Abriendo la norma
Cámara I Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 280.145
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaQue la sentencia dictada el 26 de septiembre de 2022 debe, por los fundamentos vertidos al analizar la segunda cuestión, ser confirmada (arts. 60, 68, 163 inc. 5, 164, 354, 375, 384, su doc. CPCC; arts. 1197, 1198, 515 y ss., 3949, 3962, 3964/5 y cc. del CC; arts. 1, 2, 3, 7, 9, 10, 100 y 11., 728, 1319 y ss., 2535, 2537, 2538, 2551/2553 del CCyC; arts. 1/3, 52 LDC; art. 27 de la ley 13.133, art. 29 inc. 4° de la ley 14.442)
POR ELLO: se rechaza la demanda por cobro de pesos promovida por Osvaldo Juan Israel Silicaro contra Federico Ruiz. Y atento el resultado alcanzado, las costas de ambas instancias se imponen al actor vencido (art. 68 CPCC), difiriéndose la pertinente regulación de honorarios para su oportunidad legal (arts. 31 y 51 Decreto ley 8904 y 31 y 51 ley 14.967).
PROVINCIA DE BUENOS AIRES PODER JUDICIAL C. 280.145 "ISRAEL SILICARO OSVALDO C/RUIZ, FEDERICO S/COBRO SUMARIO DE SUMAS DE DINERO"
En la ciudad de La Plata, a los 27 días del mes de marzo de dos mil veinticuatro, se reúnen en Acuerdo la señora Jueza de la Cámara Primera de Apelación, Sala Segunda, doctora Irene Hooft y el señor Juez, doctor Federico García Ceppi, para dictar sentencia en la causa caratulada:
"ISRAEL SILICARO OSVALDO C/RUIZ, FEDERICO S/COBRO SUMARIO
DE SUMAS DE DINERO" y habiéndose procedido con anterioridad a efectuar el pertinente sorteo de ley el cual arrojó el siguiente orden de votación: doctora Hooft – doctor García Ceppi, el tribunal resolvió plantear las siguientes:
Primera: ¿Corresponde confirmar la sentencia de 26/09/2022 en cuanto declaró la prescripción?
Segunda: En caso negativo ¿Es procedente la pretensión de cobro deducida en autos?
Tercera: ¿Qué pronunciamiento debe dictarse?
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza, doctora Irene Hooft dijo:
I. La Magistrada de primera instancia declaró prescripta la deuda reclamada en autos y, en consecuencia, rechazó la demanda impetrada por Osvaldo Juan Israel Silicaro -cesionario de Multicompras SA- contra Federico Ruiz. Impuso las costas al accionante vencido (art. 68 del CPCC) y difirió la regulación de honorarios para su oportunidad.
II. Contra este fallo se alza la parte actora (v. escrito de 27/09/2022), quien expresa sus agravios mediante presentación electrónica de fecha 05/07/2023, la que no es replicada por el accionado (v. proveídos de 10/07/2023 y 14/08/2023).
A juicio del recurrente, al declarar la prescripción a partir de una observación de la señora Agente fiscal, la sentenciante de grado obró oficiosamente y violó lo normado por el art. 3964 del Código Civil, actual art. 2552 del Código Civil y Comercial.
En prieta síntesis, afirma la falta de legitimación de la mencionada funcionaria al efecto, por tratarse la prescripción de una defensa que incumbe al consumidor o usuario y cuya disponibilidad ha sido puesta de relieve por la Corte provincial. Apunta que la actuación que, en el caso, cabe al Ministerio Público lo es como fiscal de la ley, la cual por imperio de lo normado por el art. 52 de la LDC justamente tiene lugar cuando no actúa como parte. Que, al no revestir tal carácter, mal puede reputarse que esté facultado para oponer la prescripción que extingue la acción -no así el derecho que subsiste como obligación natural- y que sólo opera a instancias del deudor.
En subsidio, señala que, a tenor de lo normado por el art. 3986 del Código Civil –actual art. 2546 del CCyC-, la interposición de la demanda interrumpió el plazo de prescripción pertinente, sin ser necesaria su notificación –exigencia que no se encuentra ni expresa ni tácitamente impuesta por el legislador-, interrupción que se mantuvo latente al no haber operado la extinción del proceso (art. 3987 su doc. CC y 2547 del CCyC). Por fin, califica de arbitraria la decisión por no expedirse “sobre las modificaciones a los intereses y la demostración de la injerencia que implica la eliminación del cómputo de la capitalización pactada” y denuncia que el obrar oficioso de la magistrada ha quebrantado la imparcialidad del juez.
III. El Sr. Fiscal de Cámaras propicia el rechazo de la protesta por compartir los fundamentos expuestos en el fallo censurado (v. dictamen de 14/12/2023).
IV. Por razones de orden metodológico, he de comenzar por analizar las objeciones a la prescripción declarada para, en caso de prosperar, abocarme al tratamiento del progreso de la acción de cobro deducida.
IV.1. A fin de justificar la solución que he de postular resulta menester determinar el contenido de la puntual contienda trabada. i] En su presentación de fs. 6, ampliada a fs. 12/14, Multicompras SA (luego continuada por Osvaldo Juan Israel Silicaro en su condición de cesionario -v. copia de la escritura de 08/08/2000 obrante a fs. 61/65, escrito de fs. 66/67 y proveído de fs. 68 de 18/12/2015-), reclamó el cobro de la suma de $ 0,54 (equivalente a australes 5.474,43) contra Federico Ruiz quien -según expuso- se incorporó como "usuario al Sistema de Tarjeta de Crédito Multicompras SA" con el fin de su utilización para la adquisición de bienes y servicios en los establecimientos comerciales adheridos. Relató que "transcurrido el tiempo y luego de producida la utilización de la tarjeta y obviamente los bonos y/o cupones entregados", al "vencimiento de los términos fijados en el reglamento de adhesión de usuarios, de la administración de las respectivas cuentas corrientes…se determinó que el demandado no efectuó el pago del importe consignado en el resumen de cuenta acompañado, como así tampoco de los recargos e intereses moratorios convenidos". Ofreció prueba confesional, pericial caligráfica (para el caso de que se pusiera en entredicho la autenticidad de las firmas insertas en el reglamento como así también en los cupones o bonos utilizados en los establecimientos adheridos) y pericial contable (para el supuesto de desconocimiento de la deuda y su monto, enderezada a determinar la adhesión al sistema de los accionados, los movimientos, pagos y saldos adeudados en la cuenta del usuario por cargos, servicios administrativos y consumos) (v. fs. 13 y vta. de la ampliación de 06/08/98). ii] Luego de numerosas diligencias enderezadas a dar con el paradero del demandado (v. fs. 16/17, 24/25, 28, 30, 34/38, 41, 43 y 46/47, fs. 73/80, 82/84, 88/90, 93/97, 99/102, 104/107, 109/111, 113/114, 115/6 y 117/119), se decretó su rebeldía y se le dio por perdido el derecho a contestar la demanda (v. auto de 31/05/2018 –fs. 120- y cédula glosada a fs. 121/122). A ello sobrevino la declaración de la cuestión de puro derecho (v. resolución de 05/07/2018 de fs. 122).
iii] Ante el requerimiento de que se dicte sentencia, la Jueza de la instancia ordenó el pase al Ministerio Público Fiscal (v. auto de 05/09/2018), asumiendo intervención la Agente Fiscal de la instancia en los términos del art. 52 de la ley 24.522, 27 de la ley 13.133 y 29 inc. 4° de la ley 14.442.
Al contestar la vista conferida, la referida funcionaria observó que el proceso había permanecido sin impulso durante casi 16 años por lo cual, “sin perjuicio de lo que en definitiva se resuelva en cuanto a los derechos que pudieren asistirle a la parte actora para el cobro de la acreencia, se destaca que en ese entonces –año 1992- se encontraba vigente el Código de Comercio que en su artículo 847, incs. 1 y 2, establecía plazos de prescripción breve de las deudas justificadas por cuentas de venta aceptadas, liquidadas o que se presumen liquidadas y de los intereses, normativa que a juicio de la infrascripta deviene aplicable analógicamente en el caso de autos (art. 3 LDC)” (v. presentación de 24/09/2018). Recordó, a continuación, que estamos ante un contrato celebrado en el marco de una relación de consumo, con cláusulas predispuestas por el proveedor, a las cuales la parte débil adhiere sin posibilidad de discusión (arts. 37 inc. a, b y c y 38 de la ley 24240), por lo cual, a fin de evitar mayores desequilibrios en miras a una capitalización de intereses, tales accesorios no deberían computarse durante el lapso de paralización de la causa.
Tal dictamen fue tenido presente en la providencia de 27/09/2018.
iv] Con fecha 07/10/2019, la Magistrada de grado advirtió que la cédula de traslado de la demanda había sido recibida por el señor Iván Federico Ruiz, DNI 37.928.294 –quien dijo ser “el requerido”-, siendo que el demandado era el señor Federico Ruiz -con DNI 16.060.506-, por lo cual pidió se aclare la situación (v. fs. 133).
En su escrito de 31/10/2019, el actor refirió que las notificaciones fueron cursadas en el domicilio informado por la Cámara electoral y recibidas por quien no desconoció que el accionado residía en el lugar. A un lado lo anterior, la Jueza dispuso el libramiento de una nueva cédula a fin de notificar los proveídos de fs. 15 –traslado de la demanda- y 68 –cesión a favor del señor Silicaro- (v. auto de 06/11/2019 de fs. 134), la cual fue diligenciada bajo responsabilidad del accionante (v. fs. 142/144 adjunta al trámite de 17/11/2021).
Con fecha 31/11/2021 se decretó la rebeldía del señor Federico Ruiz, declarándose la cuestión de puro derecho mediante el auto de 09/08/2022.
IV.2. En el fallo de fecha 26/09/2022, la colega de grado ingresó al análisis de la prescripción de la deuda reclamada en vista de “lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal el 26 de septiembre de 2018 (v. fs. 125/126), en su carácter de defensor del orden público y de la ley –art. 52 de la ley 24.2540-”.
En tal quehacer, si bien destacó que la sola interposición de la demanda basta para interrumpir la prescripción –sin ser necesaria su notificación- y que su efecto se mantiene durante todo el tiempo que insuma el proceso, salvo que tenga lugar su desistimiento o la caducidad de instancia (art. 3987 CC, 2546 y 2547 del CCyC), acotó que quien no ha sido anoticiado no está en condiciones de requerir tal caducidad. Por ello, invocando el carácter protectorio de la normativa consumeril, juzgó que cuando se constata la paralización del juicio debido a su abandono por parte del actor debe tenerse por reiniciado el curso de la prescripción aun no mediando caducidad. Así las cosas, concluyó que habiendo transcurrido más de quince años entre la última actividad útil de 21/12/1999 y el nuevo impulso ocurrido el 04/08/2015, correspondía tener por cumplido en exceso el plazo previsto por el art. 847 del Código Comercio y decretarse la prescripción (arts. 34 y 35 CPCC, 3986/3987 del CC, 2536/7 del CCyC).
IV.3. No comparto la solución a la que arriba mi colega de grado en punto a la prescripción actuada. Me explico.
IV.3.a. La prohibición legal de la declaración judicial oficiosa de la prescripción es una regla general reconocida por nuestro ordenamiento jurídico, primero en el art. 3964 del Cód. Civ. y luego en el art. 2552 del Cód. Civ. y Com., cuya explicación puede hallarse en la glosa del propio Vélez Sarsfield: “...Troplong critica largamente la resolución del Cód. Francés, igual al nuestro, diciendo que sin razón alguna se ha tomado del Derecho Romano; que siendo temporarias todas las acciones, sería lógico no admitir una acción fundada sobre una obligación extinguida por la prescripción, mientras que el demandado no renunciare expresamente a valerse de este medio. Nosotros contestaremos con uno de los autores del Código Francés, que el tiempo solo no causa la prescripción, que es preciso que con el tiempo concurra una larga inacción del acreedor, o una posesión que tenga todos los caracteres que la ley exige. Esta inacción o esta posesión no pueden ser conocidas y verificadas por los jueces, mientras no sean alegadas y probadas por el interesado. El juez, supliendo de oficio la prescripción, supliría hechos que debían demostrarse, y los jueces no pueden suplirlos de oficio. A más, muchas veces la conciencia puede resistir el oponer la prescripción. El que sabe que no ha pagado, puede no querer oponer la prescripción y ésta resultaría opuesta sólo por el juez, si no admitiere la demanda del acreedor, por haber corrido más de diez años, desde el nacimiento de la obligación”.
En suma, la referida regla encuentra su justificación tanto en la renunciabilidad de la prescripción ganada por parte del deudor (art. 3965 CC, actual art. 2535 del CCyC), como en la eventual existencia de hechos impeditivos – dispensa, suspensión y/o interrupción – ajenos al conocimiento del magistrado y que, en todo caso, deben ser esgrimidos por el accionante a quien se opone tal defensa (cf. SCBA, L. 120.332, sent. de 26/05/2021, L. 117.901, sent. de 20/05/2015; C. 102.888, sent. de 22/02/2012; C. 108.497, sent. de 21/12/2011, e.o.).
Por tanto, con palabras de la Corte local, la prescripción liberatoria no extingue el crédito, sino que priva al acreedor de la facultad de exigir compulsivamente el cumplimiento de la deuda (art. 3949 su doc. CC), la cual solo opera a instancias del deudor y no de oficio (art. 3964 y 2552 ya cit.) (cf. SCBA, B. 66.922, sent. de 17-XII-2014; B., 60.937, sent. de 13-VII-2011, e.o.).
IV.3.b. De lo dicho se desprende que nuestro ordenamiento condiciona el tratamiento de la prescripción liberatoria a que haya sido planteada, en tiempo oportuno, por alguna de las partes o terceros interesados (cf. asimismo, arts. 3962 CC y 2551 y 2553 del CCyC). Ahora bien, ¿en qué situación se encuentra el Ministerio Público?
Vale aquí recordar, siguiendo a Palacio, que a los titulares de este conjunto de órganos incumben dos tipos de funciones primordiales: a) el planteo de ciertas pretensiones o peticiones, o de oposiciones a éstas, en las cuales se advierte un interés social en sustraerlas, total o parcialmente, a la iniciativa privada, o porque así lo impone la condición de las personas cuyos derechos se controvierten en el proceso y b) el contralor respecto a la observancia de determinadas normas que hacen al interés público. Así, mientras en el primer caso, el representante del Ministerio Público asume un papel esencialmente equiparable al de las partes, o actúa como representante de estas, en el segundo lo hace a título de órgano de cooperación de la función judicial, coadyuvando a su más adecuado desenvolvimiento (cf. Palacio, Lino E., Derecho procesal civil. 3ª ed., Abeledo Perrot, 2011, t. I, p. 450/451).
En el ámbito bonaerense, la competencia del Ministerio Público está reglamentada por la ley 14.442, normativa que, si bien en el art. 1º prevé su actuación “con legitimación plena en defensa de los intereses de la sociedad y en resguardo de la vigencia equilibrada de los valores jurídicos consagrados en las disposiciones constitucionales y legales.”, en los artículos 29, 33 y 38 delimita la extensión de sus deberes y atribuciones según el rol que esté llamado a desempeñar en cada proceso (agente fiscal, defensor oficial o asesor de incapaces).
En causas vinculadas al derecho de los usuarios y consumidores, en tanto la intervención que asuma el representante del Ministerio Público Fiscal –en el caso, la agente fiscal de la instancia- tenga lugar no como “parte” sino como “fiscal de la ley” para adoptar la fórmula del art. 52 de la ley 24.240 y del art. 27 de la ley 13.133, no es dable reconocer la facultad de oponer –en sustitución del deudor u obligado- la prescripción porque, de otra manera, se dejaría de lado el valladar que supone una lectura armónica de los arts. 2551 a 2553 del CCCN, esto es, la imposibilidad de un planteo oficioso de la prescripción y su renunciabilidad (en sentido coincidente: cf. CCCom. 1° LP, sala I, causa 272.457, sent. de 16/06/2020; sala III, causa C. 278.863, sent. de 29/11/2022).
Por lo demás, ha de tenerse presente que el inciso 4 del art. 29 de la ley 14.442 circunscribe la actuación del agente fiscal en materia civil, comercial, laboral y de justicia de paz, a “dictaminar en aquellos supuestos previstos por las leyes, cuando se manifestare afectación del interés público con gravedad institucional” o “requerir medidas en defensa del orden público, la legalidad y los intereses de la sociedad”. Una interpretación de tales atribuciones en clave habilitante de la posibilidad de alegar la prescripción de la acción en un proceso individual seguido contra un usuario o consumidor, soslaya la ausencia del interés público en la extinción de una obligación que, bueno es recordarlo, explica la prohibición de la declaración oficiosa de la prescripción.
A estas alturas, es una verdad de Perogrullo que el Ministerio Público Fiscal no actúa en estos casos como mandatario o representante del usuario o consumidor demandado (arts. 100 y ss y 1319 y ss. CCyC), sino como fiscal de la ley (art. 52 LDC y 27 de la ley 13.133). Que, a la par, a un lado el cotejo del plazo transcurrido entre el momento en que la acción aparece expedita y la promoción de la demanda, mal podría el fiscal conocer si durante ese tiempo ocurrió algún hecho que produjera la interrupción o la suspensión del plazo de prescripción, como así tampoco la voluntad del consumidor o usuario de ejercer o no su facultad de oponer la prescripción cumplida que, como viéramos, es renunciable, e inclusive torna irrepetible el pago de la deuda ya prescripta (arts. 515 y ss. CC, art. 728 y 2538 del CCyC).
IV.3.c. Pues bien, en esta causa se verifican los siguientes datos salientes:
i] La intervención del Ministerio Público Fiscal, a través de la Agente fiscal de primera instancia, no lo fue en condición de parte o tercero interesado, sino como “fiscal de la ley” en los términos contemplados en el art. 52 de la ley 24.240 y 27 de la ley 13.133.
ii] Semejante fiscalización no importa un obrar como mandatario o representante legal del deudor o tercero interesado a quienes la ley de fondo habilita a oponer la prescripción en la puntual oportunidad indicada al efecto (arts. 3964 CC y 2553 del CCyC, su doc.) o renunciar a la ya cumplida (arts. 3965 CC y 2535 CCyC, su doc.).
iii] Al contestar la vista, en rigor, la agente fiscal de primera instancia no dedujo una excepción o defensa de prescripción. Antes bien, se limitó, según su propia expresión, a “destacar” el tiempo transcurrido y la aplicación, por analogía, de los plazos de prescripción contemplados en el derogado Código de Comercio (v. presentación de 26/09/2022).
iv] Lo así expresado no parece ser más que una simple observación o referencia. Ello bien podría ser entendido en miras de un eventual planteo de prescripción del deudor a efectos de que, por aplicación del principio iura novit curia, se tengan en cuenta el plazo y las circunstancias del caso.
v] Tal interpretación luce incluso acorde con el temperamento en su momento adoptado por la Jueza de grado que, vale remarcar, no dispuso traslado alguno al actor y se limitó a tener presente la contestación de la vista (v. auto de 27/09/2018).
vi] La falta de toda bilateralización privó al accionante de la posibilidad de objetar, en forma previa al fallo final, tanto la legitimación del Ministerio Público Fiscal como el plazo aplicable y la concurrencia de causales de interrupción, suspensión o dispensa de la prescripción, y; vii] De modo sorpresivo, en el fallo de 26/09/2022, aquella observación mutó en una excepción que, por las razones ya reseñadas, la Jueza de la instancia estimó debía ser acogida (v. cons. IV.2). Todo lo hasta aquí dicho pone de relieve la falta de legitimación del Ministerio Público Fiscal para, sustituyéndose al deudor o tercero interesado, oponer la prescripción de la acción patrimonial aquí en litigio, déficit que determina que no puede confirmarse el fallo de la instancia en cuanto declaró la prescripción.
Voto, en consecuencia, por la negativa.
El señor Juez, doctor Federico García Ceppi, adhirió a la ponente por aducir iguales fundamentos y, por tanto, votó también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza, doctora Irene Hooft dijo:
I. El contenido de la solución propiciada en el punto anterior impone precisar el próximo tramo de esta decisión. Ello así, toda vez que en la instancia de origen se desestimó la demanda impetrada al reputarse prescripta la acción y, en consecuencia, no se dio tratamiento a la pretensión de cobro y su eventual alcance. Cabe entonces hacerlo en esta sede y decidir los temas litigiosos pendientes (SCBA, Ac. 79.404, sent. de 08-IX-2004; Ac. 84.899, sent. de 09-VI-2004, Ac. 49.681, sent. de 02-XI-1993, Ac. 38.170, sent. de 11-XII-1987; arts. 166, 266, 272 su doc. CPCC; art. 18 CN y 15 de su par provincial).
II. El asunto debatido, en orden a sus antecedentes y contenido de la pretensión deducida, ha sido expuesto al abordar la primera cuestión, a cuyo desarrollo me remito (v. cons. IV.1).
Despejado lo anterior, adelanto que el cobro pretendido no puede prosperar.
II.1. La documentación glosada a fs. 5 da cuenta de la incorporación del señor Federico Ruiz –DNI 16.060.506- como “titular” al Sistema de Multicompras y asumiendo la responsabilidad “por todas las obligaciones y/o sumas de dinero que se adeudaren a la Entidad derivados de la utilización de los bonos otorgados oportunamente" (v. cláusula 3). Este documento que data del 21 de octubre de 1987 es, por cierto, el único instrumento que cuenta con firma atribuida al demandado, rúbrica que no mereció un desconocimiento expreso.
Ahora bien, aun cuando con tal apoyo instrumental quepa tener por determinado que el señor Ruiz se incorporó al sistema diseñado por Multicompras SA (arts. 60 y 354 del CPCC su doc.), no se ha aportado ningún otro elemento idóneo enderezado a justificar la existencia de la deuda, su origen y conformación y cuantía resultante. Me explico. i] La prueba de la existencia del contrato de tarjeta de compra resulta por sí sola insuficiente para justificar la deuda reclamada en autos pues lo esencial es demostrar la utilización de dicha tarjeta a través de los contratos de compras o servicios con los comercios o empresas adheridas al sistema, que se instrumentan en los llamados cupones de compra que se vuelcan en los resúmenes de cuenta que se emiten periódicamente. Nótese que incluso con anterioridad a la sanción de la ley 25.065, se sostenía que para acreditar la deuda originada en la utilización de una tarjeta de crédito la empresa emisora debía probar su uso mediante los comprobantes o a través de algún acto por el cual el deudor haya conformado los estados de cuenta: v.gr. los resúmenes de cuenta emitidos periódicamente (cf. CNCom., sala C, "Prieto, M.", sent. de 09/12/1994, LL 1995-B, 575; íd. sala C, "Bank Boston National Association", sent. de 15/07/2003, LL 2004-B, 1022; art. 375 su doc. CPCC).
De tal modo, la presentación y/o exhibición en juicio de los cupones que acreditan las operaciones de compra con la tarjeta cuyo pago reclama la emisora no resulta dirimente para justificar el incumplimiento del demandado. Mas ello es así en la medida que pueda alcanzarse certidumbre acerca de las operaciones y su resultado merced a otros medios (CNCom., sala B, "Bco. Mercantil Argentino", sent. de 09-III-1998, LLeyonline AR/JUR/2046/1998; íd. sala C, "Bco. Caja de Ahorro", sent. de 30-III-2004; LL 2004-E, 367), vgr. cuando el usuario no impugna los resúmenes de cuenta, temporánea y fehacientemente y, conforme lo convenido en el contrato, aquéllos se consideran aceptados y conformados (cf. CNCom., sala D, "Bco. Rio de la Plata", sent. de 23/02/2001, LLeyonline AR/JUR/1840/2001; íd. sala B, "Bco. Río de LP", sent. de 09/01/2004, LLeyonline AR/JUR/3260/2003 y "Banca Nazionale del Lavoro", sent. del 20/10/2006, DJ 2007-II, 111, e.o.).
ii] En la especie, Multicompras SA sostuvo que existía un saldo impago derivado de la referida operatoria el que -según denunció- fue plasmado en el resumen de cuenta que adjuntó. En dicho resumen que, vale remarcar, es un documento emanado de la pretensa acreedora se consigna que el señor "RUIZ FEDERICO", usuario "01 001 31198-2", tendría un "SALDO SERVICIOS ADEUDADOS" de "A 5.474,43" (australes cinco mil cuatrocientos setenta y cuatro con 43/100) y un vencimiento el día 18/01/89 (v. fs. 4).
Dicha prueba luce manifiestamente insuficiente. Con ser incuestionable que no medió controversia en torno a la existencia del vínculo contractual iniciado en el año 1987, no lo es menos que no se trajeron a juicio los correspondientes cupones de compras y/o resúmenes de cuenta idóneos que detallen las operaciones que respalden el saldo que se dice adeudado, ni se produjo prueba alguna con tal objeto.
A esos fines no alcanza el documento de fs. 4. La posibilidad de justificar el crédito a través de los denominados resúmenes de cuentas que la entidad emite periódicamente y somete a consideración del usuario está condicionada a que en ellos se detallen los gastos o movimientos que dan sustento a la deuda. El pretendido resumen de fs. 4 no cumple dicha exigencia. En él no se consignan los consumos, ítems o servicios que se estarían liquidando -sólo alude, sin precisión alguna, a un supuesto saldo deudor de australes "A 5.474,43" por "servicios adeudados"-, por lo que no es dable concluir que conforme lo pactado en la cláusula 4ta. de la solicitud de adhesión dicho saldo ha quedado aprobado tácitamente.
En efecto, en la mencionada cláusula se estipuló que "Mensualmente el usuario deberá retirar del domicilio de la Entidad Emisora el resumen de cuenta de los bonos utilizados y se obliga a abonar en el lugar y fecha que se indique el importe que figura en el mismo. Si el usuario no formalizare reclamo alguno de los errores u omisiones que pudiera contener dicho resumen dentro del plazo perentorio de 10 días contados a partir de la fecha de su emisión se lo tendrá plena e integralmente aceptado". Ahora bien, aun cuando se reputara válida la disposición que impone al titular de la tarjeta de compra la carga de "auto-informarse" mediante el retiro del resumen de cuenta de los bonos utilizados y cuantía de su deuda a efectos de pagarla, lo cierto es que el titulado resumen mal puede reputarse consentido en tanto no brinda ninguna información sobre los conceptos que integrarían la deuda, extremos que tampoco se ven respaldados por otras pruebas.
A lo anterior se suma que, inexplicablemente, en él coinciden las fechas de vencimiento con la de emisión, hito este último a partir del cual cabría computar el plazo contemplado en la transcripta cláusula para proceder a su impugnación y, vencido el cual, recién podría tenerse por aceptado (v. cláusula 4° del documento de fs. 5vta.).
iii] En síntesis, la documentación de fs. 4 que solo expresa la existencia de un supuesto saldo deudor global "por servicios adeudados", no brinda adecuado respaldo al reclamo. A estos efectos resultaba necesario adjuntar los resúmenes sucesivos a partir de la fecha en que se configuró el primer incumplimiento de pago hasta la fecha de la baja de la tarjeta, para de ese modo conocer cómo se ha ido formando el saldo deudor, de modo que éste no aparezca arbitrario.
Semejante exigencia nace de la obligación de informar que pesa sobre el emisor y de la doctrina emergente del art. 1198 del Código Civil, información que debe ser amplia y esclarecedora y, por ende, cierta, veraz, detallada, eficaz y suficiente (Wayar, Ernesto, Tarjeta de crédito y defensa del consumidor, p. 202 y ss.). El documento traído a este proceso lejos está de satisfacer dicho standard en tanto carece de todo detalle de los consumos, sus fechas e importes, impidiendo al accionado –y a este tribunal- el análisis de su composición y la posibilidad de cuestionar los ítems que integran la deuda (CCCom. Tucumán, sala III, "Bco. del Tucuman SA c/Molina", sent. de 27/10/2011, LLNOA 2012 -febrero- 108; CCCom. Corrientes, sala IV "Bco. de Corrientes SA", sent. de 29/10/2008, LLeyonline AR/JUR/11834/2008; CNCom., sala E, "Bco. Francés", sent. de 12/09/2006, LLeyonline AR/JUR/7374/2006; íd. sala C,"HSB Bank Arg.", sent. del 30/09/2009, DJ 01/04/2009, 847).
Por tanto, si bien los cupones no resultan exigibles cuando se pactó la aceptación expresa o tácita de los resúmenes de cuenta, el instrumento bajo análisis no constituye el resumen de cuenta de consumos y gastos previstos por el contrato. Aquel no sólo no se ajusta a la doctrina judicial que constituyó el antecedente del art. 23 de la ley 25.065 -pese a que no rige directamente en el presente caso-, que supone la posibilidad de control de las partidas por el usuario, sino al concepto genérico de “cuenta” que preveía el art. 68 del Código de Comercio que consiste en la descripción gráfica de las operaciones realizadas (cf. CNCom., sala E, "Bco. Francés", sent. de 12/09/2006, ya cit.). En él -insisto- no aparecen individualizadas las operaciones y/o servicios presuntamente realizados y/o brindados, no surgiendo el origen y composición de la alegada deuda, por lo que no puede ser reputado un resumen en los términos estipulados en la cláusula 4 y su falta de impugnación no implica conformidad con la deuda reclamada (cf. CCCom. Corrientes, sala IV, "Bco. de Corrientes SA"; CNCom., sala C,"HSB Bank Arg.", ya cit.).
II.2. Así las cosas, la falta de prueba corroborante en tanto la causa fue declarada como de puro derecho (CNCom., sala E, "Bco. Francés SA c/Lionello,", sent. de 04/07/2012, LLeyonline AR/JUR/46268/2011) sella la suerte adversa de la pretensión. Al no contar con los cupones demostrativos de las operaciones y careciendo de un peritaje contable enderezado a corroborar la existencia de la deuda, el resumen presentado en las condiciones descriptas no permite hallar certeza sobre las operaciones o servicios brindados y el crédito reclamado (arts. 375, 384 su doc. CPCC).
Esta conclusión no cede ante la rebeldía del demandado.
Como ha sostenido reiteradamente la Corte provincial, la falta de contestación de la demanda y consecuente contumacia no bastan por sí solas para admitir el progreso de la acción (SCBA C. 90.315, sent. de 6-VI-2007: C. 105.187, sent. de 15-VIII-2012; C. 117.091, sent. de 30-X-2013, e.o.), debiendo en estos casos pronunciarse sentencia según el mérito de la causa y lo establecido en el art. 354 inc. 1 (SCBA, f. doct. C. 101.536, sent. de 9-VI-2010). Así, sin desconocer que el incumplimiento de la carga de contestar la demanda “podrá” ser estimado como un reconocimiento de la verdad de los hechos lícitos y pertinentes expuestos en la demanda (conf. doct. art. 354 inc. 1, C.P.C.C.), el juez no se encuentra obligado a aceptar o considerar automáticamente esa verdad. La presunción por rebeldía declarada posee un carácter netamente residual, tornándose operativa sólo en caso de duda (conf. art. 60, Cód. cit.) (cf. SCBA C. 117.091 ya cit.).
En resumidas cuentas, las disposiciones en juego no edictan el deber de considerar esa presunción como una suerte de verdad a priori que podrá -o no- ser posteriormente desvirtuada por la prueba, sino que, partiendo del albur inicial de todo proceso, procurará el magistrado arribar a un juicio de certeza mediante la compulsa del material probatorio rendido y sólo la duda hará jugar, en su caso, aquella presunción (cf. SCBA, causas C. 117.097 ya cit.).
Trasladando tales conceptos al presente, aun reconociendo al estado de rebeldía del señor Ruiz la virtualidad de erigir una presunción acerca de la veracidad de los hechos lícitos invocados por quien obtuvo esa declaración, dicha presunción no se encuentra acompañada de otras que "por su número, precisión, gravedad y concordancia" generen la convicción favorable a la demanda impetrada (art. 165 inc. 5 CPCC), a la par que impide al órgano jurisdiccional todo contralor sobre la existencia y legitimidad de la deuda que se demanda.
III. Por las razones expuestas, corresponde desestimar la demanda de cobro de pesos impetrada por Multicompras SA y continuada por su cesionario Osvaldo Juan Israel Silicaro contra el señor Federico Ruiz. Voto, en consecuencia, por la negativa.
El señor Juez, doctor Federico García Ceppi, adhirió por iguales fundamentos y votó por la negativa.
A la tercera cuestión, la señora Jueza, doctora Irene Hooft, dijo:
En atención a los fundamentos dados al abordar la segunda cuestión, corresponde confirmar la sentencia dictada el 26 de septiembre de 2022 en cuanto desestimó la demanda de cobro de pesos instaurada por el señor Osvaldo Juan Israel Silicaro –cesionario de Multicompras SA- contra Federico Ruiz, con costas de ambas instancias al actor vencido (arts. 60, 68, 163 inc. 5, 164, 354, 375, 384, su doc. CPCC; arts. 1197, 1198, 515 y ss., 3949, 3962, 3964/5 y cc. del CC; arts. 1, 2, 3, 7, 9, 10, 100 y 11., 728, 1319 y ss., 2535, 2537, 2538, 2551/2553 del CCyC; arts. 1/3, 52 LDC; art. 27 de la ley 13.133, art. 29 inc. 4° de la ley 14.442).
Así lo voto.
El señor Juez, doctor Federico García Ceppi, adhirió al precedente voto por aducir iguales fundamentos, con lo que se dio por finalizado el Acuerdo, dictándose por el Tribunal la siguiente:
S E N T E N C I A AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
Que la sentencia dictada el 26 de septiembre de 2022 debe, por los fundamentos vertidos al analizar la segunda cuestión, ser confirmada (arts. 60, 68, 163 inc. 5, 164, 354, 375, 384, su doc. CPCC; arts. 1197, 1198, 515 y ss., 3949, 3962, 3964/5 y cc. del CC; arts. 1, 2, 3, 7, 9, 10, 100 y 11., 728, 1319 y ss., 2535, 2537, 2538, 2551/2553 del CCyC; arts. 1/3, 52 LDC; art. 27 de la ley 13.133, art. 29 inc. 4° de la ley 14.442)
POR ELLO: se rechaza la demanda por cobro de pesos promovida por Osvaldo Juan Israel Silicaro contra Federico Ruiz. Y atento el resultado alcanzado, las costas de ambas instancias se imponen al actor vencido (art. 68 CPCC), difiriéndose la pertinente regulación de honorarios para su oportunidad legal (arts. 31 y 51 Decreto ley 8904 y 31 y 51 ley 14.967). Regístrese, notifíquese en forma automatizada (art. 10 Anexo I del Ac. 4013 de la SCBA) y devuélvase a la instancia de origen. Destinatario: ISRAEL SILICARO FRANCO Destinatario: FISCAL DE CAMARAS
Fin de la sentencia