Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata · Causa C-17706-AZ1E
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación deducido por la Municipalidad de Azul contra la decisión de fondo y, en consecuencia, confirmar la sentencia recurrida en cuanto, por haberse configurado un vicio esencial en el procedimiento de formación de la voluntad normativa, derivado de la falta de la mayoría constitucional exigida por el art. 193 inc. 2° de la Const. provincial y ccds., declaró la ilegitimidad de las Ordenanzas 4.909/2023 -Código Tributario- y 4.910/2023 -Ordenanza Impositiva-, estrictamente en cuanto instituyeron la "Tasa por Servicios Esenciales", y dispuso su inaplicabilidad respecto de los integrantes de la parte actora. Las costas de esta instancia se imponen a la demandada vencida (art. 51 inc. 1° del C.C.A).
2Rechazar el recurso de apelación deducido por la Municipalidad de Azul contra la regulación de honorarios practicada a favor del Dr. Alfredo Fernando Ronchetti y, en consecuencia, confirmar los estipendios fijados en treinta (30) jus arancelarios.
3Por los trabajos de alzada, estese a la regulación de honorarios que por separado se practica.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, de conformidad con lo establecido en el art. 8 del Anexo Único del Acuerdo S.C.B.A. 3975/20, en Acuerdo, pronuncia sentencia en la causa C-17706-AZ1E "IRIGOYEN, BERNARDA MARÍA Y OTROS c. MUNICIPALIDAD DE AZUL s. PRETENSION ANULATORIA - OTROS JUICIOS" , con arreglo al siguiente orden de votación según sorteo de ley: doctores Ucín y Mora.
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial Azul dictó sentencia el 07-07-2026 e hizo lugar a la demanda promovida contra la Municipalidad de Azul.
Para así decidir, relató que los accionantes promovieron una pretensión anulatoria y de inconstitucionalidad contra los arts. 159, 160 y 161 de la Ordenanza 4.909/2023 y el art. 4 de la Ordenanza Impositiva 4.910/2023, mediante los cuales se instituyó la Tasa por Servicios Esenciales para el ejercicio fiscal 2024. Solicitaron que se dejara sin efecto su devengamiento respecto de los inmuebles involucrados, la repetición de la primera cuota abonada, la liquidación separada de la tasa vial y la conservación del beneficio de descuento por buen cumplimiento correspondiente a esta última.
Al abordar el fondo del asunto, el juez consideró que correspondía examinar, en primer término, la objeción formal -planteada por los actores en el apartado VII de su escrito inicial- vinculada con la mayoría obtenida en la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes. A tal efecto, tomó en consideración lo resuelto por esta Cámara en la causa "Fal", en la cual se declaró la invalidez de las Ordenanzas 4.909/2023 y 4.910/2023, estrictamente en cuanto instituyeron la Tasa por Servicios Esenciales, por configurarse un vicio esencial en el procedimiento de formación de la voluntad normativa.
Explicó que, de acuerdo con el criterio sentado por la Cámara, la expresión "mayoría absoluta de votos" contenida en el art. 193 inc. 2° de la Constitución provincial debía entenderse como la mayoría absoluta del total de miembros de la Asamblea y no solamente de quienes se encontraran presentes.
Al trasladar ese criterio al caso, señaló que la Asamblea de Azul se encontraba integrada por treinta y seis miembros (dieciocho concejales y dieciocho mayores contribuyentes), por lo que se requerían, al menos, diecinueve votos coincidentes. Puesto que las ordenanzas fueron aprobadas por diecisiete votos afirmativos sobre treinta y tres miembros presentes, concluyó que, aun cuando se hubiera alcanzado el quórum necesario para sesionar, no se reunió la mayoría constitucional exigida para su válida sanción.
No obstante, el magistrado dejó a salvo su posición adoptada en pronunciamientos anteriores acerca de la validez formal de las ordenanzas cuestionadas.
Pese a esa salvedad, el juez adoptó el criterio establecido por esta Cámara en "Fal", con fundamento en razones de estricta economía procesal, seguridad jurídica e igualdad, que imponían brindar soluciones análogas frente a litigios de similar naturaleza.
En cuanto al alcance del pronunciamiento, declaró que las Ordenanzas 4.909/2023 y 4.910/2023 resultaban ilegítimas e inválidas, estrictamente en cuanto instituyeron la Tasa por Servicios Esenciales, por haberse configurado un vicio esencial en el procedimiento de formación de la voluntad normativa derivado de la falta de la mayoría exigida por el art. 193 inc. 2° de la Constitución provincial. Consecuentemente, dispuso su inaplicabilidad respecto de los sujetos que integraban la parte actora.
Aclaró que la decisión tenía carácter restringido, pues sus efectos se agotaban en las partes del proceso y en el marco fáctico examinado. Asimismo, no abordó los restantes cuestionamientos de fondo formulados contra el tributo, dado el modo en que quedó resuelta la controversia. Con relación al pedido de repetición, indicó que, una vez firme la sentencia, los contribuyentes debían acudir al procedimiento administrativo previsto en el art. 98 y siguientes de la Ordenanza 4.909 o de la norma que se encontrara vigente.
Por último, impuso las costas a la Municipalidad de Azul en su condición de vencida, de conformidad con el art. 51 del C.C.A. Reguló los honorarios del Dr. Alfredo Fernando Ronchetti, letrado apoderado de la parte actora, en la suma equivalente a treinta (30) jus arancelarios, con más el diez por ciento correspondiente a los aportes previstos por la ley 6.716. En cambio, no reguló honorarios al Dr. Roberto Agustín Dávila, apoderado municipal, en atención a la imposición de costas y a lo establecido por el art. 203 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
II. La Municipalidad demandada controvirtió el pronunciamiento de grado mediante recurso de apelación interpuesto y fundado el 24-07-2026, en el cual, a su vez, apeló -por altos- los honorarios regulados al letrado de la accionante. El recurso fue contestado por la parte contraria el 18-08-2026, oportunidad en la que solicitó su rechazo y ratificó el replanteo subsidiario de los cuestionamientos sustanciales de fondo que no habían sido examinados por el juez de grado.
III. Recibidas las actuaciones en esta alzada, declarada la admisibilidad formal del recurso deducido contra la sentencia de fondo, concedida la apelación contra los honorarios que no había sido oportunamente concedida en origen y dispuesto el pase de los autos al Acuerdo para dictar sentencia (cfr. prov. del 16-10-2026), corresponde plantear y votar las siguientes:
1. ¿Es fundado el recurso de apelación interpuesto por la Municipalidad de Azul contra la sentencia de grado?
Resuelto ello,
2. ¿Es fundado el recurso interpuesto por la Municipalidad de Azul contra la regulación de honorarios practicada en favor del letrado de la accionante?
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Ucín dijo:
I. Al desarrollar los argumentos de su apelación contra el fallo de la instancia la Municipalidad de Azul expuso, en cuanto al procedimiento de sanción de las ordenanzas, que la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes fue válidamente constituida de acuerdo con la Ley Orgánica de las Municipalidades y que las normas fueron aprobadas con la mayoría constitucional y legalmente requerida, mediante la participación y el voto afirmativo tanto de concejales como de mayores contribuyentes.
Señaló que el juez examinó prioritariamente la objeción formal relacionada con la mayoría necesaria para sancionar las Ordenanzas 4.909/2023 y 4.910/2023. Indicó que, para resolverla, el magistrado siguió el criterio establecido por esta Cámara en la causa "Fal", en la cual se declaró la invalidez de aquellas normas, estrictamente en cuanto instituyeron la Tasa por Servicios Esenciales, por no haberse alcanzado la mayoría exigida por el art. 193 inc. 2° de la Constitución provincial.
Destacó que el propio juez reconoció que la solución adoptada no coincidía con el temperamento que anteriormente sostuvo en otros pronunciamientos sobre la misma cuestión. A partir de ello, la recurrente interpretó que el magistrado admitió que continuaba considerando legítimo el procedimiento de formación y sanción de las ordenanzas y que esa opinión fue respaldada por la Procuración General. Sin embargo, tomó la posición de esta Alzada exclusivamente por razones de economía procesal, seguridad jurídica e igualdad.
Adujo que esa circunstancia revelaba una contradicción interna y una insuficiencia en la fundamentación de la sentencia. Expresó que, pese a admitir la razonabilidad de la interpretación defendida por el municipio acerca de los arts. 193 inc. 2° de la Constitución provincial y 32, 99 y 104 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, el magistrado declaró la invalidez de las normas por un acatamiento meramente práctico del precedente "Fal".
Sostuvo, por ello, que la sentencia no constituía una derivación razonada del derecho vigente aplicado a las circunstancias comprobadas de la causa, sino una adhesión formal al juicio de un tribunal superior que el propio magistrado había manifestado no compartir. Agregó que la postura de esta Cámara no constituía doctrina legal vinculante y que la cuestión debatida no se encontraba definitivamente resuelta en la jurisprudencia provincial, pues la Suprema Corte aún no se había pronunciado específicamente acerca de la validez de las Ordenanzas 4.909/2023 y 4.910/2023.
Sentado ello, cuestionó que la mayoría absoluta exigida por el art. 193 inc. 2° de la Constitución provincial haya sido calculada sobre la integración legal o teórica de treinta y seis miembros de la Asamblea y que, por consiguiente, resulten necesarios diecinueve votos afirmativos.
La recurrente sostuvo que esa interpretación desatendía el diseño constitucional y legal del Órgano. Explicó que la Asamblea se constituyó válidamente en primera convocatoria con dieciocho concejales y quince mayores contribuyentes, es decir, con treinta y tres miembros presentes, por lo que contó con el quorum exigido por el art. 99 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Añadió que las ordenanzas obtuvieron diecisiete votos afirmativos, emitidos tanto por concejales como por mayores contribuyentes; extremo que -a su entender- satisfacía la finalidad contemplada en el art. 193 inc. 2° de la Constitución provincial.
Argumentó que la sentencia proyectó la exigencia de mayoría sobre un órgano ideal o hipotético que no se constituyó en la sesión celebrada en diciembre de 2023. Señaló que la Ley Orgánica de las Municipalidades contemplaba que la Asamblea funcionara con un número variable de integrantes, determinado por la concurrencia efectiva de sus miembros.
En ese sentido, invocó las disposiciones que regulaban las dos convocatorias, la eventual sanción por insistencia y la posibilidad de constituir válidamente la Asamblea en segunda convocatoria con un número reducido de integrantes. De ese régimen infirió que el Órgano no poseía una integración fija e inmutable, sino que se conformaba en cada sesión con los miembros efectivamente presentes y habilitados para deliberar y votar.
Aseveró que la mayoría absoluta prevista por el art. 193 inc. 2° de la Constitución provincial debía calcularse sobre los integrantes efectivamente presentes. En apoyo de esa interpretación, invocó criterios atribuidos a la Asesoría General de Gobierno y al Honorable Tribunal de Cuentas.
Añadió que la Constitución utilizaba la expresión "mayoría absoluta de votos" y no "mayoría absoluta de integrantes", lo cual -según su postura- demostraba que el constituyente aludió a los votos emitidos dentro del universo real de participantes y no a la integración hipotética del Órgano.
Afirmó que la solución adoptada derivaba en consecuencias irrazonables e incompatibles con el sistema institucional. Explicó que, de acuerdo con el art. 100 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, la Asamblea podía quedar válidamente constituida en segunda convocatoria con menos de treinta y seis miembros e incluso, en determinados supuestos, con menos de veinte integrantes. Por ello, exigir invariablemente diecinueve votos afirmativos tornaría materialmente imposible aprobar una ordenanza fiscal o impositiva, pese a existir quorum y encontrarse el Cuerpo habilitado para funcionar.
También censuró la aplicación de los precedentes "Anaya" y "Feniral" de la Suprema Corte provincial. Señaló que aquellos casos presentaron circunstancias sustancialmente diferentes, vinculadas con la ausencia de participación efectiva de los mayores contribuyentes y con dificultades para conformar y hacer funcionar regularmente la Asamblea.
Con todo, calificó la sentencia de arbitraria por establecer una mayoría que -a su entender- no se encontraba prevista normativamente.
Solicitó, en consecuencia, que se revoque el pronunciamiento y se declare que las Ordenanzas 4.909/2023 y 4.910/2023 fueron sancionadas con las mayorías constitucional y legalmente exigidas.
Finalmente, mantuvo la reserva del Caso Federal por encontrarse comprometidos, -según afirmó- los principios de debido proceso, defensa en juicio, legalidad, razonabilidad, autonomía municipal y división de poderes.
II. El recurso no merece estima.
1. La cuestión sometida a decisión de este Tribunal de apelación consiste en determinar si las Ordenanzas 4.909/2023 y 4.910/2023, estrictamente en cuanto instituyeron la Tasa por Servicios Esenciales en el Partido de Azul, fueron válidamente sancionadas con diecisiete (17) votos afirmativos sobre los treinta y tres miembros (33) presentes en la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes celebrada el 05-12-2023 o si, por el contrario, resultaba necesario reunir la mayoría absoluta del total de integrantes del Órgano, esto es, diecinueve votos sobre treinta y seis miembros.
El debate así planteado reproduce, sustancialmente, en sus aspectos fácticos, normativos y controversiales, el examinado por este Tribunal en las causas C-15847-AZ1E "Campagnolle" ; C-15728-AZ1E "Panebianco" y C-16253-AZ1E "Fal" , todas falladas el 27-11-2025; y C-17332-AZ1E "Amor" , sent. del 27-08-2026; entre otras. En efecto, los procesos referidos versaron sobre la validez de las mismas Ordenanzas 4.909/2023 y 4.910/2023, sancionadas por la misma Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, reunida en la referida sesión del 05-12-2023.
De allí que las diferencias relativas a la vía procesal escogida, la cantidad de actores o la naturaleza urbana o rural de los inmuebles alcanzados carezcan de incidencia sobre la cuestión formal examinada, pues el vicio denunciado se situó en el procedimiento de formación de la voluntad normativa y se sustentó en una plataforma fáctica enteramente coincidente. En tales condiciones, corresponderá, a continuación, reiterar el criterio adoptado en los mencionados precedentes, cuyos fundamentos, por las razones expuestas, resultan plenamente aplicables al caso.
2. En ese contexto, y en forma preliminar, corresponde reseñar los antecedentes fácticos y procesales que, sin controversia entre las partes, han llegado firmes a esta instancia (arg. art. 272 del C.P.C.C), con independencia de su eventual acierto o error jurídico:
En primer término, no se puso en tela de juicio que el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Azul se encuentra integrado por dieciocho (18) ediles. A partir de esa base legal, y conforme lo dispone el artículo 193 inciso 2° de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes debe conformarse con un número igual de mayores contribuyentes, esto es, también dieciocho (18), lo que arroja un total de treinta y seis (36) integrantes.
En segundo lugar, los contendientes tampoco objetaron ante este Tribunal que la sesión celebrada en primera convocatoria en fecha 05-12-2023 reunió el quorum exigido por el artículo 99, primer párrafo, de la Ley Orgánica de las Municipalidades (v.gr. decreto ley 6769/58), con la concurrencia de dieciocho (18) concejales y quince (15) mayores contribuyentes, esto es, treinta y tres (33) comparecientes. Finalmente, resulta igualmente ajena a toda controversia que la ordenanza que instituyó la Tasa por Servicios Esenciales fue aprobada mediante diecisiete (17) votos afirmativos sobre esos treinta y tres (33) presentes.
Sobre esta plataforma común (se reitera, no discutida por las partes y, por ello, firme en esta Alzada) se delimita el núcleo del debate: determinar qué mayoría era jurídicamente exigible para la sanción válida de la ordenanza de contenido impositivo que creó la tasa controvertida en el sub lite. Dicho con precisión, corresponde establecer si -como sostiene la recurrente- bastaba la mayoría de los miembros presentes en la Asamblea (17/33) o si, por el contrario, se requería la mayoría absoluta del total de integrantes del órgano (19/36), con las consecuencias que de uno u otro criterio se siguen para la validez de la norma en la especie. En definitiva, la cuestión remite a la correcta inteligencia del artículo 193 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y, en particular, a su inciso 2°, que exige para toda creación o aumento de tributos la "mayoría absoluta de votos" de una asamblea compuesta por los miembros del Concejo Deliberante y un número igual de mayores contribuyentes de impuestos municipales.
3. A partir del encuadre recién delimitado, corresponde precisar el régimen jurídico que rige: (i) la integración y el funcionamiento de la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes y (ii) la mayoría exigible para la sanción de ordenanzas de contenido tributario.
Como se adelantó, el art. 193 inciso 2° de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires dispone que "todo aumento o creación de impuestos o contribución de mejoras, necesita ser sancionado por mayoría absoluta de votos de una asamblea compuesta por los miembros del Concejo Deliberante y un número igual de mayores contribuyentes de impuestos municipales".
Por su parte, la Ley Orgánica de las Municipalidades (decreto ley 6.769/58) desarrolla ese diseño institucional en los siguientes pasajes de su articulado: (i) quórum para sesionar (art. 99, párr. 1°): en primera convocatoria, la Asamblea se celebra con la "mitad más uno de los Mayores Contribuyentes y un número igual de Concejales". Se trata del mínimo de presencia que habilita la deliberación, aspecto cuyo cumplimiento -como se apuntó- no se encuentra en discusión en la litis; (ii) mayoría para sancionar ordenanzas impositivas (art. 32): cuando el Cuerpo sanciona ordenanzas impositivas, la decisión debe adoptarse por la "mayoría absoluta de los miembros integrantes del Cuerpo". La ley, así, reafirma el carácter agravado de la mayoría decisoria en materia tributaria establecido en el texto constitucional; (iii) remisión expresa al parámetro constitucional (art. 104): cuando establece que la sanción de una ordenanza por parte de la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes "necesitará para su aprobación la mayoría establecida en el artículo 193, incisos 2 y 3 de la Constitución".
4. Delineado el régimen normativo aplicable, resulta oportuno puntualizar que el interrogante jurídicamente relevante que vertebra este debate en relación a sus alcances (esto es, qué mayoría se exige para la válida sanción de ordenanzas de contenido tributario) encuentra respuesta nítida en la doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. En particular, los precedentes I. 72.548 "Anaya", sent. del 15-06-2016; I. 72.727 "Verellen", sent. del 29-11-2017; I. 72.570 "Leis", sent. del 29-11-2017; I. 72.588 "Hernández", sent. del 28- 02-2018; I. 72.546 "Gutiérrez", sent. del 23-02-2021; I. 72.715, "Maricin S.R.L.", I. 72.691, "Feniral S.A." e I. 72.693, "Cariló Arco S.R.L", todas sent. del 26-05-2021; entre otros; abordan directamente la cuestión en pugna y proveen una solución idónea a la problemática aquí ventilada.
Las diferencias genéricas señaladas por la recurrente, sin mayor desarrollo, para apartarse del criterio jurisprudencial no neutralizan la aplicación de la mencionada doctrina legal, pues el núcleo jurídico (la inteligencia del art. 193 inc. 2° del texto constitucional provincial y su proyección sobre la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes) resulta sustancialmente análogo. Así pues, por elementales razones de igualdad -en función de las cuales han de adoptarse soluciones igualitarias frente a conflictos similares-; seguridad jurídica -que postulan la uniformidad de criterios jurisdiccionales ante presupuestos fácticos y jurídicos equivalentes, a fin de posibilitar la prudente previsión de la solución que se adoptará en conflictos futuros o en ciernes-; y de celeridad y economía procesal -que han de guiar el accionar de los jueces a tenor de lo establecido en el art. 34 inc. 5 del C.P.C.C. (aplicable por vía del art. 77 del C.C.A.) y de la manda más amplia y genérica del art. 15 de la Constitución provincial- se adoptarán tales lineamientos como guía de la decisión, cuyos fundamentos se integran y reproducen, en lo sustancial y con las modulaciones propias del caso, en lo que sigue.
Así, conforme puntualizó la Corte, resulta indispensable no confundir el quorum habilitante para sesionar con las mayorías requeridas para obtener una decisión válida. El quorum refiere al número mínimo de integrantes cuya presencia permite la deliberación (parámetro que la LOM regula en su art. 99 y ccds. y respecto del cual no media disenso en autos en lo que refiere a su debida conformación); la mayoría, en cambio, concierne al umbral de voluntades concordantes que el ordenamiento exige para la formación válida de la decisión normativa. Se trata de planos normativos distintos: el primero, asegura la constitución del órgano; el segundo, constituye el número mínimo de voluntades coincidentes que deben concurrir para poder sancionar válidamente una norma por parte del cuerpo legisferante, exigencia que, por regla general, es la correspondiente a la mayoría absoluta de los presentes en la sesión.
Y a lo anterior añadió que cuando la Constitución provincial quiere tomar en cuenta a los "miembros presentes" se refiere a ello de modo expreso. Así el art. 114 dispone que "todos los nombramientos que se defieren a la Asamblea General deberán hacerse por mayoría absoluta de los miembros presentes".
Ahora bien, y tal como explicitó la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, el ordenamiento agrava ese umbral decisorio en supuestos de particular trascendencia institucional y/o por la especial naturaleza de los derechos en juego (v.gr. arts. 67 inc. 2° y 175). Entre ellos, y en lo que aquí interesa, se encuentra la materia tributaria: el art. 193 inc. 2° de la Constitución provincial demanda que todo aumento o creación de tributos sea "sancionado por mayoría absoluta de votos de una asamblea" compuesta por miembros del Concejo Deliberante y un número igual de mayores contribuyentes de impuestos municipales. La fórmula no se satisface, en este caso, con la mera mayoría de los presentes; por el contrario, conforme la doctrina legal citada del Superior Tribunal, la expresión "mayoría absoluta de votos" debe entenderse como mayoría absoluta del total de miembros de la Asamblea, en tanto - en términos de la Corte- "con la palabra ´votos´ el constituyente hace referencia a miembros".
Esta inteligencia encuentra corroboración sistemática en la Ley Orgánica de las Municipalidades: el art. 32 antes citado dispone que las ordenanzas impositivas requieren la "mayoría absoluta de los miembros integrantes del Cuerpo", mientras que el art. 104 remite expresamente al estándar constitucional del art. 193 inc. 2°. De este modo, la L.O.M. distingue con claridad el quorum de primera convocatoria (art. 99, párr. 1°), del umbral decisorio agravado que se requiere para aprobar válidamente la ordenanza, evitando que la regla de quorum se proyecte indebidamente sobre la regla de decisión.
La opción del constituyente por una mayoría reforzada responde a una finalidad precisa: elevar el consenso necesario para adoptar decisiones que importen la manifestación de la potestad tributaria local y puedan repercutir en derechos patrimoniales, impidiendo que la creación o el aumento de tributos quede librado a mayorías circunstanciales derivadas de ausencias o fluctuaciones de asistencia. La coherencia interna del sistema se evidencia, además, y conforme lo ya indicado, que cuando la Constitución provincial quiere computar "miembros presentes" lo consigna expresamente (cfr. art. 114), confirmando que, a contrario, donde no lo hace (como en el art. 193 inc. 2) el parámetro es el total de los miembros del órgano.
Por otro lado, el requisito de la mayoría absoluta de los miembros deriva también de la naturaleza especial que posee el Órgano denominado "Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes" que tuvo su origen en el texto constitucional de 1934, pero que reconoce antecedentes en las constituciones provinciales del año 1873 (art. 203 inc. 3) y del año 1889 (art. 206 inc. 3), como así también en la ley 4183 del año 1933 (arts. 92 a 99). La Asamblea de Mayores Contribuyentes y Concejales es el único órgano facultado por la Constitución provincial y la Ley Orgánica de las Municipalidades para crear y aumentar tasas, impuestos y contribuciones en el ámbito comunal (arts. 193 inc. 2° de la Const. provincial y art. 29, L.O.M.; doct. S.C.B.A. causa B. 52.614, "Franceschi", sent. de 24-03-1998). Su constitución está compuesta por los ediles en ejercicio y un número igual de mayores contribuyentes seleccionados de conformidad con el procedimiento establecido en el art. 94 del decreto ley 6.769/58. La doctrina legal insiste en que la mayoría constitucional debe reflejar la concurrencia de ambos estamentos, de suerte que la decisión tributaria no pueda integrarse exclusivamente con votos de uno solo de ellos. Tal diseño asegura la participación equilibrada y robustece la legitimidad democrática del acto impositivo.
En suma, la hermenéutica adecuada de los textos aplicables (art. 193 inc. 2° de la Const. provincial; arts. 32 y 104 L.O.M., en concordancia con el art. 99), consolidada por la doctrina legal de la S.C.B.A, deriva en una conclusión unívoca: en materia tributaria municipal, la mayoría exigida es la absoluta del total de integrantes de la Asamblea y no la mayoría de los presentes en la sesión.
5. Establecido que la mayoría exigible es la absoluta del total legal de miembros, corresponde proyectar ese parámetro sobre los antecedentes firmes de la causa. El total de integrantes de la Asamblea de Azul era de 36 miembros (18 concejales + 18 mayores contribuyentes); la mayoría absoluta requerida importaba, por ende, cuanto menos 19 votos coincidentes. Consta en las actuaciones que las ordenanzas fueron aprobadas con 17 votos afirmativos sobre 33 presentes y que el quorum de primera convocatoria se había logrado con 18 concejales y 15 mayores contribuyentes.
Así, pues, aun cuando se haya logrado válidamente el quorum requerido (art. 99, párr. 1°, LOM), el resultado de la votación no alcanzó el umbral agravado de 19/36. La decisión no superó el requisito constitucional de mayoría absoluta del total de miembros integrantes del Cuerpo, presupuesto indispensable para la formación válida de la voluntad normativa en materia impositiva municipal. La manifiesta inobservancia del aludido recaudo para la sanción de las ordenanzas constituye una grave deficiencia en el procedimiento constitucionalmente establecido (no meramente formal sino constitutivo), cuyos efectos impactan negativamente en la legitimidad de la decisión del Órgano deliberativo adoptada en esas condiciones y, lógicamente, en la validez misma del gravamen creado por las ordenanzas cuestionadas.
6. Dicho ello, no resultan atendibles las diferencias invocadas por la Municipalidad respecto de las causas "Anaya" y "Feniral". Como se señaló en los precedentes de esta Alzada antes citados, las particularidades fácticas destacadas no neutralizan la doctrina legal allí establecida, pues la cuestión jurídica dirimente reside en la inteligencia del art. 193 inc. 2° de la Constitución provincial y en la determinación del universo sobre el cual debe calcularse la mayoría absoluta. Esa cuestión resulta sustancialmente igual a la debatida en autos y fue resuelta por la Suprema Corte en el sentido de que la mayoría debía computarse sobre el total de integrantes del cuerpo.
7. Por su lado, no merece mejor suerte el agravio mediante el cual la Municipalidad calificó de contradictoria y carente de fundamentación la decisión del juez de grado por haber aplicado el criterio de esta Cámara pese a dejar a salvo la interpretación que sostuvo en pronunciamientos anteriores.
El magistrado explicó que adoptaba los lineamientos establecidos en "Fal" por razones de economía procesal, seguridad jurídica e igualdad, aunque dejó a salvo su criterio personal acerca de la validez formal de las ordenanzas y mencionó el dictamen emitido por el Procurador General en la causa I. 79.199, "Ocampo".
Ese proceder no configuró una contradicción ni importó una abdicación del deber de ejercer la función jurisdiccional. La circunstancia de que los pronunciamientos de esta Cámara no revistan, por regla, el carácter vinculante que corresponde a la doctrina legal de la Suprema Corte provincial no impedía al juez de grado adecuar su decisión a un criterio ya establecido por el Tribunal llamado a revisar sus sentencias, especialmente cuando se trataba de resolver un conflicto, en sustancia, análogo.
Antes bien, la decisión de seguir el criterio de esta Alzada encontró adecuado sustento en razones de igualdad, seguridad jurídica, celeridad y economía procesal. Tales principios procuran evitar la reiteración de soluciones divergentes frente a presupuestos fácticos y jurídicos equivalentes y permiten anticipar razonablemente el resultado de la revisión judicial, evitando un dispendio jurisdiccional incompatible con las exigencias de una tutela judicial continua y efectiva (art. 15 de la Const. provincial; arg. arts. 34 inc. 5° del C.P.C.C. y 77 del C.C.A.).
La salvedad formulada por el magistrado respecto de su posición anterior tampoco priva de coherencia al pronunciamiento. El juez individualizó el criterio que consideraba aplicable, reprodujo sus fundamentos y explicó las razones por las cuales decidió adoptarlo. La reserva de su opinión personal constituyó una aclaración acerca de su posición jurídica, pero no resultó incompatible con la regla decisoria que finalmente aplicó ni tornó inciertos los fundamentos del fallo.
A ello se suma que, como se dijo, la doctrina sentada por esta Cámara en "Fal" no reposó únicamente en una interpretación propia y aislada, sino que se fundó expresamente en la doctrina legal elaborada por la Suprema Corte provincial en torno al art. 193 inc. 2° de la Constitución local. De modo que, al adecuarse al criterio de esta Alzada, el juez de grado se ajustó, por vía de consecuencia, a la doctrina legal que sirvió de sustento a aquella decisión.
Por consiguiente, lejos de resultar absurda o autocontradictoria, la solución adoptada por el juez de grado representó una aplicación razonada del criterio jurisprudencial vigente a una plataforma fáctica y normativa que coincidía plenamente con la examinada por esta Cámara en el precedente invocado.
8. Como colofón, corresponde señalar que el temperamento adoptado por esta Cámara en los precedentes ya reseñados fue, de algún modo, corroborado por una reciente confirmación en la resolución dictada por la Suprema Corte provincial en la causa I. 80.596, "Orsini, Carlos Ignacio y otros c/ Municipalidad de Chacabuco s/ Inconstitucionalidad Ordenanzas n.° 10.866, 10.867 y 10.868 de 2025", registrada el 22-05-2026.
Si bien aquel pronunciamiento fue emitido en el marco cautelar de una acción originaria de inconstitucionalidad, el Superior Tribunal recordó expresamente que "ya se ha establecido que la ' mayoría absoluta de votos ' a la que se refiere el art. 193 inc. 2 de la Constitución provincial debe ser computada sobre el total de los miembros de la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes también prevista en ese precepto".
En esa misma línea, señaló que "la manifiesta inobservancia de lo allí dispuesto para la sanción de toda ordenanza municipal que disponga un ' aumento o creación de impuestos o contribución de mejoras ' constituye una grave deficiencia en el procedimiento, cuyos efectos impactan negativamente en la legitimidad de la decisión del órgano deliberativo adoptada en esas condiciones, viciando el acto dictado en consecuencia" (conf. causas I. 72.548, "Anaya", sent. de 15-06-2016; I. 72.501, "Joufree", sent. de 29-11-2017; I. 72.570, "Leis", sent. de 29-11-2017; I. 72.588, "Hernández", sent. de 28-02-2018; I. 72.546, "Gutiérrez", sent. de 23-02-2021; e.o).
Al proyectar tales premisas sobre las circunstancias de aquel caso, la Suprema Corte consideró que, dado que el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chacabuco se encontraba compuesto por dieciocho miembros, la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes debía quedar integrada por treinta y seis y, en consecuencia, las ordenanzas emanadas de ese Órgano requerían la reunión de diecinueve votos afirmativos para su correcta aprobación. Comprobó, sin embargo, que diecisiete integrantes habían rechazado los proyectos y otros diecisiete se habían pronunciado favorablemente, lo que motivó el doble cómputo del voto del presidente del Concejo Deliberante y arrojó un total de dieciocho votos afirmativos. Frente a ello, el Tribunal sostuvo que, aun de computar de manera doble la intervención del presidente, "el número de votos reunidos a favor de la sanción no alcanza la mayoría absoluta del total de integrantes del cuerpo -que en el caso, se insiste, equivale a diecinueve-".
La correspondencia de tales premisas con las circunstancias aquí verificadas resulta ostensible. También en este caso el Concejo Deliberante se encontraba compuesto por dieciocho ediles, de modo que la integración legal de la Asamblea alcanzaba los treinta y seis miembros y la mayoría absoluta exigía diecinueve votos afirmativos. Sin embargo, las ordenanzas cuestionadas obtuvieron solamente diecisiete.
Así, la decisión recaída en "Orsini", no introdujo una doctrina novedosa, sino que reafirmó y aplicó expresamente la que ya había sido establecida en "Anaya" y en los restantes precedentes citados. De esa forma, consolidó el fundamento sobre el cual esta Cámara decidió los precedentes referenciados y privó de sustento a la afirmación de la recurrente según la cual la cuestión permanecía abierta o pendiente de definición por la Suprema Corte provincial.
9. En suma, la identidad sustancial existente entre esta causa y los precedentes de este Órgano, la doctrina legal de la Suprema Corte en la que aquellos pronunciamientos se sustentaron y su reciente reafirmación en "Orsini" conllevan la desestimación de los agravios formulados por la Municipalidad de Azul.
Y desde que la irregularidad apuntada es susceptible de viciar el acto dictado en consecuencia, resulta inoficioso examinar los argumentos de fondo mediante los cuales la demandada ratificó la naturaleza retributiva, legitimidad, constitucionalidad y razonabilidad del tributo cuestionado en autos (Tasa por Servicios Esenciales), toda vez que la invalidez verificada en el procedimiento de formación de la voluntad normativa posee entidad suficiente para fulminar el gravamen debatido, sin necesidad de indagar en sus aspectos materiales.
III. En mérito a lo expuesto, y si el criterio aquí desarrollado es compartido, se propone al Acuerdo rechazar el recurso de apelación deducido por la Municipalidad de Azul contra la decisión de fondo y, en consecuencia, confirmar la sentencia recurrida en cuanto, por haberse configurado un vicio esencial en el procedimiento de formación de la voluntad normativa, derivado de la falta de la mayoría constitucional exigida por el art. 193 inc. 2° de la Const. provincial y ccds., declaró la ilegitimidad de las Ordenanzas 4.909/2023 -Código Tributario- y 4.910/2023 -Ordenanza Impositiva-, estrictamente en cuanto instituyeron la "Tasa por Servicios Esenciales", y dispuso su inaplicabilidad respecto de los integrantes de la parte actora. Las costas de esta instancia deberían imponerse a la demandada vencida (art. 51 inc. 1° del C.C.A).
Con el alcance indicado, voto a la primera cuestión planteada por la negativa .
El señor Juez doctor Mora , por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Ucín, y con igual alcance, vota a la cuestión planteada por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Ucín dijo:
I.1. El Juez de grado reguló los honorarios del Dr. Alfredo Fernando Ronchetti, letrado de la parte actora, en la suma equivalente a treinta (30) jus arancelarios, con más el diez por ciento correspondiente a los aportes previstos por la ley 6.716. En cambio, no reguló honorarios al Dr. Roberto Agustín Dávila, apoderado municipal, en atención a la imposición de costas y a lo establecido por el art. 203 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
2. Por su parte, el Municipio de Azul apeló por altos los honorarios regulados al Dr. Alfredo Fernando Ronchetti. Los consideró excesivos y desproporcionados en relación con la naturaleza del proceso, la labor efectivamente desarrollada, las etapas cumplidas y el resultado del litigio, y solicitó su adecuación a las pautas arancelarias vigentes.
II.1. Expuestos los antecedentes del caso, a los fines de ejercer la tarea de revisión del pronunciamiento regulatorio reclamada a esta Alzada, cabe aclarar que la pretensión articulada por la accionante tramitó íntegramente bajo la vigencia de la ley 14.967, por lo que será ese el ordenamiento legal que regirá la evaluación a practicarse (cfr. doct. S.C.B.A. causa I. 73.016 "Morcillo", res. de 08-11-2017).
2. Sentado ello, corresponde precisar el alcance de la tarea revisora en atención al tenor del recurso interpuesto. El magistrado reguló los honorarios del letrado de la accionante en treinta (30) jus, con cita, entre otras disposiciones, del art. 44 de la ley 14.967, cuantificación que permite inferir que consideró al presente litigio como un proceso no susceptible de apreciación pecuniaria. Sin embargo, dicho encuadre regulatorio, más allá del acierto o desacierto que pudiere merecer, no fue objeto de agravio. La Municipalidad se limitó a cuestionar por elevados los estipendios fijados, sin controvertir las pautas utilizadas para su determinación.
En esas condiciones, y en los límites de la competencia abierta por el recurso (arg. art. 272 del C.P.C.C.; art. 77 del C.C.A.), no corresponde reexaminar aquella premisa no cuestionada, sino establecer si la regulación efectuada resulta elevada a la luz de las pautas que sustentaron su determinación.
3. A tal efecto, cabe recordar que el último párrafo del art. 44 de la ley 14.967 establece que, cuando el asunto no fuere susceptible de apreciación pecuniaria, la regulación por la actuación completa no podrá ser inferior a treinta (30) jus tratándose del ejercicio de acciones contencioso-administrativas. La referencia al inc. b) del mismo artículo efectuada en el pronunciamiento de grado, relativo a actuaciones ante organismos de la Administración, no modifica la regla específica que establece dicho mínimo para el proceso judicial de que se trata.
En la especie, el juez fijó los honorarios del Dr. Alfredo Fernando Ronchetti precisamente en treinta (30) jus, esto es, en el mínimo previsto por el régimen arancelario conforme al encuadre que adoptó y que, como se señaló, no ha venido objetado. Por consiguiente, no resulta posible acceder al pedido de disminución formulado por la demandada, pues ello importaría establecer una retribución inferior al piso legal aplicable en esos términos. El recurso, por ende, no merece estima.
III. En mérito a lo expuesto, y si el criterio aquí desarrollado resulta compartido, se propone al Acuerdo rechazar el recurso de apelación deducido por la Municipalidad de Azul contra la regulación de honorarios practicada en favor del Dr. Alfredo Fernando Ronchetti y, en consecuencia, confirmar los estipendios fijados en treinta (30) jus arancelarios.
Con el alcance indicado, voto a la segunda cuestión planteada por la negativa .
El señor Juez doctor Mora , por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Ucín, y con igual alcance, vota a la segunda cuestión planteada por la negativa .
De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente:
1. Rechazar el recurso de apelación deducido por la Municipalidad de Azul contra la decisión de fondo y, en consecuencia, confirmar la sentencia recurrida en cuanto, por haberse configurado un vicio esencial en el procedimiento de formación de la voluntad normativa, derivado de la falta de la mayoría constitucional exigida por el art. 193 inc. 2° de la Const. provincial y ccds., declaró la ilegitimidad de las Ordenanzas 4.909/2023 -Código Tributario- y 4.910/2023 -Ordenanza Impositiva-, estrictamente en cuanto instituyeron la "Tasa por Servicios Esenciales", y dispuso su inaplicabilidad respecto de los integrantes de la parte actora. Las costas de esta instancia se imponen a la demandada vencida (art. 51 inc. 1° del C.C.A).
2. Rechazar el recurso de apelación deducido por la Municipalidad de Azul contra la regulación de honorarios practicada a favor del Dr. Alfredo Fernando Ronchetti y, en consecuencia, confirmar los estipendios fijados en treinta (30) jus arancelarios.
3. Por los trabajos de alzada, estese a la regulación de honorarios que por separado se practica.
Regístrese, notifíquese electrónicamente conf. art. 10 del Anexo Único del Ac. 4013/21 - t.o. Ac. S.C.B.A. 4039/21-. Hecho, devuélvanse las actuaciones a la instancia de grado.
Firmas
Funcionario firmante: UCIN Diego Fernando - JUEZ
Funcionario firmante: MORA Roberto Daniel - JUEZ
Funcionario firmante: RUFFA María Gabriela - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 1030-2026
Fin de la sentencia