Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 130.662
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPOR ELLO, de acuerdo a los dictaminado por el Sr. Fiscal De Cámara Departamental y demás fundamentos expuestos, corresponde revocar parcialmente el resolutorio apelado de fecha 07/03/2023 en cuanto dispone el rechazo “in limine” de la demanda y declarar prescripta la acción (arts. 163, 164, 260, 261, 266 y 384, C.P.C.C.). Costas de Alzada a la apelante.
130662 - ISRAEL SILICARO OSVALDO JUAN C/ CASTRO LILIANA MERCEDES S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQUILERES, ETC.)
MP / EAS
En la ciudad de La Plata, a los 15 días del mes de Agosto de 2023, reunidos en Acuerdo Ordinario los señores jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados: "ISRAEL SILICARO OSVALDO JUAN C/ CASTRO LILIANA MERCEDES S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQUILERES, ETC.)" (causa: 130.662), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone.
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Es justa la apelada sentencia de fecha 07/03/2023?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el doctor Sosa Aubone dijo:
1. La decisión.
La Sra. Jueza de grado el 07/03/2023, luego de expresar que más allá de que se encontraría prescripta la acción, rechazó "in limine" la acción por verificarse un ejercicio abusivo del derecho por parte de la accionante, con costas a la actora.
Agregó que el acreedor no puede disponer irrazonablemente de su acción, es decir, sin efectuar actuaciones que lleven a finalizar el proceso por más de veinte años, porque se estaría avalando un ejercicio irregular de los derechos, importando un verdadero abuso procesal en tanto mantiene “sine die” la situación de pendencia (con cita del precedente de la CC0203, RSD. LXIV, del 16/8/2018, causa N° 123.498, “Israel Silicaro, Osvaldo Juan c/Santillán Mirian Graciela s/Cobro Sumario”).
2. El recurso.
El 07/03/2023 apeló el actor, el recurso fue concedido el 08/03/2023, fundado con la memoria de fecha 21/03/2023 y llega a la Alzada sin contestación.
Se agravia el recurrente por el rechazo “in limine” de la demanda; la declaración de oficio de la prescripción efectuada; y los términos aplicados tanto al instituto de la prescripción. Considera que el rechazo “in limine” de la demanda es por falta de requisitos de admisibilidad, no puede realizarse por un supuesto ejercicio abusivo por parte de la accionante Se agravia también porque se considera prescripta la acción cuando no se puede decretar de oficio, no sólo porque la ley exige petición de parte sino porque la jurisprudencia también se ha pronunciado en ese sentido.
3. Dictamen fiscal.
El Sr. Fiscal de Cámaras Departamental, el 03/04/2023 aconseja confirmar puesto que de los actos procesales producidos en autos se desprende que el proceso no se ha desarrollado conforme su finalidad, sino que ha sido desvirtuado por la accionante, quien luego de transcurridos veintidós años (22 años) desde la promoción de la acción, sin haber realizado gestión útil alguna, se presenta como cesionario de los derechos del actor, a solicitar la recaratulación del expediente y pretender darle impulso.
4. Tratamiento de los agravios.
4.1. En el presente caso, con fecha 15/07/2020 se presenta el Sr. Israel Silicaro, en su calidad de cesionario de la cartera de créditos morosos -judiciales y extrajudiciales- cuya titularidad le correspondiera a la empresa Multicompras S.A., constituye nuevo domicilio procesal, solicita la reconstrucción de estas actuaciones y adjunta las copias obrantes en su poder.
Como el expediente no estaba en letra, ni figuraba paralizado y/o archivado, dicha presentación generó un informe actuarial en el siguiente sentido: estas actuaciones “figuran en el sistema informático con estado de actuación en letra desde el 24 de marzo de 1998, siendo el último trámite procesal obrante en el sistema Augusta del día 27 de marzo del año indicado, … la presente causa no fue hallada. …”. Esta causa habría sido iniciada en el año 1997.
De las copias adjuntadas por el ejecutante emerge que se trata de una acción tendiente a la preparación de la vía ejecutiva, por la suma de $ 2,28, más actualización monetaria e intereses, desde la mora (23/03/1990) y hasta el 31/03/1991 (ley 23.928) y a partir del 01/04/1991, habiéndose peticionado los intereses compensatorios y punitorios a la tasa máxima que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento, capitalizados mensualmente. La deuda responde al uso de la Tarjeta de Crédito Multicompras, cuyo contrato es del 08/11/1988.
Luego de la reconstrucción, la jueza interviniente se declara incompetente y ordena la remisión al juez del domicilio del consumidor, por auto del 30/09/2021.
Esta Sala por auto del 22/02/2022 revoca la decisión con base en que las reglas sobre competencia que motivan el desplazamiento al juez del domicilio del consumidor fueron posteriores a la formalización del contrato que es base de la demanda y promoción de la misma, por lo que, habiendo quedado firme lo decidido, estos actuados siguieron su tramitación ante la jueza de origen.
Como los documentos base de la acción no eran hábiles para la vía ejecutiva intentada y la demanda aún no había sido notificada, se pidió la transformación de la presente acción en un juicio sumario -conforme presentación del 18/08/2022- lo cual fue denegado en primera instancia y permitido mediante la resolución de esta Sala del 29/11/2022 (causa 130.662, RSD. 342/2022), tras lo cual el cesionario pide que se confiera trámite sumario y que se de traslado de la demanda.
En primera instancia, por auto del 26/12/2022, la jueza tiene por transformada la demanda, ordena recaratular el expediente, le requiere al actor que cumpla con lo normado por el art. 330 del ordenamiento ritual y en forma oficiosa se ordena el sorteo de mediador, resolución que Receptoría General de Expediente no pudo efectivizar con base en que esta causa es anterior a la entrada en vigencia de la Ley de Mediación (ver informe de Receptoría del 01/02/2022), lo cual hace que sigan los autos con lo ordenado por auto del 29/11/2022 (cumplimiento art. 330 C.P.C.C.). Frente a la petición de prescripción del Sr. Agente Fiscal, de lo cual recién se corrió traslado al actor el 16/02/2023, quien en su presentación dice que dicho órgano no es parte ni está legitimado, con base en un precedente de la Cámara Primera, la jueza de primera instancia rechazó “in limine” la acción -la que fue iniciada en 1997 y vuelta a impulsar en el 2020- por verificarse un ejercicio abusivo del derecho de la accionante, con costas.
4.2. La facultad acordada al juez para rechazar de oficio “in limine” una demanda (art. 336 del C.P.C.C.), se refiere, en principio, a la inobservancia de los requisitos exigidos por el art. 330 del citado código y ha de correlacionarse con los deberes genéricos que pone a su cargo el art. 34, in. 5°, especialmente el de señalar, antes de dar trámite a cualquier petición, los defectos u omisiones formales de que adolezca, ordenando su subsanación. Ello a fin de evitar un desgaste inútil de la actividad jurisdiccional. La norma permite al juez, igualmente, el examen “ad limine” de los presupuestos procesales, es decir los requisitos de procedibilidad de la pretensión (admisibilidad extrínseca), cuya falta no requiera de la expresa denuncia del demandado.
Comprende aquellas situaciones en las que no se configuran las condiciones para el ejercicio de la acción (legitimación de las partes, interés y vigencia) y también cuando la demanda es "objetivamente improponible", categoría que presupone un examen en abstracto y anticipado del caso, mediante el cual el juez avanza sobre las condiciones de fundamentación o procedencia (atendibilidad o admisibilidad intrínseca) de la pretensión y meritua su viabilidad anticipada.
En general resulta “improponible” una demanda, cuando el objeto jurídico perseguido está excluido de plano por la ley, cuando ésta impide cualquier decisión al respecto; o la improcedencia deriva de la inidoneidad, juzgada en abstracto, de los propios hechos en que se funda la demanda (causa petendi), los que no son aptos para obtener una sentencia favorable. Es que es contrario a un elemental principio de economía procesal -impuesto por el art. 34 inc. 5 “e” del C.P.C.C.- tramitar un proceso cuando desde el comienzo se advierte que la pretensión será irremediablemente rechazada.
En este aspecto, a partir de las mismas razones de economía procesal que dan vida a este instituto, incluso se puede sostener el criterio según el cual en cualquier momento del proceso que el juez se percate que se encuentra en uno de los supuestos mencionados precedentemente, debe poner fin al proceso declarándolo así. Ello puede suceder antes de dar trámite a la demanda o durante el trámite, y nada impediría, tampoco, que se lo declare a pedido de parte. (conf. Cam. Civ. y Com. Sala II, Morón, 32958, 27-04-95, “Paillafil de Nieva, Susana, c/ Balan, Oscar Raul s/ rendición de cuentas”, RSD 128/95).
En ese sentido, Carlo Carli distingue entre el examen de las condiciones de procedibilidad del de las de fundabilidad. Entre las primeras, a su vez, diferencia entre la "demanda irregular", que es la que no se ajusta a las reglas del artículo 330, de la "demanda inhábil" que es aquella cuyo conocimiento no es de competencia del juez ante quien se la deduce o que será irremediablemente rechazada (conf. Carli, Carlo, "La demanda civil", Ed. Lex, ed. 1980, pág. 116).
Peyrano, menciona -entre las múltiples cuestiones que pueden englobarse bajo el tema analizado- los siguientes casos: a) Demanda "inhábil" (por no haber sido propuesta ante juez competente), coyuntura que en algunos ordenamientos justificaría su repelimiento inicial; b) Demanda "inatendible", refiere la existencia de un "juicio de atendibilidad" según el cual no puede atenderse una petición procesal que no sea seria (ej. una demanda interpuesta con ánimo de broma); c) Demanda "inútil", supuesto que guarda relación directa con el tema del "interés procesal"; d) Demanda "irregular" o defectuosa que es aquella -ya referida- que adolece de la falta de cumplimiento de los recaudos formales prescriptos legalmente; e) Demanda "imposible". Se trataría del caso representado por la demanda a través de la cual se reclama algo fácticamente imposible; f) Demanda "objetivamente improponible", presupone un examen en abstracto y anticipado del caso, avanza sobre las condiciones de fundamentación o procedencia (atendibilidad) de la pretensión, las cuales son verificadas por el juez, como regla, en oportunidad de la sentencia de mérito (conf. Peyrano, Jorge W. "Rechazo "in límine" de la demanda", pub. en J.A., 1994-I, págs. 824 y ss. Peyrano, Jorge W. "La improponibilidad objetiva de la pretensión y los "derechos eunucos"", J.A., 1981-III, pág. 794 y ss).
Si bien sería posible el rechazo "in limine" en el supuesto de ejercicio abusivo del derecho, cuestión que es muy difícil que se presente al inicio, en el caso en análisis se está ante una demanda iniciada en 1997, que estuvo inactiva por muchos años y es nuevamente impulsada en el 2020 y luego de tres años de trámite es rechazada en forma oficiosa por considerar la jueza que se hizo abuso del proceso al mantener inactiva la causa por tanto tiempo.
El rechazo "in limine" -o si se quiere oficioso- debe ejercerse con muy especial prudencia, en tanto la desestimatoria de oficio puede cercenar el derecho de acción -íntimamente ligado al derecho constitucional de petición (arts. 18, Const. Nac.; 15, Const. Prov.- por lo que está limitado sólo a aquellos supuestos en los que la inadmisibilidad de la pretensión aparezca en forma manifiesta, a punto tal que su gravedad impida que constituya un requerimiento revestido del grado mínimo de seriedad que debe tener toda actuación ante la justicia (conf. Cám. Civ. y Com. Sala II, Quilmes, 25.868, 25/4/2023, "Maidana Alejo Matías y otro/a c/La Central Vicente López S.A. s/Cobro ejecutivo". RR 135/2023).
4.3. En el presente caso, en el que aún no se ha trabado la litis, no se ha dado impulso al proceso por 22 años luego de la promoción de la pretensión y tras dicho lapso de inactividad, se presentó el cesionario de los derechos del actor, reactivando su tramitación (solicitó la recaratulación del expediente y le dió impulso), lo cual motivó el rechazo de la acción -tras tres años de tramitación- lo cual viene apelado.
4.4. Liminarmente corresponde destacar que el cesionario no posee un derecho más amplio que su cedente (arts. 1614 y 399, C.C.C.N.; 1434, 3270, Cód. Civil), y si éste incurrió en abuso del derecho o realizó una conducta omisiva que tiene tal carácter, no puede válidamente evitar las consecuencias de tales actos.
El acto abusivo es un acto lícito, antijurídico (disconforme con el ordenamiento de derecho globalmente considerado) por traicionar los fines tenidos en cuenta por el legislador o resultar contrarios a la buena fe, moral o buenas costumbres. La proscripción del acto abusivo es una manifestación de la ampliación de la antijuridicidad y el reconocimiento de que existen conductas contrarias a Derecho que no violan directamente ninguna prohibición legal positiva, sino que desconocen otras prohibiciones normativas de carácter general. Es el empleo anti-ético de una facultad jurídica. En otro sentido, la proscripción del abuso del derecho se funda en la necesidad de garantizar la función auténtica de las instituciones jurídicas, evitando que un mal empleo de las facultades previstas por el legislador atente contra la buena marcha del sistema.
El abuso del proceso se construye sobre principios similares, suponiendo una conducta contraria a los fines del proceso: tutela efectiva del derecho del actor en plazo razonable, y perjudicial a la demandada. En el ámbito de las consecuencias procesales, la calificación de un acto como abusivo puede determinar que se desestime la pretensión por abusiva, sea al momento de dictarse la sentencia de mérito o el auto interlocutorio según corresponda (conf. Morea Adrian Oscar, "La doctrina del abuso procesal en el Derecho Argentino" www.infojus.gov.ar, Id SAIJ:
DACF12019).
La iniciación de un proceso, tras lo cual hubo la omisión de actividad por veintidós (22) años, sin que el interesado haya alegado alguna circunstancia que permita justificar tal inacción, donde el demandado no estaba anoticiado de la promoción de la demanda (véase que el 08/08/2022 consta agregada cédula diligenciada a la Sra. Castro, donde se la notificaba sobre la desaparición de las actuaciones, su reconstrucción y la cesión de la cartera de juicios además de las canales de comunicación disponibles), importa un claro abuso del proceso (por inacción). No parece razonable mantener inactivo un proceso por veintidós años, que fuera iniciado en el año 1997 en base a un contrato de tarjeta de crédito del año 1988, con fecha de mora denunciada el 23/03/1990, y más aún cuando todavía no se había trabado la litis.
Luego, un acto sería abusivo -más allá de toda injerencia de un proceder doloso o culposo- cuando desvía una norma o instituto procesal del fin que le asigna el ordenamiento, siempre y cuando dicha desviación haya causado un daño procesal. Habitualmente, el acto abusivo redunda en una demora y alongamiento del trámite que ya puede invocarse como perjuicio procesal computable. Detectado el abuso, el abusador no puede, en ningún caso, obtener una ventaja procesal de su conducta abusiva (Peyrano, Jorge W., “Vademécum de la proscripción del abuso procesal”, La Ley 13/11/2018, 1).
En consecuencia, cuando los instrumentos procesales son empleados de forma disfuncional, el proceso se resiente, no logra cumplir su finalidad, porque por múltiples manifestaciones se obstruye, altera o dificulta su objetivo de organizar un debate amplio en cuyo marco el órgano jurisdiccional pueda brindar la solución justa (Berizonce, Roberto Omar "Abuso del Proceso como insustancialidad de las proposiciones y técnicas de abreviación de trámites", en Revista de Derecho Procesal, 2014-1, Rubinzal Culzoni, págs. 181 y ss.).
Ahora bien, la Magistrada ha reseñado, con detalle, el movimiento de la causa, explicando el largo período de tiempo en que se estuvieron sin actividad. Ello no aparece contrastado con manifestación alguna del actor que justifique la falta de impulso y revela una injustificada inactividad por parte del acreedor por un lapso que excede de lo razonable, y da como resultado un provecho en su único interés y, paralelamente, un agravamiento de la situación patrimonial del deudor, quedando configurada una conducta abusiva que no puede ser amparada por la ley, toda vez que contraría los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres (arts. 1071 y 1198, Código Civil; 9, 10, 11 y 12 del C.C.C.N.). De su lado, el Servicio de Justicia no puede tolerar la conducta abusiva que consiste, en el caso, en mantener inactivo el proceso durante el referido tiempo, mientras el monto de la deuda se incrementa con el devengamiento de los intereses, generándose un enriquecimiento impropio en el patrimonio del acreedor por su propia inacción. Es que si bien el acreedor tiene derecho a percibir lo que le es debido (art. 17 de la Const. Nacional), ese derecho no puede ejercerse de manera abusiva, utilizando el proceso como una herramienta directa de encarecimiento de las deudas, haciendo que por el solo hecho de la inactividad del ejecutante las mismas se tornen desproporcionadas en relación al monto contratado y/o adeudado tal como se decidiera en la instancia de origen con cita de precedentes de esta Cámara (cfr. Sala III, causas 123083, RSI 376/18, sent. int. del 20/12/2018; 124374, RSD 118/19, sent. del 14/02/2019).
4.5. Más allá de que la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos (art. 10, C.C.C.N.), y antes de referirme a los efectos de la conducta abusiva, se impone analizar la operatividad de la prescripción liberatoria opuesta, ya que si se admite dicha defensa ello se proyectará sobre la extinción de la acción, lo cual importa resolver en el sentido más favorable al consumidor (arts. 3 y 65, ley 24.240; 1, 2 y 1094, C.C.C.N.; 163, 164 y 384, C.P.C.C.).
Es que en autos se está frente a una relación de consumo (arts. 1, 2, 3 y 65, ley 24.240; 1092 y 1093), en la cual prevalece la tutela del consumidor (arts. 1, 2, 1094 y 1094; 3, 36, 52, 53 y 65, ley 24.240), y la ley expresamente establece que el Ministerio Público actúa como fiscal de la ley (art. 52, ley 24.240), quien oportunamente opuso la excepción de prescripción, defensa que no ha sido concretamente tratada en la instancia de origen.
4.6. La cuestión en examen obliga a recordar, de manera preliminar, que –como regla– toda pretensión requiere la necesaria verificación de su proponibilidad tanto objetiva como subjetiva, y que, sobre este último punto, la legitimación configura como uno de los presupuestos básicos del ejercicio de la función judicial, y tan es así que, con independencia de la postura de los intervinientes o de sus recursos, es deber de los magistrados de todas las instancias revisar oficiosamente su concurrencia.
La actuación del Ministerio Público, impuesta por el art. 52 precitado, se justifica plenamente en estos en procesos, donde el consumidor no se suele presentar y es necesaria a los efectos de la tutela judicial efectiva del consumidor como sujeto vulnerable (arts. 42, Const. Nac.; 38, Const. Prov.). En este sentido, la legitimación del Ministerio Público en estos supuestos deviene prístina de la función que se le encomienda normativamente (arts. 52, ley 24.240; 26, inc. c y 27, ley 13.133 -que establece bases legales para la Defensa del Consumidor y Usuario-; 1, 29 inc. 4, ley de Ministerio Público 14.442; Resol. Procurador General 315/2018), y ha sido admitida por la jurisprudencia a fin de garantizar que se asegure la realización del valor justicia en una relación asimétrica, caracterizada por la desigualdad entre sus partes (doctrina de Fallos: 338:1344) (CSN, 8/10/2020, “Recurso de hecho deducido por la Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo comercial en la causa HSBC Bank Argentina S.A. c/Fajardo, Silfina Magalí s/Secuestro Prendario”); cuando el daño cuya reparación se solicita tiene origen en una relación de consumo regida por el derecho privado y alcanzada por la normativa tuitiva específica (SCBA, causas B. 69.961 y B. 69.962, resols. del 18/2/2009); a fin de que fiscalice el cumplimiento de la ley de consumo (arts. 27, ley 13.133 y 52, ley 24.240), para lo cual el legislador tuvo en mira permitir la actuación coadyuvante del órgano estatal en el proceso para salvaguardar los derechos que la ley prevé para la parte débil de la relación jurídica. La sustancia de su actuación debe ser apreciada por el órgano jurisdiccional con el mismo sentido y alcance a la que realiza el sujeto vulnerable, debiendo proporcionarle los mismos efectos que aquél pretendiere (SCBA, C. 122.176, 8/5/2019, “Israel Silicaro, Osvaldo Juan c/Beaulien, Martín Oscar s/Cobro sumario de pesos”).
Es más, la SCBA ha admitido el recurso extraordinario interpuesto por el Fiscal General contra una decisión de Cámara sobre competencia (causa C. 121.248, 30/5/2018, “Crédito para Todos S.A. c/Alvarez, Matías Alejandro s/Cobro Ejecutivo”).
Es que el estándar tuitivo previsto, tanto en el art. 42 de la Const. Nac. como en el art. 38 de la Const. Prov., resultarían meramente ilusorios si no se contase en la práctica con los instrumentos necesarios para hacerlos efectivos (conf. fundamentos ley 13.133); de manera que la búsqueda de efectividad en la protección del consumidor y usuario, para el resguardo de sus derechos y garantías, constituye el fin social que justifica la existencia de una regulación específica sostenida en la necesidad de amparar a la parte particularmente vulnerable de la relación de consumo, con fundamento en los principios pro homine y favor debilis, como mecanismo estatal dirigido a afianzar una justa resolución de los conflictos que pudieran derivarse de ella (conf. asimismo, arts. 1.092 a 1.122, Cód. Civ. y Com.; 1, 2, 3, 36, 37, 65 y concs., ley 24.240; luego, 1, ley 13.133).
Con tal objetivo, además de disponer políticas generales de protección de los usuarios y consumidores a cargo del gobierno local, de regulación del acceso al consumo, de la protección de la salud y seguridad de los usuarios y consumidores, políticas de control de calidad de productos y servicios, de equidad de las prácticas comerciales, de consumo sustentable y compatible con la protección del medio ambiente, políticas de control de los servicios públicos de jurisdicción local, de información y educación a consumidores y usuarios, para la organización y registro de las asociaciones de consumidores y usuarios, el legislador local también incursionó -en el referido Título VII- en la reglamentación del acceso a la justicia por parte de este colectivo beneficiario de la regulación específica, disponiendo normas de inocultable raigambre procesal, al establecer la competencia judicial para resolver las controversias derivadas de las relaciones de consumo, la legitimación para promover las acciones judiciales en defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, la gratuidad de tales actuaciones y la distribución de los costos, su trámite sumarísimo (a menos que el magistrado disponga otro), la intervención necesaria del Ministerio Público, la conciliación obligatoria en ocasión de la audiencia de prueba y los específicos efectos de la sentencia definitiva que sea dictada en tales trámites, incluyendo la previsión contenida en el referido art. 29 en torno de las condiciones de procedencia de su apelación (conf. arts. 1, 5, 18, 75 inc. 12, 121, 123 y concs., Const. Nac.; 1, 15, 38, 103 inc. 13 y concs., Const. Prov.; 1, 3, 41, 53 y concs., ley 24.240).
En dicho marco, la participación del Ministerio Público se trata -en definitiva- de otro resorte que desde la perspectiva instrumental se encuentra destinado a la más eficiente y efectiva protección específica de los usuarios y consumidores, a quienes constitucional y legalmente se les ha dotado de ciertas adicionales prerrogativas -con finalidad tuitiva- dispuestas en favor de grupos tradicionalmente postergados (arts. 1, 15, 28, 33, 42, 75 inc. 22 y concs., Const. nac.; 1, 10, 11, 15, 38 y concs., Const. prov.; 1.092 a 1.122, Cód. Civ. y Com.; 1, 2, 3, 36, 37, 65 y concs., ley 24.240; conf. voto del Dr. Pettigiani -que si bien no hizo mayoría, no ha sido cuestionado- en la causa C. 122.789, del 23/2/2021).
Y ello se hace más patente en el sub lite, donde el consumidor no se ha presentado y surge la necesidad de procurar una recta administración de justicia, para lo cual es indispensable preservar el ejercicio pleno de las funciones que la ley encomienda al Ministerio Público, a fin de custodiar el orden público y la defensa del orden jurídico en su integridad.
La participación del Ministerio Público como fiscal de la ley se justifica frente a la vulnerabilidad de índole estructural que presente el consumidor en el mercado, asociada a las distorsiones e imperfecciones que le son propias a éste.
La vulnerabilidad como factor determinante de la protección, ha sido vista también como elemento constitutivo de la categoría. En ese sentido, se pronunciaron las XXIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil (Tucumán, 2011), al concluir que “1) La categoría jurídica de consumidor se construye a partir de la existencia de dos elementos estructurales: a) la vulnerabilidad o debilidad, y b) el destino final de los bienes incorporados, para beneficio propio o de su grupo familiar o social. Dichos elementos justifican la especial tutela protectoria que le confiere el ordenamiento jurídico argentino”. En este sentido ha dicho la SCBA en el fallo "Cuevas" que frente a este tipo de dilema, debe imperar un criterio hermenéutico que permita arribar a la solución que proteja del modo más eficiente posible la finalidad tuitiva de grupos tradicionalmente postergados y particularmente vulnerables (v. C.S.N., "Fallos" 331:819; íd. causa H. 270. XLII, "Halabi", sent. del 24/2/2009, consid. 13°) como ocurre con los usuarios y consumidores (art. 42, Const. Nac.; 37, ley 24.240; doct. causa C. 98.790, sent. del 12/8/2009; voto del Dr. Hittersd en causa C. 109.193, resol. del 11/8/2010). Como lo ha expresado el doctor Zaffaroni como Ministro del Máximo Tribunal federal, la finalidad de la ley 24.240 consiste en la debida tutela del consumidor o el usuario, que a modo de "purificador legal" integra sus normas con las de todo el orden jurídico, de manera que se impone una interpretación que no produzca un conflicto internormativo, ni malogre o controvierta los derechos y garantías que, en tal sentido, consagra el art. 42 de la Constitución Nacional ("Fallos" 329:646 y 695, voto del doctor Zaffaroni; en el mismo sentido "Fallos" 331:2614, voto del doctor Maqueda).
Por otra parte, no debe perderse de vista que es misión del Poder Judicial ser un instrumento para la defensa efectiva de los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad. Poca utilidad tiene que el Estado reconozca formalmente un derecho si su titular no puede acceder de forma efectiva al sistema de justicia para obtener la tutela de dicho derecho (conf. Expresión de motivos de las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad).
Entonces, el Fiscal es parte pública del proceso, conforme la ley del consumidor y tiene legitimación para solicitar la prescripción, ya que de lo contrario no podría actuar como “fiscal de la ley”, lo cual no debe confundirse con la aplicación de la prescripción de oficio. En este sentido, no se comparten los precedentes citados de la Cámara Primera, al restringir “contra legem” la actuación del Ministerio Público.
En cuanto al precedente de esta Sala, causa 127.781, del 09/08/2022, destaco que en dicha decisión la Sra. Jueza de primera instancia declaró la prescripción de oficio, situación que difiere de la de autos. Es que si bien en dicha causa el Agente Fiscal en su presentación del 05/02/2020 dijo que correspondería analizar si la acción estaba prescripta, formalmente planteó la incompetencia. Es más, nunca se sustanció con la contraria el planteo de prescripción a los efectos de que el actor pudiera oponer alguna defensa al respecto, por lo que la decisión asumió el carácter de una decisión de oficio. Es que en dicha causa se dijo: “… la Sra. Jueza de origen resolvió directamente -a instancia de una simple e intempestiva referencia de la Sra. Agente Fiscal, quien lo hizo en el marco que le permitía su intervención como guardián de la ley (art. 52 ley 24.240), …”, lo cual no debe ser tergiversado en aras de entender que el Agente Fiscal no está legitimado como parte para interponer la excepción de prescripción.
Entonces, no asiste razón al recurrente cuando sostiene que no es posible en el presente declararla porque no ha sido peticionada. El Fiscal en su primera intervención lo ha hecho (fecha 29/09/2021) y es parte del proceso, tal como se ha destacado anteriormente.
4.7. Superado el cuestionamiento de la legitimación del Ministerio Público Fiscal, debo señalar que, si bien es cierto que la demanda judicial acarrea la interrupción de la prescripción, también es verdad que si el letrado omite notificar la demanda la acción jamás comienza a prescribir -ya que el interesado no podrá oponer la caducidad de la instancia y se dilataría sin justificación el dictado de la sentencia-, lo cual importa un verdadero despropósito, pues con tal proceder se afectaría la seguridad jurídica y por consiguiente el propósito o fin mismo de la institución de la prescripción, ergo, la inacción del acreedor no puede tener como resultado la imposibilidad de la prescripción o conclusión del proceso -v.gr a través de la perención-, sino al revés. La omisión, la tardanza injustificada, la renuencia a dar los pasos necesarios para el cobro, son el fundamento, y no el obstáculo para que corra la prescripción (conf. arg. Cám. Civ. y Com. 1ra., Sala III, La Plata, 01/07/2003, "Biau de San Vicente, Teresa s/ Sucesión").
En virtud de lo expuesto, atento la importancia del instituto de la prescripción liberatoria en pos de la seguridad jurídica y de la estabilidad de los negocios jurídicos, por razones de orden y paz social, en consonancia con las prescripciones en materia de consumo, y habiendo transcurrido 22 años entre la última actividad procesal útil llevada a cabo en autos por la actora y el nuevo impulso de fecha 15/07/2020, entiendo que transcurrió, con exceso, el plazo prescriptivo de cuatro años que establece el art. 847 del C. Comercio para la acción instaurada -norma vigente y aplicable durante el plazo en análisis (arts. 7 y 2537, C.C.C.N.)-, y es por tal motivo que no otra solución corresponde que decretar la prescripción sumado al carácter de parte que ostenta el Ministerio Público Fiscal atento a tutelar los intereses de la parte vulnerable quien no obra anoticiada de la demanda instaurada.
Es más, habría transcurrido en exceso el plazo genérico de diez años que establece el art. 4023 del Código Civil. En este sentido, “el plazo de prescripción en el caso de ejecución de una sentencia firme, es el ordinario de diez años que prevé el artículo 4023, primer párrafo, del Código Civil. La prescripción comienza a correr desde el último desempeño judicial, idóneo para llevar adelante el trámite de ejecución” (conf. Excma. Cám. Apelaciones en lo Civ. y Com., San Nicolás, 4208, 11/04/2017, “AFIP c/ Mastrovincenzo, Pierino -sucesión- s/ Apremio”), entonces con mayor razón se entiende que ha operado la prescripción en un proceso donde han transcurrido 22 años desde la última actividad procesal.
4.8. Encontrando suficientes y conducentes las razones expuestas para dirimir el planteo revisor, se torna innecesario extenderse en otras consideraciones sin real gravitación en la materia decisoria, desde que la Cámara no está obligada a examinar todos los temas sometidos a su consideración si, dada la solución que se propone, ello se torna innecesario (SCBA, "Ac. y Sent." 1956-IV, 28; 1959-I, 346 y 1966-II, 65).
4.9. Por ello, corresponde revocar parcialmente el resolutorio apelado de fecha 07/03/2023 y declarar prescripta la acción (arts. 163, 164, 260, 261, 266 y 384, C.P.C.C.).
Consecuentemente, con el alcance expuesto voto POR LA NEGATIVA.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor López Muro dijo: que, por análogas razones a las meritadas por el colega preopinante, adhería a la solución propuesta; y, en consecuencia, también votaba por la NEGATIVA.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Sosa Aubone dijo: En atención al acuerdo logrado corresponde, y así lo propongo, revocar parcialmente el resolutorio apelado de fecha 07/03/2023 en cuanto dispone el rechazo “in limine” de la demanda y declarar prescripta la acción (arts. 163, 164, 260, 261, 266 y 384, C.P.C.C.). Postulo que las costas de segunda instancia se impongan al apelante en su objetiva condición de vencido (arts. 68 y 69, C.P.C.C.).
ASI LO VOTO.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor López Muro dijo: que, por idénticos motivos, votaba en igual sentido que el doctor Sosa Aubone.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente:
POR ELLO, de acuerdo a los dictaminado por el Sr. Fiscal De Cámara Departamental y demás fundamentos expuestos, corresponde revocar parcialmente el resolutorio apelado de fecha 07/03/2023 en cuanto dispone el rechazo “in limine” de la demanda y declarar prescripta la acción (arts. 163, 164, 260, 261, 266 y 384, C.P.C.C.). Costas de Alzada a la apelante. REGISTRESE. NOTIFIQUESE y DEVUELVASE. -
Fin de la sentencia