había reconocido durante el trámite de la causa (mediante el dictado de la instrucción general 2/16) que la intervención consular era una formalidad dispensable en lo que respecta a la declaración jurada del transportista. Tampoco replicó que la finalidad de la legalización podía considerarse cumplida con la apostilla adjunta a la certificación de la aduana de República Dominicana, ni desconoció que fuese impracticable obtener la legalización de un documento apostillado de acuerdo con el criterio que mantiene la autoridad local. En esos términos, no se justifica apartarse de lo decidido.
Por lo expuesto, SE RESUELVE: Rechazar el recurso interpuesto por el Fisco Nacional y confirmar la resolución de fs. 68/71; con costas (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).
El juez de cámara Marcelo Daniel Duffy no suscribe por encontrarse en uso de licencia (art. 109, RJN).
Regístrese, notifíquese y, previo a resolver el diferimiento solicitado, pasen los autos al Representante del Fisco para que se expida sobre la liquidación de la tasa de justicia efectuada por la parte demandada (arg. pto. 10, in fine, ac. CSJN 20/92).
JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia