Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A · Causa 43.550-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la excepción de nulidad articulada por la actora, con costas.
2Confirmar la resolución apelada, con costas.
3Suspender la intimación de pago, hasta tanto quede firme la intimación de pago al deudor principal.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-114144028-APN-VOCI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 25 de Octubre de 2022 de apelación”.
En el día de la fecha se reúnen los miembros de la Sala “A” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal Subrogante de la 1° Nominación), Laura Amalia Guzmán (Vocal Titular de la 2° Nominación) y Pablo Alejandro Porporatto (Vocal Subrogante Titular de la 3° Nominación) para resolver el expediente N° 43.550-I caratulado: “IRIGOYEN HIPOLITO ESTEBAN - RESPONSABLE SOLIDARIO DE IRPATE SR.L. s/ recurso de apelación”.
La Dra. Gómez dijo:
I. Que a fs. 18/39vta. se interpone recurso de apelación contra la resolución de fecha 4 de junio de 2015 dictada por la División Jurídica A/C de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mercedes de la AFIP - Dirección General Impositiva, que determinó la materia imponible al Sr. Hipólito Esteban Irigoyen, en su carácter de responsable solidario de la firma “Irpate SRL”, respecto de los gravámenes dejados de ingresar por ésta última en concepto de Impuesto al Valor Agregado -Reintegro de Exportación- períodos fiscales julio, agosto, octubre y noviembre de 2008 y mayo de 2009; y en concepto de Impuesto a las Ganancias, períodos fiscales 2009 y 2010, con más los intereses resarcitorios respectivos.
Plantea en primer término la excepción nulidad, por falta de producción de prueba en sede administrativa, fundada en la violación de garantías constitucionales, ante un excesivo formalismo que no le ha permitido –diceacreditar la inexigibilidad de la deuda de la sociedad y la improcedencia de la responsabilidad que se le imputa. Arguye que la omisión de valoración de la prueba, constituirían vicios de inconstitucionalidad al afectar garantías protegidas por la Constitución Nacional.
Apunta sobre inexistencia de deuda, -entiende- no habría obligación atento la demanda ordinaria de nulidad interpuesta contra el acto -Resolución N° 321/2011 (DI RMER)- que la sustenta. Sostiene que la administración pretende ejecutar una suma sin causa, desconociendo los efectos suspensivos de la revisión judicial de acto administrativo.
Cuestiona la validez de las Notas “intimaciones” realizadas por la administración a la firma, a fin de que ingrese las sumas devueltas en concepto de reintegro de IVA exportación, al entender que no reunían el carácter de resoluciones por carecer de motivación. Sostiene que la referida omisión invalida los actos de conformidad con el art. 14 inc. b) párrafo “in fine” de Ley 19.549 (LPDA). Resalta que el organismo fiscal no podría solicitar el reintegro de lo ya devuelto por resolución firme y consentida. Invoca la teoría de los actos propios y el art. 18 LPDA, en cuanto –dice- el acto administrativo regular del que hubieran nacido derechos subjetivos a favor de los administrados no puede ser revocado, modificado o sustituido en sede administrativa una vez notificado. Remarca que la Resolución N° 321/2011 reúne la condición de acto administrativo, pero por un lado ratifica las intimaciones y por otro lado, carecería de la debida revocación de los actos administrativos regulares de las devoluciones. Destaca que las devoluciones, como acto regulares firmes, generaron derechos subjetivos consolidando del derecho de propiedad de la empresa sobre esos importes percibidos y que sólo pueden ser revocados en instancia judicial.
Seguidamente alega que la responsabilidad que dispone de la ley 11.683 no es de carácter objetiva sino subjetiva y deriva de una conducta de la que surja un incumplimiento de los deberes impositivos a cargo del responsable por deuda ajena y para ello -entiende- éste debe administrar o disponer de los bienes de su representado en ejercicio de sus funciones. Concluye que para determinar la responsabilidad, no puede reducirse a un simple trámite de declaración de responsabilidad de los miembros de la sociedad sino que debe resultar de un proceso en donde se debe probar la culpabilidad del socio ante el incumplimiento de la empresa.
Por las pruebas que ofrece y las razones de hecho y de derecho que expuestas, solicita se dicte sentencia y se revoque en todas sus partes la resolución apelada, con costas y se tenga presente la reserva del caso federal.
II. Que a fs. 47/56vta. el Fisco Nacional contesta el traslado conferido. En primer término, niega que el rechazo en la producción de las pruebas ofrecidas en el descargo sea arbitrario y dice que el acto que así lo dispuso se encuentra fundado y que no se vio menoscabado el derecho de defensa que le asiste al contribuyente. Expone que la discrepancia de la recurrente sobre la metodología seguida para la determinación de la responsabilidad solidaria, no es una cuestión que afecta la validez del acto, sino que integra –dice- la cuestión de fondo.
En segundo término, refiere sobre la demanda contenciosa contra la Resolución N° 321/2011, resaltando que al no existir aún sentencia en la causa, no impide iniciar el procedimiento de responsabilidad solidaria al socio en carácter de responsable por deuda ajena, fundando ello en la presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria del acto administrativo (art. 12 LPA).
Rechaza el agravio relativo a la responsabilidad endilgada, alega que a la actora le resultan aplicables los artículos 6 inc. b., 7° y 8° inc. a. de la ley 11.683, relativas a la responsabilidad solidaria por deuda ajena. Afirma -en coincidencia con la recurrente- que la responsabilidad es de tipo subjetiva, siendo demostrado en las respectivas actuaciones, el ejercicio del cargo de socio gerente y representante legal mediante las tareas de fiscalización, verificado y comprobado la administración de la explotación comercial, la presentación de las declaraciones juradas impositivas y las solicitudes de reintegros del créditos fiscales del IVA afectados a la exportación, por parte del Sr. Hipólito Estaban Yrogiyen, dentro de los períodos en trato y su grado de vinculación en las operaciones realizadas por el deudor principal como la disposición y administración de los fondos. Destaca improcedente que la recurrente pretenda que se lo exima de su responsabilidad, sin aportar elementos probatorios contundentes que permitiesen justificar su imposibilidad de cumplimiento frente a los deberes.
Alude que la recurrente no formula agravios sobre lo reclamado en conceptos del Impuestos a las Ganancias con más sus intereses.
Por último, destaca que con motivo de la detección de proveedores apócrifos involucrados –que llevaron a la revocación de las devoluciones por IVA reintegros- se halla en trámite ante el Juzgado Federal de Mercedes, “Irpate SRL c/Fisco Nacional-AFIP-DGI s/Demanda Contenciosa”, con resolución de fecha 1/07/2015, que rechazó la demanda, cuya copia agrega a las actuaciones administrativas.
Por los argumentos que desarrolla, peticiona que oportunamente se dicte sentencia confirmando el acto recurrido en todas sus partes, con costas y se tenga presenta la reserva del caso federal.
III. Que a fs. 64 se abre la causa a prueba, haciendo lugar a las informativas dirigidas al Juzgado Federal de Mercedes y AFIP. A fs. 68 se hace lugar a la pericial contable ofrecida. A fs. 75, 89, 93/129, 142 se producen las pruebas informativas.
A fs. 146 se da por decaído el derecho a producir prueba pericial contable. Acto seguido se clausura el período probatorio.
A fs. 173 la representante fiscal acompaña copia de la sentencia del 16/10/2018 de la Cámara Federal de San Martín – Sala I –en los autos caratulados “IRPATE SRL Y OTROS s/Evasión simple tributaria”, Expediente N° 64028915/2013.-
A fs. 175 se elevan los autos a conocimiento de la Sala “A” y seguidamente, se ponen los autos para alegar. Finalmente a fs. 199 se pasan los autos a sentencia.
IV. Cabe señalar, de manera preliminar, que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (crf. Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140,301:970, entre otros).
Que por un orden lógico de precedencia, corresponde tratar en primer lugar la excepción de nulidad articulada por la recurrente contra la resolución aquí apelada. Que en relación a la existencia de vicios en el procedimiento de determinación de la responsabilidad solidaria, alegada por la recurrente, por haberse ignorado -a su juicio- sin efectuarse observación alguna el ofrecimiento de prueba informativa, corresponde destacar que es doctrina de este Tribunal que la prueba no admitida durante el trámite de determinación, puede ser nuevamente ofrecida ante esta instancia (conf. arts. 173 y 174 de la Ley de Procedimiento Fiscal y “Carboquímica S.A.C.I.M.”, fallo del 5-7- 11). En ese sentido se ha dicho que “La pretendida vulneración del debido proceso adjetivo, que habría podido generarse en sede administrativa, provocando la limitación del ejercicio pleno del derecho de defensa, ha podido ser efectiva y ampliamente desarrollada en esta sede jurisdiccional, alegando sobre todas las probanzas y circunstancias que se dicen antes ignoradas.” (Trib. Fiscal Nac., sala B, “Filmcircuit “SA”, sent. del 28/11/2002) y que “Tanto las argumentaciones como las medidas probatorias aportadas por la recurrente pueden ser consideradas en la presente instancia jurisdiccional, por lo que no se ha visto menguado el derecho a un debido proceso adjetivo.” (Trib. Fiscal Nac., sala A, 20/3/2003, “Inoxpla Ingeniería SRL”.).
Que en el mismo sentido, reiteradamente nuestro más Alto Tribunal ha dicho que “cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación al art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanarse esa restricción en una etapa jurisdiccional ulterior” (Fallos 202:549, 247: 52 consid. 1°, 267:393 consid. 12 y otros), porque se satisface la exigencia de la defensa enjuicio “...ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura de justicia (Fallos 205:249; consid. 5° y sus citas).
Que en virtud de la doctrina jurisprudencial anteriormente transcripta, corresponde rechazar el planteo formulado por la actora. Con costas.
V. Que en cuanto al fondo de la cuestión, esto es, la responsabilidad solidaria de la recurrente en la deuda del principal -Irpate SRL-, cabe tener presente que:
La determinación de oficio de los impuestos y períodos involucrados en los presentes autos, notificadas al deudor principal se encuentran recurridas en las actuaciones “IRPATE SRL c/Fisco Nacional (AFIP-DGI) s/Demanda Contenciosa” –Expediente N° 57.929, siendo dicha cuestión ajena a la suscitada en autos, siendo que la materia traída a debate puede ser resuelta por este Tribunal sin necesidad de suspender el proceso y esperar a que se dicte sentencia en aquellos actuados.
En tal sentido, la cuestión traída a resolver debe sujetarse exclusivamente a dirimir acerca de la procedencia de la responsabilidad solidaria atribuida al Sr. Hipólito Esteban Irigoyen respecto de aquellas obligaciones tributarias. VI-. Que el artículo 8° en su inciso a) de la ley 11.683 (t.o. 1998 y modif.) dispone -en su parte pertinente- que: “Responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo, y si los hubiere, con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones correspondientes a las infracciones cometidas: a) todos los responsables enumerados en los primeros cinco (5) incisos del art. 6º cuando, por incumplimiento de sus deberes tributarios, no abonaran el debido tributo, si los deudores no cumplen la intimación administrativa de pago para regularizar su situación fiscal dentro del plazo fijado por el segundo párrafo del artículo 17 . No existirá sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria con respecto a quienes demuestren debidamente a la Administración Federal de Ingresos Públicos que sus representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales”.
Que tal como fuera señalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Brutti” (Fallos: 327:769), la resolución mediante la cual se hace efectiva la responsabilidad solidaria sólo puede ser dictada por el organismo recaudador “una vez vencido el plazo de intimación de pago cursado al deudor principal. Sólo a su expiración podrá tenerse por configurado el incumplimiento del deudor principal, que habilita -en forma subsidiaria- la extensión de la responsabilidad a los demás responsables por deuda ajena”...” para luego agregar “.... que en el ordenamiento de la ley 11.683 ... se resguarda el derecho de defensa de las personas a las que el ente fiscal pretende endilgar responsabilidad por la deuda de un tercero, al establecerse que, a tal fin, el organismo recaudador debe sujetarse al procedimiento de determinación de oficio establecido en el art. 17 de la ley 11.683 (conf. párrafo quinto del artículo citado), lo que implica -además de la necesaria observancia de las reglas que lo conforman que la resolución respectiva pueda ser objeto de apelación ante el Tribunal Fiscal -tal como sucedió en la especie- permitiendo al responsable formular con amplitud ante ese organismo jurisdiccional los planteos que considere pertinentes a su derecho.”
Que en el caso de la figura bajo examen -responsabilidad solidaria- concurren dos obligaciones distintas, una que es la obligación principal a cargo del contribuyente y otra accesoria y de carácter subsidiario, que es la que garantiza el responsable, que ello es así porque su responsabilidad tiene por causa el incumplimiento de los deberes tributarios impuestos a los directores, gerentes, administradores o representantes de la sociedad, responsabilidad que surge con posterioridad a la verificación del hecho imponible y a raíz de la conducta del responsable del impuesto; se basa en el principio jurídico de la culpa, requiriéndose para ser hecha efectiva que el deudor (la sociedad) no cumpla la intimación de pago (Conf. CNACAF, Sala IV, “Club Atlético Adelante Asoc. Civil y Deportiva (TF 15.567-I) c/DGI”, sentencia del 15/7/1999).
Que no debe perderse de vista que la responsabilidad personal y solidaria del artículo 8 de la ley N.°11.683 “ha sido establecida a título represivo, desde que se funda en la violación del deber que la ley fiscal pone a su cargo de pagar el impuesto al fisco con los recursos que administran o de que disponen (del voto del Dr. Francisco Martínez en la causa N° 2457, “Quatrocchi, Antonino S. y otros” de este Tribunal, de fecha 27/09/66), lo que no sólo implica atribuir a la norma una interpretación restrictiva, sino tener siempre presente que no es lo mismos un “responsable solidario” que un “deudor solidario”. Que la responsabilidad recae en aquellos que administren o dispongan de los bienes sociales que son quienes se encuentran obligados a cumplir con los deberes tributarios y a ellos les alcanza la responsabilidad por los hechos u omisiones en que incurrieren, derivando de su conducta la solidaridad con los deudores de gravámenes que establece la ley, por lo que, en razón de tratarse de un incumplimiento ocurrido en ocasión de desempeñar una función que supone responsabilidad subjetiva y no haber demostrado el inculpado encontrarse en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente los deberes fiscales confiados a su custodia, concurren en cabeza de la apelante de autos los supuestos antes señalados, por lo que resultaría en principio, aplicable en este caso la responsabilidad establecida por la ley fiscal.
Que es importante destacar que corresponde a los responsables solidarios aportar la prueba irrefutable y concluyente para desvirtuar la responsabilidad -desde el plano de la imputación subjetiva- que recae en aquéllos que administren o dispongan de los bienes sociales que son -como se dijera- quienes se hallan obligados a cumplir con los deberes tributarios y a ellos les alcanza la responsabilidad por los hechos u omisiones en que incurrieren, derivando de su conducta la solidaridad con los deudores de gravámenes que establece la ley, lo que no ha sucedido en autos, ello por cuanto la apelante no ha acreditado la falta de disposición de recursos para afrontar el pago del tributo en cuestión que alega de manera exigua en sus recursos de apelación, en tanto no propuso prueba alguna (Conf. criterio de este Tribunal, sala C, “Baz, José”, sentencia del 26 de mayo de 2003).
Que respecto de la sentencia emitida por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal que invoca la actora, entiendo que la decisión allí adoptada no invalida las resoluciones apeladas en estos autos, puesto que no es vinculante ni produce cosa juzgada material para este organismo jurisdiccional. Que no puede soslayarse que la competencia de ambos jueces se encuentra delimitada recíprocamente por el ámbito de sus respectivas incumbencias; así el juez en lo Penal Tributario se limita a la elucidación de la posible ocurrencia de una conducta disvaliosa reprimida por la Ley Penal Tributaria, mientras que este Tribunal actúa conforme a la competencia atribuida por la ley de Procedimiento Tributario.
Que en virtud de lo expuesto, y en la medida en que la actora no ha demostrado circunstancia alguna que, permita excusarla de responsabilidad, corresponde admitir el criterio fiscal respecto confirmar de su responsabilidad solidaria.
VII. Que también procede confirmar la liquidación de intereses aplicada en los actos determinativos, ya que los mismos se ajustan a lo dispuesto por el art. 37 de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y modif.).
VIII. Por otro lado, corresponde confirmar la resolución apelada en todas sus partes, con costas. La Dra. Guzmán dijo:
I. Que adhiere al relato de los hechos y al Considerando IV del voto de la Vocal Instructora.
Conforme surge del escrito de inicio, el recurrente esgrime diversos argumentos dirigidos a cuestionar tanto su responsabilidad solidaria como el origen de la deuda reclamada.
II. Que con respecto a la procedencia de la atribución de responsabilidad solidaria corresponde esclarecer su naturaleza jurídica, para extraer los presupuestos a los que la ley subordina el nacimiento de aquella responsabilidad.
Nos enseña D´Amati que “la doctrina tradicional había en diversas ocasiones precisado que “además de al sujeto pasivo del impuesto, la ley tributaria muchas veces declara obligado al pago del tributo o, también, al cumplimiento de otros deberes fiscales, a una persona diversa que puede denominarse responsable del impuesto” (D´Amati, Nicola, “Derecho Tributario, Teoría y Crítica”, Editorial de Derecho Financiero, Editoriales de derecho reunidas, Madrid, 1985, pág. 363 y sgtes. y sus citas).
El ordenamiento jurídico tiene particular interés en regular –dentro de los sujetos pasivos- una figura con clara función de tutela del crédito fiscal, justificación de la existencia de la solidaridad en materia tributaria. En efecto, como señalan los Dres. Buitrago y Gamberg “la norma tributaria para tutelar el interés fiscal en la recaudación segura y rápida de los tributos, involucra con vínculos solidarios en la obligación, a sujetos a los cuales, con seguridad, no es referible la capacidad contributiva evidenciada por el presupuesto de hecho. En estos casos, la ampliación de los sujetos implicados la realiza la norma tributaria, aplicándola a sujetos pasivos de los efectos ulteriores de un presupuesto de hecho diverso en el cual, a aquellos efectos propios del hecho imponible, se agregan otros elementos” (vid. Ley 11.683 de Procedimientos Tributario Comentada, Editorial La Ley, Buenos Aires, 2019, pág. 49 y sgtes.).
Es así que el legislador traza un mecanismo por el cual el impuesto es, por ley puesto a cargo de una determinada persona, que coincide con el partícipe directo de la situación base del impuesto y por otra norma, distinta, se establece la obligación de otro sujeto, a la vez y junto al primer obligado. En esa dirección, explica Jarach, sólo el sujeto pasivo principal (el deudor por título propio o contribuyente) puede ser determinado sin necesidad de alguna norma expresa por parte de la ley, porque se deduce de la naturaleza del hecho imponible. Todos los demás sujetos pasivos, agrega, se distinguen de aquél porque, aunque tengan alguna relación con la hipótesis de incidencia de la obligación tributaria, esta relación no es tan estrecha como para significar que para ellos existe la causa jurídica del tributo. De ello, extrae la importante consecuencia de que sólo el criterio de atribución del hecho imponible al contribuyente es necesariamente un criterio económico, para los otros obligados el criterio de atribución debe resultar explícitamente de la ley y puede ser de cualquier naturaleza (El hecho imponible, pág. 177/9).
Dicho mecanismo fue receptado por nuestra legislación tributaria, pues de acuerdo con lo que disponía el artículo 6 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones, texto vigente a la sazón) “están obligados a pagar tributo, con los recursos que administran, perciben o que disponen, como responsables del cumplimiento de la deuda tributaria de sus representados, mandantes, acreedores, titulares de los bienes administrados o en liquidación, etc., en la forma y oportunidad que rijan para aquellos o que especialmente se fijen para tales responsables bajo pena de las sanciones de esta ley…entre otros “los directores, gerentes y demás representantes de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, entidades, empresas y patrimonio a que se refiere el artículo 5°, en sus incisos b) y c)”. Por su parte, el articulo 8 disponía -en lo que aquí interesa- que “Responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo y, si lo hubiere, con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones correspondientes a las infracciones cometidas: a) todos los responsables enumerados en los primeros cinco incisos del artículo 6° cuando, por incumplimiento de sus deberes tributarios, no abonaran oportunamente el debido tributo, si los deudores no cumplen la intimación administrativa de pago para regularizar su situación fiscal dentro del plazo fijado por el segundo párrafo del artículo 17. No existirá, sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria con respecto a quienes demuestren debidamente a la Administración Federal de Ingresos Públicos que representados, mandantes, etc, , los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales…”
Como concurriera a sostener tiempo atrás, en el régimen de solidaridad previsto en nuestra legislación se destacan dos figuras, no de diversa estructura, sino que son colocadas en grado diverso: una, obligación principal y la otra, garantía de aquélla y dependiente por tanto de ella. “En consecuencia no se trata de la existencia de una obligación única a cargo de diversos deudores cuyo cumplimiento pueda el acreedor exigir indistintamente a cualquiera de ellos, sino la de una obligación principal o primaria y otra u otras, accesorias o subsidiarias, de tal modo que el acreedor, es decir el Fisco Nacional, puede hacer valer sus derechos siguiendo un orden preestablecido. Así, la obligación de garantía resulta solidaria toda vez que éstos no responden como deudores directos de la obligación de pagar el impuesto sino como responsables de la deuda ajena, no quitando la solidaridad a esta obligación de garantía su carácter subsidiario (Vid. Buitrago y otras, “Procedimiento Fiscal”, Errepar, Buenos Aires 2001, pág, 76 y sgtes y sus citas).
III. Que aclarado ello, deben precisarse cuáles son los requisitos necesarios para que dicha responsabilidad pueda determinarse en cabeza del recurrente.
En ese sentido, tengo para mí que la responsabilidad descripta no es del tipo objetivo ni deriva de la simple vinculación entre los responsables y el deudor del tributo, circunstancia que se desprende del último párrafo del inciso a) del artículo 8 en tanto dispone que aquélla no existirá si se demuestra debidamente “que sus representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales…”. En ese sentido, debe destacarse que no se trata de una responsabilidad formal sino a titulo represivo, en tanto responde a los fundamentos de dolo o culpa a cuyos efectos deberá valorarse la conducta del responsable. Como con justeza explicara el Dr. Martínez “la responsabilidad solidaria en cuanto al impuesto… importa responsabilidad a título represivo desde que se funda en la violación del deber que la ley fiscal pone a su cargo de pagar el impuesto al Fisco con los recurso que administran o de que disponen. (“Quatrocchi, Antonio Serafín” (27/9/1966).
IV. Que bajo esas pautas corresponde rechazar los agravios dirigidos a cuestionar la atribución de responsabilidad que realiza el acto en crisis con sustento en que no se ha probado que fuera el recurrente quien se encontraba a cargo de la administración de los bienes de la sociedad, pues sus dichos lucen como meras argumentaciones dogmáticas huérfanas de pruebas que destruyan las fundadas conclusiones a las que arriba el ente fiscal.
Ello así y frente a la ausencia de los elementos probatorios que acrediten que el deudor principal lo colocó en la imposibilidad de cumplir con las obligaciones a su cargo, corresponde confirmar el criterio fiscal en este aspecto.
V. Que igual criterio cabe arribar con respecto a la procedencia de la deuda, que el recurrente también discute. En principio, entiendo oportuno destacar que -como bien se señala en el segundo párrafo del Considerando VI del voto de la Dra. Gómez-, nuestro máximo Tribunal ha puesto fin a la discusión que trae a esta instancia el recurrente. En efecto, en el precedente Brutti la C.S.J.N. claramente estableció que No se advierte obstáculo legal alguno para que el Fisco comience el procedimiento de determinación de oficio con el objeto de verificar la eventual responsabilidad personal y solidaria aludida en el artículo 8, inciso a) de la ley 11683, aun antes de intimar de pago al deudor principal. Sin embargo, sólo la expiración del plazo otorgado al deudor principal podrá tener por configurado incumplimiento, el que habilita -en forma subsidiaria- la extensión de la responsabilidad a los demás responsables por deuda ajena. Es decir, es necesario que la intimación al principal se encuentre incumplida para imputar la responsabilidad solidaria.
Ello así, el procedimiento determinativo discutido en autos cumple con tales requisitos, por lo que no debe ser tachado de ilegal.
VII. Que con respecto a la procedencia de la obligación tributaria, cabe señalar que los cuestionamientos efectuados por la recurrente se traducen -como en todo su recurso- en meros cuestionamientos dogmáticos ausentes de respaldo documental o probatorio, por lo que cabe su confirmación.
VIII. Que finalmente, si bien el hecho de que la obligación tributaria del deudor principal se encuentre en discusión judicial, en autos “IRIPATE S.R.L. c/Fisco Nacional s/Demanda Contenciosa”, no puede ser obstáculo alguno para que este Tribunal resuelva acerca de la procedencia de la responsabilidad solidaria que la resolución apelada le atribuye al Sr. Irigoyen, la decisión que ahora se toma no implica por sí misma la efectivización de la intimación de pago contenida en el acto administrativo, toda vez que ella se encuentra suspendida a lo que en definitiva se resuelva en aquélla instancia.
En mérito a lo expuesto, voto por 1) Rechazar la excepción de nulidad articulada, con costas.; 2) confirmar la resolución apelada, con costas y 3) suspender la intimación de pago hasta tanto quede firme la intimación de pago al deudor principal.
El Dr. Porporatto dijo:
I. Que adhiere al relato de los hechos del voto de la Dra. Goméz.
II. Que, en cuanto a la nulidad tratada en el Considerando IV, comparto voto por su rechazo, pero difiero en la imposición de costas autónoma aplicada por la vocal preopinante. En efecto, corresponde señalar aquí que, si bien el planteo mereció un tratamiento previo por razones de lógica procedencia, lo cierto es que no fue articulado por la actora como excepción en los términos del artículo 171 de la ley ritual, sino como defensa con el acto determinativo apelado y con la finalidad de obtener la revocación del criterio fiscal, razón por la cual no correspondería un tratamiento incidental como tampoco una imposición de costas autónoma. En este aspecto, es pertinente citar lo expresado por la la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contecioso Administrativo Federal, Sala III, in re "Ferioli, Jorge Oscar" (sentencia del 24/08/2007), por cuanto "...al estar subsumidos los planteos de nulidad dentro del ámbito recursivo, y por tanto, no haber generado o dado lugar a una actividad procesal autónoma, distinta o específica de aquella que es propia de la sustanciación ordinaria de la apelación de fondo, no se justifica tampoco el tratamiento especial y distinto -en materia de costas- que aquel asignado al resolverse la cuestión sustancial...".
En el mismo sentido se ha expedido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto "Que tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal; ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. fs. 132), lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y -tal como lo puso de relieve el a quo- la actora la planteó ´como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal´ (conf. sentencia de la cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia" (B-485-XLV, "Bolland y Cia S.A.", sentencia del 21/02/2013).
III. Que en cuanto al tema de fondo, adhiere al voto de la Dra. Guzmán.
Que en virtud de la votación que antecede, por mayoría;
SE
1. Rechazar la excepción de nulidad articulada por la actora, con costas.
2. Confirmar la resolución apelada, con costas.
3. Suspender la intimación de pago, hasta tanto quede firme la intimación de pago al deudor principal. Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas acompañadas y archívese.
Date: 2022.10.25 14:47:51 -03:00 Date: 2022.10.25 16:11:49 -03:00 Laura Amalia Guzman Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocal Subrogante Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.10.25 16:31:41 -03:00 Edith Viviana Gomez Vocal Subrogante Vocalía I Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.10.25 16:31:42 -03:00
Fin de la sentencia