Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2026-26345059-APN-VOCVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 13 de Marzo de 2026 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reúnen los miembros titulares de la Sala “C” del Tribunal Fiscal de la Nación Dres. Viviana Marmillon (Vocal de la 7ma Nominación) y Claudio Luis (Vocal de la 8va. Nominación) a fin de sentenciar en el expediente N° 34.737-I y su acum. N°. 43.024-I caratulados “IOTTI S.R.L. s/recurso de apelación”
La Dra. Marmillon dijo:
I. Que a fs. 3/6, 297/301 y 207/210 IOTTI S.R.L. interponen sendos recursos de apelación contra las resoluciones suscriptas por el Jefe de la División Revisión y Recursos - Dirección Regional Mercedes de la AFIP- DGI, a saber:
a- Resolución N° 22/2011. Determinación de oficio del impuesto al valor agregado por los períodos fiscales enero de 2005 a diciembre de 2007, intereses resarcitorios y multa con sustento en los artículos 46 y 47 inc. d) de la ley 11.683 por los períodos fiscales febrero, marzo, mayo, agosto y octubre de 2005, febrero, abril, mayo y junio de 2006. Respecto de los restantes períodos fiscales, se difiere su aplicación en los términos de la ley 24.769 –entonces vigente- (expte N° 34.737-I)
b.- Resolución N° 23/2011. Determinación de oficio del impuesto a las ganancias por los ejercicios fiscales 2005 y 2006, intereses resarcitorios y multa con sustento en los artículos 46 y 47 inc. d) de la ley 11.683 por el año fiscal 2005 (expte. N ° 34.737-I).
c.- Resolución N° 104/2015. Aplicación de multa en los términos de los arts. 46 y 47 inc. b) de la ley 11.683, en relación con los períodos fiscales determinados en la resolución 22/11, (expte. N° 43.024-
I).
Relata la recurrente que su actividad comercial consiste en la compra y distribución de combustibles, para lo cual emplea personal en relación de dependencia y debe hacer frente a una infinidad de gastos a fin de permitir la comercialización de los productos, entre ellos, impuestos nacionales, provinciales y locales, seguros, fletes, comisiones, etc.
Se agravia de que dentro del plazo fijado por el cronograma general de la administración para la presentación de las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado del período fiscal enero de 2005 a diciembre de 2006 y del impuesto a las ganancias del período fiscal 2005 cumplió con el deber formal previsto en el art. 11 de la ley 11.683 y en consecuencia ingresó el saldo resultante a favor del Fisco Nacional. Indica que la presentación fue efectuada por iniciativa y voluntad de la sociedad recurrente y sin que mediara intimación por parte del Fisco Nacional, pero que no obstante ello, en el marco de la fiscalización, advierte una errónea apreciación del hecho imponible y, en consecuencia, también voluntariamente, procede a presentar la correspondiente declaración jurada rectificativa y a abonar la diferencia a favor del fisco.
Agrega que, entonces, el accionar de la contraria fiscal no resulta ajustado a la normativa legal vigente, por lo que impugna el procedimiento que culminara con el dictado de las determinaciones de oficio controvertidas originalmente en las actuaciones 34.737-I, argumentando que se han vulnerado expresamente las normas y las formas esenciales del procedimiento, en los términos del art. 14 de la ley 19.549. En atención a tales irregularidades, considera reunidos los fundamentos para declarar la nulidad de lo actuado hasta la fecha, solicitando que la Administración confeccione una nueva planilla en la que surja el verdadero impuesto a ingresar.
En relación con las sanciones impuestas, sostiene que en modo alguno puede presumirse de su accionar la intención de defraudar al Fisco Nacional, de acuerdo con lo previsto por el art. 46 de la ley 11.683 ni aplicarse las presunciones establecidas en su art. 47.
Específicamente en cuanto a la multa aplicada en la resolución 104/15, originariamente apelada en el expediente N° 43.024-I, acumulado a estos autos y correspondiente al período fiscal enero a diciembre de 2007, plantea que se está en presencia de un caso de litispendencia por encontrarse pendiente de resolución ante otra vocalía el ajuste del gravamen al que ella se refiere.
Por todo ello, peticiona que se revoquen las resoluciones recurridas, con costas. Hace reserva del caso federal.
II. A fs. 136/149, 314/324 y 236/249 el Fisco Nacional contesta los traslados conferidos, solicitando que por las razones de hecho y derecho que invoca, se confirmen los actos administrativos recurridos, con costas.
En lo sustancial, señala que la contribuyente no ha aportado en el transcurso de la fiscalización ni en esta instancia, elemento probatorio idóneo que permita concluir que ha actuado con un total acatamiento a las normas que regulan su actividad.
Destaca, asimismo, que dicha parte no desarrolla agravio alguno en relación con la cuestión de fondo, toda vez que sólo se agravia de las multas aplicadas por entender que no se ha configurado ni el elemento objetivo ni el subjetivo. Ello sin perjuicio de afirmar que el primero ha quedado satisfecho a partir de la propia rectificación efectuada al haberse omitido el ingreso del gravamen en su justa medida y que los hechos probados y tenidos en cuenta por el juez administrativo tienen la virtualidad exteriorizante del dolo requerido. Agrega que no se ofreció prueba tendiente a quedar eximida de responsabilidad, limitándose a efectuar meras manifestaciones genéricas sin fundamento alguno, pretendiendo exonerarse de responsabilidad con basamento en el hecho de haber conformado el ajuste propuesto por la fiscalización, lo que no puede tener acogida favorable.
Respecto del planteo de nulidad opuesto en el referido expte. 43.024-I, vinculado con los vicios que contendría el acto administrativo apelado en los autos 34.737-I, afirma que no se está en presencia de un acto carente de causa ya que el reclamo operó con fundamento en los hechos verificados por el Fisco Nacional a través de sus funcionarios y en el derecho vigente aplicable al caso.
En lo que concierne a los intereses resarcitorios, solicita que sean tenidos por consentidos, en atención a la falta de agravios contra su aplicación y cálculo.
En cuanto a la litispendencia opuesta en oportunidad de apelarse la multa que originara el expediente N° 43.024-I –acumulado a estos autos-, afirma que no se reúnen los requisitos de procedencia, toda vez que en la resolución 22/2011 se dejó constancia de que respecto de ciertos períodos se difería la aplicación de sanción en los términos de la ley 24.769, por lo que solicita el rechazo de tal excepción.
Ello así, solicita que se confirmen las resoluciones apeladas en todas sus partes, con expresa imposición de costas. Hace reserva del caso federal.
III. Que a fs. 161, 172 y 330 se tuvo por desistida a IOTTI SRL de la prueba pericial ofrecida oportunamente. A fs. 338 se elevan los autos a consideración de la Sala "C, la que a fs. 346 dicta la providencia de autos para dictar sentencia.
IV. Que la contribuyente tiene como actividad principal declarada la venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas.
En el informe final de inspección obrante a fs. 40/42 de los antecedentes administrativos se consigna que:
a) en relación con el impuesto al valor agregado:
.- se procedió a la lectura de los controladores fiscales, relevamiento de personal en relación de dependencia y control de existencias de combustibles.
.- ante la ausencia de registros y de documentación respaldatoria, se constatan los movimientos bancarios obtenidos de circularizaciones. De dicha revisión se determinan mayores ingresos de los declarados, conf. fs. 845 del Cuerpo IVA de los a. a.).
.- habiendo vencido ampliamente los plazos de los requerimientos reiterados y ante la falta de presentación de la documentación faltante solicitada, así como de los registros exigidos por el Código de Comercio, se proyecta la materia imponible del gravamen en los períodos bajo fiscalización, con los elementos obtenidos a través de terceros a solicitud de la inspección, validándose los débitos fiscales computados en las DDJJ presentadas por la contribuyente en los períodos fiscales 1/2005 a 7/2006, por responder a los surgidos de la lectura de los Controladores Fiscales, determinándose para los períodos agosto 2006 a diciembre 2007 los débitos fiscales en función de los depósitos bancarios, por superar a los débitos emergentes de dichos controladores. .- de lo consignado precedentemente se explica que la determinación se efectúa de la siguiente manera: del total de depósitos mensuales se estima el porcentaje que surge de la relación Importe Diario/IVA Diario para cada ejercicio (conf. A.A., fs. 752 del Cuerpo IVA), depurándose el impuesto a la transferencia de combustibles. Los créditos fiscales se determinan en función de la información suministrada en las circularizaciones practicadas. b) en relación con el impuesto a las ganancias:
.- dado los datos obtenidos de la verificación practicada en el IVA, de la que se derivan ajustes a los costos y gastos, se proyecta el resultado del gravamen.
V. Que en uso de las facultades conferidas por el art. 35 de la ley 11.683 el organismo fiscal requirió a la contribuyente el 16/7/2008 : 1) copia de las DDJJ de los impuestos a las ganancias y ganancia mínima presunta de los ejercicios 2005 y 2006 y copia de los balances correspondientes a dichos años, 2) DDJJ del IVA, períodos fiscales 1/05 a 12/07, 3) libros exigidos por el Código de Comercio y/o registros especiales de compras y ventas de los referidos períodos, con su documentación respaldatoria, 4) detalle de bienes registrables, 5) composición de los saldos de deudores y proveedores al inicio y cierre de los ejercicios 2005 y 2006, 6) exhibición de papeles de trabajo que sirvieran para la confección de las DDJJ, con detalle analítico de la composición de cada rubro (conf. A.A. fs. 704 del cuerpo 4 del IVA).
Concluye la fiscalización que la contribuyente no lleva un libro Diario para registrar sus operaciones así como tampoco un Libro Inventario y Balances, en contravención a las normas vigentes, por lo que las ventas correspondientes a los meses de agosto de 2006 a diciembre de 2007 en función a los depósitos bancarios verificados por ser estos últimos superiores a las declaradas, dado que la actora no exteriorizó importe alguno en las declaraciones juradas presentadas. Asimismo se presentaron las declaraciones juradas en el impuesto al valor agregado de los períodos agosto a diciembre de 2006 el 8/12/2010; de los períodos fiscales enero a junio de 2007 el 02/10/2009 y de los períodos fiscales julio a diciembre de 2007 el 05/05/2010, observándose que en ellas el débito fiscal anual declarado es mayor al que surge del controlador fiscal para los ejercicios fiscales 2006 y 2007 y también con respecto a los ingresos por ventas conforme los movimientos bancarios para el último año.
En lo que concierne al ajuste efectuado en el impuesto a las ganancias, a raíz de las tareas de fiscalización efectuadas, el Fisco Nacional detectó que en relación a la declaración jurada presentada por el ejercicio fiscal 2006, el contribuyente no computó importe alguno, no obstante haberse verificado la existencia de ventas, conforme la lectura de los controladores fiscales, omitiendo de esa forma declarar su real capacidad contributiva.
Al verificar el resultado de las circularizaciones bancarias efectuadas, se corroboró la existencia de mayores ingresos a los emergentes del controlador fiscal auditado para los ejercicios fiscales 2006 y 2007, significando ello la falta de facturación de ventas, por lo que se computaron para el ejercicio 2005 como ingresos gravados los montos de ventas que se desprenden de la lectura de los controladores fiscales y los costos respectivos en función de la documentación obtenida de terceros y los datos extraídos de la base del organismo fiscal. Con respecto al período fiscal 2006 se consideraron como ingresos gravados los surgidos de los depósitos bancarios, computándose costos y gastos en concordancia con lo detallado para el ejercicio fiscal 2005.
VI. Que teniendo en consideración que el Fisco Nacional ha recurrido mayoritariamente para llevar a cabo los ajustes aquí controvertidos a la determinación presunta a través de los depósitos bancarios como medida indiciaria, cabe en primer término efectuar algunas precisiones al respecto.
El artículo 18 de la ley 11.683 (t. o. vigente en los períodos apelados) establece: “La estimación de oficio se fundará en los hechos y circunstancias conocidos que, por su vinculación o conexión normal con los que las leyes respectivas prevén como hecho imponible, permitan inducir en el caso particular la existencia y medida del mismo. Podrán servir especialmente como indicios: el capital invertido en la explotación las fluctuaciones patrimoniales, el volumen de las transacciones y utilidades de otros períodos fiscales, el monto de las compras o ventas efectuadas, la existencia de mercaderías, el rendimiento normal del negocio o explotación o de empresas similares, los gastos generales de aquéllos, los salarios, el alquiler del negocio y de la casa-habitación, el nivel de vida del contribuyente y cualesquiera otros elementos de juicio que obren en poder de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS o que deberán proporcionarles los agentes de retención, cámaras de comercio o industria, bancos, asociaciones gremiales, entidades públicas o privadas, cualquier otra persona, etc.”
Ahora bien, en relación con la determinación sobre base presunta la atribución del ente recaudador para proceder a la estimación de oficio ha sido reconocida en forma reiterada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin perjuicio del derecho del contribuyente para probar fehacientemente en juicio -como corresponde- los errores que atribuye a la liquidación practicada por la autoridad administrativa (Fallos: 268:515; y sus citas en consid. 12; Fallos: 197:210; 205:31; 210:107).
Asimismo, …“si bien ello no significa edificar un criterio general que importe prescindir del procedimiento de determinación sobre base cierta previsto en la ley, tampoco permite descartar ab-initio la aplicación de métodos indiciarios cuando su utilización viene justificada tanto por la naturaleza y características de la explotación investigada como por la necesidad de cumplir con el propósito tenido en cuenta por el legislador para establecerlos. De aquí que, en todo caso, su validez dependerá de que su uso guarde razonable correspondencia con los restantes elementos de convicción colectados en la causa” (conf. Pro Mar Co S.A. (TF 28.050-I) Cám. Nac. Cont. Adm. Fed., Sala II, 19/03/2015).
Por lo tanto, la determinación de oficio por conocimiento directo de la materia imponible constituye el principio general y sólo cuando la misma no resulte posible por carecer de los elementos que permitan establecer la existencia y alcance del hecho imponible, el Fisco Nacional puede recurrir al método indiciario de estimación y, por lo tanto, a aplicar las herramientas contenidas en el art. 18 de la ley 11.683. En el caso de atacarse los ajustes efectuados por el organismo recaudador, corresponde que el contribuyente pruebe y rebata los hechos que precisamente resultan ser su soporte, probando fehacientemente en juicio los errores que atribuye a la liquidación practicada (Fallos 197:210; 205:31, 210:107). En autos, tal como se desprende de los antecedentes administrativos y actos apelados, ante la ausencia de registros y de documentación respaldatoria con entidad suficiente para formar la convicción de la real capacidad contributiva de la recurrente, se constatan los movimientos bancarios obtenidos de las circularizaciones llevadas a cabo; de dicha revisión se determinan mayores ingresos de los declarados. En consecuencia, la cuestión a resolver queda circunscripta a una cuestión de hecho y prueba, a fin de establecer si los indicios invocados por el organismo recaudador tienen la suficiente entidad para fundar los ajustes aquí debatidos, correspondiendo a la recurrente ofrecer prueba idónea para revertir el criterio fiscal.
En tal sentido, IOTTI S.R.L sólo se ha limitado en sus escritos recursivos a manifestar que “la presentación de declaraciones juradas de los gravámenes cuestionados fue efectuada por su iniciativa y voluntad, sin mediar intimación alguna de parte del fisco. Sin embargo y en el marco de la fiscalización realizada por esa Dirección, se advirtió una errónea apreciación del hecho imponible y en consecuencia también en forma totalmente voluntaria, se procedió a presentar la declaración jurada rectificativa y abonar la diferencia a favor del fisco resultante de la misma”. Agrega que no obstante y ante lo determinado por esa AFIP-DGI, diligentemente y en forma inmediata procedió a rectificar lo declarado e ingresar las diferencias. Ello así, se advierte que la SRL no se ha hecho cargo de ninguno de los agravios concretos vertidos por el organismo fiscal para fundamentar su accionar, limitándose a negar una conducta dolosa. Respecto de los medios de prueba ofrecidos, la pericia reiterada en cada actuación fue tenida por desistida a fs. 165 y 331 por incumplimiento de los requerimientos oportunamente efectuados y en cuanto a la testimonial, la misma fue rechazada por el entonces Vocal instructor, en el entendimiento que la pretensión probatoria surgía de las restantes probanzas aportadas a la causa.
En consecuencia, frente a la ausencia de documentación respaldatoria a los fines de determinar con precisión el real monto de las ventas declaradas, le correspondía a la recurrente, en ejercicio de su derecho de contradicción, acompañar probanzas idóneas para revertir el proceder fiscal acreditando que son el resultado de un obrar injustificado o abusivo, toda vez que las determinaciones de oficio emanadas del Fisco Nacional gozan de presunción de legitimidad (Fallos 218:312; 294:69, entre muchos otros). Tal circunstancia no se concretó en autos, por lo que procede confirmar los ajustes respecto del impuesto a las ganancias y al valor agregado.
No habiendo la recurrente expresado agravios sobre los intereses liquidados, también procede su confirmación.
VII. Que sentado lo que antecede, corresponde expedirse ahora respecto de las multas aplicadas en las resoluciones 22/11 y 23/11 con fundamento en los arts. 46 y 47 inc. d), vinculadas con el impuesto al valor agregado de los períodos fiscales febrero, marzo, mayo, agosto y octubre de 2005, febrero, abril, mayo y junio de 2006 y a las ganancias del ejercicio fiscal 2005, respectivamente.
El primero de los artículos referidos (t.o. vigente a la fecha de la conducta considerada punible) prevé "El que mediante declaraciones engañosas u ocultación maliciosa, sea por acción u omisión defraudare al Fisco, será reprimido con multa de DOS (2) hasta DIEZ (10) veces el importe del tributo evadido." Asimismo, el artículo 47 dice "Se presume, salvo prueba en contrario, que existe la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas cuando: …d) En caso de no llevarse o exhibirse libros de contabilidad, registraciones y documentos de comprobación suficientes, cuando ello carezca de justificación en consideración a la naturaleza o volumen de las operaciones o del capital invertido o a la índole de las relaciones jurídicas y económicas establecidas habitualmente a causa del negocio o explotación”.
Como quedó evidenciado precedentemente, en atención a que la recurrente no ingresó en su justa medida los gravámenes, se ha configurado el elemento objetivo de las infracciones imputadas. En relación con el elemento subjetivo, constituye pacífica jurisprudencia que cuando el ajuste impositivo se sustenta en las presunciones del artículo 18 de dicha norma legal, la aplicación de su artículo 47 para justificar la sanción resulta “prima facie” improcedente, ello no implica una afirmación absoluta pues si quien juzga cuenta con otros elementos en la causa que le permitan formar la convicción sobre la conducta defraudatoria, aquel principio cede ante aquellas probanzas que conducen a quien examina la cuestión a la conclusión acerca de la existencia de dolo.(conf. Fallos 322:519).
Ahora bien, esta Sala en oportunidad de sentenciar la causa “Oddo, Juan Carlos s/apelación” (18/7/2019) ha sostenido que “una coherente y razonable interpretación de la doctrina expuesta por el Máximo Tribunal, no puede conducir sin más a la inaplicabilidad de las presunciones del art. 47 en aquellos casos en que la determinación de oficio se realizó sobre base presunta con origen en el art. 18 de la ley 11.683, porque llevaría a que se encuentre en mejor condición -respecto de la multa- aquel contribuyente que, remiso a prestar colaboración, no aportó ningún elemento al fisco obligándolo a la utilización de las presunciones del art. 18, que aquel contribuyente que obró mejor, aportando los elementos requeridos durante el proceso determinativo. Al primero no se le podría aplicar la figura punitiva del art. 46 y al segundo sí. Dando un paso más, concluir que las presunciones del art. 47 jamás proceden cuando el ajuste base -culminado en la determinación de oficio- fue realizado sobre base presuncional, fomentaría el incumplimiento de los requerimientos del fisco en cuanto al aporte de elementos y en relación a deberes formales, contrariando la tendencia evidenciada en las reformas legislativas efectuadas en los últimos años - diría décadas- que exponen un incremento proporcionalmente mayor en lo que se refiere a la imposición de obligaciones de carácter formal por sobre las sustanciales o materiales”.
En ese sentido se comparte el criterio seguido por la Sala V de la CCAF in re “Italiano, Antonio A”, sentencia del 12/02/2008 que al referirse a la aplicación de la doctrina de la CSJN recaída en “Montenegro Hnos SA” sostuvo que “no corresponde efectuar una aplicación mecánica del criterio allí expuesto, pues siendo ésta una cuestión relacionada con el ámbito de la prueba, no puede ser ordenada con el carácter de un mandato ineludible, sin que el recurrente haya aportado elementos de juicio que permitan desvirtuarla.”
Ello así, resulta necesario destacar que la apelante, no obstante haber contado en esta instancia con todas las posibilidades, no ofreció prueba alguna para demostrar la aludida falta de intencionalidad dolosa invocada, lo que por sí solo no permite justificar su accionar.
En consecuencia, teniendo en consideración las inexactitudes de la declaraciones juradas originales y/o rectificativas del impuesto a las ganancias e IVA, lo que fue puesto de manifiesto como consecuencia de la inspección iniciada, le incumbía a la recurrente la carga de probar que aquellas “...habían sido la consecuencia de una omisión imputable a su parte a título de mera negligencia”...”porque...si bien es cierto que no cabe admitir la existencia de responsabilidad de índole penal sin culpa, no es menos exacto tampoco que una vez que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta sancionada por la ley, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida por el derecho penal vigente” (Wekser, Marcelo A -CNACAF Sala V 23/6/2015).
Es dable sostener, por otra parte, que de no haber sido por el ejercicio de las facultades de verificación del organismo recaudador, la conducta del recurrente hubiese probablemente pasado desapercibida (conf. Sala I de la Alzada en las causas “Mapri Distribuidora SRL” 7/3/2013 y “Refinadora Neuquina SA” 23/12/2015).
Por todo ello, corresponde confirmar las sanciones aplicadas en los actos administrativos Nos 22/11 y 23/11.
VIII. Que finalmente, cabe expedirse respecto de la sanción impuesta en la resolución 104/15, respecto del impuesto al valor agregado de los períodos fiscales del IVA enero a diciembre de 2007, con idéntico sustento al de las sanciones analizadas “ut supra” y cuya aplicación fuera diferida en la resolución 22/11, a la luz de lo dispuesto por la ley 24.769.
La contribuyente plantea previo a todo excepción de litispendencia, en el entendimiento que ya se le había aplicado una sanción de $ 39.363,60.- en dicha resolución 22, lo que resulta improcedente. A fin de clarificar la cuestión planteada cabe destacar que:
.-con fecha 19/12/2011, la División Jurídica dependiente de la Dirección Regional Mercedes interpone denuncia penal por los períodos anteriormente referenciados.
.- el 14/04/2012 el Juzgado Federal N° 2, Secretaría N° 1 del Departamento Judicial de San Nicolás, dispone el sobreseimiento de los responsables de la firma Iotti S.R.L. en función de lo dispuesto por el art. 336 inc. 3 del Código Procesal Penal de la Nación, ello al elevarse el umbral mínimo punible respecto del delito de evasión simple por aplicación de la ley penal más benigna (conf. art. 2 del Código Penal) .-la Cámara Federal de Rosario el 17/3/2014 confirma dicho sobreseimiento.
.- con fecha 07/08/2014 el fisco dispone la instrucción del sumario respecto de los períodos en cuestión, esto es IVA, enero a diciembre de 2007.
.- el 20/4/2015 se dicta la resolución 104/2015 que fija una multa de $ 357.396,26 con fundamento en los arts. 46 y 47 inc. b) de la ley 11.683, por los períodos fiscales enero a diciembre de 2007. De lo reseñado precedentemente, se advierte con facilidad que la sociedad incurre en una interpretación errónea al considerar que la sanción a que se refiere resolución 104/2015 ya fue aplicada previamente en la N° 22/2011 y que en consecuencia se estaría en presencia de un caso de “litispendencia”. En tal sentido, teniendo en consideración que la litispendencia como defensa dilatoria exige la existencia de otro juicio pendiente entre las mismas partes, con el mismo objeto y la misma causa (triple identidad), procede concluir que en caso de autos tan situación no se ha configurado, toda vez que como se consigna claramente en sendas resoluciones, respecto del impuesto a las ganancias -ejercicio 2005- su aplicación fue diferida hasta tanto se dictara sentencia definitiva en sede penal, conforme lo establecía el art. 20 de la ley 24.769, entonces vigente.
Sentado lo que antecede, dado que en relación con la viabilidad de la prueba ofrecida por la recurrente, se resolvió su decaimiento en razón de no cumplirse con lo requerido oportunamente y a la luz de lo resuelto en el considerando VII, aplicable en un todo a la sanción bajo análisis, debe confirmarse la multa impuesta.
IX. Por ello, corresponde confirmar las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas.
El Dr. Luis dijo:
Que adhiere en lo sustancial al voto precedente.
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas.
Se deja constancia que el presente pronunciamiento lo suscriben dos Vocales Titulares, por encontrarse vacante la Vocalía de la 9a. Nominación (cfr. art. 184, 2do. párrafo, ley 11.683 -t.o. vigente- y art. 52 del Reglamento de Procedimientos de este Tribunal).
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese.
Date: 2026.03.13 14:11:46 -03:00 Date: 2026.03.13 14:18:19 -03:00 Claudio Esteban Luis Viviana Marmillon Vocal Vocal Vocalía VIII Sala C Competencia Impositiva Vocalía VII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2026.03.13 14:18:20 -03:00
Fin de la sentencia