Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala C · Causa EX-2025-66304724-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la excepción de prescripción articulada por la recurrente, con costas.
2Confirmar la resolución apelada en todas sus partes, con costas.
3Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos fijándolos para la representación procesal en la suma de $290.615,64 (pesos doscientos noventa mil seiscientos quince con 64/100) equivalente a 3,76 (tres con 76/100) UMA -Unidad de Medida Arancelaria- y por el patrocinio letrado, la suma de $726.540,09 (pesos setecientos veintiséis mil quinientos cuarenta con 9/100) equivalente a 9,41 (nueve con 41/100) UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la actividad desarrollada en la etapa procesal cumplida en autos, además de la excepción que da cuenta el punto 1°) del presente decisorio, conforme Ley 27.423, Resolución SGA N° 2226/2025 (25/09/2025) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017. Las sumas reguladas no incluyen el IVA.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe firma conjunta Número: IF-2025-120510550-APN-VOCX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 29 de Octubre de 2025 SA.;SENTENCIA (VOCX)
En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal Titular de la 10° Nominación), Agustina O'Donnell (Vocal Titular de la 11° Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la 12° Nominación), para dictar sentencia en el EX-2025-66304724-APN- SGAI#TFN, caratulado “IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. s/recurso de apelación”.
La Dra Gómez dijo:
I. Que mediante la RE-2025-66301091-APN-SGAI#TFN la sociedad IRSA Inversiones y Representaciones SA (en adelante IRSA) interpone recurso de apelación contra la resolución de fecha 23 de mayo de 2025, emitida por la Jefa (Int) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Control Grandes Contribuyentes de la Subdirección General Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes Nacionales de ARCA-DGI, mmediante la cual se determinó de oficio el Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales 1/2018 a 12/2018, estableciendo saldo a ingresar a favor del Fisco por los períodos 1/2018 a 10/2018 con más intereses resarcitorios. Asimismo se impuso una multa equivalente a dos veces el monto del impuesto omitido por los períodos 1/2018 a 6/2018, con sustento en los establecido en los arts. 46 y 47 inc. a), b) y c) de la ley 11.683 (t.o vigente), haciendo constar que por los períodos 7/2018 a 10/2018 que corresponden al ejercicio 2019, resulta de aplicación lo establecido en el art. 20 del Régimen Penal Tributario.
En primer término, opone la defensa de prescripción de las acciones y las facultades del Fisco para determinar y aplicar sanciones respecto de los períodos fiscales 01/2018 a 12/2018. Argumenta que tomando la suspensión de un año dispuesta por el artículo 11 de la ley 27.562, el plazo prescriptivo se extendió hasta el 31 de diciembre de 2024. Asimismo, indica también que la resolución que confirió vista de las actuaciones fue notificada dentro de los 180 días anteriores a la fecha que operaba la prescripción, resultando no solo aplicable lo dispuesto por el artículo 65.1 de la ley N° 11683 sino extendiendo el plazo hasta el 11 de marzo de 2025.
En cuanto al fondo, plantea la improcedencia de la pretensión fiscal. Analiza la figura del consorcio de copropietarios y su funcionamiento a la luz de la legislación vigente, concluyendo que de no existir dicha figura jurídica cada prestador o vendedor de servicios debería emitir facturas individuales a cada uno de los sujetos contratantes, resultando un proceso costoso e ineficiente. En este orden, sostiene que las operaciones realizadas por los consorcios -compras de bienes y servicios para la conservación y funcionamiento de los bienes comunesconstituyen operaciones sujetas al IVA conforme a las disposiciones de la ley del gravamen, razón por la cual la postura del Organismo recaudador tergiversa la realidad económica del consorcio y su función genuina al desconocer el computo de los créditos fiscales que surgen de las facturas emitidas por estos, además que ello implicaría un enriquecimiento indebido por parte del Fisco Nacional. Remarca que si las operaciones realizadas por los consorcios de propietarios están alcanzadas por el IVA, el cómputo de los créditos fiscales efectuados por IRSA en proporción a su participación en estos y derivados de operaciones gravadas, resultan procedentes y deben ser aceptados.
No expresa agravios respecto de la aplicación de intereses resarcitorios ni de su cálculo.
Por último, en cuanto a la multa aplicada por defraudación fiscal aduce la ausencia de los elementos objetivos y subjetivos, toda vez que con su accionar no ha tenido la intención de defraudar al Fisco. Manifiesta que no existieron declaraciones engañosas, ocultación maliciosa, ni ningún otro elemento que configure el dolo requerido para el ilícito, alegando que su conducta se ajusta a la diligencia, cuidado y previsión que le son exigibles, siendo el mismo Organismo quien debe probar el ardid tendiente a detraer la materia imponible conforme lo dispone la Instrucción 6/2007.
Finalmente, por las razones que expone y la jurisprudencia que cita en apoyo de su postura, solicita que se deje sin efecto la resolución apelada, con costas y hace reserva de caso federal.
II. Que mediante la presentación incorporada al IF-2025-96603915-APN-DTD#JGM el Fisco Nacional contesta el traslado conferido.
En primer lugar pide el rechazo de la prescripción en tanto sostiene que el plazo fue suspendido con carácter general y por el término de un año en virtud de lo establecido por el art. 17 de la Ley 27.562, agregando que también procede la causal de suspensión fijada por el artículo sin número incorporado a continuación del art. 65 de la ley de rito fiscal, debiendo el plazo allí dispuesto ser computado en días hábiles administrativos y no corridos.
Respecto al fondo de la cuestión, sostiene que las actuaciones se originaron con el objeto de verificar el cómputo indebido de créditos fiscales, vinculados directamente con facturas tipo "A" emitidas por consorcios de propietarios y cuyos gastos se relacionan con las actividades propias de estos. Al respecto, aduce que no resulta procedente que los consorcios de propietarios se inscriban como responsables en el IVA al sólo efecto de transmitir los créditos fiscales de las expensas a los copropietarios inscriptos en dicho gravamen, siendo que estos no prestaron servicios gravados en el IVA a IRSA, sino que se trató de gastos correspondientes a mantenimiento y conservación de los edificios (servicios prestados por terceros a los consorcios), y que los mismos resultaron refacturados con el sólo fin de trasladar improcedentemente créditos fiscales a la aquí recurrente, ya que el consorcio no lleva a cabo actividad alcanzada por el impuesto. Es por ello, que manifiesta que de modo alguno se constata la vulneración al principio de realidad económica, solicita se rechacen los argumentos por la contraparte aquí planteados en este punto.
En cuanto a los intereses resarcitorios, luego de un análisis legislativo y jurisprudencial, solicita se confirmen los mismos en virtud de que la recurrente no ha expresado agravios respecto de aplicación y que los mismos se ajustan a las normas fijadas por la ley de rito fiscal.
Por último, y en cuanto a las multas aplicadas y su procedencia, sostiene que las mismas resultan ajustadas a derecho y correctamente encuadradas por encontrarse acreditada la conducta imputada a título de dolo atento a los ajustes realizados que implicó una afectación a la renta fiscal, por lo que solicita su confirmación. Sobre la base de los argumentos vertidos en el acto recurridos, los argumentos que expone y la jurisprudencia que invoca en apoyo de sus dichos, solicita se dicte sentencia confirmando el acto apelado en todas sus partes, con expresa imposición de costas a la contraria y se tenga presente la reserva del caso federal.
III. Que no habiendo ofrecido mas pruebas que las actuaciones administrativas de la causa, mediante la PV- 2025-103576094-APN-VOCX#TFN se eleva la presente a conocimiento de la Sala “D”. Finalmente,por IF-2025- 119722669-APN-VOCX#TFN se ponen los autos para dictar sentencia.
IV. Que en primer lugar corresponde expedirse sobre el planteo de prescripción efectuado por la recurrente. Al respecto, alega que las acciones y poderes del Fisco para determinar el impuesto al valor agregado por los períodos comprendidos en el 2018 para el acto fechado el 23/5/2025, se encuentran prescriptas.
Que en lo que aquí interesa, la ley de rito fiscal establece que las acciones y poderes del Fisco para determinar obligaciones tributarias, prescriben por el transcurso de cinco (5) años en el caso de contribuyentes inscriptos y que término comenzará a correr desde el 1º de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas e ingreso de gravámenes (cfr. artículos 56 y 57 ley de rito fiscal). Que ello así, la prescripción de los impuestos por los períodos enero a noviembre de 2018 comenzó a correr el 1/1/2019 y para diciembre de 2018 el 1/1/2020 debiéndose analizar si durante su curso se produjeron causales suspensivas o interruptivas establecidas por ley. En efecto, el artículo 17 de la Ley 27.562 (B.O. 26/08/2020) -y que dispuso la ampliación de la moratoria de la Ley 27.541 (B.O. 23/12/2019) reza textualmente: ”Suspéndese con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentre a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales”. Que de ello, se advierte que la suspensión por el término de un año a que hace referencia alcanza a la totalidad de los contribuyentes o responsables.
En tal sentido, nótese que dicha ley entró en vigencia el mismo día de su publicación, es decir el 26/8/2020, y por lo tanto, a tenor de lo expresado, no cabe duda que resulta aplicable en el caso de marras. En tal sentido, la suspensión de la prescripción consiste en la detención del tiempo útil para prescribir por causas concomitantes o sobrevinientes al nacimiento de la acción en curso de prescripción, y toda vez que en autos la entrada en vigencia de la ley referida fue durante el curso del plazo de la prescripción y no cuando tal término se había agotado, es decir no se trataba de un derecho adquirido por el recurrente, no se advierte afectación alguna a derecho de la apelante por la aplicación de tal ley. A su vez, cabe aclarar que la ley citada estableció que la suspensión del plazo era de carácter general, es decir comprensiva de la totalidad de los contribuyentes y responsables, interpretación ha sido receptada por la C.S.J.N. en la causa "Distribuidora del Plata S.R.L.” en fallo de fecha 26/11/91, al resolver respecto del art. 49 de la ley 23.495, situación que resulta análoga a la aquí planteada (véase La Ley, T.1992/B, pág. 456).
Asimismo, y que además de resultar aplicable la causal de suspensión prevista en la ley 27652 conforme lo ut supra expuesto, debe considerarse tambien lo fijado en la última parte del artículo agregado a continuación del art. 65 de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y modif.) en cuanto dispone “Se suspenderá por ciento veinte (120) días el curso de la prescripción de las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos, regidos por la presente ley, y para aplicar y hacer efectivas las multas, desde la fecha de notificación de la vista del procedimiento de determinación de oficio o de la instrucción del sumario correspondiente, cuando se tratare del o los períodos fiscales próximos a prescribir y dichos actos se notificaran dentro de los ciento ochenta (180) días corridos anteriores a la fecha en que se produzca la correspondiente prescripción”.
Del cotejo de las actuaciones y no siendo objeto de controversia, surge que la vistas del art. 17 de la ley de rito fue dictada el 11/11/2024 y notificada el mismo día (vide constancias fs. 21/22 en Informe GDE IF-2025- 00160170-AFIP-SED8DVDEOC#SDGOIGC incorporado mediante IF-2025-98330986-APN-DTD#JGM) dentro de los 180 días corridos anteriores a la fecha en que se produciría la prescripción de los períodos bajo examen, correspondiendo computar la citada suspensión por 120 días. Es decir, que una vez que se reanudó el plazo luego de cumplirse la suspensión fijada por la ley 27652, antes referida el plazo vuelve a suspenderse por efecto de la norma citada en el párrafo precedente, dictándose el acto determinativo en fecha 23/5/2025, cuando aún no se habían cumplido el plazo de prescripción. A ello cabe agregar, que el artículo 4 de la ley de rito fiscal expresamente establece que para todos los términos establecidos en dicha norma se computaran únicamente los días hábiles administrativos.
Ello así y a la luz de las normas analizadas, cabe concluir que el Fisco se encontraba facultado para practicar la determinación de oficio cuestionada en autos, correspondiendo rechazar el planteo de prescripción formulado por la recurrente, con costas.
V. Que surge tanto de las actuaciones como de la resolución recurrida que la sociedad IRSA (continuadora por absorción de IRSA Propiedades Comerciales S.A -en adelante IRSA ANTECESORA) declara ante el ente fiscal como actividad principal “Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados N.C.P”, cerrando sus ejercicios comerciales el 30 de junio de cada año. Que las actuaciones se originaron con el objeto de verificar el cómputo indebido de créditos fiscales, vinculados directamente con facturas tipo “A” emitidas por consorcios de propietarios y cuyos gastos se relacionan con las actividades propias de los consorcios, en las declaraciones juradas de la encartada del Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales 1/2018 a 12/2018. Ello así, la inspección actuante pudo concluir que IRSA ANTECESORA expuso como crédito fiscal el proveniente de las facturas tipo “A” emitidas por los Consorcios “Working Ocampo”, “Edificio Torre Boston” y “Edificio Moreno 877” las cuales corresponden al concepto “recupero de gastos por expensas”, cuya finalidad es mantener y solventar los costos generados por el edificio de propietarios.
Que la firma aportó la documentación respaldatoria de la cual surge que los consorcios emitieron facturas bajo el concepto de “recupero de gastos directos y recupero de gastos por expensas” discriminados en distintas alícuotas, percepciones de IVA y conceptos no gravados. A los fines de ampliar la información, la fiscalización procedió a circularizar a los consorcios requiriendo informen la prestación de los servicios alcanzada en el Impuesto al Valor Agregado que realizó cada uno de ellos a la contribuyente IRSA, cumpliendo con el requerimiento solo dos de ellos.
Que de la información recabada y su posterior análisis, la fiscalización sostuvo que los tres consorcios no prestaron servicios gravados en IVA a IRSA ANTECESORA, por ende, la misma concluye que se trató de gastos correspondientes a mantenimiento y conservación de los edificios (servicios prestados por terceros a los consorcios) y que los mismos resultaron refacturados con el solo fin de trasladar los créditos fiscales a IRSA ANTECESORA, procediendo en consecuencia a impugnar los créditos fiscales computados por la contribuyente.
VI. Que la actora sustenta sus agravios en que, conforme el artículo 4 de la ley del gravamen, esta incluye como sujetos pasivos del impuesto a los consorcios en tanto se encuentren realizando actividades que generen un ingreso gravado en IVA. Indica que los servicios prestados por los Consorcios (mantenimiento de ascensores, limpieza, seguridad entre otros) están sujetos a IVA, por lo que las facturas emitidas que incluyen el IVA correspondiente, son válidas y permiten a los consorcistas computar el crédito fiscal correspondiente facturado como recupero de gastos que realizan los Consorcios.
Por su parte, el Fisco Nacional sostiene que la recurrente se computó de manera indebida, dentro de las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado –períodos 01/2018 a 12/2018-, el crédito fiscal proveniente de la refacturación de gastos propios de los mencionados consorcios, incluidos en los libros IVA Compras cotejados, ya que dichos gastos corresponden al mantenimiento y conservación de los edificios, siendo refacturados por los Consorcios a la contribuyente con el sólo fin de trasladar el crédito fiscal, y, de esta manera, mantener una relación de débito/crédito semejante a 1, que tenga como resultado la ausencia de saldo a ingresar por el mencionado tributo.
Que considero pertinente previo a todo, referirme a las figuras de “consorcio de propietarios” y de “administrador”, cuales son sus funciones y alcances conformes lo define y establece el derecho común, debiendo remitirme a las normas contenidas en el Código Civil y Comercial de la Nación -que derogó la ley N ° 13512 y sus decretos reglamentarios-, más precisamente al Título V referido al Régimen de Propiedad Horizontal. En lo que aquí interesa, el articulo 2044 define a la figura del Consorcio estableciendo que “El conjunto de los propietarios de las unidades funcionales constituye la persona jurídica consorcio. Tiene su domicilio en el inmueble. Sus órganos son la asamblea, el consejo de propietarios y el administrador. La personalidad del consorcio se extingue por la desafectación del inmueble del régimen de propiedad horizontal, sea por acuerdo unánime de los propietarios instrumentado en escritura pública o por resolución judicial, inscripta en el registro inmobiliario.”.
En cuanto a los gastos y contribuciones, el artículo 2048 dispone que “Cada propietario debe atender los gastos de conservación y reparación de su propia unidad funcional. Asimismo, debe pagar las expensas comunes ordinarias de administración y reparación o sustitución de las cosas y partes comunes o bienes del consorcio, necesarias para mantener en buen estado las condiciones de seguridad, comodidad y decoro del inmueble y las resultantes de las obligaciones impuestas al administrador por la ley, por el reglamento o por la asamblea. Igualmente son expensas comunes ordinarias las requeridas por las instalaciones necesarias para el acceso o circulación de personas con discapacidad, fijas o móviles, y para las vías de evacuación alternativas para casos de siniestros. Debe también pagar las expensas comunes extraordinarias dispuestas por resolución de la asamblea. El certificado de deuda expedido por el administrador y aprobado por el consejo de propietarios, si éste existe, es título ejecutivo para el cobro a los propietarios de las expensas y demás contribuciones.”
Que de lo apuntado se desprende que el conjunto de propietarios de las unidades funcionales constituyen un ente con órgano de dirección y representación, es decir, el ente consorcio es una persona jurídica en sentido estricto y que su principal función es la administración y conservación de las partes comunes del inmueble sujeto al régimen de propiedad horizontal, para lo cual recibirá pagos mensuales y obligatorios de todos los propietarios y/o inquilinos –expensas comunes- para cubrir gastos, ya sea de mantenimiento, seguridad de las áreas comunes, como pasillos, ascensores y portería, además de servicios como limpieza y luz.
Asimismo, los artículos a continuación de este último precisan que tanto los propietarios como los poseedores a cualquier título son los obligados a afrontar el pago de las expensas y que, en principio, no podrán estos liberarse de dicha obligación ni rehusarse al pago de las mismas ni oponer defensas fundadas en derechos que invoquen contra el consorcio (conf. artículos 2049 y 2050 del CCCN).
Por otra parte, la figura del administrador se encuentra receptado en el artículo 2065 del mencionado texto, que dispone que “El administrador es representante legal del consorcio con el carácter de mandatario. Puede serlo un propietario o un tercero, persona humana o jurídica.” Asimismo, el articulo 2067 al enumerar sus derechos y obligaciones, establece en su inciso d) que el administrador debe “practicar la cuenta de expensas y recaudar los fondos necesarios para satisfacerlas. Para disponer total o parcialmente del fondo de reserva, ante gastos imprevistos y mayores que los ordinarios, el administrador debe requerir la autorización previa del consejo de propietarios”.
Sentado ello, y como se expusiera, en la presente se observó por parte de la fiscalización el computo de créditos fiscales vinculados directamente con facturas emitidas por consorcios de propietarios a la aquí recurrente, los que se relacionan con las actividades propias de éstos. Que a fin de ampliar la información, durante la fiscalización se curso requerimiento a los consorcios Working Ocampo, Edificio Torre Boston y Edificio Moreno 877a fin de que informen, entre otros puntos, cuáles fueron los servicios prestados por estos –y alcanzados por el impuesto- a IRSA (vide fs. 78/83 IRSA Propiedades Comerciales SA -Cpo Ppal parte 2- 0002- IF-2023-03284866-AFIP- DVCOIN#SDGOIGC- incorporado al IF-2025-98324335-APN-DTD#JGM).
Que el Consorcio de Propietarios Working Ocampo en respuesta indico que durante los períodos 2017 a 2022 le prestó servicios gravados específicos en forma directa o bien indirecta (subcontratando) a IRSA, los que consistieron en limpieza, servicios de seguridad, servicios de control de accesos, servicios de reparaciones específicas, servicios de control de plagas, servicios de gestión de inmuebles y otros, dejando sentado que dichas contrataciones de servicios y compra de bienes generan crédito fiscal y resultan computables en los términos del artículo 12 de la ley del gravamen. Por su parte, el Consorcio de Propietarios Edificio Moreno 877 mediante formulario F.206/I respondió que el consorcio actúa como intermediario en los términos del artículo 21 de la ley 23.349 y realiza a nombre propio gastos que responden a operaciones gravadas, reembolsables a sus censorcitas. También informó que el recupero de gastos realizado se vincula con operaciones gravadas tal como establece el articulo 12 de la ley de IVA y se encuentran realizadas mediante facturas aprobadas por AFIP. (vide fs. 91 y 103 IRSA Propiedades Comerciales SA -Cpo Ppal parte 2- 0002- IF-2023-03284866-AFIP-DVCOIN#SDGOIGC- incorporado al IF-2025-98324335-APN-DTD#JGM). Cabe indicar que el Consorcio de Propietarios Edificio Torre Boston no dio respuesta al requerimiento formulado.
Ahora bien, que de las facturas emitidas por los tres consocios aludidos a la administradora IRSA–y que forman parte de los antecedentes administrativos-, surge que los conceptos facturados son “recupero de gastos directos al 21%”; “recupero de gastos por expensas gravados al 21%”; “recupero de gastos directos no gravados”; “Honorarios por administración”; “recupero de gastos directos percep IVA”; “proporción de Aysa”, entre otros (fs. 214/225 act.adm. IRSA Propiedades Comerciales SA -Cpo Ppal parte 1- 0002- IF-2023-03284866-AFIP- DVCOIN#SDGOIGC- incorporado al IF-2025-98324335-APN-DTD#JGM e IRSA Propiedades Comerciales SA.
– Facturas Consorcio Working Ocampo PF 2018 - IF-2024-01077098-AFIP-SCN3DVCOIN#SDGOIGC incorporado al IF-2025-98326613-APN-DTD#JGM).
Que en el caso del consorcio Working Ocampo, si bien este específica cuales fueron las actividades prestadas a la aquí recurrente, lo cierto es que de las facturas por este emitidas los conceptos corresponden a “recupero de gastos por expensas”, lo que imposibilita saber con certeza cuál es el servicio que se factura a IRSA y que, en su caso difiera con aquellas que hacen a los gastos habituales relacionados con la conservación y mantenimiento de las partes comunes del consorcio.
En similar sentido corresponde hacer mención a la respuesta dada por el consorcio Edificio Moreno 877, el cual se limita a indicar que los recuperos de gastos realizados por éste se vinculan a operaciones gravadas conforme lo establece el artículo 12 de la ley del gravamen, pero sin especificar cuales (vde fs. 103 IRSA Propiedades Comerciales SA -Cpo Ppal parte 2- 0002- IF-2023-03284866-AFIP-DVCOIN#SDGOIGC- incorporado al IF- 2025-98324335-APN-DTD#JGM). Al respecto, cabe reiterar que de las facturas en cuestión no surgen de forma concreta cuales son los servicios prestados, de forma directa o indirecta, por los consorcistas a la administradora IRSA, poniendo a su vez de relieve que la recurrente ni siquiera ofreció prueba para otorgarle un sustento a sus defensas, ni aportó documental alguna -copias de los comprobantes sujetos a reintegro- que sirva para conocer con certeza a qué responden los gastos cuyo recupero se consigna en los comprobantes en análisis, ni se aportó una rendición de cuentas a tal fin.
Que no puede pasarse por alto que en el escrito recursivo la recurrente manifiesta que “los consorcios no son entes con fines de lucro sino estructuras organizacionales, personas jurídicas constituidas por el conjunto de los propietarios de las unidades funcionales creadas para gestionar y administrar los bienes comunes en beneficio de los consorcistas” agregando que “la impugnación de los créditos fiscales relacionados con las compras de bienes y servicios para el mantenimiento de los bienes comunes... y están directamente vinculadas al mantenimiento de las unidades funcionales de los consorcistas”.
En tal sentido, habiendo reconocido la actora que los consorcios de propietarios aludidos no son entes con fines de lucro no resulta procedente que los mismos se inscriban como responsables en el IVA al solo efecto de transmitir los créditos fiscales de las expensas, en tanto no hay elemento alguno que así lo acredite. Que cabe recordar que “la carga de la prueba no supone ningún derecho del adversario, sino un imperativo del propio interés de cada litigante; es una circunstancia de riesgo, que consiste en que quien no prueba los hechos que debe probar, pierde el pleito” (cfr. CNCiv. - Sala C - LL - T. 117 - pág. 808 – 11.371-S).
Que si bien este Tribunal -conf.art. 164 de la ley de rito- tiene amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes, es jurisprudencia pacífica que ello no implica llegar al extremo de reemplazar a la parte remisa o descuidada en la defensa de sus derechos, en violación del principio de la igualdad procesal, a lo que se agrega que las estimaciones de impuestos efectuadas de oficio gozan, en principio, de legitimidad e incumbe a quien las impugna demostrar fehacientemente los hechos en que sustenta su pretensión. Que de seguirse otra tesitura “la prerrogativa de la Administración respecto de la legitimidad de sus actos desaparecería frente a cualquier proceso judicial, obligando al Estado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, así como la validez de las conclusiones extraídas de ellos” (conf. CSJN - in re “Romero SA”, sentencia del 8 de febrero de 2005).
Ello así cabe recordar que el artículo 12 de la ley de Impuesto al Valor Agregado supedita el cómputo del crédito fiscal por compras o importaciones definitivas, locaciones y prestaciones de servicios cualquiera fuera la etapa de aplicación a que estas se vinculen con operaciones gravadas. Es decir, el derecho al cómputo se circunscribe a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado –en este caso- respecto de la prestación de un servicio gravado, extremo que no se cumple en las presentes actuaciones, pues al no encontrar respaldo en probanza fehaciente que logren acreditar tal extremo, los agravios de la aquí recurrente resultan meras consideraciones dogmáticas que no logran conmover los fundamentos volcados por el Fisco Nacional. Ello así, en la presente no ha quedado acreditado que los consorcios hayan prestado servicios gravados en el IVA a la aquí recurrente sino que los gastos efectuados se corresponden con la propia actividad de los consorcios, esto es el mantenimiento y conservación de las partes comunes sujetas a un régimen de propiedad horizontal, no resultando procedente el cómputo del crédito fiscal que sostiene la recurrente y admitiendo el ajuste practicado en el acto apelado.
VIII. Que, sobre los intereses resarcitorios intimados cabe señalar que constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias. Que ajustándose su cálculo a lo establecido por el art. 37 de la ley de rito fiscal corresponde disponer también su confirmación haciendo notar que la aquí recurrente no ha expresado agravio alguno contra su imposición.
IX. Que resta pronunciarse sobre la multa impuesta por los períodos 1/2018 a 6/2018 con sustento en lo establecido en los arts. 46 y 47 inciso a), b) y c) de la ley de rito fiscal.
Que la primera de las normas citadas establece que “El que mediante declaraciones engañosas u ocultación maliciosa, sea por acción u omisión, defraudare al Fisco, será reprimido con multa de dos (2) hasta seis (6) veces el importe del tributo evadido”, mientras que el artículo 47 de ley 11.683 establece presunciones legales “iuris tantum” tendientes a invertir la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. Quiere decir que la consecuencia de la existencia de estas presunciones legales consisten en que una vez que el Fisco ha probado que en el supuesto bajo examen se configura alguno de los casos previstos en el citado artículo, se presume que el infractor ha tenido dolo de realizar la defraudación, y será éste quien deberá probar la inexistencia de dicha intención dolosa (conf. CANACF -Sala V-, in re: “Beleza SA (TF 21382-I) c/ DGI”).
Que demostrado el elemento objeto del ilícito, las presunciones establecidas en el artículo 47 admiten prueba en contrario y en tal sentido es resorte de la actora proponer y ofrecer las pruebas que hagan a su derecho a fin de desvirtuar las afirmaciones vertidas por el ente recaudador, las que no fueron debidamente rebatidas en el caso concreto. Que ello así, considero que han concordado elementos suficientes para tener por configurado el ilícito previsto en el art. 46 de la ley de rito, como así también la debida utilización de las presunciones establecidas en el art. 47 de la citada normativa.
Que por lo expuesto, no habiéndose producido prueba que acredite la falta de dolo en su obrar, cabe concluir que las razones y argumentos expuestos por el juez administrativo para aplicar la multa bajo examen no han sido conmovidos y resultan suficientemente aptos para fundar el encuadre infraccional y en consecuencia, corresponde disponer su confirmación.
X. Por todo lo expuesto voto por rechazar la excepción de prescripción articulada por la recurrente, con costas y confirmar la resolución apelada en todas sus partes, con costas a cargo de la parte vencida.
La Dra. O'Donnell y el Dr. Martín dijeron:
Que adhieren al voto de la Vocal Instructora.
Del resultado de la votación que antecede; SE RESUELVE:
1. Rechazar la excepción de prescripción articulada por la recurrente, con costas.
2. Confirmar la resolución apelada en todas sus partes, con costas.
3. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos fijándolos para la representación procesal en la suma de $290.615,64 (pesos doscientos noventa mil seiscientos quince con 64/100) equivalente a 3,76 (tres con 76/100) UMA -Unidad de Medida Arancelaria- y por el patrocinio letrado, la suma de $726.540,09 (pesos setecientos veintiséis mil quinientos cuarenta con 9/100) equivalente a 9,41 (nueve con 41/100) UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la actividad desarrollada en la etapa procesal cumplida en autos, además de la excepción que da cuenta el punto 1°) del presente decisorio, conforme Ley 27.423, Resolución SGA N° 2226/2025 (25/09/2025) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017. Las sumas reguladas no incluyen el IVA.
Regístrese y notifíquese.
Date: 2025.10.29 12:07:19 -03:00 Date: 2025.10.29 17:04:15 -03:00 Agustina O'Donnell Daniel Alejandro Martín Vocal Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.10.29 17:30:41 -03:00 Edith Viviana Gomez Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.10.29 17:30:42 -03:00
Fin de la sentencia