Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 28361-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso interpuesto por Inversora Juramento S.A. y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravios; con costas de Alzada a la vencida (confr. artículo 68, primer párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Teniendo presente la naturaleza, resultado y monto del litigio, la calidad y eficacia de la tarea profesional y las etapas cumplidas, SE CONFIRMAN los honorarios de la dirección letrada y representación legal del Fisco Nacional, fijados a fs. 361 respecto de las dos primeras etapas, en tanto sólo fueron apelados por altos (confr. arts. 6, 7, 9, 37 y 38 del arancel de abogados y procuradores). A su vez, y teniendo en consideración las mencionadas pautas, SE FIJAN los honorarios de la dirección letrada y representación legal del Fisco Nacional, respecto de la última etapa, en 39,56 UMA, que equivalen –a la fecha– a la suma de cuatrocientos once mil cuatrocientos veinticuatro pesos –$411.424–, en conjunto, que se distribuirá según la no impugnada proporción establecida en la resolución apelada, en tanto solo fueron apelados por altos (confr. arts. 16, 20, 21 y 29 de la Ley 27.423).
En similar sentido, sobre pautas análogas a las enunciadas y considerando, además, el resultado del recurso, SE ESTABLECEN los emolumentos de la dirección letrada y representación del Fisco Nacional por las tareas cumplidas en la alzada (confr. fs. 383/391vta.), en 24,93 UMA que equivalen –a la fecha– a la suma de doscientos …
CAUSA N° 22863/2022 “INVERSORA JURAMENTO SA (TF
28361-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2022. NAI Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. La Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación mediante sentencia del 11/11/2019 –obrante a fs. 355/358vta.– confirmó la Resolución Nº 249/06, del 29/9/2006, suscripta por la Jefa de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Salta de la AFIP-DGI, mediante la cual se determinó de oficio el impuesto a las ganancias del período fiscal 2001. Asimismo, impuso las costas a la parte actora vencida y reguló los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional y de la perito contadora. Para decidir de ese modo, en primer lugar señaló que debía analizarse el planteo de nulidad efectuado por la parte actora, el cual se fundaba en que el juez administrativo había omitido ponderar la prueba documental y los resultados de la prueba pericial contable rendida en la instancia del procedimiento de fiscalización y de determinación de oficio previamente sustanciado y, en el hecho de que el mencionado había resuelto sin aguardar la respuesta al oficio dirigido a Valmax.
En este sentido, puso de resalto que el planteo de nulidad no podía prosperar debido a que las pruebas aportadas se encontraban debidamente merituadas en los considerandos de la resolución recurrida.
Seguidamente, a fin de determinar si la Resolución N° 249/06 resultaba ajustada a derecho, determinó que debido a que se trataba de operaciones de alcance internacional, a fin de realizar el correspondiente análisis se iba a aplicar el principio de la prueba indudable adoptado por la Cámara en los autos “Molina Hugo”, sentencia del 27/9/2016.
Así, destacó que en el caso bajo análisis se objetaba el pasivo declarado por Valdax, empresa constituida en Holanda, por falta de respaldo documental fehaciente, no tanto del ingreso efectivo de los fondos al país, sino en particular de que habían ingresado al país con dicho carácter, por lo cual también se objeta la deducción de los intereses pagados por Inversora Juramento S.A., operaciones ambas desarrolladas en el mismo período fiscal 2001.
Luego de efectuar una reseña de los considerandos de la Resolución N° 249/06, concluyó que lo que no se encontraba acreditado era el origen de los fondos, es decir, que los mismos habían sido remesados de Valdax en concepto de préstamo financiero y no por otra causa o concepto.
En este entendimiento, expresó que desde la fecha de inicio de las causa bajo análisis, la parte actora no había aportado ningún instrumento ni público ni privado con fecha cierta que hubiera acreditado la existencia real de Valdax, así como su capacidad real para hacer los préstamos que en el año 2000 y dada su difícil situación económica le ofreciera y ella aceptara.
En concordancia, consideró que Inversora Juramento S.A. no había demostrado la existencia material del pasivo impugnado por el Fisco Nacional y la deducción de los intereses derivados del mismo, en tanto las pruebas aportadas y rendidas no habían sido útiles con dicho propósito, en especial dada la falta de identificación de las personas intervinientes en la instrumentación de las operaciones y, la circunstancia de que la documentación aportada había sido legalizada con posterioridad al inicio del procedimiento de fiscalización, lo cual le restaba validez y fuerza probatoria.
II. Contra aquel pronunciamiento, el 30/12/2019 (confr. fs. 362), la parte actora interpuso recurso de apelación contra la regulación de honorarios por considerarla elevada.
III. Asimismo, el 6/2/2020 –confr. fs. 636– Inversora Juramento S.A. interpuso recurso de apelación y expresó agravios el CAUSA N° 22863/2022 “INVERSORA JURAMENTO SA (TF 28361-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
3/3/2020 (confr. fs. 364/367), los cuales fueron contestados por el Fisco Nacional el 6/10/2021 (confr. fs. 383/391vta.).
Sostiene que en la sentencia apelada se efectúo una errónea valoración jurídica de la cuestión. Ello así considera que en la causa bajo análisis no existían los presupuestos necesarios para la procedencia del método presuntivo seguido por el Fisco Nacional para determinar los ajustes impositivos correspondientes.
Así las cosas, manifiesta que la sentencia es arbitraria.
En concordancia, refiere que el Tribunal Fiscal de la Nación prescindió de las pruebas producidas, especialmente la obrante a fs, 256/264, mediante la cual se había acreditado la veracidad y/o materialidad de las operaciones de crédito celebradas entre Inversora Juramento S.A. y Valdax.
Seguidamente, puntualiza que mediante la documentación reseñada y acompañada en sede del Tribunal Fiscal de la Nación se justifica el ingreso a la compañía del capital proveniente del exterior así como también la individualización del aportante. En este orden de ideas, expresa que el mencionado tribunal omitió ponderar las siguientes cuestiones: (i) que las operaciones cuentan con fecha cierta y, que la circunstancia de que Inversora Juramento S.A. estuviera atravesando una difícil situación económico-financiera avalaba la necesidad de recurrir a la asistencia crediticia; (ii) que en oportunidad de cada uno de los pagos del préstamos fueron cumplimentadas las retenciones de impuesto a las ganancias-beneficiarios del exterior, a través del banco Macro Bansud S.A.; (iii) las conclusiones vertidas por el perito contador en el ámbito de la AFIP.
Finalmente, aduce que no existe razón que justifique la metodología empleada por la AFIP-DGI para fundamentar las diferencias del impuesto reclamadas.
IV. De manera preliminar, es necesario advertir que esta Sala no se encuentra obligada a seguir al apelante en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que propone a consideración de la Alzada, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (confr. CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; esta Sala, in rebus: “ACIJ c/ EN- ley 24240- Mº Planificación s/ proceso de conocimiento”, del 29/5/2008; “Multicanal S.A. y otro c/ EN- SCI DLC (Actas 2600/09 y otras) s/ amparo ley 16.986", del 21/5/2009; “Ciudadanos Libres Calidad Institucional Asoc Civil c/ EN- Dto 67/10 s/ medida cautelar (autónoma)”, del 21/10/2010; “CPACF- Inc Med (2-III-11) c/ BCRA- Comunicación “A” 5147 y otro s/ proceso de conocimiento”, del 18/4/2011; “Nardelli Moreira Aldo Alberto c/ EN- DNM Disp 1207/11 –Legajo 13975- (S02:9068/11) s/ medida cautelar (autónoma)”, del 25/8/2011, “Rodríguez Rubén Omar c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/8/2014, “Laham, Alberto Elías c/DGI s/Recurso directo de organismo externo”, del 7/5/2015; “Araujo Medina Alexander Javier c/ EN –M Interior OP y V-DNM s/ recurso directo DNM”, del 27/4/2018, entre otros).
V. Sentado lo expuesto, corresponde recordar que el recurso previsto en el artículo 86 inc. b) de la Ley Nº 11.683 otorga carácter limitado a la revisión de esta Cámara, y que, por principio, queda excluido de ella el juicio del Tribunal Fiscal respecto de los extremos de hecho (confr. Fallos: 300:985, considerando 5; 326:2987, considerando 9; 328:3048, considerando 11; 332:357, considerando 8; 334:249, considerando 7; 336:1668, considerando 8; 338:169, considerando 6; 340:1513, disidencia del Highton de Nolasco y Rosenkrantz, considerando 15; “Tecpetrol SA (TF 27621-
1. c/ DGI”, causa CAF 32366/2012/CS1 RO, del 12/9/2017, considerando 11; “Eurnekian, Eduardo (TF 18906-1) c/ DGI”, causa CAUSA N° 22863/2022 “INVERSORA JURAMENTO SA (TF 28361-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
CAF 40457/2012/CS1 RO, del 23/11/2017, considerando 9; “ADM Argentina S.A. c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, causa CAF 29982/2017/1/RH1, del 28/10/2021, apartado III del dictamen fiscal al cual la Corte remite). En esta línea, teniendo en vista el contenido de los agravios reseñados, cabe advertir que el análisis de las cuestiones planteadas por el apelante exige la revisión de cuestiones de hecho y prueba ajenos, por regla general, a la jurisdicción de esta Cámara, en razón de lo previsto en el artículo recientemente citado.
En el supuesto previsto en la norma en comentario, los agravios en esta especie de recurso deben formularse teniendo en cuenta que lo que corresponde conocer y decidir a este Tribunal, en principio y como regla general, es: a) si existió violación manifiesta de las formas legales en el procedimiento ante el Tribunal Fiscal, y b) acerca del fondo del asunto, tener por válidas las conclusiones de dicho tribunal sobre los hechos probados. Es decir, los agravios del apelante deben estar centrados, como regla general, en cuestiones de derecho (confr. esta Sala, in rebus: “CLK SA (TF 36588-I) c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso Directo De Organismo Externo”, Causa N° 12.113/2021, del 9/8/2022; “Golden Penaut Argentina SA c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 72.680/2018, del 9/5/2019; “Arusa, Vicente Eduardo (TF 23735-I) c. DGI s/Apelación”, Causa Nº 23.090/2012, del 12/11/2013).
En tal orden de exposición, esta Cámara ha tenido ocasión de enfatizar el carácter limitado del citado recurso, razón por la cual cabe, en principio, estar a las conclusiones del Tribunal Fiscal sobre los hechos probados (confr., Sala I, in re: “Merlino Automotores S.A.”, del 12/03/2009; Sala II, in re: “Frigorífico Marejada S.A.”, del 29/12/2009; Sala IV, in re: “Agropecuaria Laishi S.A.”, del 15/04/2010; esta Sala, “CLK SA (TF 36588-I)”, ya citada; “Del Buono, Jorge Luis” del 15/03/2007; entre muchos otros). Ahora bien, sin perjuicio de ello, tal principio cede no sólo cuando se haya omitido sustanciar o incorporar al proceso determinados hechos o material probatorio conducente para resolver la cuestión en debate, sino ante supuestos de arbitrariedad en la apreciación de aquéllos. Por ello, se ha dicho que el recurso impetrado no da acceso a una instancia ordinaria que haga posible un nuevo pronunciamiento sobre la prueba y sobre la conclusión a la que dicho órgano jurisdiccional hubiera arribado al ponderarla, salvo supuestos de error manifiesto (confr. Sala V, in re: “Sullair Argentina S.A. (TF 24732-I) c/ DGI”, Causa Nº 35.379/10, del 21/3/2011).
Si el apelante pretende la revisión de cuestiones de hecho y prueba de la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación, constituye un requisito de procedencia que el recurrente demuestre, preliminarmente, que la valoración efectuada por el mismo fue arbitraria (confr. esta Sala, in re: “Golden Penaut Argentina SA”, ya citado).
En este sentido, lo que se encuentra sometido a conocimiento de esta Sala consiste, primeramente, en verificar si se evidencian deficiencias manifiestas en la valoración efectuadas por dicho tribunal. Puesto que, cuando lo decidido por el Tribunal Fiscal de la Nación se apoya en la ponderada valoración del conjunto de elementos probatorios incorporados en el proceso sólo cabe confirmar la decisión recurrida (confr. esta Sala, in rebus: “Kimberly Clark SA (TF 36115-I) c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 17.550/2021, del 13/4/2022;
“Establecimiento Agropecuario Las Tres Marías SA (TF 40.985-I) c/ DGI”, Causa Nº 72.673/2018, del 7/5/2019; “Nobleza Piccardo SAICYF (TF 33113-I) c/ DGI”, Causa Nº 83.620/2016, del 16/10/2018; “Frigorífico Pilcomayo SRL (TF 24.222-I) c/ DGI”, CAUSA N° 22863/2022 “INVERSORA JURAMENTO SA (TF 28361-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Causa Nº 18.124/2016, del 14/9/2017; “Lanusse, Josefina Milagros (TF 34.584-I) c/ DGI”, Causa Nº 4.502/2014, del 29/9/2014; “La Luguenze SRL (TF 31.645-I) c/ DGI”, Causa Nº 27.409/2012, del 31/10/2012; entre otros).
VI. En este entendimiento, y en lo que aquí interesa, cabe precisar que el Tribunal Fiscal en su pronunciamiento confirmó la Resolución Nº 249/06, del 29/9/2006, suscripta por la Jefa de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Salta de la AFIP-DGI, mediante la cual se determinó de oficio el impuesto a las ganancias del período fiscal 2001.
Para decidir de ese modo, tuvo en cuenta las siguientes constancias probatorias:
(i) Que la prueba pericial contable se refiere a la aplicación de los fondos remesados del exterior, pero que no se extrae de ello en forma automática que las remesas tuvieran origen en préstamos ni tampoco prueba algo respecto de su devolución, lo cual es propio de cualquier préstamo.
(ii) Que la prueba informativa a Valdax, vía el Ministerio de Relaciones Exteriores, no pudo ser producida por diversos inconvenientes, algunos imputables a Inversora Juramento S.A. la cual no aportó los exhortos con las formalidades exigidas para su diligenciamiento.
(iii) Que a fs. 160/168 obra acreditado por la AFIP las gestiones que a través de Ministerio de Economía y Producción hiciera desde el 3/10/2003, ante las autoridades fiscales de Holanda en el marco del Convenio para evitar la Doble Imposición aprobado por Ley N° 24.933 a fin de obtener respecto de Valdax información esencial para determinar su real y verdadera existencia y, a partir de ello si pudo realizar las operaciones comerciales declaradas en nuestro país por varios contribuyentes, entre ellos Inversora Juramento S.A., lo cual por nota del 8/2/2008 la Dirección Nacional de Impuesto le informó a la AFIP la imposibilidad de obtener resultados por dicho procedimiento por la vía de la competencia asignada en el referido Convenio.
(iv) Que la falta de obtención de información bajo dicho procedimiento –aun cuando no era imputable a la aquí accionante– no podía ser suplida con la documentación que aportó la parte actora, obrante a fs. 256/264. A tal fin, señala que dicha prueba consiste en una nota suscripta por alguien sin nombre ni apellido que se identifica como The dutch Inspector, que es acompañada por otra nota suscripta por Peter Booster en representación de Valdax –sin indicarse qué cargo ocupaba en dicha firma ni tampoco su representación– la cual pretende ser un resumen de los efectos relacionados con el intercambio de información por parte de las autoridades fiscales de los Países Bajos a las autoridades fiscales de Argentina con respecto a la empresa Valdax.
(v) Que, la nota mencionada no solo tiene deficiencias de formas sino que tampoco prueba la existencia de los préstamos recibidos que la recurrente pretende darle en su escrito de fs. 264, ello así en tanto mediante la nota en cuestión se informa que el principal accionista de Valdax estaba constituido en una jurisdicción de baja o nula tributación –Hacofin– y, que en el 2001 los préstamos a Inversora Juramento S.A. devinieron en aportes de capital, circunstancia que deja sin sustento técnico y jurídico a la deducción de intereses por préstamos que llevara a cabo en el período fiscal 2001.
VII. En este contexto, y de conformidad con lo reseñado en el considerando I, cabe puntualizar que el Tribunal Fiscal expresó que la parte actora no había demostrado la existencia material del pasivo impugnado por el Fisco Nacional y la deducción de los intereses derivados del mismo, en tanto las pruebas aportadas y rendidas no habían sido útiles con dicho propósito, en especial dada la CAUSA N° 22863/2022 “INVERSORA JURAMENTO SA (TF 28361-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
falta de identificación de las personas intervinientes en la instrumentación de las operaciones y, la circunstancia de que la documentación aportada había sido legalizada con posterioridad al inicio del procedimiento de fiscalización, lo cual le restaba validez y fuerza probatoria.
Así las cosas, se advierte que el recurrente no ha presentado razones de peso que permitan modificar lo decidido, máxime cuando se pretende revertir el juicio del Tribunal Fiscal acerca de los hechos y de la prueba, aspecto que solo resulta revisable para la Alzada en supuestos de deficiencias manifiestas o errores en la apreciación de aquellos extremos –como se ha expuesto en el considerando V–, los cuales no se advierten en el caso bajo examen. En efecto lo decidido por el Tribunal Fiscal se apoya en la ponderada valoración del conjunto de elementos probatorios incorporados en el proceso, que le permitieron concluir que era válida la determinación de oficio al impuesto a las ganancias del período fiscal 2001 de la parte actora.
Por lo tanto, corresponde desestimar los agravios esgrimidos por la recurrente.
VIII. Atento al resultado del recurso, y teniendo en cuenta que no existen razones que ameriten apartarse del principio general de la derrota, corresponde imponer las costas de Alzada a la parte actora vencida en autos (confr. artículo 68, primer párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Por las razones expuestas, SE RESUELVE: rechazar el recurso interpuesto por Inversora Juramento S.A. y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravios; con costas de Alzada a la vencida (confr. artículo 68, primer párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Teniendo presente la naturaleza, resultado y monto del litigio, la calidad y eficacia de la tarea profesional y las etapas cumplidas, SE CONFIRMAN los honorarios de la dirección letrada y representación legal del Fisco Nacional, fijados a fs. 361 respecto de las dos primeras etapas, en tanto sólo fueron apelados por altos (confr. arts. 6, 7, 9, 37 y 38 del arancel de abogados y procuradores). A su vez, y teniendo en consideración las mencionadas pautas, SE FIJAN los honorarios de la dirección letrada y representación legal del Fisco Nacional, respecto de la última etapa, en 39,56 UMA, que equivalen –a la fecha– a la suma de cuatrocientos once mil cuatrocientos veinticuatro pesos –$411.424–, en conjunto, que se distribuirá según la no impugnada proporción establecida en la resolución apelada, en tanto solo fueron apelados por altos (confr. arts. 16, 20, 21 y 29 de la Ley 27.423).
En similar sentido, sobre pautas análogas a las enunciadas y considerando, además, el resultado del recurso, SE ESTABLECEN los emolumentos de la dirección letrada y representación del Fisco Nacional por las tareas cumplidas en la alzada (confr. fs. 383/391vta.), en 24,93 UMA que equivalen –a la fecha– a la suma de doscientos cincuenta y nueve mil doscientos setenta y dos pesos –$259.272–, en conjunto, que se distribuirá según la no impugnada proporción establecida en la resolución apelada (arts. 16, 19, 20 y 30 de la Ley Nº 27.423).
Finalmente, teniendo en cuenta la calidad y eficacia de la tarea profesional desarrollada por la perito contadora Liliana Clotilde Dopico, SE CONFIRMA el monto fijado en el punto 3 de la parte resolutiva de la sentencia del Tribunal Fiscal, desde que sólo ha sido apelado por alto (confr. art. 3º del Decreto-ley Nº 16.638/57; arts. 21 y 61 de la Ley Nº 27.423).
Hágase saber que, en caso de que los profesionales beneficiarios acrediten –en la instancia anterior– su condición de CAUSA N° 22863/2022 “INVERSORA JURAMENTO SA (TF 28361-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
responsable inscripto frente al Impuesto al Valor Agregado, se deberá adicionar a los emolumentos aquí fijados la alícuota correspondiente a dicho tributo, que también se encuentra a cargo del condenado en costas de conformidad con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN, Fallos: 316:1533; 322:523; 329:1834, entre otros).
A los fines del art 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se deja constancia que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ CARLOS MANUEL GRECCO
Fin de la sentencia