Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 122774
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPOR ELLO, y demás fundamentos expuestos se confirma la apelada resolución de fs. 189/195, en lo que ha sido materia de recurso y agravios. Costas de Alzada a las apelantes
En la ciudad de La Plata, a los 20 días del mes de Marzo de 2018 reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados: "LEGUIZAMON, OLGA RAMONA S/ INTERVENCIÓN LEY 12.569 -INCIDENTE DE MODIFICACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES- INICIADO POR LAURA NOEMÍ COLMAN Y OTRA " (causa: 122774), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone.
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Resulta ajustada a derecho la apelada resolución de fs. 189/195?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Dr. Sosa Aubone dijo:
1. En el presente expediente el Sr. Juez de la instancia de origen rechazó el incidente de levantamiento de medida cautelar promovido por Laura Noemí Colman y Ruth Esther Colman disponiendo que las medidas ordenadas a fs. 226/234 mantendrán su vigencia hasta que del informe psicológico ordenado a fs. 262 de los autos principales surja la inexistencia de riesgo en la convivencia. En igual sentido ordenó al Servicio Local de Promoción y protección de los Derechos del Niño y a la intendencia municipal que deben abordar y resolver la eventual problemática habitacional en que pudieran encontrarse los menores Priscila Ailén Santalucía y Marco Demián Colman. Impuso las costas a la incidentistas.
Contra esta forma de resolver se alzan las incidentistas a fs. 206 en los términos que surgen del memorial de fs. 208/210vta., contestados a fs. 211//214.
A fs. 216 dictamina la Asesora de Incapaces.
1.1. Sostienen sustancialmente las quejosas que el objeto del levantamiento de la medida no es la convivencia entre las partes, sino tan sólo poder vivir en la casa contigua, pudiendo ser divididas ambas propiedades, y con ingresos diferenciados, manteniéndose en su caso, una restricción que no haya molestias de ninguna de las dos partes.
2. En la especie, y abordando la tarea revisora, señalo que las medidas cautelares dispuestas lo fueron dentro del procedimiento que prevé la ley 12569, modificada por la ley 14509. Mediante ellas lo perseguido es hacer cesar el riesgo que pesa sobre las víctimas evitando el agravamiento de los perjuicios concretos derivados del maltrato que se cierne sobre ellas, que -de otro modo- podrían ser irreparables, pues solo es posible removerlos a través de la adopción de medidas eficaces, urgentes y transitorias (Chechile, A. M. "Violencia Familiar: comentarios "L.L. n° 6259, pág. 8/15), bastando la sola sospecha de verosimilitud de la denuncia para que el juez pueda ordenar medidas, que en su esencia, sean verdaderas medidas cautelares.
De tal forma es que la apreciación de los presupuestos de admisibilidad de las medidas que prevé la ley provincial de protección contra la violencia familiar (Ley 12.569, texto según ley 14.509), no debe efectuarse de modo riguroso ya que, en función de la naturaleza de la problemática de violencia familiar, los magistrados cuentan con un amplio margen de discrecionalidad para evaluar los hechos y el derecho en cada situación de riesgo denunciada.
Tal principio se extiende a la modificación y /o levantamiento de las cautelares y por ello entonces es que señalando que la ley 12.569 ha previsto un procedimiento específico para tratar aquellas denuncias que tuvieren por objeto hechos de violencia familiar, incluyéndose dentro de ese concepto "toda acción, omisión, abuso, que afecte la vida, libertad, seguridad personal, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, de una persona en el ámbito del grupo familiar, aunque no configure delito" las medidas de aseguramiento urgentes a los fines de amparar a quienes "prima facie" aparecen como víctimas de violencia familiar, sin que ello implique una decisión de mérito sobre el fondo del asunto han de ser mantenidas en la medida en que no surjan elementos con entidad cierta de la ausencia de hechos reiterados de violencia que les dieron origen
3. La finalidad del procedimiento previsto en la Ley 12569 adoptado en estas actuaciones fue hacer cesar el riesgo que pesa sobre la víctima actora evitando el agravamiento de los perjuicios concretos derivados del maltrato que se cierne sobre ella, mediante la adopción de medidas urgentes y transitorias que cautelarmente permitan su remoción.
Ahora bien, resulta improcedente pretender, en este marco de actuación, que se modifique y/o se revierta tal situación fáctica, con la sola promoción del pedido de levantamiento de medida cautelar referido por las apelantes, desde que de la prueba producida , considerada por el sentenciante al resolver no surgen elementos probatorios suficientes y determinantes en tal sentido y conforme lo esgrimido por las recurrentes (arts. 34 inc. 5to., 195, 202, 204, 827 y ccdts. del C.P.C.C.; arts. 1, 3, 6, 7 y ccdts. de la ley citada; esta Sala, RSI-110-2016).
A mayor abundamiento, en este tipo de procesos, donde gravitan principios de orden público, el Juez debe arbitrar los recaudos necesarios para que el dictado de las medidas protectorias requeridas no se vea frustrado por la orfandad probatoria y que como director del proceso debe adoptar una postura activa, ordenando las diligencias de impulso y prueba necesarias a los fines de comprobar si se encuentra ante un caso concreto de cese de la violencia familiar.
La denuncia formulada por la actora conlleva al mantenimiento de las medidas cautelares adoptadas oportunamente desde la perspectiva interina, circunstancial y variable propia de esta categoría de protección, sin perjuicio, claro está, de lo que puede llegar a decidirse en el futuro.
Aún la pericia psicológica agregada a fs. 310/312 de los autos principales, acollarados al presente incidente, que fuera presentada con posterioridad al auto apelado señala expresante que “…De las entrevistas realizadas, se infiere que los hechos oportunamente denunciados, no se han reiterado, y los encuentros que se generan ocasionalmente entre ellos no generan inconvenientes:…. Se considera necesario que Laura y Ruth (apelantes aquí) realicen tratamiento psicológico. …”
De tal manera, y compartiendo lo resuelto en la instancia de origen, la cuestión de necesidad habitacional configurada entre las incidentistas de estos actuados no puede erigirse en fundamento determinante para levantar las medidas adoptadas –exclusión y prohibición de acceso y permanencia de Omar Alberto Colman, Ruth Esther Colman y Laura Noemí Colman-desde que de los resultados periciales, prueba que reviste una entidad superior a las restantes pruebas existentes, se aprecia la imposibilidad de acceder a ello. Precisamente, la no reiteración de hechos de violencia entre las partes se vincula con el distanciamiento operado a partir de las medidas cautelares dictadas que ahora se pretenden levantar.( arts. 8 bis y 9 de la Ley 12569 (artículos incorporados por Ley 14509),
4. En cuanto a los hijos menores de las apelantes, se advierte, sin perjuicio del dictamen de la Asesora de Incapaces interviniente a fs. 216 –no apelante- que las medidas que el magistrado de la instancia previa dispone en el auto recurrido no se aprecia ni se demuestra que sean ineficaces o insuficientes para dar razonable satisfacción a los intereses de los infantes
En función de todo lo expuesto, voto por la AFIRMATIVA.
A la primera cuestión planteada el señor Juez doctor López Muro dijo que por análogas razones a las meritadas por el colega preopinante adhería a la solución propuesta y en consecuencia también votaba por la AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Sosa Aubone dijo:
Atendiendo al acuerdo logrado corresponde, y así lo propongo, confirmar la apelada resolución de fs. 189/195, en lo que ha sido materia de recurso y agravios. Postulo que las costas de Alzada sean soportadas por las incidentistas apelantes que revisten objetiva condición de vencidas (arts. 68, 69 del CPCC).
ASI LO VOTO.
A la segunda cuestión planteada el señor Juez doctor López Muro dijo que por idénticos motivos votaba en igual sentido que el doctor Sosa Aubone.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente:
POR ELLO, y demás fundamentos expuestos se confirma la apelada resolución de fs. 189/195, en lo que ha sido materia de recurso y agravios. Costas de Alzada a las apelantes REG. NOT y DEV.
Fin de la sentencia