Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución N°578411-578807/02, con costas.
2Regular en en su conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional por su actuación en autos la suma de $20.312, equivalente a 4,08 UMA por la representación procesal y $50.780, equivalente a 10,20 UMA por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada, la etapa procesal cumplida y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 29 y 51 de la ley 27.423.Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein Informe firma conjunta Número: IF-2021-85858029-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 13 de Septiembre de 2021 En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación), la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación) para resolver el Expediente EXP-2019-78533729--APN- SGAI#TFN caratulado “Ironman S.A s/ apelación”.
La Dra. O’Donnell dijo:
I-Ironman S.A interpone el recurso de apelación que establece el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra la Resolución N°578411-578807/02, dictada el 5 de agosto de 2019 por la Dirección Regional Mendoza de la Administración Federal de Ingresos Públicos, en la que se le aplica una multa de $710.608,15, por la presentación inexacta de las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado de los períodos fiscales septiembre, octubre y diciembre del 2015, enero a diciembre del 2017, con sustento en el art. 46 y presumiendo el dolo en su conducta por aplicación del art. 47, inc. b).
En su presentación ante este Tribunal, manifiesta que rectificó las declaraciones juradas durante la inspección y que debe considerarse que ello fue voluntario para lo cual cita la Instrucción General N° 19/92; agrega también que su proceder no implicó reconocer hechos, ni derechos.
Sostiene además que para que la conducta configure la defraudación tipificada en el art. 46 de la ley 11.683 se exigen maquinaciones debidamente probadas y agrega que “…, la circunstancia de que se haya presentado una declaración jurada rectificativa, demuestra que no se verifica el necesario elemento subjetivo a los fines de aplicar sanciones”.
Dedica gran parte del recurso a generalidades respecto a las operaciones con los proveedores observados, dice que efectuó todos los controles que las normas le imponían, como constatar su inscripción y verificar la vigencia del CAI, y que por ello no se pueden tildar de apócrifas a las facturas que recibiera por sus compras ya que concordaban con los servicios adquiridos.
Por último, pide el reencuadre de la multa en la figura de omisión del art. 45 de la ley 11.683, y solicita también su eximición para lo cual cita jurisprudencia y doctrina.
II. En el IF-2019-111344891-APN-DTD#JGM obra la contestación del recurso del Fisco Nacional, solicitando por las mismas razones esgrimidas por el juez administrativo, que se confirme la Resolución, con costas. Mediante la PV-2020-62321331-APN-VOCXI#TFN se le requirió al Fisco Nacional que informara si la multa se encontraba alcanzada por el beneficio de condonación establecido en la ley 27.541, obrando su respuesta en el adjunto al IF-2020-70680233-APN-DTD#JGM, en el sentido de que no correspondía dicho beneficio, ya que las obligaciones que dieron origen a la mismas se encontraban adeudadas.
A través de la PV-2021-60279582-APN-VOCXI#TFN se elevan los autos a consideración de la Sala y por medio del IF-2021-82548424-APN-VOCXI#TFN pasan los autos a sentencia.
III. Que corresponde entonces pronunciarse sobre la legitimidad de la sanción recurrida, en cuyo análisis debe estarse al encuadramiento típico de la conducta del presunto infractor, configurado por los elementos objetivo y subjetivo de la infracción imputada, el cumplimiento al procedimiento previo a su imposición y, por último, su graduación.
En el caso de autos se le imputa a Ironman S.A haber computado créditos fiscales originados en facturas apócrifas emitidas por proveedores que presentaban inconsistencias que afectaban su veracidad por un monto de $1.409.875,64 que ya en la instancia de la fiscalización accedió a conformar presentando las declaraciones juradas rectificativas pertinentes, sin que en esta instancia, ni en la previamente sustanciada, rindiera prueba alguna acerca de la realidad y efectiva realización de las operaciones más allá del mero cumplimiento de los requisitos formales en ocasión de su facturación, en la forma exigida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al fallar en la causa “Stop Car S.A.”, sentencia del 21 de agosto de 2013, entre muchas otras. Así, ante la omisión de acreditar una realidad fáctica diferente debe tenerse por configurado el elemento objetivo del tipo previsto en el art, 46 de la ley 11.683.
Este es el criterio de la Excma. Cámara al decir que “De este modo, queda comprometida su responsabilidad por la inexactitud de sus declaraciones, en la medida en que la conformidad dada implica reconocer que las declaraciones juradas primitivas no se correspondían con la realidad impositiva (en el mismo sentido, esta Sala, expte. nro. 36595/2012 “Parras y Gamero Juan (TF 34197-I) C/DGI”, del 13/02/2013; nro. 28216/2013, “Transportes Trans Sur SRL (TF 27198-I) c/ DGI”, del 29/11/2013 y nro. 65666/2015, “Perales Aguiar SA TF 39601-I c/ DGI”, del 8/11/2016; Sala IV, expte. nro. 31.497/06, “Cabañas del Sur (TF 23.839-I) c/D.G.I.”, del 20/04/10; y Sala II, nro. 26.385/04, “Transportes Tomassini SRL (TF 21.781-I) c/ DGI”, del 17/05/07)” -conf. “Jean Express SRL”, sentencia del 6.2.2018, entre otros-.
Respecto al elemento subjetivo, el juez administrativo se valió de la presunción que contempla el inc. b) del art. 47 de la misma ley, considerando que las declaraciones juradas originales presentadas por Ironman S.A contenían datos inexactos que implicaron una grave incidencia sobre la determinación de la materia imponible y, en este sentido, era también resorte de la recurrente proponer y ofrecer pruebas en contrario de su culpabilidad, por lo que al no haberlo hecho los agravios formulados, como ya se dijo, huérfanos de probanza, deben ser desestimados. Y si bien es cierto que no es la mera presentación de declaraciones juradas rectificativas lo que sanciona la norma, ni tampoco las diferencias numéricas que éstas puedan arrojar, conforme a lo manifestado en más de una oportunidad por la Excma. Cámara (conf. “Laboratorio Pyam S.A.”, del 28/3/2005, entre otros), en el caso la propia conducta del recurrente que rectificó no espontáneamente sino a instancias de la fiscalización sus declaraciones juradas originales, sumado a que no invocó, menos aún probó, otras circunstancias excepcionales que debidamente justificadas pudieren atenuar o inclusive eliminar la imputación infraccional llevan a este Tribunal a confirmarla multa (conf. “Importaciones Alfatex S.A.”, del 9/5/02, entre otros).
En palabras de la Excma. Cámara, la conducta incurrida por la aquí recurrente “…excede, a todas luces, la tipificación culposa del art. 45 y trascienden al campo defraudatorio del art. 46 en tanto se sustentan en la utilización de facturas apócrifas (cfr. esta Sala, causa Nº 13.068/2010, in re "Ambulancias Privadas Argentinas SA (TF 20638-1) C / DGI", del 23/02/11; esta Cámara, Sala IV, causa Nº 7.094/2011, "Gramont SA (TF 25880-I) c/DGI", del 29/11/11)” –“Cerealera Tres Arroyos S.A.”, del 3/3/2015-.
Por lo expresado, no existe razón para dejar sin efecto la pena que según la ley es la que corresponde a dicha conducta que es la prevista en el art. 46 de la ley 11.683, sin que se hayan invocado razones que justifiquen la recalificación y la eximición de la pena que también solicita.
Por lo expuesto, corresponde confirmar la Resolución, con costas.
IV. Que en atención a lo resuelto, procede regular en su conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional por su actuación en autos en la suma de $20.312, equivalente a 4,08 UMA, por la representación procesal y $50.780, equivalente a 10,20 UMA, por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada, la etapa procesal cumplida y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 29 y 51 de la ley 27.423.Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
Los Dres. Martín y Gómez dijeron:
Que adhieren al voto precedente.
Atento el resultado de la votación que antecede,
1. Confirmar la Resolución N°578411-578807/02, con costas.
2. Regular en en su conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional por su actuación en autos la suma de $20.312, equivalente a 4,08 UMA por la representación procesal y $50.780, equivalente a 10,20 UMA por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada, la etapa procesal cumplida y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 29 y 51 de la ley 27.423.Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado. Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Date: 2021.09.13 10:55:04 -03:00 Date: 2021.09.13 12:22:17 -03:00 Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2021.09.13 12:24:52 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2021.09.13 12:24:53 -03:00
Fin de la sentencia