Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 30628-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar el recurso interpuesto por la parte actora y, confirmar la sentencia de fs. 102/109vta. Con costas por no existir mérito para la dispensa (art. 68, primer párrafo, del Código Procesal)
86967/2017 ISAMAR SA TF 30628-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 31 de octubre de 2019.- SH
El recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 110, concedido a fs. 115, contra la sentencia de fs. 102/109, fundado por el memorial de fs. 116/124, cuyo traslado fue replicado a fs. 131/133; y,
I. Que, por la sentencia del 5 de mayo de 2017, el Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría, resolvió: i) declarar la prescripción de la acción del Fisco para imponer penas; ii) desestimar la prescripción respecto de la acción del Fisco para determinar tributos y, por consiguiente, confirmar parcialmente la resolución (DE PRLA) nº 326/10, excepto en relación con el derecho adicional, en tanto exige a la firma ISAMAR SA el pago de tributos aduaneros, más el CER (salvo en concepto de IVA adicional e impuesto a las ganancias), con más los intereses del art. 794 del CA, desde el 12/11/2009 hasta el fecha de efectivo pago.
Las costas fueron distribuidas según los mutuos vencimientos, estableciéndolas en un 37% a cargo de la parte actora y en el 63% restante a cargo del Fisco Nacional AFIP-DGA.
II. Que la parte actora se agravia por considerar que también operó la prescripción de la acción para percibir tributos, toda vez que no resulta coherente ni razonable sostener que prescribió la acción penal porque no se notificó un acto que interrumpa su curso y exactamente lo contrario respecto de pretensión tributaria, al considerar suspendida la perención a raíz del dictado del mismo acto, que no fue notificado.
Al respecto, indica que: i) el auto de instrucción sumarial fue dictado el 10/02/2005; ii) nunca fue notificado; iii) de acuerdo a lo sostenido por la aduana, los tributos eran exigibles desde el vencimiento de la admisión temporaria, 29/08/2000, y recién fueron liquidados el 9/10/2009 y notificados el 8/01/2010 en oportunidad de tomar la vista para ejercer la defensa.
Alta en sistema: 04/11/2019 Destaca que el art. 1094 del CA exige que la resolución de apertura del sumario determine o identifique los hechos a investigar, así como los tributos exigibles, entre otras cuestiones elementales, y que sin embargo, el auto de apertura dictado en el caso constituye un acto de mero trámite indicativo de que abrió el sumario, en el que no se liquidan tributos. Por consiguiente, plantea la nulidad del auto de apertura por considerarlo viciado. Cita jurisprudencia en sustento de su postura.
Indica que los arts. 803, 804, 805, inc. a), 806, inc. a) y concordantes del CA regulan la prescripción de la acción tributaria. El Código establece que la acción del fisco para percibir tributos regidos por la legislación aduanera se suspende con la apertura del sumario y se interrumpe por la notificación de la liquidación tributaria aduanera (arts. 805 y 806 incs. a) del CA). Precisa que, “al no haberse notificado el auto de instrucción sumarial, no ha acaecido la suspensión prevista en el art. 805, inciso a) y que, además, la liquidación de los tributos tampoco fue notificada oportunamente, y por ello, no ocurrió la interrupción prevista en el art. 806, inciso a) del mismo cuerpo legal, HABIENDO PRESCRIPTO AMBAS ACCIONES, PENAL (que el fallo en crisis declaró) Y TRIBUTARIA (rechazada incomprensiblemente en el caso) sin que la aduana las suspendiera y/o interrumpiera con la notificación del auto de instrucción sumarial que la ley impone. Tampoco existen en el caso, actos de ejecución en sede aduanera, tendientes a percibir los tributos adeudados, como exige el art. 806, inc. b) del CA”. Solicita que también se declare la perención de la acción para percibir tributos. Invoca lo resuelto por la Sala E del TFN, el 16/04/2012, en la causa 28.385-A “Isamar SA c/DGA”.
En otro orden de ideas, para la hipótesis que se desestime su planteo en torno a la prescripción, cuestiona por considerarlo improcedente la aplicación de CER, según los arts. 4 y 8 del decreto 214/2002.
III. Que ello sentado, resulta oportuno recordar que el art. 1094 del Código Aduanero establece que "el administrador Alta en sistema: 04/11/2019 86967/2017 ISAMAR SA TF 30628-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción, con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados".
A fin de determinar, en el caso, la aptitud del acto de apertura del sumario para interrumpir o suspender el curso del plazo de prescripción de la acción del fisco para imponer la multa y liquidar los tributos, es necesario recordar que el objeto y fin de las nulidades procesales -que deben ser ponderadas con criterio restrictivo- es el resguardo constitucional de la defensa en juicio, por lo que, en cada caso, debe acreditarse el perjuicio ocasionado a ese derecho (esta Sala, “SMG Compañía Argentina de Seguros SA c/ EN - DGA”, sentencia del 15/9/2015 y Sala IV, “Garnero, Victor Hugo (TF 24.331-I) c/ D.G.I.”, expte. Nº 7.707/07, 30/07/09, entre otros; más recientemente, esta Sala causa 36.790/2016 “Citricola Ayui SAAICC TF 25929-A c/DGA”, sentencia del 8/09/2017).
Ello, aplicado al procedimiento administrativo, ha llevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a sostener que “cuando la supuesta restricción de la defensa en juicio ocurre en el procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del artículo 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional posterior” (CSJN, Fallos: 205:549; 212:456; 218:535; 247:52; 267:393; 273:134 y causa nro. F. 1762. XXXVIII., “Formosa, provincia de (Banco de la Pcia. de Formosa) c/ Dirección General Impositiva s/ impugnación de la resolución 604/99 (DV RRRE), del 16 de diciembre de 2008, entre otros), toda vez que se satisface la exigencia Alta en sistema: 04/11/2019 de la defensa en juicio “ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura de justicia” (CSJN, Fallos: 205:549).
Por ello, en principio, no cualquier irregularidad de un acto procesal determina su nulidad, si de ella no resulta una afectación sustancial al derecho de defensa del interesado (esta Sala causa 36.790/2016 “Citricola Ayui SAAICC TF 25929-A c/DGA”, sentencia del 8/09/2017).
De esta forma, si el recurrente tuvo oportunidad suficiente de ofrecer y producir las pruebas de las que se habría visto privado en sede administrativa y formular las defensas relativas a su descargo, invalidar lo actuado carece de finalidad práctica y trascendencia, e importaría declarar la nulidad por la nulidad misma, solución inaceptable en el ámbito del derecho procesal (Fallos 320:1611; 325:1649; 324:1564; 322:507, entre otros; en el mismo sentido v. esta Sala, expte. nro. 23005/2012, “David Lucio Alberto c/ PNA DISP 870/1”, del 4/2/2014 y nro. 19005/2013, “Rollero Guillermo Rubén c/ PNA DISP 113/12”, del 6 de mayo de 2014, entre otros).
El art. 1050 del Código Aduanero dispone que no se podrá declarar la nulidad de un acto del procedimiento si éste, no obstante su irregularidad, hubiera logrado la finalidad a que estaba destinado. La norma sigue el principio de instrumentalidad de las formas, según el cual los actos procesales constituyen un medio para obtener la tutela del derecho de defensa en juicio (art. 169 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, art. 171 del Código Procesal Penal).
Por su parte, el art. 1104 del mismo código establece que “Dentro del plazo previsto en el artículo 1101, los supuestos responsables podrán impugnar las actuaciones sumariales cumplidas, con fundamento en los defectos de forma de que adolecieren, no pudiendo hacerlo en lo sucesivo”.
IV. Que, bajo las premisas enunciadas, resulta conveniente ponderar que de las actuaciones12039-1633-2007 (603140- Alta en sistema: 04/11/2019 86967/2017 ISAMAR SA TF 30628-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO 2004) surge que el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, el 10 de febrero de 2005, dispuso la instrucción de sumario, en los términos del art. 1090, inc. c) del CA, imputando a la firma “ISAMAR SA”, la transgresión al régimen de importación temporaria, declarando que configuraría la infracción tipificada en el artículo 970 del CA, por no haber regularizado la situación de la mercadería introducida mediante el DIT nº 98001 IT14 005579 C (cfr. fs. 5 de las actuaciones administrativas). Cabe tener presente que la importación temporal vencía el 29 de agosto de 2000, tal como surge de fs. 1 del sumario infraccional.
Previo a conferir la vista prevista por el art. 1101 y concordantes del Código Aduanero, la División Secretaría de Actuación requirió a la División Comprobación de Destino que proceda a efectuar la “INTERDICCION SIN DERECHO DE USO” de la mercadería (ver Nota DV SAPLA 1069, del 20/02/2006). Dicho requerimiento fue recibido en el domicilio de la empresa, que el 29 de febrero de 2007 contestó que la mercadería ingresada mediante el referido despacho, había sido “totalmente procesada y reexportada”, precisando que las reexportaciones se llevaron a cabo mediante los permisos de embarque 0001EC03008009W y 0007EC03006105D, entre otros, los cuales no le resultaba posible acompañar toda vez que los archivos de la empresa se habían inundado (ver fs. 13 del sumario).
El 9 de octubre de 2009 –esto es cuatro años y ocho meses después del auto que dispuso la apertura del sumario-, la Aduana corrió vista a ISAMAR, imputándole la infracción tipificada en el art. 970 CA con relación al despacho nº 98001 IT14 005579 C. En dicha oportunidad, incluyó el monto del pago voluntario de conformidad con lo dispuesto en los arts. 930 y 932 del CA y la liquidación de los tributos adeudados por la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES CON NUEVE CENTAVOS ($24.773,09) “haciéndole saber además que por ser dicha suma una obligación contraída con anterioridad a la sanción de la ley 25.561 le será de aplicación lo dispuesto por el art. 8º del decreto 214/02 al Alta en sistema: 04/11/2019 momento del efectivo pago y el art. 4 del citado decreto por lo que se ajustará dicha suma mediante el CER” (cfr. 22, del sumario administrativo).
El 8 de febrero de 2010 –esto es dos días antes de que operara la prescripción, tal como lo informara el funcionario actuante a fs. 65 del sumario- el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros dictó la resolución DE PRLA 326, que condenó a la actora al pago de la multa en los términos del art. 970 del CA y formuló cargo por los tributos, aclarando que resulta de aplicación el CER (ver arts. 1º y 2º de la resolución de condena, fs. 69/72.
La notificación a la encartada se concretó transcurrido un periodo de años desde el dictado de la resolución de condena, el día 9 de febrero de 2012.
V. Que ello sentado, deviene imprescindible formular algunas precisiones más, puesto que el modo en que han quedado entabladas las posiciones de las partes y las cuestiones decididas que han sido consentidas, impiden a este tribunal judicial de alzada emitir pronunciamiento respecto de la prescripción de la acción punitiva del Fisco Nacional. En efecto, obsérvese que la representación fiscal no ha recurrido la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación que declaró operada esa prescripción. De tal suerte que, el caso merece una solución de especie, quedando desde ya explicitado que, salvo que se den las mismas circunstancias procesales, la solución que se propicia por la presente no configura una doctrina pasible de ser aplicada a otros trámites.
Por de pronto, por aplicación de lo expresado en el considerado III de la presente –en especial, del principio de instrumentalidad de las formas-, no resultan de recibo los agravios vinculados a la falta de aptitud del auto de apertura del sumario para suspender la prescripción, con fundamento en que sería nulo por carecer de los recaudos que establece el art. 1094 del CA. (cfr. esta Sala causa 36.790/2016 “Citricola Ayui SAAICC TF 25929-A c/DGA”, sentencia del 8/09/2017), máxime si se ponderan los alcances de la presentación Alta en sistema: 04/11/2019 86967/2017 ISAMAR SA TF 30628-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO efectuada por el representante de ISAMAR SA a fs. 13 del sumario administrativo, en el sentido que la mercadería ingresada en la destinación suspensiva había sido “totalmente procesada y reexportada”, precisando que las reexportaciones se llevaron a cabo mediante los permisos de embarque 0001EC03008009W y 0007EC03006105D, entre otros, los cuales no le resultaba posible acompañar toda vez que los archivos de la empresa se habían inundado.
VI. Que, sin perjuicio de ello, con relación a la alegada prescripción de la acción del Fisco Nacional AFIP-DGA para percibir los tributos, corresponde poner de relieve, una vez más, que la acción prescribe por el transcurso de un plazo quinquenal (arts. 803 CA), que comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera producido el hecho gravado (arts. 804 de la ley 22.415). En el caso, al tratarse del incumplimiento de una importación temporaria, que torna operativa la presunción de importación para consumo, el plazo se debe computar desde el primero de enero del año siguiente al de la fecha del vencimiento de la operación. Ello es, en el caso, el 1º de enero de 2001, atento que la operación aduanera en análisis venció el 29 de agosto de 2000. La prescripción habría operado el 1º de enero de 2006 de no haberse producido alguna causal interruptiva o suspensiva.
Por su parte, el art. 805, inciso a), del mismo cuerpo legal, dispone que se suspende el plazo de prescripción de la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera desde la apertura del sumario en la causa que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo, cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión. Esta causal de suspensión prevista en el citado artículo 805, inc. a), fue ideada en consideración a que la acción del Fisco para percibir el tributo no se halla expedita, debiendo esperarse hasta la finalización de la causa abierta para investigar la existencia de un ilícito aduanero.
Alta en sistema: 04/11/2019 La instrucción del sumario infraccional en los términos del art. 1090 inc. c) del CA, del 10 de febrero de 2005, mantiene el efecto de suspender el cómputo de la acción para percibir los tributos aduaneros (iniciado el 1º de enero de 2001), aun cuando el Tribunal Fiscal de la Nación haya declarado la prescripción de la acción punitiva el 5 de mayo de 2017, con fundamentos que no resultan pasibles de revisados como consecuencia del consentimiento prestado por la demandada.
Obsérvese que desde el 1 de enero de 2001 el plazo que había transcurrido hasta el 10 de febrero de 2005 –fecha de la suspensión- era de cuatro años, 1 mes y diez días. Dicho plazo habría quedado reanudado de no haber operado la causal de interrupción prevista en el art. 806 inc. a) del CA como consecuencia del cargo formulado en el art. 3º de la resolución DE PRLA nº 326/10, que contiene la liquidación tributaria aduanera.
De conformidad con lo dispuesto por el art. 805, inc. c), del CA, el curso de la prescripción (que comenzó a trascurrir el 8 de febrero de 2010), quedó nuevamente suspendido en el momento en que la empresa interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación, el 6 de marzo de 2012 (ver fs. 69/72 del sumario y sello cargo de fs. 34vta.), “hasta que recayere decisión que habilitare su ejecución”, ello es la sentencia aquí apelada de fecha 5 de mayo de 2017. Por consiguiente, al margen de que a esta Sala le está vedado emitir pronunciamiento respecto de la prescripción de la acción punitiva del Fisco Nacional, corresponde desestimar los agravios formulados la actora respecto del rechazo de la prescripción de la acción para percibir tributos.
VII. Que, solo resta decidir acerca de la procedencia de aplicar el CER a la deuda tributaria reclamada en el caso. La cuestión fue resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Volkswagen Argentina SA (TF 22.179-A) c/ DGA” (expte V.312.XLV), del 23/08/11.
Alta en sistema: 04/11/2019 86967/2017 ISAMAR SA TF 30628-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO En ella, el Máximo Tribunal declaró inadmisibles (art. 280 del CPCCN) los agravios referidos a la liquidación de los intereses contemplados en el art. 794 del Código Aduanero, y se remitió al dictamen de la Procuración General de la Nación en lo atinente a la aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referencia. En él, la Procuradora Fiscal sostuvo que sólo el IVA es un tributo que “grava” las importaciones en los términos del art. 20 de la Ley 23.905, y no así las percepciones del IVA y del impuesto a las ganancias correspondientes a las RG 3.431 (DGI) y RG 3.543 (DGI), respectivamente. Ello así, ya que estas últimas “no constituyen pagos a cuenta de tributos cuyos hechos imponibles recaigan sobre las operaciones de importación. En efecto, la referida al impuesto a las ganancias de la Ley 20.628 constituye una forma de anticipar la futura –y eventual– gabela que pudiera nacer en cabeza del contribuyente por todas sus rentas obtenidas y sujetas a dicho gravamen. Y por otro lado, la percepción de la Resolución General 3.431 está relacionada con un adelanto del IVA que deberá tributar oportunamente el importador de bienes muebles, pero por mercaderías que luego sean objeto de comercialización en el mercado interno” (cfr. considerando V del dictamen de la Procuración General). En base a lo cual concluyó que dichas percepciones debieron practicarse en pesos desde su origen.
Ahora bien, debe tenerse en cuenta que la causa encuentra su origen en el vencimiento de la destinación suspensiva documentada por el DIT nº 98001 IT14 005579 C, que operó el 29 de agosto de 2000, es decir, fecha anterior a la ley 25.561 y que, por otro lado, en la vista corrida en los términos del art. 1101 del código aduanero con la correspondiente liquidación, notificada el 12 de enero de 2010, se expresaron los montos en pesos haciéndole saber a la encartada “que le será de aplicación lo dispuesto por el art. 8º del decreto 214/02 al momento del efectivo pago y el art 4º del citado decreto por lo que se ajustará dicha suma mediante el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER)” (cfr. fs. 22vta. y fs. 34 vta. de las act. adm.). Alta en sistema: 04/11/2019 De manera que el Coeficiente de Estabilización de Referencia debe ser exigido a la actora, salvo en los importes correspondientes a las percepciones del IVA y del Impuesto a las Ganancias (incluidos en la liquidación obrante a fs. 20 de los antecedentes administrativos, reformulada en el considerando XVIII del Tribunal Fiscal), tal como lo decidió el Tribunal Fiscal de la Nación (ver considerando XII). Ello así, conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación previamente citada, según la cual éstos debieron ser originalmente expresados en pesos y, por ende, son insusceptibles de ser convertidos a la moneda local en los términos del Decreto Nº 214/02.
Por ello, en mérito a lo precedentemente expuesto, el Tribunal RESUELVE: desestimar el recurso interpuesto por la parte actora y, confirmar la sentencia de fs. 102/109vta. Con costas por no existir mérito para la dispensa (art. 68, primer párrafo, del Código Procesal)
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
JORGE ESTEBAN ARGENTO CARLOS MANUEL GRECCO SERGIO GUSTAVO FERNANDEZ
Alta en sistema: 04/11/2019
Fin de la sentencia