Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2024-31814268-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar en acto apelado en todas sus partes, con costas.
2Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos, fijándolos por el patrocinio letrado la suma de $ 2.074.087 (Pesos dos millones setenta y cuatro mil ochenta y siete) equivalente a 24,41 (veinticuatro con 41/100) UMA y para la representación procesal, la suma de $ 829.635 (Pesos ochocientos veintinueve mil seiscientos treinta y cinco) equivalente a 9,76 (nueva con 76/100) UMA – Unidad de Medida Arancelaria –, los que quedan a cargo del recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la etapa procesal y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los artículos 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 29 y 51 de la Ley N° 27.423 y la Acordada N° 39/25 (15/12/2025) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto 1077/2017.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe firma conjunta Número: IF-2025-142030849-APN-VOCXII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 23 de Diciembre de 2025 En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal Titular de la 10° Nominación), Agustina O’Donnell (Vocal Titular de la 11° Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la 12° Nominación), para dictar sentencia en el EX-2024-31814268- -APN- SGAI#TFN caratulado “INTRA Ximena Monserrat s/ recurso de apelación”
El Dr. Martín dijo:
I. Que por RE-2024-31811861-APN-SGAI#TFN Ximena Monserrat Intra interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 15/2024 (DV RRES) de fecha 5 de marzo de 2024 dictada por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Resistencia de la AFIP-DGI (actual ARCA) por la cual se determinó su obligación frente al Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia -ley 27.605- (en adelante, el ASE) y se la intimó a ingresar la suma de $7.919.862,37 por dicho concepto con más el importe de $14.833.955,02 por intereses resarcitorios. Asimismo, se aplicó una multa por omisión según el art. 45 de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.) equivalente al 100% del impuesto determinado.
En forma previa, peticiona que se suspenda el trámite del procedimiento con fundamento en el proceso judicial iniciado con anterioridad ante el Juzgado Federal N° 1 de Corrientes, caratulado “INTRA MONSERRAT, XIMENA C/ AFIP S/ACCION MERE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD” (Expte. N° 1388/2021). Indica que interpuso recurso extraordinario federal contra la sentencia dictada por la Cámara Federal de Corrientes, el se encuentra a la espera de la concesión del recurso para que ser elevados a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Advierte que en dicha causa se debate la misma cuestión que en este proceso: la improcedencia del cobro del ASE por el efecto confiscatorio que su aplicación produce en el caso concreto, deviniendo inconstitucional, razón por la cual pide que se soliciten copias certificadas de todo lo actuado en el marco de ese proceso. Sustenta el pedido en la circunstancia de que se encuentran involucradas idénticas partes, versan sobre el mismo impuesto y se cuestiona la constitucionalidad de la misma normativa, a lo que agrega que de lo contrario una misma pretensión (por identidad de objeto, partes y fundamentos) sería juzgada dos veces, con el inminente riesgo de que se dicten dos sentencias contradictorias y, consecuentemente, se produzca un escándalo jurídico. Pone de resalto que en caso que este Tribunal no emitiera un pronunciamiento de fondo acerca de la constitucionalidad de la gabela en virtud de la limitación prevista en el art. 185 de la ley de rito fiscal, lo que considera que no corresponde, por resultar inaplicable tal prohibición, sería la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal la encargada de emitir un veredicto que podría entrar en colisión con lo que resuelva la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa en cuestión. Insiste en que no resultan aplicables los precedentes en los que se hubieran contrastado recursos ante el Tribunal Fiscal con acciones declarativas de certeza, toda vez que la acción promovida en sede judicial no es una declarativa de certeza, sino de inconstitucionalidad, para lo cual invoca jurisprudencia en apoyo de su petición. Por último, insiste en que en ambos casos será juzgado exactamente lo mismo: la colisión del ASE con los principios y garantías constitucionales en juego.
Manifiesta que las actuaciones se originan en la fiscalización iniciada mediante el dictado de la O.I. N° 1.925.925, como consecuencia de su decisión de no presentar la declaración jurada ni abonar el aporte en atención a los efectos confiscatorios que su aplicación producía, lo que fue comunicado al ente fiscal mediante la presentación de una multinota informativa en la que, además, hizo saber que presentaría la demanda de inconstitucionalidad en sede judicial ya mencionada. Relata que en el marco de la fiscalización, los inspectores actuantes realizaron el ajuste de la obligación impositiva que fue comunicado mediante la prevista del 20 de marzo de 2023, el que no fue conformado y generó el inicio del procedimiento de determinación oficio que culminó con el dictado de la resolución determinativa recurrida.
Sostiene que el ASE reviste naturaleza tributaria debido a que la ley N° 27.605 prevé todos los elementos constitutivos de un impuesto, en tanto fija como hecho imponible una manifestación de capacidad contributiva cuya verificación hace nacer una obligación tributaria de cobro coactivo y menciona las características que sobresalen de la normativa.
Señala que la acción judicial iniciada ante la justicia federal, se demostró que el ASE produce efectos confiscatorios porque absorbe la totalidad de las utilidades generadas por el capital gravado durante el año 2020 y también afecta una porción del propio capital, lo que se acredita con el informe pericial producido por el perito oficial designado en la causa judicial, cuya copia acompaña. Expone que el importe determinado en concepto del ASE representa más del 2.600% de la renta producida por el capital sujeto a impuesto, y remarca que según el informe pericial el capital gravado generó una renta de $301.856,96 durante el período de aplicación del impuesto. A lo que añade que si bien el ASE recae sobre sus activos, como manifestación de capacidad contributiva, su fuente económica es la renta o rendimiento anual de ese capital. Considera que a los fines de cotejar el límite de incidencia permitido de los impuestos a la luz de la garantía de la no confiscatoriedad, se tiene que considerar la utilidad de los bienes que conforman el hecho imponible del gravamen, para concluir que en este caso, el pago del impuesto determinado insumiría más de la totalidad de las utilidades generadas por los bienes gravados, afectando con ello al propio capital.
Desarrolla doctrina y jurisprudencia para concluir que la pretensión fiscal impugnada configura un claro supuesto de confiscatoriedad, en virtud de que absorbe la totalidad de las rentas y una porción de los activos alcanzados, por lo que el impuesto exigido deviene inconstitucional.
Afirma que el ASE recae sobre los mismos bienes que el Impuesto sobre los Bienes Personales, al presentar un hecho imponible prácticamente idéntico, de modo que en la práctica actúa como una sobre tasa de éste. Puntualiza que ambos tienen como hecho imponible la tenencia de bienes a una determinada fecha: el ASE al 18/12/2020 y el ISBP al 31/12/2020, a lo que agrega que la ley N° 27.605 establece que el ASE se debe liquidar considerando los mismos bienes y la valuación definida por la ley del ISBP y su decreto reglamentario, pero sin sus exenciones y sin posibilidad de deducción de mínimo no imponible alguno. Continua argumentando que la ley del ASE y la ley del ISBP gravan los bienes del contribuyente sin tomar en cuenta sus deudas o pasivos y por último trae a colación que tanto la ley que regula el ASE como la del ISBP tienen prevista la aplicación de alícuotas agravadas para los bienes situados en el exterior. Expresa que las rentas que sus bienes generan también se encuentran sujetas al Impuesto a las Ganancias, por lo que advierte que el conjunto de impuestos nacionales que debe soportar incrementa considerablemente el efecto confiscatorio del ASE sobre su patrimonio. Concluye que la múltiple imposición que el Estado Nacional ejerce sobre su capital y las rentas generadas por sus bienes absorbe todas las utilidades producidas, aniquilando, naturalmente, parte de los activos, que son el fruto del trabajo y ahorro de toda su vida, lo que genera así un claro supuesto de confiscatoriedad tributaria. Pide que, para el supuesto de que el Tribunal no disponga la suspensión del procedimiento ante la situación de prejudicialidad esgrimida, se expida sobre el fondo del asunto en la medida en que deviene inaplicable la prohibición contenida en el art. 185 de la ley de rito fiscal en razón de que existe jurisprudencia más que consolidada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declaró la inconstitucionalidad de gravámenes confiscatorios, la que considera es directamente aplicable por el Tribunal Fiscal en virtud de la norma mencionada.
Sobre la multa aplicada, aduce que las circunstancias expuestas demuestran con claridad que no cometió la infracción prevista en el art. 45 de la ley 11.683 (t.o. 1998 y mod.) debido a que no puede endilgársele el incumplimiento culpable de un impuesto claramente confiscatorio e inconstitucional. Reitera que no omitió caprichosamente el pago del impuesto, sino que la decisión de no presentar su declaración jurada ni abonarlo se debió a la necesidad de evitar la consumación de un grave perjuicio a su patrimonio, sin que su conducta haya sido culposa o negligente. Pide sea dejada sin efecto en razón de que la multa resulta igualmente ilegítima e improcedente toda vez que no se verifican los elementos objetivo y subjetivo requeridos desde la óptica infraccional para la aplicación de las penas de naturaleza tributaria. En subsidio, pide que se aplique la causal de error excusable y eximente de responsabilidad.
Ofrece prueba documental e informativa y por los argumentos desarrollados peticiona que se suspenda el trámite hasta que se dicte sentencia definitiva con carácter firme en la causa judicial y oportunamente, se haga lugar al recurso interpuesto y revoque la resolución recurrida en todos sus términos, con costas. Hace reserva del caso federal.
II. Que por IF-2024-59029377-APN-DTD#JGM el Fisco Nacional contesta el traslado del recurso conferido en autos.
Hace saber que con motivo de la fiscalización llevada a cabo por personal de la AFIP (hoy ARCA) y en base a los elementos existentes en las actuaciones, se constató que la contribuyente era responsable del "Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la Pandemia" al haberse detectado que poseía bienes que superaban el mínimo exento pero que no había presentado la respectiva declaración jurada, dejando en consecuencia de declarar e ingresar el ASE.
Explica que con los datos contenidos en la documentación aportada por la actora, con la descripción y valuación de los bienes de su titularidad a fecha 18/12/2020 y la información colectada de las bases de datos del organismo la fiscalización proyectó el citado Aporte, de acuerdo a la propia mecánica de su liquidación, partiendo de las valuaciones que surgen del detalle presentado por la responsable, las cuales fueron validadas en el transcurso de la inspección practicada, se arribó al saldo a ingresar a favor del Fisco.
Rechaza la excepción de litispendencia por conexidad entre las presentes actuaciones y la acción judicial declarativa de certeza constitucional radicada en el Juzgado Federal de Corrientes N° 1 Secretaría N° 3 bajo el número de Expediente 1338/2021 caratulada “INTRA XIMENA MONSERRAT c/ Estado Nacional y otro s/ acción declarativa de inconstitucionalidad” con motivo de que no se configura la triple identidad de sujeto, objeto y causa requerida. En cuanto a la suspensión del proceso, señala que la misma deviene improcedente, dado que se trata de procesos que tienen un objeto distinto, en tanto en la presente causa se recurre un acto de determinación de oficio, mientras que en el ámbito judicial el objeto de la acción declarativa de inconstitucionalidad planteada por la actora se vincula con la situación de incertidumbre que, a su entender, se crea por la Ley N° 27.605, que en su art. 1 establece el Aporte Solidario y Extraordinario para morigerar los efectos de la pandemia. Por ello al no darse las circunstancias que justifiquen la declaración de litispendencia, ni la suspensión del trámite de la causa, pide que no se haga lugar a tal planteo.
Con relación a los agravios relacionados la vulneración del principio de no confiscatoriedad, la violación del derecho de propiedad y capacidad contributiva pone de relieve la improcedencia de tales planteos por ante este Tribunal Fiscal atento lo dispuesto expresamente por el art. 185 de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.). Indica que la jurisprudencia invocada por la Sra. Intra no avala que este Tribunal pueda, en supuestos como el de marras, declarar la confiscatoriedad del aporte ni la afectación de su capacidad contributiva en una determinación de oficio de deuda fiscal en la que se ha hecho lisa y llana aplicación de la normativa vigente, sin perjuicio de lo cual niega que se encuentre acreditada la confiscatoriedad alegada.
Repasa los aspectos normativos de la ley N° 27.605 y sobre la naturaleza jurídica del ASE repara que el mismo se enmarca en las contribuciones previstas en el art. 4° de la Constitución Nacional, las cuales se erigen como uno de los recursos de los que dispone el Estado para hacer frente a los gastos de la Nación. Afirma que no caben dudas de su validez en términos constitucionales al ser un instrumento del que dispone el Estado para atender erogaciones, el que según el art. 7° de la ley N° 27.605 tiene una asignación específica y se trata de una contribución dispuesta de forma equitativa y proporcional establecida por el Congreso Nacional, verificando así el requisito de su constitucionalidad relacionado con la legalidad o reserva de ley del mismo.
Aduce que para efectuar el control de constitucionalidad y de razonabilidad de la normativa impugnada se debe tener en cuenta el contexto nacional e internacional en la cual la misma fue dictada, al haberlo sido en el marco de una emergencia económica y social.
Sobre la confiscatoriedad alegada por la recurrente considera que está entremezclando dos manifestaciones de capacidad contributiva diferentes, por un lado el patrimonio, que corresponde al ASE, y por el otro lado la renta efectiva, sin embargo señala que la Sra. Intra reconoce que el ASE grava su patrimonio, y que busca alcanzar dicha capacidad contributiva, de modo que no comprende por qué hace alusión a una manifestación de riqueza (la renta) que no se corresponde con el aspecto sustancial de la contribución. También desestima las conclusiones y citas jurisprudenciales a las que acude para sustentar su postura, cuando es claro que el cálculo del aporte se realiza a partir de considerar el valor de los bienes existentes a la fecha de entrada en vigencia de la ley, sin tomar en cuenta “la renta” generada por dichos bienes en un periodo de tiempo determinado sino que se considera el capital por única vez.
Insiste en que la ponderación de la confiscatoriedad debe realizarse a partir de evaluar si el aporte establecido insume una parte sustancial del “capital” de la actora, toda vez que el enfoque que se realiza en la demanda enderezado al cotejo o incidencia sobre su renta anual no se condice con la naturaleza y características expuestas del aporte. Apunta que se encuentra acreditado que la aplicación de la normativa en crisis no implica en el caso de la actora, que el aporte resultante absorba parte sustancial de su patrimonio, ni que éste alcance valores aparentes o ficticios que lesionan el derecho de propiedad, configurándose una situación de confiscatoriedad, cuando tampoco demostró en forma concreta y detallada cuál sería la potencialidad de la renta de los activos que posee, y menos aún en qué medida o porcentaje se configuraría dicha absorción de su rendimiento. Remarca que no resulta razonable comparar un patrimonio construido a lo largo de varios años, con las rentas obtenidas durante un sólo período fiscal, cuando el ASE se cobra por única vez.
Reseña que en la causa “INTRA XIMENA MONSERRAT, c/Estado Nacional –Poder Ejecutivo Nacional Administración Federal de Ingresos Públicos s/Acción Mere Declarativa de Inconstitucionalidad”, Expte. N° FCT 1338/2021, proveniente del Juzgado Federal Nº 1 Secretaría N°3 de Corrientes la Cámara Federal de Corrientes, de fecha 04/09/2023, dictó sentencia revocando el fallo de primera instancia y resolvió rechazar el pedido de inconstitucionalidad por no considerar que se haya violentado la capacidad contributiva, ni el principio de no confiscatoriedad ni considerar que la múltiple imposición, que en el caso de autos no se verifica, sea inconstitucional per se.
Advierte sobre las diferencias del ASE con el Impuesto sobre los Bienes Personales al tratarse de dos instrumentos financieros separados cuyas finalidades y aspectos se encuentran específicamente determinados. Para fundamentar la procedencia de la sanción aplicada alega que los agravios de la actora carecen del mínimo sustento jurídico exigible para apoyar una pretensión recursiva, al haberse constatado que la contribuyente incurrió en la no presentación de la declaración jurada, por cuanto omitió declarar el ASE, dejando por lo tanto de ingresar el mismo en su justa medida, sin que ello pueda atribuirse a un error excusable cuando conoció que debía declararlo e ingresarlo.
Pide que se confirmen también los intereses resarcitorios, sobre los que la Sra. Intra no se agravia, los que fueron calculados en conformidad con el art. 37 de la Ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.).
Por último, acompaña los antecedentes administrativos y se opone a la prueba ofrecida por la recurrente y por los argumentos expuestos solicita que se rechace el recurso impetrado y se dicte sentencia confirmando la resolución apelada, con costas. Formula reserva del caso federal.
III. Que con la PV-2024-61466919-APN-VOCXII#TFN se tuvo presente el planteo efectuado por la actora en el apartado III. de su escrito recursivo agregado por RE-2024-31811861-APN-SGAI#TFN y por la PV-2024- 136055259-APN-VOCXII#TFN se hizo lugar a la prueba informativa dirigida a la Cámara Federal de Corrientes para obtener copias de las actuaciones correspondientes a la causa “INTRA MONSERRAT, XIMENA C/AFIP S/ACCIÓN MERE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD” (Expte. N° 1338/2021).
Que con la PV PV-2025-91852193-APN-VOCXII#TFN se elevaron los autos a conocimiento de la Sala “D” y por IF-2025-141652400-APN-VOCXII#TFN se ponen para dictar sentencia.
IV. Que ley N° 27.605 (B.O. 18/12/2020) estableció con carácter de emergencia y por única vez, un aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia, obligatorio, que recaerá -en lo que aquí interesa- sobre las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, por la totalidad de los bienes en el país y en el exterior existentes a la fecha de entrada en vigencia (desde su publicación en el Boletín Oficial), comprendidos y valuados de acuerdo a los términos fijados en el Titulo VI de la ley 23.966 del Impuesto sobre los Bienes Personales, y de acuerdo a las disposiciones que se indican en dicha ley, en tanto el valor de la totalidad de los bienes supere los $ 200.000.000; debiendo incluir los aportes a trust, fideicomisos o fundaciones de interés privado y demás estructuras análogas, participación en sociedades u otros entes de cualquier tipo sin personalidad fiscal y participación directa o indirecta en sociedades u otros entes de cualquier tipo, existentes a la fecha de vigencia de la ley. Asimismo, se establecieron alícuotas diferenciales para el cálculo del aporte a ingresar por los bienes situados en el exterior, exceptúandose su aplicación cuando se verifique la repatriación en los términos que dicha norma establece.
Asimismo, se dispuso el destino de los fondos recaudados mediante el pago del aporte a la compra de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas e insumos para la prevención y asistencia sanitaria, subsidios a la PyMES, educación -Becas Progresar-, a proyectos que apruebe la Secretaría de Energía de la Nación, poniendo su aplicación federal a cargo del Poder Ejecutivo.
Que dicha ley fue reglamentada a través del Decreto N° 42/2021 (B.O. 29/01/2021) y se establecieron pautas para determinar la valuación de las acciones o participaciones en el capital de las sociedad regidas por la ley 19.550. Por otro lado, la AFIP dictó la Resolución General N° 4930/2021 donde se fijó la forma en que debía presentarse la declaración jurada y abonar el aporte solidario, disponiendo como vencimiento de ambas obligaciones el 30/03/2021, el que fue prorrogado por la Resolución General (AFIP) N° 4954/2021, hasta el 16 de abril de 2021.
V. Que en autos no se encuentra en discusión que la Sra. Intra, cuya actividad principal declarada es la prestación de servicios de asesoría, reviste la condición de sujeto alcanzado por el ASE y que al constatarse la falta de declaración e ingreso del aporte dada la manifestación por ella formulada por escrito digital de fecha 16/04/2021 sobre la imposibilidad para la presentación de la declaración jurada respectiva y para abonar el aporte en atención a los efectos confiscatorios que alega que su aplicación le ocasiona, se procedió a dar inicio al procedimiento de determinación de oficio.
Que ello así, del cotejo de los elementos obrantes en la causa se advierte que no hay discrepancias sobre dicha condición de sujeto obligado a contribuir, ni tampoco sobre la cantidad y cualidad de los bienes integrantes de la base imponible para el cálculo del ASE; sino que su agravios están dirigidos a cuestionar la constitucionalidad del aporte al esgrimir que su ingreso atentaría contra los principios de no confiscatoriedad y capacidad contributiva. Que ello así, en apoyo de su postura acompaña el informe pericial contable producido en la causa “INTRA MONSERRAT, XIMENA C/ AFIP S/ACCION MERE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD”
(Expte. N° 1388/2021), que tramitó ante el Juzgado Federal N° 1 de Corrientes y luego ante la Cámara Federal de Corrientes, la que actualmente se encuentra radicada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en razón del recurso extraordinario interpuesto por la Sra. Intra.
Afirma que del informe mencionado se desprende que el ASE produce efectos confiscatorios al absorber la totalidad de las utilidades generadas por el capital gravado durante el año 2020 ya que también afecta una porción del propio capital, en razón de que el aporte representa más del 2.600% de la renta producida por el capital sujeto a impuesto, y remarca que según el informe contable el capital gravado generó una renta de $301.856,96 durante el año involucrado. No obstante, a mi juicio la confiscatoriedad debe comprender un análisis fundamentalmente económico y tributario que derive en la violación del derecho de propiedad, sin utilizarse únicamente conceptos impositivos.
VI. Que en forma preliminar corresponde recordar que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (crf. Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140,301:970, entre otros).
Que previo a todo trámite, cabe analizar la procedencia del pedido de suspensión formulado por la actora, el que es sustentado en la conexidad que existiría entre la causa iniciada ante el Juzgado Federal N° 1 de Corrientes y el recurso de apelación incoado ante este Tribunal, al alegar que el dictado de una resolución en dichas actuaciones tendría incidencia en la controversia de autos.
Que se advierte que este Tribunal debe pronunciarse sobre la materia tributaria, es decir sobre la pertinencia del ajuste fiscal, mientras que la demanda contenciosa iniciada en la Justicia Federal tiene por objeto una finalidad diferente, por lo que no se suscita la posibilidad de sentencias contradictorias que puedan hacer viable una suspensión de plazos legales.
No obstante lo cual, cabe hacer mención de los argumentos volcados en las sentencias dictadas en la causa invocada por la recurrente, las que fueron agregadas en autos luego de la intimación formulada mediante la PV- 2025-75895642-APN-VOCXII#TFN.
Ello así, el Juzgado Federal N° 1 de Corrientes mediante pronunciamiento del 17 de febrero de 2023 incorporado en autos por IF-2025-79146605-APN-DTD#JGM sostuvo que el ASE tiene expresa previsión normativa en la ley Nº 27.605, reglamentada por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N°42/2021 y complementada por la Resolución General N°4930/2021 (AFIP). Agregó que la ley mencionada fue sancionada siguiendo el procedimiento de formación y sanción de leyes previsto en la Constitución Nacional, por lo que en ese aspecto supera el examen de legalidad, para sostener que la cuestión a analizar radica en si la aplicación de dicha ley a un supuesto concreto, afecta el principio de no confiscatoriedad y por ende la garantía de inviolabilidad de la propiedad privada.
A continuación el Juez Interviniente manifestó: “Adelanto mi opinión -que fundo extensamente a lo largo de este fallo- en el sentido de que la aplicación al caso particular de la Ley de Contribución Solidaria extraordinaria configura una categórica contraposición con postulados fundamentales de nuestro Estado de derecho, recogidos, consagrados y garantizados no solo por la Constitución Nacional sino también por los Instrumentos internacionales ratificados por el Estado argentino en materia de Derechos Humanos.
“Que no pongo en duda que existió una emergencia global, provocada por la epidemia de COVID que justificó el dictado de la Ley, ni el carácter excepcional del aporte. Tampoco cuestiono que el dinero que se recaude mediante el aporte tenga asignación específica y este destinado a paliar los efectos de la epidemia causada por el COVID. Sin lugar a dudas la situación objetiva de emergencia existió, en el marco de una pandemia global que profundizó la crisis económica, social y sanitaria ya existente...”
“…Sin embargo la situación de emergencia no valida cualquier norma destinada a paliar una crisis. El recurso a la doctrina de la emergencia, y las normas de emergencia económica, tienen dos características fundamentales: por un lado, permiten restringir en mayor medida los derechos individuales, en particular, las libertades económicas y, por el otro, acrecientan ciertas competencias del poder, reforzando el Poder Ejecutivo. Es por ello que la utilización de los poderes de emergencia debe respetar requisitos claros y específicos para su validez. Las diversas pautas que aseguran la validez del ejercicio del poder de emergencia fueron expuestas de modo sistemático por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que estableció en diversas oportunidades que el límite a la suspensión del ejercicio de derechos en situaciones de emergencia “es el de la propiedad privada, no susceptible de ser tomada sin declaración de utilidad pública y previamente indemnizada” (Ercolano, Avico, y Cine Callao Fallos 136:161; 172:21 y 247:121, Peralta Fallos 313:1514, Bustos Fallos 327:4495, Galli Fallos 328:690, entre otros)”
“Que si bien el legislador denomina la figura jurídica como “aporte” (tendiente a soportar y/o mitigar los efectos devastadores que la pandemia produjo en la economía general del país) lo cierto es que la figura legal instaurada constituye un nuevo y adicional impuesto nacional sobre todos los bienes existentes al 18/12/2020 de personas humanas y sucesiones indivisas, cuyo valor total exceda los $ 200.000.000. Si se tratara de un aporte solidario, el mismo no debería ser de aplicación compulsiva, sino que debería quedar librado al deseo de cada contribuyente en particular, decidir libremente si desea o no concretar dicho aporte. El aporte solidario constituye un verdadero impuesto, más allá de la denominación que se le ha dado, dado que es indudable que se trata de una carga de naturaleza tributaria…La figura tiene perfecto anclaje en la estructura general de los tributos y, en particular, dentro de la especie “impuestos”, toda vez que se instituye por vía legal la obligación de dar una suma de dinero en caso de verificarse en concreto el presupuesto legal establecido en la norma de imposición, que se encuentra totalmente desvinculado de cualquier actividad o servicio estatal… La denominación de “aporte solidario y extraordinario” no puede implicar que se relativicen e incluso ignoren los principios constitucionales tributarios.”
“…Que a pesar de entender que el “aporte solidario” constituye un verdadero impuesto, no voy a detenerme en el análisis en profundidad de la naturaleza jurídica del “Aporte Solidario”, dado que aunque no se lo considere un “tributo” (impuesto), y sea considerado una “contribución” o aporte de tipo coactivo, claramente es una carga pública monetaria, de carácter económico…siendo el aporte solidario una carga pública de carácter económico, el mismo no puede ser confiscatorio y debe respetar la inviolabilidad de la propiedad privada. Por lo tanto el centro de la cuestión a analizar, es determinar si la aplicación al caso particular del “Aporte Solidario” establecido por la Ley Nº 27.605, afecta o no el principio de no confiscatoriedad.”
“…Que no es cierto lo afirmado por la demandada en el sentido de que el aporte excepcional creado por la Ley N° 27.605 se distinga claramente del Impuesto a los Bienes Personales. El hecho imponible del aporte extraordinario resulta prácticamente idéntico, aunque más gravoso que el del Impuesto sobre los Bienes Personales, dado que el aporte solidario grava a la totalidad de la base imponible del Impuesto sobre los Bienes Personales y, adicionalmente, todos los demás bienes que se encuentran exentos o desgravados por dicho impuesto. Otra diferencia la constituye la fecha de corte. El aporte creado por la Ley Nº 27.605 recae sobre los bienes existentes al 18/12/2020, por lo que difiere de la fecha de corte del impuesto sobre los bienes personales. Sin embargo, existe analogía en lo que hace a la esencia del hecho imponible...”
“…Que es correcta la afirmación de que la capacidad contributiva de los particulares se manifiesta de muy diversas formas, y de que ello justifique la existencia de multiplicidad de hechos imponibles, que no pueden ser abarcados por un único tributo. La Corte ha dicho en reiteradas oportunidades que la doble o múltiple imposición, por sí misma no es inconstitucional, en la medida en que cada uno de los tributos que configuran esa múltiple imposición hayan sido creados por entes políticos con competencia para ello (Fallos: 185:209; 210:276; 210:500; 217:189; 220:119; 243:280; 249; 657; 262:367). Lo cuestionable no es la doble o múltiple imposición, sino la circunstancia de que la misma afecte una porción sustancial de la renta del actor, o sea si esa doble o múltiple imposición resulta confiscatoria...”
“…Que vamos ahora al meollo de la cuestión: la confiscatoriedad. La pregunta clave que debo responder es la siguiente: La exigencia a la parte actora del pago del Aporte Solidario y Extraordinario (establecido por la Ley Nº 27.605) ¿afecta el principio de no confiscatoriedad y por ende la garantía de inviolabilidad de la propiedad privada? La confiscatoriedad consiste en la absorción de una parte sustancial de la propiedad y/o de la renta que producen los activos. El Máximo Tribunal estableció que para que se configure la confiscatoriedad se debe producir una absorción por parte del Estado de una porción sustancial de la renta o del capital, agregando que a los efectos de su apreciación cuantitativa se debe estar al valor real de los bienes. Para juzgar la existencia de confiscatoriedad, el quantum máximo constitucional admisible (o sea el porcentaje por sobre el cual importa absorber una parte sustancial de renta) fue fijado por la CSJN en 33%. Ese es el tope de validez constitucional. Entonces, si la aplicación de un impuesto a un caso particular supera el 33% de la renta total producida, puede ser declarada inconstitucional por resultar confiscatoria, y por ende violatoria del art. 17 de la Constitución Nacional…La doctrina de la prohibición de confiscatoriedad fue aplicada por la Corte a distintos tributos (impuestos a la transmisión gratuita de bienes, impuestos inmobiliarios o contribuciones territoriales, impuesto de inscripción de estatutos, impuesto de sellos, ahorro obligatorio, etc.). Respecto al impuesto a las ganancias, la Corte se pronunció en el precedente Candy (3/7/09) sobre los efectos confiscatorios de la inaplicabilidad de las normas de ajuste por inflación contenidas en la ley del impuesto a las ganancias…”
“…Que sin lugar a dudas cualquier tributo se paga con la renta. Teniendo en cuenta el principio de preservación del capital, el referido porcentaje del 33% necesariamente debe ser calculado sobre la renta que producen los activos y no sobre el capital, como erróneamente pretende la demandada, calculada según el rendimiento normal medio de una correcta explotación (vgr. impuesto sucesorio, Fallos: 234:129; 235:883; contribución territorial, Fallos: 206:214, 247; 209:114; 210:172 y 239:157; ahorro obligatorio, Fallos: 318:676 y 785). Por lo tanto, cualquier impuesto patrimonial que afecte el capital y requiera su liquidación y/o realización para el cumplimiento del primero constituye de por sí una categoría irrazonable con su consecuente tacha de inconstitucionalidad. Adviértase que si el referido porcentaje del 33% establecido como límite por CSJN fuera sobre el patrimonio, o sea sobre el capital, y no sobre la renta que produce ese capital, la Corte estaría admitiendo que en 3 años consecutivos el Estado liquidaría el 99% del patrimonio de un contribuyente, lo cual es absolutamente inadmisible…”
“Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido desde hace décadas que la existencia de superposición impositiva no es de por sí causal de inconstitucionalidad…y exige prueba concluyente a cargo de la parte actora que evidencie la confiscatoriedad alegada…”
“En el supuesto bajo análisis, tuvo lugar un peritaje contable exhaustivo que arrojó conclusiones categóricas. Adviértase que el Contador Fabre presentó en un primer momento un informe pericial que contenía errores técnicos, que fueron señalados por la parte actora y por el consultor técnico de dicha parte. El error estaba en la renta total de la actora durante el año fiscal 2020, y se debió a que la actora no percibió dividendos durante el período fiscal 2020, por lo que las rentas obtenidas por el capital gravado fueron sólo las generadas por el alquiler de sus inmuebles. Si bien el perito explicitaba en el punto 6º de su informe que la actora no había percibido dividendos ni había percibido honorarios durante el período fiscal 2020, cuando se refirió al monto de las rentas obtenidas por el capital gravado, refirió un monto incorrecto.
Por lo tanto los cálculos de los porcentajes de confiscatoriedad consignados en los puntos 3°, 5° y 7° del primer informe pericial eran incorrectos. Con posterioridad el Perito Contador Fabre presentó un nuevo informe pericial, ampliado, adjuntando anexos, corrigiendo los errores que contenía el primer informe y rectificando la contradicción que había. Consecuentemente se tiene en cuenta el segundo informe pericial ampliado y corregido. Tanto en dicha pericia, como de las demás constancias de autos, surge que el Fisco pretende exigirle a la accionante el ingreso de la suma estimativa de $ 7.747.579,70 en concepto de aporte solidario. De las pruebas producidas surge que las rentas totales de la actora, neta de gastos, generada por los bienes de la actora durante el año fiscal 2020 ascenderían estimativamente a la suma de $ 301.856,96.
Por lo tanto según surge de la pericia e informes contables producidos, el aporte solidario de la Ley 27.605 absorbería aproximadamente el 2.566,64% de los ingresos de la parte actora del año 2020. Ello provocaría una manifiesta absorción de la renta ya gravada por Bienes Personales y Ganancias, resultando confiscatoria a la luz de la doctrina emanada de la CSJN. El porcentaje de la renta de sus bienes que sería absorbido por el Aporte Solidario Extraordinario, sumado al impuesto sobre los Bienes Personales e Impuesto a las Ganancias del período 2020, sería aproximadamente del 2.791,93% de la renta total de la actora durante el año fiscal 2020. Por lo tanto en el caso concreto que analizo, la aplicación al caso particular de la Ley 27.605 resulta manifiestamente inconstitucional porque se configura un supuesto de confiscatoriedad porque se produciría una absorción por parte del Estado de una parte sustancial de la renta del accionante.
Existe prueba concluyente que respalda esa afirmación: una pericia realizada por el perito contador designado, coincidente con la certificación contable producida por la parte actora sobre la base de sus estados contables y abundante documentación respaldatoria. Si bien hubieron impugnaciones al dictamen pericial por parte de la demandada, las mismas no modifican las conclusiones a las que arribo dado que sostiene la demandada que el aporte a ingresar ascendería a $ 9.164.988,73, y por ende los porcentajes de absorción serían aún mayores…”
“…Que luego de analizar los elementos traídos al proceso en esta instancia, a la luz de las consideraciones expuestas, entiendo que la normativa impugnada resulta violatoria de los siguientes garantías y principios constitucionales: derecho de propiedad y principio de no confiscatoriedad (tutelados por los artículos 4, 14, 17, 33 y 75 inc. 2 de la Constitución Nacional), principio de razonabilidad (contenido en el art. 28 de la CN); y principio de capacidad contributiva (contenido en los arts. 4, 16, 17, 28 y 33 de la CN). En efecto, la alícuota efectiva del aporte solidario sobre la renta del año 2020 del actor sería del 2.566,64%, a lo que debe sumarse lo que la parte actora debe abonar en concepto de Impuesto sobre Bienes Personales, y en concepto de Impuesto a la Ganancia, por lo que el “aporte solidario y extraordinario” provocaría en el caso concreto una manifiesta inadmisible absorción de la renta y del patrimonio, ya gravados por Bienes Personales y Ganancias, excediendo los límites razonables de imposición y resultando confiscatoria y violatoria del derecho de propiedad a la luz de la doctrina emanada de la CSJN.
El examen minucioso de las constancias de la causa me conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca la garantía constitucional de inviolabilidad de la propiedad privada y afecta de manera inadmisible el principio de no confiscatoriedad, dado que quedó probado con la pericia y la documentación contable respaldatoria, de modo concreto y categórico, lo desmesurada que resulta la carga impuesta, y que la misma restringiría de manera inadmisible su patrimonio y desnaturalizaría totalmente el derecho de propiedad del actor. Más allá de la finalidad perseguida por la ley (de protección de la salud de la población en función de la crisis sanitaria, económica y social generada por la pandemia) en el caso concreto que analizo la aplicación de la ley resultaría irrazonable por desnaturalizar el derecho de propiedad del actor, toda vez que no se respetan los estándares constitucionales y convencionales establecidos…” Por último, en razón de los argumentos desarrollados el Juzgado resolvió hacer lugar a la acción declarativa de certeza e inconstitucionalidad, promovida por la Sra.
Intra y declarar la inconstitucionalidad de la aplicación al caso particular, de la ley Nº 27.605 (y la normativa reglamentaria) que exige el pago del ASE, por resultar violatoria de las siguientes garantías y principios constitucionales: derecho de propiedad y principio de no confiscatoriedad, principio de razonabilidad y principio de capacidad contributiva. Asimismo, ordenó a la parte demandada AFIP a abstenerse de aplicar a la actora las disposiciones emergentes de la ley N° 27.605 y su reglamentación, de dictar y/o ejecutar actos tendientes a perseguir el cobro del Aporte por cualquier medio y de iniciar y/o proseguir cualquier reclamo administrativo o judicial tendiente a exigir el pago del Aporte Solidario, imponiendo las costas en el orden causado.
Con posterioridad, según el IF-2025-79146516-APN-DTD#JGM en fecha 4 de septiembre de 2023 la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes revocó la sentencia de primera instancia. Para arribar a dicha decisión los jueces intervinientes sostuvieron que “…corresponde examinar el gravamen vertido contra la afirmación del juez a quo relativa a la supuesta “inexistencia de capacidad económica” del actor para hacer frente al pago del aporte en examen, pues, de la mera confrontación de la pericia contable producida en autos, resulta lo contrario. En efecto, para verificar la existencia o no de capacidad contributiva en el accionante, tengo presente el informe pericial contable que obra a fs. 71/74 y ampliado a fs. 82/86, al que me remito en honor de la brevedad, en cuanto a la composición de su patrimonio en el país y en el exterior. De tal probanza resulta que la totalidad de bienes del accionante arroja la suma aproximada de pesos trescientos setenta y siete millones seiscientos setenta mil doscientos ocho con noventa y ocho centavos ($377.670.208,98) con lo que, resulta enervado el argumento del sentenciante sobre falta de capacidad económica y, también lo está, el razonamiento concerniente al embate de esta ley contra la “preservación del capital” pues el monto total a pagar en virtud de esta ley de emergencia sería estimativamente aproximado a una cantidad de pesos siete millones setecientos cuarenta y siete mil quinientos setenta y nueve con setenta centavos ($7.747.579,70). Dicha cantidad sobre el patrimonio total del accionante representa sólo un porcentaje de 2.05 % al 18/12/2020, conforme el citado informe pericial contable, por lo que el actor puede, claramente, pagar esa suma.”
“Ello así, se concluye que no existe “prueba contundente” en relación al perjuicio que ocasionaría al accionante pagar este aporte, más allá de su evidente disconformidad que, deviene asimilable, a la de todo contribuyente frente al pago, al Estado, de una prestación económica compulsiva...”
“…Atento a lo que precede no observo afectación de la real “capacidad contributiva” del actor y por ello, no comparto lo afirmado por el juzgador de la instancia de origen, en cuanto consideró que el aporte resulta irrazonable”
“…A mayor abundamiento, en lo atinente a su superposición con otros impuestos nacionales que, en el ejercicio 2020, debió pagar, caben destacar dos cosas fundamentales: una, que la existencia de superposición impositiva no es “per se” causal de inconstitucionalidad (Fallos: 210:500; 327:1729; 263:534, entre muchos otros) y dos, que la ley prescribe que la imposición es sobre la totalidad de los bienes existentes en el país y en el exterior. Es relevante reiterar que la Ley 27605 además de superar el examen de legalidad –tampoco discutido en este expediente ha sido dictada en el año 2020, signada por un grave estado de perturbación económica, social, laboral, sanitaria, que es de público conocimiento, a raíz de la pandemia del Covid19, que golpeó al mundo entero y que, a diferencia del impuesto a las ganancias y a los bienes personales que también tributa el actor, es requerida por única vez, sobre la “totalidad de sus bienes”. Por lo demás, del artículo 7 de la ley surge, sin hesitaciones, a qué sectores, serán asignados los recursos obtenidos a través del aporte solidario y extraordinario que nos ocupa…En cuanto a la exigencia de “temporalidad” de la emergencia, si bien no pudo establecerse un plazo máximo o cierto de ella, la norma en estudio no genera dudas respecto de que la carga legal es por única vez…”
Que ante dicha resolución la recurrente interpuso recurso extraordinario federal, el que fue concedido con relación a la cuestión federal planteada y rechazado en lo relativo a la arbitrariedad de sentencia, conforme auto del 23 de abril de 2024 (IF-2025-79146683-APN-DTD#JGM).
VII. Que la actora manifiesta que el ASE posee naturaleza tributaria en razón de que la ley N° 27.605 contiene todos los elementos constitutivos de un impuesto, al definir su hecho imponible una manifestación de capacidad contributiva cuya verificación da nacimiento a una obligación tributaria. Sin embargo, alega que su pago insumiría más de la totalidad de las utilidades generadas por los bienes gravados, afectando así al propio capital, en desmedro de la garantía de la no confiscatoriedad, atentando contra su derecho de propiedad. Insiste en que la pretensión fiscal absorbe la totalidad de las rentas y una porción de los activos alcanzados. Por otro lado, al tratarse de una crítica parcial pareciera que el admitir la existencia práctica de una sobretasa, la cuestión venida en recurso quedaría reducida a un impacto sobre el principio de no confiscatoriedad.
Que cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación manifestó que “los precedentes de esta Corte sostienen que no compete al Poder Judicial pronunciarse sobre la eficacia o ineficacia de las leyes bajo su concepto puramente económico o financiero, apreciando si estas pueden ser benéficas o perjudiciales para el país (Fallos: 150:89), ya que escapa a la competencia de los jueces pronunciarse sobre la conveniencia o equidad de los impuestos o contribuciones creados por el Congreso Nacional o las legislaturas provinciales (Fallos: 242:73; 249:99; 286:301, 314:1293 y, más recientemente, en Fallos: 329:2152)”.
Que además en numerosos precedentes el Máximo Tribunal ha establecido que, para que se configure un supuesto de confiscatoriedad, debe producirse una absorción por parte del Estado de una porción sustancial de la renta o del capital (Fallos: 248:285; 268:56; 314:1293; 322:3255, entre muchos otros). Sin embargo, se ha puntualizado que el límite admisible de la carga fiscal no es absoluto sino variable en el tiempo y en las circunstancias (Fallos: 314:1293; 322: 3255), y que el criterio para juzgar la proporción de los impuestos y su racionalidad no puede ser férreamente uniforme para todos los casos, pues para declarar que un impuesto es confiscatorio o no, “...no basta considerar el monto de su tasa sino también otros fundamentos relativos a la materia imponible, a la oportunidad de su aplicación o a su repercusión, etc., cuyo estudio incumbe al Congreso dentro de las vallas insalvables de las garantías constitucionales correspondientes” (Fallos: 160:247).
Que por lo tanto, no basta con afirmar que el ASE revista carácter confiscatorio sino que se trata de una cuestión de hecho y prueba, de manera que dicha declaración será la consecuencia de un completo análisis de las circunstancias que rodean al caso, poniéndose especial énfasis en la actividad probatoria desplegada para acreditar la confiscatoriedad alegada. En ese sentido, en autos la Sra. Intra ofreció prueba informativa a los efectos de obtener las actuaciones que tramitaron en la causa “INTRA MONSERRAT, XIMENA C/AFIP S/ACCIÓN MERE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD” (Expte. N° 1338/2021), cuyas sentencias fueron acompañadas, conforme se indicó en el Considerando VI.
Que la actora principalmente sustenta su defensa en que en el período fiscal 2020 obtuvo una renta que alcanzó el monto de $301.856,96, lo que le impide abonar el importe pretendido de $7.919.862,37 en concepto de ASE, ya que de hacerlo se produciría una absorción de la totalidad de las utilidades generadas por el capital gravado, incluso afectando también una porción del propio capital.
Que no obstante, al referirse a las utilidades generadas en el año bajo análisis solo fue incluida la renta generada por los inmuebles de su titularidad situados en el país, sin incluir otras rentas indirectas que se traducen en un mayor patrimonio, cuando el ASE posee carácter patrimonial, por lo que a los efectos de evaluar la capacidad de pago, cabe contemplar la valuación de los inmuebles, la que según el Anexo I del informe pericial agregado en autos por el RE-2024-31812598-APN-SGAI#TFN era de $28.040.218,71, y también el dinero y depósitos en el país por $ 2.099.581,39 y/o sus participaciones societarias de $ 311.109.599,47 y $ 36.420.809,42; bienes que también integraban su patrimonio según el Anexo I mencionado y el pto. 2 del informe pericial.
Luego sobre dicho importe de renta generada únicamente por los inmuebles se analizó el porcentaje de absorción del ASE para arribar al 2.566,64%, cuando a los fines de dicha comparación debió tomar la totalidad de su patrimonio y sus rentas implícitas, ya que no tuvo en cuenta que el ASE recae sobre el patrimonio como manifestación de capacidad contributiva de los sujetos alcanzados y no sobre la renta, como confunde la actora. Que incluso de uno de los puntos propuestos por el ente fiscal se advierte que el monto a ingresar por el ASE representaba el 2,05% del total de los bienes que constituyen el patrimonio gravado, teniendo en cuenta que el valor total de los bienes ascendía a $ 377.670.208,98; en razón de que, como ya se dijo, el ASE recae sobre los bienes que integran el patrimonio y no sobre la renta o ganancia que éstos producen o que potencialmente pudieran producir.
Que según el razonamiento de la actora el pago del impuesto determinado insumiría más de la totalidad de las utilidades generadas por los bienes gravados, afectando con ello al propio capital, cuando el informe contable agregado demuestra lo contrario, ya que como bien afirmó la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes la valuación total de los bienes de la Sra. Intra arribaba a la suma de $377.670.208,98 y el monto a pagar en concepto de ASE era de $ 7.747.579,70, por lo que claramente la contribuyente poseía suficiente capacidad contributiva para afrontar el pago de la pretensión fiscal sin desmedro de su patrimonio.
Incluso su defensa dirigida a la imposibilidad de pago del ASE con el argumento de que el total de la renta generada durante el período fiscal 2020 por los bienes situados en el país ascendía a $ 301.856,96 se torna en su contra cuando pudo afrontar sin cuestionamientos del estilo el pago del Impuesto sobre los Bienes Personales que por el mismo período fiscal alcanzó la suma de $ 680.065,75; es decir superior a la renta supuestamente producida por sus bienes que dijo disponer por el año 2020, sin que pueda pasarse por alto que además la exigencia del ASE revestía carácter extraordinario y por única vez.
Que ello así, en contradicción de la estrategia defensiva de la recurrente resulta coherente preguntarse cómo es posible que la renta que alega que produjeron sus bienes, en especial por el período fiscal 2020, le permitió mantener y solventar un patrimonio de la envergadura expuesta.
Que en lo que hace al agravio referido a la existencia de doble imposición al alegar que también se encuentra sujeta al Impuesto a las Ganancias, y que por lo tanto el conjunto de impuestos nacionales que debe soportar incrementa considerablemente el efecto confiscatorio del ASE sobre su patrimonio, cabe señalar que el Máximo Tribunal sostuvo que la duplicidad que resulta del ejercicio de facultades impositivas diferentes no limitadas por disposición constitucional alguna, no causa la invalidez del impuesto, y que la superposición de gravámenes no es de por si inconstitucional, en la medida en que cada uno de los tributos que configuran la múltiple imposición hayan sido sancionados por entes públicos con competencia para crearlos (Fallos 185: 209; 210: 276; 210:500; 217:189; 220:219; 262:367) y además “ha puesto especial énfasis en la actividad probatoria desplegada por el actor, requiriendo una prueba concluyente a efectos de acreditar la confiscatoriedad que se alega (Fallos: 220:1082, 1300; 239:157; 314:1293; 322:3255, entre otros)”.
Que sobre la supuesta similitud del ASE con el Impuesto sobre los Bienes Personales al afirmar la actora que recae sobre los mismos bienes cabe hacer notar que no le asiste razón debido a que la composición de las bases imponibles resultan diferentes. Por ejemplo los inmuebles destinados a casa habitación del contribuyente no se encuentran alcanzadas por el Impuesto sobre los Bienes Personales cuando su valor determinado de acuerdo con las normas de la ley, resulten iguales o inferiores a $350.000.000 conforme el art. 24 de la ley del tributo, pero sí integran la base de cálculo del ASE. Por otro lado, los depósitos en moneda argentina y extranjera efectuados en las instituciones comprendidas en el régimen de la ley Nº 21.526, a plazo fijo, en caja de ahorro, en cuentas especiales de ahorro o en otras formas de captación de fondos están exentos en el Impuesto sobre los Bienes Personales según el art. 21 inc. h) de la ley N° 23.966, mientras que conforme el art. 2 inc. a) de la ley N° 27.605 en el ASE la totalidad de los bienes en el país y en el exterior de las personas humanas están alcanzados independientemente del tratamiento que revistan frente al Impuesto sobre los Bienes Personales -quedando exentas cuando el valor de la totalidad de sus bienes no exceda de $ 200.000.000-, y sin deducción de mínimo no imponible alguno, cuando en el Impuesto sobre los Bienes Personales se prevé un mínimo exento.
Que en lo que se refiere a las acciones o participaciones en el capital de las sociedades regidas por la ley N° 19.550 si bien no son computables en el Impuesto sobre los Bienes Personales para las personas humanas domiciliadas en el país o en el exterior -en su declaración personal-, el impuesto tiene que ser ingresado por dichas personas jurídicas alcanzadas ya que las mismas deben ingresar la tasa fija del 0,50% sobre el valor determinado de acuerdo con lo establecido por el inciso h) del artículo 22 de la ley del citado tributo. Por lo que el monto finalmente ingresado en concepto del citado impuesto resulta ser mayor al liquidado por la persona humana en razón de que la persona jurídica sustituye el ingreso del impuesto en lugar de la primera por la tenencia de acciones y participaciones societarias, incluso el artículo agregado a continuación del art. 25 de la ley N° 23.966 establece que las sociedades responsables del gravamen en tales términos tendrán derecho a reintegrarse el importe abonado, incluso reteniendo y/o ejecutando directamente los bienes que dieron origen al pago.
Ello así, resulta descalificado el argumento utilizado en el plano comparativo ya que el Impuesto sobre los Bienes Personales resulta mayor a los $680.065,75 utilizados en dicho cálculo y por ende la conclusión sobre la relación entre el mencionado impuesto y el ASE sufre variaciones.
Que otro dato a tener en cuenta es que según la pericia contable (RE-2024-31812598-APN-SGAI#TFN) la Sra. INTRA no cuenta con ingresos generados por los bienes sujetos al aporte, sino que se originan en su trabajo personal con fundamento en que de los estados contables de las dos sociedades anónimas, Doña Chica S.A. y XUP S.A., de las cuales resulta ser accionista, no surge que haya recibido dividendos y honorarios por la dirección de las mismas.
Que el art. 3° de la ley N° 27.605 dispone que “para los sujetos alcanzados en virtud de lo dispuesto en el inciso a) del artículo 2° de la presente ley, la base de determinación allí mencionada se calculará incluyendo los aportes a trusts, fideicomisos o fundaciones de interés privado y demás estructuras análogas, participación en sociedades u otros entes de cualquier tipo sin personalidad fiscal y participación directa o indirecta en sociedades u otros entes de cualquier tipo, existentes a la fecha de entrada en vigencia de esta ley”
Que de los antecedentes administrativos vinculados a la causa (IF-2024-59024599-APN-DTD#JGM, fs. 45 y 49) conforme impresiones de pantalla la recurrente en la sociedad Doña Chica S.A., dedicada a la actividad agropecuaria, posee el cargo de Vicepresidente y tiene 144 acciones (33%) junto con los demás integrantes, los Sres. Pedro Andrés Intra (144 acciones) y Manuel Ulises Intra (145 acciones), éste último es el Presidente de la sociedad y en ese carácter firma los Estados de situación patrimonial. Que dichas acciones poseen un valor nominal de 3000 y sus integrantes tienen derecho a voto. Que ello así, del Estados de situación patrimonial por el ejercicio finalizado el 31/08/2020 comparativo con el ejercicio anterior se observa que el Patrimonio Neto del ejercicio 2020 ascendía a $ 601.934.899,68 cuando el del ejercicio anterior era de $ 535.918.479,54, es decir que se produjo un incremento del mismo por la suma de $ 66.016.420 (IF-2024-59024599-APN-DTD#JGM, fs. 54/72), siendo un 33% de su valor perteneciente a la Sra. Intra.
Que en el caso de la otra sociedad, Xup S.A., cuya actividad es la de construcción, reforma y reparación de edificios residenciales, la Sra. Intra reviste el cargo de Presidente y en ese carácter firmó los Estados de situación patrimonial. Posee una participación del 34% en el capital social, y está conformada por los mismos integrantes que Doña Chica S.A.
Que del Estados de situación patrimonial por el ejercicio finalizado el 31/08/2020 comparativo con el ejercicio anterior se observa que el Patrimonio Neto según el Estado respectivo del ejercicio 2020 ascendía a $ 587.078.246,47 cuando el del ejercicio anterior era de $ 566.793.536,33, es decir que se produjo un incremento del mismo por la suma de $ 20.284.710 (IF-2024-59024599-APN-DTD#JGM, fs. 93/107), atribuyéndose nuevamente un 34% de su valor a la Sra. Intra.
Que respecto de ambas sociedades comerciales, si bien se repara que, como bien aduce la actora, no se distribuyeron utilidades, lo cierto es que en ambas hubo ingresos capitalizados no asignados a sus integrantes como consecuencia de una decisión puramente empresarial, pero que implicaron la existencia de una ganancia capitalizada para la Sra. Intra con origen en sus tenencias accionarias, que no puede ser pasada por alta al momento de merituar su participación social para establecer la base de determinación del ASE, y su capacidad contributiva a tal fin, atento tratarse en su mayoría de resultados provenientes de la actividad ganadera (Doña Chica S.A.) y resultados financieros y por tenencia (Xup S.A.), según los respectivos Estados de Resultados.
VIII. Que del análisis de la prueba rendida en autos se aprecia que no se produce la situación de confiscatoriedad invocada por la recurrente ni tampoco afectación alguna de su capacidad contributiva en razón de que su patrimonio en el período fiscal 2020 le permitía afrontar el pago de la suma pretendida en concepto de ASE, sin que haya demostrado cúal es el perjuicio que su ingreso le ocasionaría, al no encontrarse vulneradas las garantías constitucionales que rigen en la materia. Ello así, resulta acertado el criterio fiscal plasmado en el acto recurrido.
IX. Respecto de los intereses resarcitorios pretendidos, cabe señalar que fueron liquidados conforme las prescripciones del art. 37 de la ley de procedimiento fiscal y su aplicación responde a la remisión que efectúa el art. 9° de la ley N° 27.605, los que además constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. C.S.J.N., Citibank NA el DGI, 01/06/2000), por lo que corresponde disponer su confirmación.
X. Que resta referirse a la multa aplicada, equivalente al 100% del ASE dejado de ingresar por el período fiscal 2020 según el art. 45 de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.) en atención a la remisión que efectúa el art. 9° de la ley N° 27.605.
Que en lo que hace a la procedencia de la sanción se encuentran acreditados los elementos que permiten encuadrar la conducta de la Sra. Intra en dicha figura infraccional al configurarse el presupuesto básico de omisión de pago, sin que haya logrado acreditar la falta de culpa en su accionar, ni tampoco la existencia de un error con entidad para eximirla conforme se desprende del análisis de los hechos y pruebas producidas. Por lo que cabe disponer la confirmación de la misma.
XI. Por todo lo expuesto corresponde confirmar el acto en todas sus partes, con costas.
La Dra. Gómez dijo:
I. Sobre el pedido de suspensión del proceso que plantó la recurrente, ello con sustento en que se encontraba en marcha otro proceso judicial iniciado con anterioridad ante el Juzgado Federal N° 1 de Corrientes, bajo la carátula “Intra Monserrat, Ximena C/ AFIP S/Acción Mere Declarativa de Inconstitucionalidad” (Expte. N° 1388/2021), en el que -según la apelante- se debaten las mismas cuestiones que en este proceso, yerra la actora cuando funda su solicitud invocando que una misma pretensión, cuando ha sido la propia demandante quien ha optado por presentar el recurso de apelación ante este Tribunal, sometiendo la cuestión a la jurisdicción de este organismo, el que atento la especialidad en materia tributaria y la competencia asignada por la ley de procedimiento tributario se encuentra plenamente facultado para resolver si se ajusta o no a derecho la resolución determinativa de oficio dictada por el Fisco Nacional y la liquidación de gravamen y accesorios allí efectuada; por lo tanto la materia traída a debate puede ser resuelta por este Tribunal sin necesidad de suspender el proceso (conf. criterio expuesto por la suscripta al resolver, entre otras, “Gramajo, Edgardo s/recurso de apelación”, Sala C, sentencia de fecha 9/2/2017, que intervine como Vocal Subrogante de la 8va. nominación).
Además, la acción meramente declarativa tiene carácter subsidiario, pues está subordinada a otro medio legal e idóneo que evite un perjuicio (CNCiv Sala C “Almagro Construcciones S.A. c/ Howosad Silvia E” - La Ley 1996-A, 800), pero aún en casos en que se admite la procedencia de esta acción en relación al cobro de impuestos la sustanciación del juicio no debe impedir la percepción de éstos, pues el procedimiento declarativo no excluye necesariamente el cobro compulsivo que la demandada puede intentar por las vías procesales pertinentes (CSJN 10/10/1996 “Empresa Distribuidora Sur S.A. –Edesur S.A. c/Pcia. de Buenos Aires”), como así tampoco impide, durante su sustanciación, la recaudación de impuesto (CSJN 19/3/1987 "Newland, Leonardo L. A. c/Santiago del Estero, Provincia de s/eximición de inversiones y recargos"), y mucho menos en consecuencia, el trámite de la presente causa.
No obstante lo expuesto, en el caso de autos se advierte que en la causa donde tramita la acción declarativa ha recaído sentencia de primera y segunda instancia y tal como lo informa la recurrente contra ese último decisorio interpuso recurso extraordinario, por lo que solo cabe concluir que la cuestión planteada se ha tornado inoficiosa.
II. En cuanto a la cuestión de fondo adhiero al voto del Vocal Instructor en tanto confirma el aporte determinado en el acto apelado, con más intereses resarcitorios y aplica multa, no obstante consiero pertinente hacer algunas precisiones adicionales.
Que concretamente la actora sostiene que el aporte resulta lesivo del principio confiscatoriedad. Al respecto, cabe recordar que “el deber de tributar se encuentra fundado en sólidas bases de naturaleza ética y en principios sociales, jurídicos y políticos, en virtud de los cuales no parece discutible que quienes se encuentran en relación con ciertas manifestaciones de capacidad contributiva elegidas por el legislador, deban respetar el pago de determinados gravámenes; pero a ese deber de tributar le corresponde un correlativo derecho del Fisco a recaudar, derecho que encuentra su límite en la definitiva configuración del hecho imponible, esto es, en la efectiva exteriorización de la capacidad contributiva” (Fallos: 306:1970; 344:1887).
En tal sentido “toda persona tiene el deber de pagar los impuestos establecidos por ley para el sostenimiento de los servicios públicos” (art. XXXVI de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre) y con mayor justificación en este caso dado la particular situación que se dió con la pandemia que se tradujo en la declaración del estado de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. En efecto, la CSJN ha dicho que “ diversas circunstancias del país -la medida naturaleza de cuyas necesidades es, en términos generales, una de las medidas del deber de contribuir que tienen quienes están obligados a pagar en él impuestos-, y aún dentro de las mismas circunstancias la diversa relación de determinadas especies de impuestos con el bienestar general que se ha de promover mediante tales instrumentos de gobierno para alcanzar los propósitos fundamentales enunciados en el Preámbulo de la Constitución Nacional, diversa relación que tanto puede obedecer a la clase de riqueza o actividad lucrativa gravada, cuanto a la vinculación directa o indirecta del contribuyente con el país donde la riqueza tiene su asiento o la ganancia es obtenida, pueden justificar que la determinación del límite varíe, en más o en menos” (Fallo Banco Hipotecario Franco Argentino contra Córdoba la Provincia, sobre inconstitucionalidad del impuesto de contribución territorial”, del 21 de mayo de 1948).
En el caso concreto, no puede soslayarse que la ley 27.605 establece que para el cálculo del aporte debe tenerse en cuenta el valor de los activos al 18 de diciembre de 2020 (fecha de entrada en vigencia de dicha ley). Que de la lectura de las normas aplicables al caso no se evidencia que se haga mención a la renta generada por los bienes que posea en el país o en el exterior, puesto que se trata de un aporte extraordinario y por única vez atento la emergencia decretada para afrontar las situaciones derivadas de la pandemia, que grava el patrimonio como exteriorización de riqueza y no la renta.
En tal sentido, para analizar la confiscatoriedad alegada considero que debe contemplarse la incidencia del aporte sobre el patrimonio, teniendo en cuenta las características propias del aporte solidario, más allá que las obligaciones tributarias se paguen con lo producido de la renta, pues bastaría que un contribuyente decidiera mantener incólume sus activos sin ponerlos a producir o generar rentas para que se escude en que por tal motivo no es pasible de abonar lo adeudado a ARCA, máxime teniendo en cuenta que no surge de autos que la recurrente tenga una imposibilidad material real de hacer frente al pago del aporte intimado. Es por ello que, a los fines del cálculo del aporte solidario debe tenerse en cuenta el valor efectivo de los bienes y considerar su potencialidad productiva a partir de los flujos de rentas o ingresos que producirían dichos bienes (CSJN, Fallo 322:3255). En el caso, del análisis efectuado no se vislumbra que las pruebas recabadas en autos resulte hábil para demostrar de forma precisa e inequívoca, la ausencia de una capacidad contributiva para afrontar el pago de sus obligaciones fiscales, ni el supuesto de confiscatoriedad, por lo que solo cabe confirmar la determinación del aporte tal como surge del acto apelado.
III. Por todo ello, voto por confirmar el acto en todas sus partes, con costas.
La Dra. O´Donnell dijo:
Que adhiere al voto precedente.
En virtud del acuerdo que antecede, SE
1. Confirmar en acto apelado en todas sus partes, con costas.
2. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos, fijándolos por el patrocinio letrado la suma de $ 2.074.087 (Pesos dos millones setenta y cuatro mil ochenta y siete) equivalente a 24,41 (veinticuatro con 41/100) UMA y para la representación procesal, la suma de $ 829.635 (Pesos ochocientos veintinueve mil seiscientos treinta y cinco) equivalente a 9,76 (nueva con 76/100) UMA – Unidad de Medida Arancelaria –, los que quedan a cargo del recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la etapa procesal y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los artículos 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 29 y 51 de la Ley N° 27.423 y la Acordada N° 39/25 (15/12/2025) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto 1077/2017.
Regístrese, notifíquese y archívese.-
Date: 2025.12.23 11:38:09 -03:00 Date: 2025.12.23 11:42:38 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.12.23 12:42:26 -03:00 Daniel Alejandro Martín Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.12.23 12:42:27 -03:00
Fin de la sentencia