Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 39112-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de los actores y confirmar la resolución de fs. 85/87vta. en cuanto fue materia de agravios; sin costas dada la ausencia de contradicción 2) Reducir la regulación de honorarios practicada del modo en que surge del considerando 9°.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
39386/2025 ISAAC CARLOS LEVY DANIEL Y OTRO (TF 39112-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 9 de abril de 2026.
VISTOS; Y CONSIDERANDO:
1. Que, a fs. 85/87vta., el Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría: (i) confirmó la resolución 2068/18, dictada en la actuación 15180-169-2011, en cuanto había condenado a pagar a cada uno de los actores Isaac Carlos Levy Daniel y Judith Charne $42.560 en concepto de multa y otros $42.560 en concepto de multa sustitutiva de comiso, por la comisión de la infracción prevista en el artículo 979 del Código Aduanero; (ii) impuso las costas a los vencidos.
Para resolver como lo hizo, en lo que ahora interesa señalar, recordó que las actuaciones tuvieron origen en el procedimiento efectuado el 17 de noviembre de 2011, ocasión en que el servicio aduanero constató que los nombrados pretendían egresar del país transportando un total de USD 40.000 (USD 20.000 por cada uno), suma que excedía el límite permitido por la normativa vigente en materia de equipaje.
En ese marco, tras reseñar que en sede penal económica se había absuelto a los imputados por el delito de contrabando, el tribunal administrativo desestimó el agravio relativo a la violación de la garantía non bis in idem. Al respecto, señaló que, si bien el principio se hallaba consagrado en el artículo 1º del Código Procesal Penal y en el artículo 897 del Código Aduanero, no se configuraba en la especie la identidad de causa necesaria para su aplicación, toda vez que en sede judicial se había investigado el delito de contrabando mientras que en la instancia administrativa se ventilaba una infracción al régimen de equipaje.
Despejada esa cuestión, precisó que la conducta encuadraba en el artículo 979, apartado 1°, del Código Aduanero, pues los recurrentes intentaron extraer del territorio aduanero mercadería no admitida en el régimen de equipaje conforme a las restricciones vigentes. En tal sentido, hizo hincapié en que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 491 del Código Aduanero, en el artículo 59, inciso c, del decreto 1001/82, y en el artículo 7º del decreto 1570/01 (modificado por el decreto 1609/01), se hallaba prohibida la exportación de billetes y monedas extranjeras por montos superiores a los U$S 10.000 o su equivalente, salvo que la operación se realizase a través de entidades autorizadas.
Finalmente, el Tribunal destacó el carácter objetivo de la infracción, concluyendo que resultaba irrelevante la legitimidad del origen o destino de los fondos. Asimismo, sostuvo que la responsabilidad en materia sancionatoria administrativa se asentaba en el incumplimiento de las obligaciones normativas, por lo que no resultaba exigible un examen de culpabilidad —dolo o culpa— en los términos de la teoría general del delito.
2. Que, disconformes, a fs. 93/102vta. interpusieron y fundaron recurso de apelación los actores, que se concedió a fs. 113 y no fue replicado.
En primer término, sostienen que la sentencia recurrida resulta violatoria de la garantía contra el doble juzgamiento protegida por el artículo 18 de la Constitución Nacional. Afirman que, al haber sido sobreseídos en la sede penal económica por los mismos hechos, la Aduana carece de facultades para iniciar un nuevo sumario, dado que el tipo infraccional no es ontológicamente diverso del delito y la jurisprudencia de la Corte Suprema ha equiparado ambas esferas sancionatorias.
Asimismo, plantean la excepción de prescripción de la acción para aplicar sanciones (arts. 934 y 935 del Código Aduanero). Alegan que los hechos investigados ocurrieron el 17/11/11 y que la sanción les fue notificada recién el 7/5/18, habiendo transcurrido con exceso el plazo de cinco años. En este sentido, cuestionan la validez del auto de apertura de sumario como acto interruptivo, sosteniendo que, al no haber sido notificado oportunamente, carece de efectos jurídicos.
Por otra parte, arguyen la nulidad de la sentencia del Tribunal Fiscal por incongruencia. Manifiestan que existe un vicio en la estructura del fallo, toda vez que el vocal preopinante concluyó que la acción estaba prescripta y, no obstante ello, avanzó sobre el fondo de la cuestión; mientras que los restantes magistrados de la Sala adhirieron a esta segunda parte sin resolver previamente la validez de la acción, lo cual ocasiona una nulidad absoluta e insanable.
En cuanto al aspecto sustancial, niegan haber incurrido en una conducta punible bajo la ley penal cambiaria o el Código Aduanero, aclarando que el dinero transportado (USD 20.000 cada uno) tenía como único fin el pago en efectivo del alquiler de una casa de veraneo en Punta del Este. Subrayan la falta de actitud dolosa o culposa en su comportamiento y postulan que la responsabilidad infraccional no puede fundarse en el mero riesgo objetivo, sino que requiere la acreditación de un elemento subjetivo esencial para la configuración del ilícito tributario.
Finalmente, cuestionan la normativa aplicada por el servicio aduanero, sosteniendo que los controles de cambio son herramientas de carácter excepcional y transitorio que no deberían alcanzar a los particulares en el régimen de equipaje, y que la Aduana se arroga facultades basadas en normas dictadas por la propia AFIP-DGA que no resultan aplicables al caso.
3. Que, a su vez, a fs. 104 se regularon los honorarios de la representación fiscal, los que fueron apelados por bajos a fs. 111 y por altos a fs. 112. Ambos recursos se concedieron a fs. 113.
4. Que, con relación al agravio referido a la nulidad de la sentencia por falta de mayoría sustancial de fundamentos, cabe señalar que, si bien el magistrado que votó en primer término, Dr. Miguel Nathan Licht, concluyó que la acción del Fisco se encontraba prescripta, lo cierto es que examinó el fondo de la controversia en virtud del criterio CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 39386/2025 ISAAC CARLOS LEVY DANIEL Y OTRO (TF 39112-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO mayoritario de la Sala G. En esa instancia, los Dres. Sarquis y Segura manifestaron su adhesión sustancial a los fundamentos brindados por el vocal preopinante en dicho punto y a la parte resolutiva del voto, conformando así la voluntad del tribunal colegiado para confirmar la sanción impuesta.
Al respecto, es doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que las sentencias de los tribunales pluripersonales deben constituir una unidad lógico-jurídica y que su validez depende de una coincidencia sustancial de razones que pongan de manifiesto la voluntad del órgano como cuerpo colectivo (doctr. Fallos: 343:506 y 344:303; entre otros). En este sentido, no se verifica en la especie un supuesto de mayoría aparente o de motivaciones sustantivamente inconciliables, toda vez que existe un acuerdo mayoritario (dos de los tres vocales) tanto en el rechazo implícito de la defensa de prescripción como en el examen de la configuración de la infracción tipificada en el artículo 979 del Código Aduanero.
Por ello, aun cuando la estructura del fallo presente una técnica de votación que la recurrente tacha de incongruente, la decisión final de confirmar la resolución 2068/18 se asienta en una comunidad de motivos respecto del incumplimiento de las obligaciones normativas y la objetividad de la infracción aduanera, lo que otorga al decisorio la fundamentación necesaria para ser considerado un acto judicial válido que respeta la garantía del debido proceso y el derecho de defensa en juicio (art. 18, CN).
5. Que, con respecto a la violación de la garantía non bis in idem, los recurrentes sostienen que el sobreseimiento dictado en la sede penal económica por el presunto delito de contrabando impide el ejercicio de la potestad sancionatoria por parte del servicio aduanero por los mismos hechos.
Al respecto, cabe señalar que si bien dicho principio —consagrado en el artículo 897 del Código Aduanero— prohíbe la doble persecución penal por un mismo hecho, su operatividad requiere la concurrencia de la triple identidad de sujeto, objeto y causa. En el sub examine, se observa que aunque existe identidad de persona y de objeto, no se verifica la identidad de causa, toda vez que en la instancia judicial se investigó la presunta comisión del delito de contrabando (art. 863, CA), mientras que en el sumario administrativo se ventiló la configuración de una infracción al régimen de equipaje tipificada en el artículo 979 del Código Aduanero.
En tal sentido, la jurisprudencia ha establecido de manera reiterada que la tramitación de sumarios en esferas de juzgamiento diferenciadas no conlleva, por sí misma, una transgresión a la garantía constitucional invocada, en tanto los tipos legales protejan bienes jurídicos diversos y cuenten con requisitos de tipicidad propios (doctr. Fallos: 330:1016 y 331:1744, entre otros).
Por ello, el pronunciamiento absolutorio en sede penal respecto del delito de contrabando no constituye un impedimento para que el servicio aduanero, en ejercicio de las facultades que le otorgan los artículos 1018 y concordantes del Código Aduanero, determine la existencia de una infracción administrativa derivada del incumplimiento de las restricciones al tráfico de divisas bajo el régimen de equipaje.
En consecuencia, corresponde desestimar el agravio formulado sobre este punto.
6. Que no resulta atendible el planteo de prescripción de la acción para imponer penas.
En el caso no alcanzó a cumplirse el término previsto por la normativa aduanera, toda vez que el hecho investigado tuvo lugar el 17/11/11; por lo que el cómputo del plazo de cinco años previsto en el artículo 934 del Código Aduanero se inició el 1/1/12 (art. 935, C.A.) y vencía, en principio, el 31 de diciembre de 2016. No obstante, las constancias administrativas dan cuenta de que el 16/4/13 se dictó el auto de apertura del sumario, acto que, conforme lo establece el artículo 937, inciso a, del Código Aduanero, posee virtualidad para interrumpir el curso de la prescripción Como consecuencia de ello, un nuevo plazo quinquenal comenzó a correr el 17/4/13 (doctr. CSJN causa P.407.XXIV “Parquerama SA s/ recurso de apelación c/ ANA”, sent. del 22/02/94), el cual no alcanzó a cumplirse con anterioridad al dictado de la resolución definitiva, el 12/4/18.
En este sentido, debe contemplarse que, con arreglo a la letra de las normas involucradas, el mero dictado del acto de apertura del sumario y de la resolución que le pone fin tienen virtualidad para interrumpir la prescripción en curso, independientemente de su notificación al interesado (cfr. arts. 937, incs. a y d, del CA; y doctr. esta Sala, causa 14530/22 “Dow Agrosciences Argentina SRL (TF 52306338-A) c/ DGA”, cit.).
7. Que, en cuanto al aspecto sustancial de la controversia, cabe señalar que la infracción tipificada en el artículo 979 del Código Aduanero se configura por el solo hecho de pretender extraer del territorio aduanero, por la vía del régimen de equipaje, mercadería que no se encuentre admitida en tal carácter por las reglamentaciones vigentes. Al respecto, no se encuentra controvertido que los recurrentes intentaron egresar del país transportando un total de USD 40.000 (USD 20.000 cada uno), excediendo el límite de USD10.000 por persona establecido por la reglamentación vigente.
Sobre el punto, cabe precisar que el criterio de responsabilidad en materia infraccional aduanera debe asentarse en la faz subjetiva, bajo el principio fundamental de que solo puede ser reprimido quien sea culpable; es decir, aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente (doctr. Fallos: 271:298, "Parafina del Plata"). Sin embargo, la estructura del tipo infraccional aduanero se equipara en gran medida con la de los delitos culposos, donde la especialidad de la materia y el deber de CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 39386/2025 ISAAC CARLOS LEVY DANIEL Y OTRO (TF 39112-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO colaboración del administrado exigen una máxima diligencia, resultando suficiente un mínimo grado de culpa para que emerja la responsabilidad.
En tal sentido, la comprobación de la materialidad de la infracción —en el caso, el transporte de divisas por encima del tope permitido— hace presumir la existencia del elemento subjetivo, trasladando al imputado la carga de acreditar una causa de exculpación o un error de derecho excusable, sin que baste la mera alegación de ignorancia de las normas. Asimismo, resulta irrelevante la legitimidad del origen de los fondos o el destino lícito del dinero alegado —pago de un alquiler—, pues lo que el régimen jurídico protege es el control del tráfico internacional de mercaderías y el cumplimiento de las prohibiciones económicas, las cuales se imponen con independencia de los motivos personales del sujeto. En consecuencia, al acreditarse el elemento material y no haberse probado la inexistencia del factor subjetivo de reproche, corresponde confirmar la sanción impuesta a los actores.
8. Que, en virtud de todo lo expuesto, corresponde desestimar el recurso de la parte actora y confirmar la resolución de fs. 85/87vta. en cuanto fue materia de agravios; sin especial imposición de costas dada la falta de contradicción.
9. Que resta examinar las apelaciones deducidas contra la regulación de honorarios.
Teniendo en cuenta la naturaleza de la cuestión en debate, el monto del asunto y el modo de terminación del proceso; y atento al valor, motivo, extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada por la representación fiscal durante las tres etapas del proceso ante el Tribunal Fiscal de la Nación, corresponde REDUCIR los honorarios regulados a su favor a la suma de $110.978,4 –equivalente a 1,2 UMAS- (arts. 16, 19, 20, 21, 29 inc. a, 51, 58 inc. a, y ccdtes. de la ley 27.423, y resol. CSJN SGA 538/26).
Por lo expuesto, SE RESUELVE:
1. Rechazar el recurso de los actores y confirmar la resolución de fs. 85/87vta. en cuanto fue materia de agravios; sin costas dada la ausencia de contradicción 2) Reducir la regulación de honorarios practicada del modo en que surge del considerando 9°.
Regístrese, notifíquese y siga la causa con el DEOX enviado el 14/11/25.
ROGELIO W. VINCENTI JORGE EDUARDO MORAN MARCELO DANIEL DUFFY
Fin de la sentencia