Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la Resolución N° 17/18 dictada por la Aduana de Gualeguaychú, en el expediente SIGEA N° 12498-26-2013, en cuanto rechaza el recurso de impugnación y confirma el Cargo tributario N° 6/2013 respecto de la firma Intertranspack LTDA.
2Costas a la demandada vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-111643206-APN-VOCXVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 7 de Octubre de 2025 Aduanas s/ recurso de apelación”.-
En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dr. Christian M. González Palazzo y Pablo A. Garbarino, a fin de resolver en los autos caratulados “INTERTRANSPACK LIMITADA c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”, expediente n° 39163-A, El Dr. González Palazzo dijo:
I. A fs. 25-33 vta. se presenta por apoderada la firma del epígrafe e interpone recurso de apelación contra la Resolución de la Aduana de Gualeguaychú (AD GUAL) N° 17/18, recaída el 6/03/18 en el expediente administrativo SIGEA N° 12498-26-2013, por la que se rechazaron las impugnaciones presentadas por el Agente de Transporte Aduanero, sr. Jorge Oscar Bonilla, la transportista Intertranspack Limitada —actora en autos— y la firma importadora SKF Argentina S.A. respecto del Cargo tributario N° 6/2013, formulado en relación a las Destinaciones de Tránsito Aduanero de importación Nros.
13026TRAS002673V, 13026TRAS002674W y 13026TRAS002675A, ingresadas a la Aduana de Gualeguaychú, con destino al Depósito Fiscal Megatom S.A. de la Aduana de Buenos Aires. El cargo referido estuvo motivado en el incumplimiento de las destinaciones referidas por falta de arribo de la mercadería a su destino. Sostiene que la resolución apelada carece de fundamentos suficientes y adecuados dado que evidencian una interpretación literal de los arts. 311 y 315 del Código Aduanero (CA). Afirma que el responsable tributario ha cumplido con las obligaciones de ley en las circunstancias descriptas en los términos de los arts. 308 y 306 del CA. Expresa que resulta irrazonable poner en cabeza de la víctima del ilícito la responsabilidad tributaria en base a una presunción legal hipotética de posible uso de la mercadería robada por parte de un tercero. Manifiesta que se encuentra acreditada la causal de fuerza mayor y hasta tanto exista sobreseimiento o sentencia firme respecto del delito de contrabando es de aplicación lo establecido por el art. 782 del CA. Invoca el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en autos: “Tevelam”. Ofrece prueba. Cita jurisprudencia. Formula reserva del caso federal. Solicita se revoque la resolución apelada y se deje sin efecto el cargo 6/2013.
II. A fs. 41-46 se presenta la representación fiscal y contesta el traslado conferido respecto del recurso de apelación interpuesto. Niega genéricamente las afirmaciones de hecho y de derecho expuestas en la apelación en traslado, no reconocidas expresamente. Sostiene que no se encuentran en discusión los hechos acontecidos, sino la interpretación de las normas aplicables al caso. Realiza consideraciones con relación a lo establecido por el art. 310 del CA y la presunción legal que se aplica únicamente a los fines tributarios, independientemente de la justificación que se invocara (caso fortuito, fuerza mayor, etc.) a los fines de deslindar responsabilidad infraccional. Sostiene que la mercadería no se encontraba irremediablemente perdida. Efectúa un análisis sobre el hecho invocado como de fuerza mayor o caso fortuito. Expresa que como consecuencia del Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre de Carretera —MERCOSUR— se dictó la Resolución 2336/1991 (ex ANA) que otorgó al transportista la posibilidad de garantizar el tránsito de importación. Ello conforme lo establecido por el art. 303 del CA. Afirma que la facultad de la Aduana de exigir el pago de los tributos no se encuentra supeditada al resultado del proceso penal y que, eventualmente, los responsables tributarios tendrán derecho de repetición contra quienes resulten autores del ilícito. Cita el fallo “De la Rosa Vallejos” (CSJN 305:246). Sostiene que la mercadería no puede ser considerada como irremediablemente perdida por haber sido robada, dado que podría ser aprovechada por un tercero. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas. Formula reserva del caso federal. Solicita se rechace la apelación, con costas.
III. Conforme las constancias de fs. 74 vta., la demandada acompañó las actuaciones administrativas SIGEA Nros. 12498-26-2013, 12498-26-2013/1, 12498-26-2013/2, 12498-26-2013/3, 12498-26-2013/4, 12498-26-2013/5, 12498-26-2013/6, 12498-26-2013/7, 12498-26-2013/8, 12498-26-2013/9, 12498-26- 2013/10, 12498-26-2013/11, 12498-26-2013/12 y 12498-26-2013/13 en formato papel, en cinco cuerpos de 888 fojas, agregadas por cuerda en autos.
A fs. 79 se abrió la causa a prueba. A fs. 99 se tuvo por decaído el derecho de la actora a producir la prueba informativa ofrecida.
A fs. 104 se clausuró el período probatorio y se elevaron las actuaciones al conocimiento e intervención de la Sala “F”. A fs. 107 en atención a que no se produjeron pruebas, se declaró que no ameritaba poner los autos para alegar y quedaron en estado de dictar sentencia.
IV. De la compulsa de las actuaciones administrativas surge que a fs. 1 el 22/02/2013, el agente de transporte aduanero sr. Jorge O. Bonilla presentó, ante la Aduana de Gualeguaychú, la multinota mediante la cual informó el robo del camión que transportaba mercadería consistente en rodamientos, sus componentes y accesorios varios y se dirigía desde la zona franca de Montevideo, Uruguay en tránsito por Fray Bentos-Gualeguaychú, con destino final al depósito Megatom S.A. de Avellaneda, provincia de Buenos Aires. La mercadería transportada se encontraba amparada por las destinaciones de transito de importación nros. 13026TRAS002673S, 13026TRAS002674W y 13026TRAS002675A, Manifiesto de Carga 13026MANI006150R, Manifiesto Internacional de Carga/Declaración de Tránsito Aduanero (MIC/DTA) UY021113035 y Carta de Porte Internacional Nros. MVD-10144/13/145/146. A la multinota presentada por el sr. Bonilla se adjuntó (fs. 6) copia del certificado de denuncia emitido el 22/02/2013 por la Comisaría de la Ciudad de Buenos Aires, Seccional 48ª de la Policía Federal Argentina, efectuada por el sr. Cesar Eliseo Sánchez Cabrera, por apoderamiento indebido ocurrido según refiere el 21/02/2013, de un camión marca Foton, modelo 290, dominio LTP-5496, año 2012 y semirremolque sin marca dominio LTP-5101 que contenía mercadería amparada por el manifiesto internacional de carga MIC/DTA UY02113035. Según surge del texto del certificado de denuncia se dio intervención a la Fiscalía Nacional de Instrucción N° 24 a cargo del Dr. Sandro Abraldes.
A fs. 14 obra el sobre contenedor de la documentación original mencionada en el párrafo precedente. Asimismo a fs. 22-24 el agente de transporte acompañó copia de la declaración testimonial del sr. Oscar Alberto Vallejos, chofer del vehículo de la empresa de seguridad Preval S.A., contratada por la firma Sitrack.com Argentina S.A., para realizar la custodia del camión objeto del robo. A fs. 26-39 se acompañaron copias de las facturas de compra de la mercadería en cuestión. A fs. 40-41 se acompañó copia de la constancia de entrega del camión denunciado como robado, el cual fue hallado sin la mercadería. A fs. 43-233 se acompañaron copias del resto de las facturas de compra de la mercadería objeto de autos.
A fs. 234 el servicio aduanero realizó el aforo de la misma y practicó la liquidación de tributos. A fs. 235-236 formuló el Cargo Tributario N° 6/2013 por aplicación del art. 310 del CA y lo notificó a la transportista, agente de transporte e importadora según constancias de fs. 242, 243 y 245 respectivamente, quienes lo impugnaron según constancias de fs. 246-253 vta. y fs. 397-401. Asimismo la firma Intertranspack Ltda. presentó prueba documental consistente en: 1) A fs. 417 y vta.: copia certificada de la denuncia efectuada el 22/02/2013 por el sr. Santiago Eduardo Sequeira, radicada en la Dirección Departamental de Investigación Zárate Campana de Delitos Cometidos contra el Transporte de Carga.; 2) fs. 418-422 copia certificada de la declaración testimonial prestada el 22/02/2013, ante la Dirección Departamental referida precedentemente, por el sr.
Oscar Alberto Vallejos. El denunciante y el testigo eran los custodios del camión objeto del robo, designados por la empresa Sitrack.com Argentina S.A.; 3) a fs. 423-425: copia autenticada del certificado de denuncia emitido el 26/02/2013 por el robo sufrido el 21/02/2013 (mismo hecho que el descripto en la copia del certificado de fs. 6) efectuada por el sr. Cesar Eliseo Sánchez Cabrera, chofer del camión secuestrado ante la Comisaría de la Seccional 48ª de la Policía Federal Argentina; 4) a fs. 446-450: original de Resolución N° 28/2013 de la Aduana de Colón del 29/04/13 dictada en las actuaciones SIGEA N° 12459-980-2005 mediante la cual, en un caso similar al de autos se resolvió hacer lugar al recurso de impugnación interpuesto por la firma aquí actora y por consiguiente revocar el cargo formulado oportunamente; 5) a fs. 452-463: copia certificada del Informe de Robo emitido por la empresa Sitrack.com Argentina S.A.; 6) a fs. 468-855: copias certificadas de las actuaciones en la causa N° 18-00-001254-13, caratuladas: “Rodo agravado art. 163 y otros – Dte.
Sequeira Santiago”, en trámite ante la Unidad de Investigaciones de Delitos cometidos contra el Transporte de Carga, Departamento Judicial Zárate Campana.
A fs. 856 y vta. obra una declaración testimonial del sr. Santiago Eduardo Sequeira ante la Sección Sumarios de la Aduana de Gualeguaychú.
A fs. 867-875 vta. se emitió el Dictamen Jurídico N° 17/2018 y a fs. 876-884 vta. se dictó la resolución apelada en autos.
V. En primer lugar es necesario aclarar que, si bien la resolución apelada cuya copia se acompaña a fs. 7- 24 de autos, indica expediente SIGEA N° 12492-59-2013, las actuaciones en las que fue dictada corresponden al SIGEA N° 12498-26-2013. La incorrecta consignación del número de expediente administrativo en su texto resulta ser un error material que no amerita declaración de nulidad alguna puesto que, tanto el procedimiento como el acto administrativo dictado en consecuencia, reúnen los requisitos de forma y fondo necesarios para su validez.
Sentado ello, corresponde determinar si se ajusta a derecho la resolución apelada, la cual rechazó las impugnaciones opuestas por el agente de transporte aduanero, la firma importadora y la firma transportista —actora en autos— y confirmó el cargo formulado en concepto de tributos, con fundamento en los arts. 310, 311, 312 y 315 del CA, con relación a la mercadería amparada por las destinaciones suspensivas de tránsito de Importación en trato.
Previamente es importante recordar que la firma recurrente resulta ser la transportista.
En los casos de faltante de mercadería o incumplimiento del régimen de tránsito de importación (arts. 310 y 311 del CA) los responsables principales de las obligaciones tributarias —que resultan solidarios entre sí— son el transportista y su agente de transporte aduanero (art. 312 del CA). Ello es así dado que son quienes asumieron la obligación de trasladar la mercadería y deben acreditar y/o probar el cumplimiento de los deberes de cuidado necesarios durante dicho traslado.
Asimismo, en virtud de lo establecido por el art. 781 del CA, el transportista responde por la culpa o dolo del conductor del medio de transporte.
Por otra parte, resultan responsables subsidiarios del pago de dichas obligaciones, en forma solidaria, los cargadores, los que tuvieren derecho a disponer de la mercadería y a los beneficiarios del régimen de tránsito de importación, quienes podrán invocar el beneficio de excusión respecto del deudor principal. Se trata de dos sistemas independientes. Por un lado los obligados principales que resultan responsables solidarios entre sí (art. 780 del CA) y contra quienes el servicio aduanero debe exigir, en primera instancia, el pago de las obligaciones tributarias correspondientes que se originen en virtud de la detección de faltantes o incumplimiento de la destinación suspensiva de tránsito de importación. Por otro lado los obligados subsidiarios o eventuales que también resultan solidarios entre sí y contra quienes la Aduana podrá exigir el pago de los tributos referidos una vez agotada la vía de reclamo contra los obligados principales.
No existe solidaridad entre deudores principales y deudores subsidiarios o secundarios.
En el caso en análisis, conforme las constancias obrantes a fs. 242-245 (memorandos de notificación) el servicio aduanero formuló cargo tributario contra la empresa transportista, el agente de transporte aduanero y la firma importadora, en los términos de los arts. 310 del CA. Todo ello con posterioridad a que el agente de transporte aduanero, sr. Bonilla, informara a la Aduana y acompañara las constancias de la denuncia del robo sufrido y demás documentación relacionada con el siniestro y la mercadería sustraída. Nótese que con la impugnación del cargo, presentada a fs. 246-253 vta. la transportista, aquí actora y el agente de transporte aduanero —responsables principales— aportaron y ofrecieron nuevas pruebas a fin de acreditar lo sucedido. Todas ellas obrantes en las actuaciones administrativas, conforme el detalle realizado en el considerando precedente.
En efecto, de las pruebas aportadas, no desconocidas por el servicio aduanero, resulta que no se encuentra controvertido que en el transcurso del tránsito de importación mencionado ut supra, del camión dominio LTP5496 y semirremolque patente LTP5101 que transportaba la mercadería amparada por la documentación: 13026TRAS002673V, 13026TRAS002674W y 13026TRAS002675A, el transportista fue víctima del robo de la totalidad de la mercadería transportada, hecho que fue denunciado oportunamente ante la justicia. La mercadería carecía de libre circulación en el territorio aduanero y a causa del acto delictivo, no fue posible cumplir con las destinaciones suspensivas objeto de autos.
La cuestión sí controvertida en la presente causa se circunscribe, entonces, a la procedencia o no de la exigencia tributaria que formula el servicio aduanero en virtud de dicho incumplimiento.
En este orden de ideas, cabe mencionar que la operación de tránsito de importación se encuentra regulada en los arts. 296 y sgtes. del CA. Mediante este régimen se autoriza a que, la mercadería ingresada al territorio aduanero sin libre circulación en el mismo, sea transportada desde la aduana por la que hubiere arribado hasta otra aduana para ser sometida a otra destinación aduanera, previéndose al efecto la no sujeción a la imposición de tributos, con excepción de las tasas retributivas de servicios (art. 304 CA). La obligación principal que el régimen impone es la de transportar la mercadería hasta la aduana de destino, de forma tal que lleguen los mismos bienes que partieron de la aduana de procedencia.
Por su parte, el art. 308 del CA establece que “Cuando algún siniestro produjere el deterioro, destrucción o pérdida irremediable de la mercadería sometida al régimen de tránsito de importación, la persona a cuyo cargo se encontrare en ese momento el medio de transporte debe dar aviso de inmediato al servicio aduanero y adoptar las medidas necesarias para asegurar la integridad de la mercadería y las condiciones que permitieren ejercer eficazmente el control aduanero”.
Asimismo el art. 315 del citado cuerpo normativo exime de responsabilidad tributaria en caso de incumplimiento del tránsito, cuando las mercaderías se pierden “irremediablemente”, sin entrar al circuito económico siempre que se hubiere efectuado la comunicación prevista en el art. 308 referido precedentemente. Sin embargo dicha norma no exime del pago de tributos si la mercadería en cuestión podría eventualmente ser utilizada por un tercero.
Es indudable que la segunda parte del art. 315 del CA resulta una suerte de excepción a la situación planteada en su primera parte y que el sentido comprende especialmente a la mercadería hurtada o robada. Trata los supuestos de siniestros en que por su naturaleza (como en el caso de autos, la denuncia de un robo calificado por el uso de armas), pese a no poder ser recuperada por su propietario, la mercadería ingresaría a plaza de forma irregular.
Según la interpretación literal de la citada norma, basta al respecto la mera posibilidad del empleo de la mercadería por un tercero, sin que sea necesario, en manera alguna, demostrar su empleo efectivo o económico de manera real, ya que la norma no requiere esa prueba o demostración. Es más, presume su importación a consumo sin admitir prueba en contrario.
En tal sentido, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal ha sostenido en numerosos fallos (que se comparten) que la finalidad de la exigencia de pago de tributos de la mercadería perdida para el documentante como consecuencia del robo, es la de proteger la renta aduanera, previendo los perjuicios al erario público por su posible utilización en razón de un ingreso que ha resultado ilegítimo.
En conclusión, el siniestro que afectó a la mercadería involucrada en autos (en el caso, el robo) alegado por la actora, a la luz de la normativa expuesta, no puede ser considerado como un supuesto de pérdida irremediable de la misma — excepción para la que se previó la no sujeción al régimen tributario aduanero (art. 315 del CA)— y en consecuencia la misma se presume irregularmente importada para consumo. No obstante, la CSJN efectuó una interpretación del mencionado régimen, aconsejando distinguir, para un caso análogo al de autos, “la situación de quien descuida el control de la carga que conduce hacia la aduana de destino; se aparta del itinerario fijado por la autoridad aduanera (art. 319), o bien, incurre en alguna conducta que pudiere indicar la connivencia con el hecho de la sustracción (...) de la de quien ha cumplido con los deberes de custodia de la mercadería durante su itinerario y padece un robo agravado por el uso de armas…” (CSJN, “Tevelam S.R.L.”, de 11/12/12, T. 317. XLVI).
En ese orden de ideas y conforme una interpretación extensiva del plexo normativo, la CSJN autorizó la posibilidad de presentación de prueba en contrario en relación a la presunción referida, más allá de aquella dirigida a derribar el presupuesto que la condiciona potencialmente a ser utilizada por un tercero. Sentado ello, debe entenderse que el robo o hurto de la mercadería constituyen contingencias que no son ajenas a la operatoria de transporte, y si bien pueden considerarse como caso fortuito o fuerza mayor, en el caso que la mercadería pueda ser utilizada por un tercero, dicho hecho no opera per se como eximente de la responsabilidad tributaria, sino que debe probarse, en la especie, el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa ritual, como así también el debido cuidado de la mercadería. En este sentido, de las constancias de las actuaciones administrativas acompañadas surge que el agente de transporte aduanero, sr. Bonilla, comunicó (fs. 1) a la Aduana, al día siguiente de ocurrido, el robo del camión que transportaba la mercadería de marras, para lo cual acompañó la denuncia policial radicada en la misma fecha (fs. 6) y posteriormente la documentación relativa a la mercadería transportada, las constancias de las actuaciones en sede judicial relacionadas con la denuncia radicada, el informe de robo elaborado por la empresa de seguridad contratada para custodiar el transporte de la mercadería, con el detalle del recorrido del camión custodiado y el registro de las comunicaciones telefónicas con los custodios cada 30 minutos. (fs. 257-269). Por último fueron aportadas la declaración del chofer del camión, Sr. Sánchez Cabrera (fs. 530-531) y de los choferes de la custodia, sres. Sequeira (fs. 417 y vta.) y Vallejos (fs. 418-422) prestadas en la denuncia también radicada ante la Dirección Departamental de Investigaciones Zárate Campana del partido de Campana, provincia de Buenos Aires. Así también fueron acompañadas sus declaraciones ampliatorias y ratificatorias efectuadas en sede judicial (fs. 665- y vta. sr. Sequeira y fs. 670-671 sr. Vallejos).
De la denuncia policial acompañada, efectuada por el sr. Cesar Eliseo Sánchez Cabrera (chofer del camión), se desprende que fue víctima del robo a mano armada, ocurrido el 21/02/2013 a las 20:30 hs. aproximadamente en Panamericana a 20 km. del peaje en dirección a Ruta 9 y Pacheco, del camión que conducía —marca Foton, modelo 290, dominio LTP 5496, año 2012 color blanco y semirremolque sin marca, dominio LTP 5101 color blanco— transportando la mercadería que debía entregar en el Depósito Fiscal de Megatom S.A.
Asimismo en dicha denuncia se dejó constancia de que se labraron actuaciones por el delito de Apoderamiento Indebido, con la intervención de la Fiscalía Nacional de Instrucción N° 24 a cargo del Dr. Sandro Abraldes. Así también el sr. Sánchez Cabrera expresó que el camión y la carga se encontraban asegurados por la empresa Banco Seguro del Estado Uruguay, Póliza 39789.
Por otra parte, según constancias de la denuncia y declaración testimonial de los choferes, sres. Sequeira y Vallejos, efectuada el 22/02/2013 ante la Dirección Departamental de Investigaciones Zárate Campana, se desprende que el 21/02/2013 a las 19:30hs. aproximadamente fueron también interceptados, antes de llegar al puente Maschwitz, en dirección a Ruta 9 (Panamericana) 20 km. después del peaje, cuando realizaban la custodia del camión objeto de autos.
Como consecuencia de esta segunda denuncia se radicó la causa 18-00-001254-13 ante la Unidad Especial de Investigación de Delitos Contra el Transporte de Cargas del Juzgado de Garantías N° 3 del Departamento Judicial de Zarate-Campana, cuyas copias certificadas fueron acompañadas en las actuaciones administrativas.
Posteriormente no obran constancias aportadas en autos de algún otro elemento probatorio que dé cuenta del avance o curso de la investigación.
En virtud de lo expuesto y lo que resulta del análisis de las constancias probatorias, corresponde evaluar el caso sometido a estudio a la luz de la doctrina sentada por la CSJN en el fallo TEVELAM. . En efecto, y sin perjuicio de mi opinión respecto al acierto del fallo y su impacto en la operatoria del tránsito de importación, considero que el contexto fáctico de la cuestión enmarca en las aristas de la doctrina de la Corte en TEVELAM, esto es, no se ha desacreditado el hecho del robo denunciado y no se han incorporado en autos elementos que permitan aseverar con el grado de certeza que demanda el art. 1143 del CA de que se hubieran incumplido los deberes estipulados en los arts. 312 y ventralmente art. 308 del CA.
No escapa al suscripto que el hecho denunciado como ocurrido el día 21/02/2013 fue puesto en conocimiento mediante nota al servicio aduanero al día siguiente de su acaecimiento, lo que denota inmediatez en los términos de lo establecido en el art. 308 del CA, en interpretación señera con el precedente TEVELAM, a más de los usos y costumbres imperantes al momento de registrarse el siniestro (año 2013) —aviso mediante notas o multinotas en formato papel— para entablar la comunicación con la Aduana.
Asimismo ha quedado demostrado que se implementaron todas las medidas de seguridad necesarias, esto es: contratación de una empresa de custodia y otorgamiento de póliza de seguro. Sobre todo ha quedado comprobado que el medio de transporte cumplió con el itinerario indicado, sin desviarse de la ruta señalada ni efectuar detenciones fuera de las previstas y esenciales para dar cumplimiento con su cometido.
El siniestro ocurrido era de imposible previsión y fue comunicado a la Aduana dentro de las 24 horas de su acaecimiento. Los responsables del cumplimiento de las destinaciones de tránsito de marras actuaron con la suficiente diligencia exigida por la normativa y jurisprudencia de la CSJN referida precedentemente. Por lo expuesto y en las condiciones descriptas, considero que, por aplicación de la doctrina cimera reseñada, la actora no es responsable del pago de los tributos exigidos. En consecuencia corresponde revocar la resolución apelada y dejar sin efecto el cargo tributario formulado.
VI. En cuanto a las costas del proceso, no se infieren razones para apartarme del principio general de la derrota, por lo que deben imponerse a la demandada vencida, conforme lo dispuesto en el art. 1163 del CA.
VII. Atento a la forma en que aquí se resuelve, no corresponde tratar los demás agravios de la recurrente. Por lo expuesto, VOTO POR:
1. Revocar la Resolución N° 17/18 dictada por la Aduana de Gualeguaychú, en el expediente SIGEA N° 12498-26-2013, en cuanto rechaza el recurso de impugnación y confirma el Cargo tributario N° 6/2013 respecto de la firma Intertranspack LTDA.
2. Costas a la demandada vencida.
Así lo voto.
El Dr. Garbarino dijo:
Adhiero al voto del Dr. González Palazzo. ASÍ LO VOTO.-
En virtud del acuerdo que antecede, SE
1. Revocar la Resolución N° 17/18 dictada por la Aduana de Gualeguaychú, en el expediente SIGEA N° 12498-26-2013, en cuanto rechaza el recurso de impugnación y confirma el Cargo tributario N° 6/2013 respecto de la firma Intertranspack LTDA.
2. Costas a la demandada vencida.
Suscriben la presente los Dres. Christian M. González Palazzo y Pablo A. Garbarino en los términos del art. 1162 del CA.
Regístrese y notifíquese. Firme que queda la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Date: 2025.10.07 13:54:50 ART Date: 2025.10.07 14:44:07 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2025.10.07 14:44:33 -03:00
Fin de la sentencia