Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 57029364-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada, con costas. En orden a la apelación interpuesta por la representación fiscal el 23/8/23 contra la regulación de los honorarios resuelta en el punto resolutivo N° 2 de la sentencia del 14/8/23 –por considerarlos altos–, teniendo en cuenta la naturaleza, resultado y monto del asunto debatido, asimismo el mérito, la calidad y eficacia de la gestión profesional y las etapas cumplidas, se FIJAN los honorarios del patrocinante de la parte actora, abogado Juan Pablo Menna, en 4843 UMA, que equivalen –a la fecha– a la suma de pesos doscientos cincuenta y cuatro millones trescientos cinco mil novecientos treinta – $ 254.305.930– (ley 27.423, arts. 16, 19, 21, 29 y 44 y Resol. SGA 1497/24).
Asimismo, con fundamento en pautas análogas a las enunciadas y considerando, además, el resultado del recurso, se FIJAN los honorarios del patrocinante de la parte actora, abogado Juan Pablo Menna, por su actuación en Alzada en 1453 UMA, que equivalen –a la fecha– a la suma de pesos setenta y seis millones doscientos noventa y siete mil treinta –$ 76.297.030– (ley 27.423, art. 30 y concs. y Res. SGA 1497/24).
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I. c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de junio de 2024.- PDP Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Por sentencia del 14/8/23 el Tribunal Fiscal de la Nación –en lo sucesivo, “TFN”– revocó la resolución apelada, con costas.
Para así decidir, en lo que al fondo del asunto concierne, expuso que el debate giró en torno al impuesto a las ganancias –“IG”–, períodos fiscales 2013 a 2016, determinados en cabeza de Invista Argentina SRL –en adelante, “Invista”–, a través de la resolución N° 131/20 (DV SRR1), del 9/6/20. Señaló que en la misma también se intimó al ingreso de los intereses resarcitorios y se aplicaron sendas multas en los términos del artículo 45 de la ley 11.683 (t.o.). Describió los argumentos esgrimidos por las partes contendientes en sus respectivas presentaciones y destacó que en la causa se produjo prueba.
En el Considerando IV de su pronunciamiento, el tribunal de grado desestimó el planteo de nulidad articulado por la actora.
Seguidamente, en lo que a la cuestión de fondo concierne, sostuvo que la actora tenía como actividad principal la “Fabricación de productos textiles N.C.P” y que el origen del cargo había radicado en la repetición del impuesto a la ganancia mínima presunta, periodos fiscales 2011 a 2016, que la firma pretendía. En dicho marco –prosiguió–, se llevaron a cabo las tareas fiscalizadoras del caso, observando la inspección actuante los movimientos contables realizados por la firma, con implicancias en el IG.
Efectuó una descripción general de las operaciones detectadas en la auditoria durante los períodos fiscales 2013 a 2016, destacando que del estado de evolución del patrimonio neto, notas del balance y actas de reuniones de socios, surgía que la sociedad había obtenido sumas equivalentes a los resultados negativos acumulados, sin existir simétricamente algún tipo de contraprestación. Ello – siguiendo con la compulsa de las actuaciones administrativas– impactaría en el IG, acrecentando las ganancias netas sujetas al gravamen.
Explicó que, de acuerdo con la postura del fisco, las sumas en trato reportarían enriquecimientos a título gratuito, al igual que los pasivos capitalizados, que consistirían en una remisión de deuda sin contraprestación, representando también un enriquecimiento patrimonial gratuito para la contribuyente.
Puntualizó que el fisco no cuestionó la materialidad de los aportes irrevocables.
Transcribió y efectuó consideraciones en torno del artículo 2° de la ley del gravamen; artículo 68 del decreto 1344/98 y artículos 94 inciso 5° y 205 de la ley 19.550. Hizo lo propio respecto de las RG 25/04 y 7/05 de la Inspección General de Justicia. Explicó que el ingreso de fondos en concepto de aportes a una sociedad comercial, su capitalización y el aumento del capital social, requiere el cumplimiento de determinadas exigencias por parte del ente receptor, que exceden a la simple voluntad del aportante. Deteniéndose en el dictamen pericial contable presentado en autos, destacó que los peritos contadores designados acreditaron la situación de pérdidas durante los periodos fiscales involucrados en la causa, ponderando la decisión adoptada, en el sentido de “recomponer el equilibrio entre el capital y el patrimonio”. En tal aspecto, puso de resalto la capitalización de los aportes irrevocables, el aumento del capital social y luego su reducción, conforme con los términos del artículo 205 de la ley de sociedades.
En lo tocante al período fiscal 2015, expresó que de la pericia y de la documentación aportada surgió que se capitalizaron pasivos de Invista Holdings I, LLC y de Invista Argentina Holdings II, CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAF 48062/2023/CA1; INVISTA ARGENTINA SRL (TF 57029364-
I. c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO LLC, dejando sentado expresamente que Arteva Global Holdings BV y Arteva Latin America BV no suscribieron nuevas cuotas de capital. Por su parte, en lo referido al período 2016, afirmó que mientras el fisco nacional aludió a la capitalización de deudas, en la pericia se expuso que se había tratado de una capitalización de la cuenta “Contribuciones no capitalizadas” y del aporte de Invista Holdings I, LLC e Invista Argentina Holdings II LLC.
Señaló que no se acreditó la existencia de reintegros de capital, tal como el organismo invocó durante todo el procedimiento cursado; por el contrario, destacó que los peritos coincidieron en que el mecanismo utilizado fue el aumento de capital (art. 96, ley 19.550), no advirtiendo inconsistencia alguna.
Destacó que de la documentación acompañada surgió que la recurrente cumplió con los requisitos formales de las operaciones en trato, lo cual no fue cuestionado por el organismo recaudador.
Recalcó que del informe pericial se desprendió que la firma actora cumplió con todos los requisitos establecidos en la ley 19.550, en lo que concierne a los ingresos de fondos y al aumento de capital.
Con relación al tratamiento contable dispensado a los aportes, aseveró que implicó una reclasificación contable dentro del patrimonio neto, sin alterar su composición y sin generar ninguna obligación tributaria en cabeza de la sociedad. Además, puso de relieve que el fisco no cuestionó su naturaleza.
Por último, en cuanto a los pasivos capitalizados el 9/4/15, atendiendo a la realidad económica del caso en particular, sostuvo que no podría sostenerse que existió una condonación sin contraprestación, pues la capitalización supuso la incorporación de los acreedores como nuevos socios de la sociedad, obteniendo los derechos sociales correspondientes.
II. Contra dicha sentencia se alza la parte demandada, interponiendo su recurso de apelación el 26/9/24 –concedido el 27/9/23 – y fundándolo el 19/10/23. La actora contestó el memorial el 9/11/23.
En su memorial, el fisco nacional cuestiona la sentencia apelada, aseverando que hubo una equivocada conceptualización de los ingresos monetarios a las arcas de la compañía actora, a partir de un erróneo análisis de los hechos.
Destaca que, a partir de las tareas desarrolladas como consecuencia de la repetición del impuesto a la ganancia mínima presunta oportunamente planteada por la actora, la fiscalización advirtió que año tras año la sociedad recibió sumas de dinero equivalentes a los resultados negativos acumulados, sin haberse entregado, en forma simétrica, ningún tipo de contraprestación; ello – explica– impactaría en el IG, sobre la base de la conceptualización de tales sumas como enriquecimiento a título gratuito.
Declara que dicha recepción de fondos, proveniente de socios o de terceros, sin contraprestación, no puede equipararse a un aumento del capital social, independientemente de cuál hubiere sido su destino: incremento de capital social o capitalización de pasivos. Explica que en la determinación de oficio se consideró que la capitalización de los pasivos operada el 9/4/15, con los cuales se habrían absorbido resultados no asignados negativos, representaron una condonación de pasivos, es decir, una remisión de la deuda sin contraprestación, lo que implicó un enriquecimiento patrimonial gratuito para la firma contribuyente.
Expresa que la materia objeto de controversia consiste en la recepción de liberalidades por parte de la empresa y su correspondiente encuadramiento en las normas que rigen la teoría del balance en el IG.
Sostiene que las capitalizaciones, aumentos y reducciones del capital social, en actos simultáneos, constituyeron CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAF 48062/2023/CA1; INVISTA ARGENTINA SRL (TF 57029364-
I. c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO operaciones de reintegro de capital y un enriquecimiento en los términos del artículo 2° de la ley del IG.
Afirma que no se probó que las sumas hubieran tenido por destino el patrimonio neto de la firma, con lo cual las pretendidas y simultáneas capitalizaciones, aumentos y reducciones del capital social, por la vía de aportes o fulminación de pasivos, sin la entrega de ninguna contraprestación a cambio, desencadenó en un enriquecimiento a título gratuito.
Niega que se hubiere acreditado el destino de las sumas incorporadas, no surgiendo ello de la pericia contable, en atención a no haber formado parte de los puntos de pericia.
Asimismo, desconoce que de dicho medio de prueba surgiera que la sociedad cumplió con todos los requisitos establecidos en la ley 19.550 en materia de aumento de capital, debido a que solamente se informaron los requisitos contables que se debía cumplir. Explica que, a los fines de remediar la situación de disolución por perdida del capital social en que se hallaba inmersa la sociedad, sus socios pudieron optar entre reintegrarlo o aumentarlo, difiriendo ambas alternativas en la entrega o no de una contraprestación, consistente en acciones o cuotas partes, a cambio de los fondos recibidos.
Argumenta que de la esencia de toda la operatoria en controversia, se desprende que su efecto económico consistió en la traslación total de las pérdidas acumuladas en la sociedad hacia los terceros sujetos –socios y/o acreedores–, repercutiendo dicha traslación en un enriquecimiento a título gratuito en cabeza de Invista, gravado por el IG.
En otro orden, cuestiona la afirmación del a quo, en el sentido de que “… los expertos contables acreditan la situación de pérdidas durante los períodos determinados en autos; en virtud de este contexto y relevada la documentación correspondiente (Actas de Asambleas) se desprende la toma de decisiones a los fines de recomponer el equilibrio entre el capital y el patrimonio...´´”. Al respecto, acusa que esta afirmación es incorrecta, por cuanto los peritos se limitaron a exponer lo observado en las actas de asamblea y sólo el perito propuesto por la actora tuvo una apreciación en el sentido referido por el tribunal de grado.
Esgrime que la prueba documental –libros de la compañía– cuenta con deficiencias, lo cual impediría tener por probado los extremos pretendidos.
Hace saber que, en su oportunidad, impugnó las respuestas a los puntos de pericia 9° y 10, lo que desecha la afirmación sostenida por el a quo, en cuanto a que su parte no efectuó cuestionamientos a la misma.
Califica de arbitraria a la sentencia en crisis.
Cita jurisprudencia y doctrina, mantiene la reserva del caso federal y solicita que se revoque la sentencia apelada, con costas.
III. Previo a ingresar al tratamiento de los agravios descriptos, es importante recordar que esta Alzada no se encuentra obligada a seguir al recurrente en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que se proponen a su consideración, sino tan sólo aquéllas que resulten conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfr. CSJN, Fallos: 258:304, 262:222, 265:301, 272:225, 278:271, 291:390, 297:140; 301:970; esta Sala, “ACIJ c/ EN- ley 24240- Mº Planificación s/ proceso de conocimiento”, del 29/5/08; “MULTICANAL S.A. y otro c/ EN- SCI DLC (Actas 2600/09 y otras) s/ amparo ley 16.986", del 21/5/09; “Ciudadanos Libres Calidad Institucional Asoc Civil c/ EN- Dto 67/10 s/ medida cautelar (autónoma)”, del 21/10/10; “CPACF- INC MED (2-III-11) c/ BCRA- Comunicación “A” 5147 y otro s/ proceso de conocimiento”, del 18/4/11; “Nardelli Moreira Aldo Alberto c/ EN- DNM Disp 1207/11 –Legajo 13975- (S02:9068/11) s/ medida cautelar (autónoma)”, del 25/8/11, “Rodríguez Rubén Omar c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/8/14, “Laham, Alberto Elías c/DGI s/Recurso directo de organismo externo”, del CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAF 48062/2023/CA1; INVISTA ARGENTINA SRL (TF 57029364-
I. c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO 7/5/15; “Golden Penaut Argentina c/DGI s/Recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 72680/18, del 2/7/19; esta Sala —en su actual integración—, causa CAF 49.932/2015/CA2, “D´Alessandro, Jorge Héctor (TF 33405-I) c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 02/05/24).
IV. Asimismo, corresponde rememorar que el recurso previsto en el artículo 86 inciso b) de la ley 11.683 otorga carácter limitado a la revisión de esta Cámara, y que, por principio, queda excluido de ella el juicio del Tribunal Fiscal respecto de los extremos de hecho (cfr. CSJN, Fallos: 300:985).
Así pues, “…lo que se encuentra sometido a conocimiento de este tribunal consiste, primeramente, en verificar si se evidencian deficiencias manifiestas en la valoración efectuadas por dicho tribunal. Puesto que, cuando lo decidido por el Tribunal Fiscal de la Nación se apoya en la ponderada valoración del conjunto de elementos probatorios incorporados en el proceso (arg. CSJN, Fallos: 332:357), sólo cabe confirmar la decisión recurrida (CSJN, Fallos: 326:2987 y 334:249)” (cfr. esta Cámara, Sala III, “La Luguenze SRL (TF 31.645-I) c/ DGI”, Causa Nº 27409/12 del 31/10/12; “Lanusse, Josefina Milagros (TF 34.584-I) c/DGI”, Causa Nº 4502/14 del 29/9/14; “Frigorífico Pilcomayo SRL (TF 24.222-I) c/DGI”, Causa Nº 18124/16 del 14/9/17; “Nobleza Piccardo SAICYF (TF 33113-I) c/DGI”, Causa Nº 83620/16, del 16/10/18; “Establecimiento Agropecuario Las Tres Marías SA (TF 40.985-I) c/DGI”, Causa Nº 72673/18, del 7/5/19, entre otros; esta Sala –en su actual integración–, Causa CAF 47840/2023/CA1, “Sol Frut SA (TF 79199011-I) c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 09/5/24).
V. De la lectura de los antecedentes de esta causa, surge con claridad que contiene un preponderante componente fáctico, desde que, más allá de su contenido jurídico-tributario, su origen se centra en una serie de operaciones societarias que tuvo a Invista por sujeto y objeto.
Así pues, a más de la descripción efectuada por el TFN en el Considerando V de su sentencia, se obtiene de la lectura de la resolución N° 131/20 (DV SRR1) y del informe final de inspección – OI N° 1.645.349; cfr. antecedentes administrativos acompañados en formato digital “DEO”, Sistema “Lex 100”, que se tienen a la vista– que, en lo sustancial, las operaciones consistieron en lo siguiente: (i) En el ejercicio comercial 2013: realización de aportes irrevocables por parte de Arteva Global Holding BV y Arteva Latín América BV –ambas socias de Invista, con sede en el exterior–, con los cuales se aumentó el capital social de la sociedad y luego se lo redujo, absorbiendo resultados negativos no asignados.
(ii) En el ejercicio comercial 2014: se repitió la operación anterior, con los mismos sujetos.
(iii) En el ejercicio comercial 2015: el 9/4/15 la sociedad decidió capitalizar la deuda que mantenía con Invista Argentina Holdings I, LLC e Invista Argentina II, LLC –ambas empresas vinculadas, con sede en el exterior– y con su producido absorber pérdidas. Luego, el 26/6/15, se redujo las tenencias de los socios Arteva Global Holding BV y Arteva Latín América BV, y con ello se absorbieron pérdidas acumuladas.
(iv) En el ejercicio comercial 2016: la sociedad capitalizó la cuenta contribuciones no capitalizadas y recibió un aporte de capital de Invista Argentina Holdings I, LLC e Invista Argentina II, LLC, en proporción a sus respectivas tenencias, aumentando el capital social y luego reduciéndolo, a fin de absorber pérdidas acumuladas.
Es importante aclarar que, conforme lo adujo la actora, y no lo desconoció explícitamente la demandada, estas operaciones fueron llevadas a cabo en el marco de la “disolución por pérdida del capital social” (ley 19.550, art. 94 inc. 5°) en la que se encontraba la sociedad comercial.
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I. c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO La fiscalización compulsó este cúmulo de actos jurídicos y fijó una observación, que luego adoptaría el juez administrativo. El achaque fiscal radica en lo siguiente:
(a) Sin perjuicio del estado de disolución en que se encontraba la sociedad, año tras año recibió sumas equivalentes a los resultados negativos acumulados, sin entregar en forma simétrica ninguna contraprestación; ello impactaría en el IG, acrecentando las ganancias netas gravadas, en base a la obtención de enriquecimientos a título gratuito.
(b) La capitalización de los pasivos reportó una condonación, una remisión de deuda sin contraprestación, lo cual también la caracterizaría como un enriquecimiento a título gratuito. (c) Los distintos actos societarios y, en especial, su simultaneidad, dejó en claro una traslación del peso económico de los resultados negativos acumulados hacia terceros –socios o acreedores–, sin recibir éstos ninguna contraprestación. Ello, desde el plano sustancial, constituiría un enriquecimiento a título gratuito para la sociedad.
(d) La empresa recibió liberalidades vía aportes y fulminación de pasivos, constituyendo enriquecimientos a título gratuito, lo cual impactaría en la base imponible del IG (cfr. ley 20.628, art. 2° inc. 2°).
(e) Se debe atender al verdadero sustrato o esencia económica de las operaciones.
Como se dijo en el Considerando I, el tribunal de grado desestimó los argumentos esgrimidos por el fisco nacional, lo cual, apelada que fuera su sentencia, dio lugar a esta instancia de revisión.
VI. Previo a examinar el nudo del debate, es importante mencionar que en autos se acompañó abundante prueba instrumental – centralmente los libros contables de la compañía, las memorias e informes de auditores independientes– y pericial contable. En el dictamen pericial acompañado por los peritos contadores propuestos por las partes, el 24/9/21 –DEO, Lex 100–, entre la información que cabe destacar, se describió el soporte documental de las operaciones societarias –aportes, capitalizaciones, aumentos y reducciones del capital social, entre otras– realizadas durante los ejercicios comerciales 2013 a 2016, con descripción de las reuniones de los socios en asambleas ordinarias y extraordinarias – punto de pericia 4°–.
Asimismo, se dio cuenta de la situación económicofinanciera de la compañía, a la luz de lo normado en el artículo 94 inciso 5° de la ley 19.550, efectuando consideraciones individuales cada uno de los profesionales –punto de pericia 6°–.
Desde otro ángulo, en los puntos de pericia 8°, 9° y 10, los expertos dictaminaron en torno a las pérdidas sufridas por la empresa, singularmente a raíz de las diferencias de cambio negativas por deudas expresadas en moneda extranjera. Este asunto será tratado en el Considerando X de este pronunciamiento.
VII. Arribados a este nivel de exposición, estos juzgadores encuentran que el temperamento observado por el a quo, es correcto.
Se coincide con la aseveración según la cual, el tratamiento contable dispensado a los aportes, implicó una reclasificación contable dentro del patrimonio neto de la compañía, que no alteró su composición y no generó ninguna obligación tributaria.
En efecto, la absorción de pérdidas mediante la realización de aportes irrevocables generó un efecto matemático neutro, debido a que, desde la óptica contable, importó una reclasificación permutativa de cuentas dentro del patrimonio neto, que no afectó el resultado del ejercicio.
En esa misma tónica, el aumento de la cuenta capital con los fondos provenientes de aportes irrevocables, es precisamente el resultado natural que le da sentido estos últimos; es decir, los aportes CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAF 48062/2023/CA1; INVISTA ARGENTINA SRL (TF 57029364-
I. c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO irrevocables tienen por destino –aunque no es imperativo– el futuro aumento del capital social. Por lo demás, es una operación que se efectiviza dentro del patrimonio neto.
De su lado, la reducción del capital social reporta una decisión que el ente societario puede o debe adoptar –reducción voluntaria u obligatoria–, a fin de alcanzar la debida correspondencia entre la cuenta capital y el conjunto de bienes que conforman el patrimonio social (Nissen, Ricardo A., Ley de Sociedades Comerciales. Comentada, anotada y concordada, T. 2, Ed. Ábaco de Rodolfo Depalma, Bs. As., 1983). Así pues, ante una situación signada por pérdidas acumuladas, voluntaria o imperiosamente el ente puede o debe reducir la cuenta en cuestión –que forma parte del patrimonio neto–, sin perjuicio de otras alternativas a su alcance.
Ahora bien, en el caso de autos, determinados socios efectuaron aportes irrevocables, la sociedad los capitalizó, aumentado la cuenta capital y seguidamente la redujo, para alcanzar aquella correspondencia.
Lo que aquí tan sencillamente se describe, permite vislumbrar un complejo entramado de operaciones societarias que, siguiendo la explicación de la actora, tuvieron por norte evitar la disolución del ente, conforme con el régimen societario vigente. Por otro lado, se resolvió capitalizar un pasivo que tenía la sociedad, lo que llevó al organismo recaudador a sostener que se trataría de una remisión de deuda.
Particularmente –y tal como surge de autos–, en la reunión de socios –9/4/15– de Invista se aprobó capitalizar la deuda mantenida con Invista Argentina Holdings I, LLC e Invista Argentina II, LLC, y luego reducir el capital social para recomponer el patrimonio del ente. Por otro lado, el 26/6/15 se modificó el estatuto de la sociedad comercial, a raíz de la transferencia de la totalidad de las tenencias de Arteva Global Holding BV y Arteva Latin América BV a las otras dos sociedades descriptas.
Con relación a estas operaciones, también se coincide con el sentenciante de grado –que desestimó la tesis fiscal–, puesto que, en concreto, importó la conversión del capital ajeno en propio, en cabeza de un mismo sujeto. Esto no puede asimilarse a una condonación o remisión de deuda y/o un enriquecimiento gratuito, tal como lo tiene dicho esta Sala, en su anterior conformación, en la Causa CAF 29572/2022, “G4S Servicios de Seguridad SA c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, del 29/6/23 –y sus citas–, y en la Causa CAF 47840/2023, en su actual integración, in re “Sol Frut SA (TF 79199011-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, del 9/5/24.
VIII. A partir de lo descripto, se colige que una detenida lectura de los actos jurídicos realizados por la sociedad de responsabilidad limitada, sus socios y acreedores, es una exigencia insoslayable, puesto que permite avizorar el escenario en su debida perspectiva, y comprender su sentido y objetivos.
Es que, en atención a los achaques presentados por el fisco nacional, se advierte que ha examinado la operatoria exclusivamente desde una óptica fiscal, desatendiendo su sustrato comercial.
En otras palabras, y tal como esta Sala lo sostuvo en la ya mencionada causa “G4S Servicios de Seguridad SA”, si bien el derecho tributario cuenta con sus propias normas, conceptos y principios que lo informan, no menos cierto es que, al examinarse cada hecho o acto que se suscite en la realidad, habrá de considerarse las estructuras previstas y configuradas en otras disciplinas jurídicas – derecho comercial en este caso–, toda vez que, salvo excepciones, conforman un presupuesto necesario a la hora de examinar la posible existencia del hecho imponible del tributo de que se trate. Bajo esta premisa, se colige que los planteos esgrimidos por la demandada, centralmente en torno al impacto en la base imponible del IG en cabeza de la compañía, responden a un examen CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAF 48062/2023/CA1; INVISTA ARGENTINA SRL (TF 57029364-
I. c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO sesgado y desatendido de la realidad de los hechos, lo cual equivale a decir que carece de razonabilidad.
IX. Incluso, si se encauza el análisis desde la óptica del “principio de la realidad económica” (ley 11.683, art. 2°), sosteniéndose que los negocios jurídicos no respondieron a los que manifiestamente ofrece o autoriza el derecho privado (ley 19.550 y concs.), la solución no varía, dado que la interesada no expuso ni acreditó que no se ajustaron a las formas y/o estructuras jurídicas que prevé el derecho comercial.
En este sendero, la referencia a los repetidos y simultáneos aumentos y reducciones de la cuenta capital, per se, no resulta un argumento suficiente para postular que, en esencia, se materializó un hecho imponible del IG.
X. Finalmente, en orden a las pérdidas sufridas por la empresa a causa de las diferencias de cambio negativas, por deudas expresadas en dólares estadounidenses –ver Considerando VI, último párrafo–, nada corresponde aquí decir.
En efecto, se trató de un asunto introducido por Invista al tiempo de presentar su descargo el 15/8/19 –punto VIII–, en el marco del procedimiento de determinación de oficio, ocasión en la que había requerido, en subsidio –es decir, para el supuesto de que no se hiciera lugar a su defensa principal–, que se dictara una medida para mejor proveer a fin de que se realizara una nueva liquidación del IG, en la que se computara ciertas deducciones presuntamente no calculadas por la firma. Lo que nuevamente solicitó al apelar la resolución N° 131/20 (DV SRR1) ante el TFN, el 28/8/20 –punto VI.3–.
En orden a ello, siendo que el TFN hizo lugar al planteo principal articulado por la firma, no corresponde adentrarse al estudio de este agravio incorporado en subsidio.
XI. Expuesto todo lo que antecede, se concluye que los agravios presentados por la demandada no conmueven el criterio sentado por el tribunal de grado, lo que equivale a decir que la sentencia apelada debe ser confirmada en todas sus partes, con costas, atento no hallarse mérito para la dispensa (cfr. CPCCN, art. 68 primer párrafo).
En virtud de todo lo expuesto, SE RESUELVE:
rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada, con costas. En orden a la apelación interpuesta por la representación fiscal el 23/8/23 contra la regulación de los honorarios resuelta en el punto resolutivo N° 2 de la sentencia del 14/8/23 –por considerarlos altos–, teniendo en cuenta la naturaleza, resultado y monto del asunto debatido, asimismo el mérito, la calidad y eficacia de la gestión profesional y las etapas cumplidas, se FIJAN los honorarios del patrocinante de la parte actora, abogado Juan Pablo Menna, en 4843 UMA, que equivalen –a la fecha– a la suma de pesos doscientos cincuenta y cuatro millones trescientos cinco mil novecientos treinta – $ 254.305.930– (ley 27.423, arts. 16, 19, 21, 29 y 44 y Resol. SGA 1497/24).
Asimismo, con fundamento en pautas análogas a las enunciadas y considerando, además, el resultado del recurso, se FIJAN los honorarios del patrocinante de la parte actora, abogado Juan Pablo Menna, por su actuación en Alzada en 1453 UMA, que equivalen –a la fecha– a la suma de pesos setenta y seis millones doscientos noventa y siete mil treinta –$ 76.297.030– (ley 27.423, art. 30 y concs. y Res. SGA 1497/24).
Hágase saber que, en caso de que el profesional beneficiario acredite –en la instancia anterior– su condición de responsable inscripta frente al Impuesto al Valor Agregado, se deberá adicionar a los emolumentos aquí fijados la alícuota correspondiente a dicho tributo, que también se encuentra a cargo del condenado en costas de conformidad con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAF 48062/2023/CA1; INVISTA ARGENTINA SRL (TF 57029364-
I. c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO de la Nación (cfr. CSJN, Fallos: 316:1533; 322:523; 329:1834, entre otros).
Se hace saber a las partes que podrán consultar los precedentes mencionados en el sitio web http://www.cij.gov.ar/. A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 2/24 de esta Cámara.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia