Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 34203-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso del Fisco Nacional y confirmar el decisorio del 7/2/2024, con costas de esta instancia a la demandada perdidosa (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).-
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
INTERNACIONAL DE PRODUCTOS SA (TF 34203-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de febrero de 2026.-
VISTOS Y
I.-Que por decisorio del 1/8/2024 el Tribunal Fiscal de la Nación revocó la Resolución DE PRLA N° 8680/13, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 12196-1386-2011, y dejó sin efecto el Cargo N° 549/2011 en relación a la destinación de importación a consumo N° 11 001 IC04 043433 G. Impuso las costas a cargo del Fisco Nacional.-
II.-Que el 13/9/2024 apeló la parte demandada y expresó agravios el 7/10/2024, los que fueron contestados por la parte actora el 6/11/2024. El 14/3/2025 se llamaron autos para sentencia.-
III.-Que para decidir como lo hizo, entendió el Tribunal Fiscal de la Nación: “Que…corresponde, en primer lugar, referirse a la constancia emitida por la Aduana de República Dominicana, respecto de lo cual cabe puntualizar que la recurrente acompaña la Certificación N° 636, emitido por la Dirección General de Aduana de ese país, que se encuentra firmado por el Dr. Wilson Acosta Rivas en su carácter de Administrador Puerto Caucedo, y con un sello de la misma Aduana (fs. 5 de autos) cuya autenticidad y contenido no ha sido desconocido por el servicio aduanero, sino que solo se limita a afirmar que no está debidamente legalizado. No obstante, se puede observar que se encuentra debidamente apostillado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana, en fecha 08/03/2011.
Que sobre esta cuestión, cabe destacar que, de la contestación del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto -prueba producida en los autos caratulados ‘BAVOSI S.A. s/ Apelación’, expte. N° 33678-A, que tramitara por ante la Vocalía de la 20° Nominación- con relación a la clase de documentos ‘directamente’ vinculados con operaciones aduaneras a las que no se aplica el apostillado establecido por la Convención de la Haya la normativa en la que se funda, resulta que: ‘B) La constancia emitida por autoridad aduanera local se podrá legalizar en Sede Consular’ (énfasis añadido). De Alta en sistema: 06/02/2026 ello se colige que el requisito exigido por el punto 1.3 de la Nota Externa N° 22/09 no reviste carácter sustancial y que, por ende, con la simple constancia emitida por la autoridad aduanera local es suficiente…Que, por otro lado, se verifica que la declaración del transportista no se encuentra debidamente legalizada toda vez que no surge intervención alguna del Consulado argentino para dicho documento.
Corresponde señalar que la misma fue emitida en la República Argentina, por lo que no corresponde dicha certificación. No obstante ello, cabe estar a la modificación introducida a la Nota Externa 22/2009, mediante el dictado de la Nota Externa 2/2016, por lo que se ha dejado sin efecto el requisito de la intervención Consular de la declaración del transportista…Que cabe entonces concluir que la documentación analizada es válida y suficiente para acreditar la expedición directa desde el puerto de Guayaquil, Ecuador, con destino final al puerto de Buenos Aires, de la mercadería importada mediante el DI 11 001 IC04 043433 G, que ingresó a nuestro territorio aduanero previo tránsito por República Dominicana; en consecuencia, el beneficio del tratamiento arancelario preferencial a la referida mercadería resulta procedente”.-
IV.-Que en su expresión de agravios, el Fisco Nacional señala que no se pudo comprobar que hubieran cumplido con la vigilancia aduanera en el país de tránsito y la justificación por razones geográficas o consideraciones relativas a requerimientos de transporte, ambas medidas necesarias para cumplir con el requisito de la Expedición Directa que se encuentra plasmado en la normativa supranacional para beneficiarse del régimen preferencial arancelario invocado por el declarante. Para fundar su agravio, el organismo fiscal afirma que no se podría aplicar retroactivamente la Instrucción General 2/2016 a la operación aduanera realizada en vigencia de la Nota Externa 22/09. Asimismo, señala que el requisito de expedición directa es una exigencia trascendental y no meramente formal, establecido en el Acuerdo de Complementación Económica ACE N° 59 y en todos los demás Acuerdos de esta misma índole, que se firmaron en el marco de la ALADI, inclusive en Acuerdos extra ALADI, tales como MERCOSUR - ISRAEL Y MERCOSUR – INDIA.- Y agrega que la Nota Externa 2/2009 establece que para aquellos casos donde sea necesario acreditar la expedición directa deberá presentase como documentación complementaria una constancia por parte de la Autoridad Aduanera del país no participante del acuerdo Alta en sistema: 06/02/2026 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V que indique que la mercadería se transportó en tránsito por su territorio con o sin transbordo o almacenamiento temporal.-
V.-Que cabe recordar que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus alegaciones, sino solo respecto de los puntos propuestos que sean conducentes para la solución del juicio (Fallos: 301:1187; 319:119; 307:2012; 311:2135; entre otros).- VI.-Que corresponde poner de resalto que el artículo 1143 del Código Aduanero, otorga al Tribunal Fiscal amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes, salvo que mediare la admisión total o parcial de una de ellas a la pretensión de la contraria. Como se desprende de lo preceptuado en este artículo, el principio dispositivo no rige en el proceso ante el Tribunal Fiscal de la Nación pudiéndose encontrar la razón por la cual el legislador se ha orientado a regular el proceso ante el citado organismo en base, primordialmente, a las reglas del principio inquisitivo y no del citado anteriormente mencionado, en que en el proceso ante el Tribunal Fiscal lo que se discute son cuestiones vinculadas a la obligación tributaria y la potestad sancionadora de la administración, materias ambas en donde prima el interés público, y no el interés privado de las partes (conf. esta Sala in re: “Labrar Soc. de Hecho -TF 8904-I-c/ DGI”, sentencia del 13-9-95).-
VII.-Que el artículo 386 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (aplicable en la especie) determina que salvo disposición en contrario: “...los jueces formarán su convicción respecto de la prueba, de conformidad con las reglas de la sana crítica. No tendrán el deber de expresar en la sentencia la valoración de todas las pruebas producidas, sino únicamente las que fueren esenciales y decisivas para el fallo de la causa”.-
La libre apreciación de las pruebas reconoce en nuestro ordenamiento el marco legal de la “sana crítica”, expresión que comprende la necesidad de valorar los distintos medios, explicando las razones que ha tenido el juez para formar su convicción al ponderar con un sentido crítico la variedad de pruebas.-
La sana crítica se sintetiza en el examen lógico de los distintos medios, la naturaleza de la causa y las máximas de experiencia, es decir el conocimiento de la vida y de los hombres que posee el juez, simples directivas, indicaciones o consejos dirigidos al Alta en sistema: 06/02/2026 sentenciador y respecto de los cuales éste es soberano en su interpretación y aplicación. Naturalmente que si es arbitraria o absurda no puede pretenderse la validez de tal determinación judicial (conf. Fenochietto -Arazi, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado y Concordado con el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires”, Editorial Astrea, Tomo 2, página 356; esta Sala in re: “Ayerbe, Lázaro c/ Ministerio de Justicia de la Nación”, sentencia del 26-5 -98; “Martínez, Eliseo David c/ Instituto de Servicios Sociales Bancarios”, sentencia del 16-3-2001).-
VIII.-Que la ponderación que ha efectuado el Tribunal Fiscal de la Nación de toda la prueba que ha sido rendida en estas actuaciones constituye una cuestión fáctica, que no cabe en principio rever en esta instancia (artículo 1180 del Código Aduanero), atento la limitación con que ha sido previsto por la ley el recurso que se intenta. En tal sentido, del ejercicio por el Tribunal Fiscal de la Nación de sus facultades propias de apreciar los hechos (doctrina de Fallos 300:985) no surge que hubiera un error de magnitud suficiente para apartar la aplicación del mentado principio (conf. doctrina de Fallos 305:2261; C. Fed. en lo Cont. Adm. Sala III; in re: “Schmid, Walter Edmundo”, sentencia del 26-10-84; Sala I, in re: “Scioli S:A:”, sentencia del 14-12-93; esta sala in re: “Ducilo S.A.”; sentencia del 14-8-95; “Incobe S.R.L.”, sentencia del 23-8-95; “Siglo XXI Compañía Arg. de Seguros S.A.”, sentencia del 26-6-98; “El Tehuelche SAIC (TF 12054-A) c/ DGA”, sentencia del 18-4-2001,) ni arbitrariedad en la apreciación de los hechos y de la prueba.-
IX.-Que por lo demás, corresponde poner de relieve que los expedientes administrativos, incluso de las empresas estatales, tienen valor de prueba en juicio y para apartarse de sus constancias no es suficiente un desconocimiento genérico de su contenido, siendo necesario que se especifiquen sus fallas suministrando prueba de ellas. Con mayor rigor, llegó a establecerse en algunos casos que las constancias administrativas tienen el valor probatorio de instrumentos públicos con fundamento en la presunción de validez y regularidad de los actos de los funcionarios públicos, y ello aun tratándose de las empresas estatales (conf. C.Fed en lo Cont. Adm. Sala II, in re “Dar S.A.”; sentencia del 13-7-95; Sala III, in re: “Distribuidora de Gas del Sur”, del 21-9-93; Alta en sistema: 06/02/2026 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V Sala IV, in re: “Romera, Marcos”, sentencia del 21-9-93; esta Sala in re: “Y.P.F. c/ Cía de Obras y Servicios Públicos s/ Contrato de Obra Pública”, sentencia del 28-4-97; C.S.J.N: Fallos 259:398; 281:173).-
X.-Que dicho lo anterior, se advierte que los escuetos agravios del Fisco Nacional se refieren a cuestiones de hecho y prueba ajenas, en principio, al recurso que autoriza el art. 1180 del Código Aduanero. Máxime que no se encuentra controvertido que ha sido acompañada a las presentes actuaciones, la Certificación N° 636, emitida por la Dirección General de Aduanas de la República Dominicana que se encuentra firmada por el Dr. Wilson Acosta Rivas en su carácter de Administrador Puerto Caucedo, y con un sello de la misma Aduana cuya autenticidad y contenido no ha sido desconocido por el servicio aduanero, y que se encuentra debidamente apostillado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana. En consecuencia, se advierte cumplido el requisito exigido por la normativa aplicable, en consonancia con lo pretendido por la propia recurrente en sus agravios en cuanto señala que debía acompañarse como documentación complementaria una constancia por parte de la Autoridad Aduanera del país no participante del acuerdo.-
XI.-Que en cuanto a lo decidido por el a quo respecto de la declaración del transportista, la recurrente no rebate las conclusiones a las que arribara el sentenciante, en particular los fundamentos referidos a que fue emitida en la República Argentina y que por ello la certificación consular exigida por el organismo aduanero no correspondía. En consecuencia, corresponde confirmar en este punto lo decidido por el Tribunal Fiscal de la Nación.-
XII.-Que en atención a lo expuesto, SE
Rechazar el recurso del Fisco Nacional y confirmar el decisorio del 7/2/2024, con costas de esta instancia a la demandada perdidosa (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).-
Se deja constancia de que la Vocalía Nro. 15 de esta Sala se encuentra vacante (art. 109 del RJN).-
Regístrese, notifíquese y devuélvanse.
Guillermo F. Treacy Pablo Gallegos Fedriani Alta en sistema: 06/02/2026 Alta en sistema: 06/02/2026
Fin de la sentencia