Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 79169
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSiendo la materia litigiosa propia de la jurisdicción provincial, declarar la competencia del fuero contencioso administrativo para conocer y decidir en el asunto (arts. 166 in fine , Const. prov. y 1 y 2 inc. 4, CCA).
Por Secretaría, se remitirán las actuaciones a la Receptoría General de Expedientes del Departamento Judicial de La Plata, para su adjudicación mediante sorteo entre los juzgados pertenecientes a dicho fuero (art. 15, Const. prov. y 5 inc. 1, CCA).
B.79.169 "ALONSO FEDERICO LUIS C/ AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES S.A. (AUBASA) S/ INTERRUPCION DE PRESCRIPCION" (EXPTE. 8.795/2020) - CUESTIÓN DE COMPETENCIA"
I. Federico Luis Alonso promueve demanda contra Autopistas Buenos Aires SA (AUBASA) y/o contra quien resulte civilmente responsable, tendiente a obtener un resarcimiento por los daños y perjuicios derivados de un siniestro vial que lo tuviera como protagonista el día 4 de marzo del 2017 mientras se desplazaba con su motocicleta -marca Yamaha YBR125, patente A026UNU- a la altura de la bajada de la Avenida Debenedetti, del Partido de Avellaneda, luego de intentar esquivar a un perro suelto sobre la calzada de la circulación vehicular (v. presentación de fecha 27-II-2020, adjuntada al segundo documento del trámite generado el 27-XII-2023).
II. En lo que aquí respecta, tras la sucesión de distintos actos procesales ( i.e. , delimitación de los alcances de la demanda de fecha 11-III-2020, comparecencia de la Fiscalía de Estado al juicio de fecha 1-VI-2022 -oportunidad esta en la que el apoderado fiscal articulara una excepción de incompetencia en razón del territorio y de la materia dada la naturaleza del sujeto demandado-, desistimiento respecto del demandado genérico de fecha 1-XII-2022 y vista al agente fiscal de fecha 5-XII-20222, e.o.), el titular del Juzgado Nacional en lo Civil N°63, en atención al dictamen fiscal emitido el 12-XII-2022, hizo lugar a la excepción de incompetencia planteada por el representante estatal. Ello, en la inteligencia de que importaba una materia regida por el principio autonómico, cuyo núcleo central -añadió el magistrado- giraba en torno a "...incumplimientos relativos al desempeño de cometidos estatales", para el caso locales.
Así, en la consideración de que en el sub lite correspondía que interviniera la justicia provincial -y en particular, el fuero contencioso administrativo del Departamento Judicial de La Plata, por ser en dicha jurisdicción territorial donde se situaba el domicilio legal de la demandada-, el juez nacional se desprendió del expediente -lo que fue consentido por el reclamante en su escrito de fecha 12-XII-2022-, para que con arreglo a las normas locales de aplicación se determine el órgano competente para intervenir en el litigio (v. sent. interlocutoria de fecha 2-II-2023, incluida en el segundo documento adjunto al trámite generado el 27-XII-2023).
De esa manera, la causa se radicó en la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo de este Tribuna, a sus efectos.
III. Dada la forma en que ha quedado planteada la controversia, corresponde aceptar la declinación efectuada por la Justicia Nacional en lo Civil y declarar la competencia de la jurisdicción local para conocer en estos obrados (arts. 1, 5, 121 y 122, Const. nac.; doctr. causas B. 72.275, "Flores", resol. de 24-IV-2013; B. 73.370, "Morales", resol. de 18-III-2015; B. 75.555, "Ressio", resol. de 7-XI-2018; B. 76.194, "Cavallo", resol. de 30-X-2019; B. 76.494, "Cohello", resol. de 23-XI-2020; B. 77.278, "Rueda", resol. de 15-X-2021; B. 78.709, "Ybarra", resol. de 6-VI-2023 y B. 78.606, "Vivero", resol. de 11-VIII-2023, e.o.; CSJN Fallos: 329:759; 329:2316; 331:1119 y 332:1528; causas G. 1113.XLVIII.ORI "Gómez", resol. de 29-IV-2004 y A. 216.XXXVIII.ORI "Agrar SA", sent. de 5-VI-2007).
IV. Sentado ello, cabe adelantar que el caso corresponde a la competencia del fuero contencioso administrativo.
IV.1. Si bien en algún supuesto de responsabilidad patrimonial expresamente fundado -como aquí- en normas del estatuto de defensa del consumidor y del usuario -y con anterioridad a la publicación de la ley 14.514 que innovó sobre el punto-, este Tribunal se inclinó por declarar la competencia del fuero en lo civil y comercial (doctr. causa B. 72.317, "Siviero", resol. de 24-IV-2013; conf. art. 4 inc. 1, CCA), en la especie no cabe replicar igual criterio.
Ello es así, en tanto que de la demanda, así como de las demás constancias de la causa, surge claramente que se alega el incumplimiento de los deberes de seguridad que rigen en el marco de la explotación de una autovía por parte de la concesionaria vial de la autoridad pública provincial (doctr. causas B. 72.422, "Pravaz", resol. de 11-IX-2013; B. 75.824, "Pestrin", resol. de 21-VIII-2019; B. 76.962, "Rosso", resol. de 27-V-2021; B. 78.936, "Coronado", resol. de 6-IX-2023 y B. 78.680, "Faijoo", resol. 8-XI-2023).
IV.2. Al respecto, esta Corte se ha decidido por la competencia del fuero contencioso administrativo para conocer en las demandas dirigidas contra un concesionario que explota una autopista provincial en virtud de un contrato suscripto con las autoridades locales, cuando se alega que el hecho dañoso se produjo por el presunto incumplimiento de los deberes y obligaciones de seguridad vial establecidas en las reglas que rigen la concesión (doctr. causas B. 69.947, "Fracchia", resol. de 18-III-2009; B. 70.066, "Giuliano", resol. de 17-VI-2009; B. 72.104, "Tarraf", resol. de 19-XI-2012; B. 75.824, B. 76.962, B. 78.936 y B. 78.680, cits.). Lo anterior, puesto que tales controversias se han considerado -como la norma estatutaria dispone- "regidas por el derecho administrativo" (art. 2 inc. 2, CCA).
En este sentido, el actor atribuye sustancialmente responsabilidad a la concesionaria vial por el incumplimiento de los deberes en materia de seguridad en la circulación, por lo que -como se adelantara- no se advierte que la de autos sea una controversia de aquellas raleadas del fuero contencioso administrativo que prevé el art. 4 inc. 1 del código ritual, no obstante invocarse el sistema legal que tutela a usuarios y consumidores.
Así pues, en tales condiciones, la solución del pleito requiere la aplicación primaria de normas y principios de derecho administrativo, con la consecuente competencia de los órganos especializados en tal materia (arts. 166, último párr., Const. prov.; 1, 2 incs. 2 y 4, CCA y 30, segundo párr., ley 13.133 -texto según ley 14.514).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Siendo la materia litigiosa propia de la jurisdicción provincial, declarar la competencia del fuero contencioso administrativo para conocer y decidir en el asunto (arts. 166 in fine , Const. prov. y 1 y 2 inc. 4, CCA).
Por Secretaría, se remitirán las actuaciones a la Receptoría General de Expedientes del Departamento Judicial de La Plata, para su adjudicación mediante sorteo entre los juzgados pertenecientes a dicho fuero (art. 15, Const. prov. y 5 inc. 1, CCA).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/04/2024 17:28:46 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/04/2024 08:59:36 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/04/2024 11:51:35 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/04/2024 13:19:42 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/04/2024 14:14:11 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 19/04/2024 14:18:16 hs. bajo el número RR-235-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia