Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 111430918-I
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
Expte. N° 20595/2024 “ITA SA INDUSTRIA Y TECNOLOGIA EN ACEROS SA (TF 111430918-I)
c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, de mayo de 2025.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que a través de la resolución de fojas 2591/2600 el Tribunal Fiscal de la Nación hizo lugar al recurso interpuesto por la firma actora y, en consecuencia, revocó la Resolución N° 53/2023 (DV RPAR). A través de ese acto administrativo el Jefe de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Paraná de la AFIP-DGI había determinado de oficio el impuesto a las ganancias -periodo fiscal 2020- en la suma de $7.041.309 ,23, con más intereses resarcitorios de $8.370.004,28. Impuso las costas en el orden causado.
Para así resolver, tras recordar las características que la Ley de Impuesto a las Ganancias establece sobre el ajuste por inflación, los vocales de la Sala "B" del Tribunal a quo analizaron si en el caso existía un supuesto de confiscatoriedad. Indicaron que, para que aquel se produzca, debe existir una absorción por parte del Estado de una porción sustancial de la renta o el capital del contribuyente. A su vez, recordaron que dicha regla surgía del precedente “Candy S.A. c/ AFIP y otro s/ acción de amparo”, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (03/07/2009), que resultaba aplicable al sub lite.
Seguidamente, el Tribunal se remitió al informe pericial contable producido en autos y destacó que según surgía de aquel “[…] el resultado ajustado por inflación en ambos casos -Impositivo y Contable- la renta es igual a cero. Es decir, que al no permitir el cómputo del 100% de la pérdida por ajuste por inflación se produce una distorsión de la verdadera magnitud del resultado, apareciendo una renta del período que en realidad no existe”. Debido a ello, concluyó que le asistía razón a la actora en cuanto a que en el caso existía un supuesto de confiscatoriedad “[…] dado que el impuesto determinado por la AFIP excede cualquier límite razonable de imposición […]”.
II. Que contra esa decisión, la actora interpuso un recurso de apelación a fojas 2605, y expresó agravios en esa misma presentación, los que fueron replicados por su contraria a fojas 2650/2653.
Allí, cuestionó la distribución de costas en el orden causado que fijó el Tribunal Fiscal. Recordó lo previsto en el artículo 68 del CPCCN y Alta en sistema: 16/05/2025 destacó que, al haberse hecho lugar a su recurso y, en consecuencia, revocado en su totalidad la Resolución N° 53/2023 (DV RPAR) no existían motivos para apartarse del principio general de la derrota que rige en la materia. Por tal motivo, solicitó que se revoque el pronunciamiento apelado en ese punto y se fijen las costas a cargo del Fisco Nacional.
III. Que por su parte, la demandada interpuso un recurso de apelación a fojas 2625 y expresó sus agravios a fojas 2636/2643, los que fueron replicados por su contraria a fojas 2655/2662.
En su presentación, señaló que la impugnación al mecanismo de ajuste por inflación aplicado por la contribuyente en el periodo fiscal 2020 se debió a que había computado la totalidad de aquel, cuando en realidad “[…] conforme las previsiones del art. 194 de la Ley de Impuesto a las Ganancias sólo procedía que lo hiciera por un sexto, es decir por $6.521.402,70”. Asimismo, indicó que recién con las reformas de las Leyes Nros. 27.430 y 27.541 a la Ley de Impuesto a las Ganancias se introdujo -a partir de comenzado el ejercicio de 2018- la posibilidad de deducir o incorporar al resultado impositivo el ajuste por inflación. En otro orden, agregó que las condiciones del periodo fiscal objeto de autos (2020) difieren de aquel que fue objeto de análisis en el caso “Candy”, ya que en dicho precedente el Alto Tribunal se expidió respecto de períodos fiscales en los que el mecanismo de ajuste por inflación no encontraba reflejo normativo que habilitara su aplicación. Debido a ello, señaló que resultaba errónea la interpretación que el Tribunal Fiscal realizó de ese precedente, y afirmó que “[…] la doctrina ‘Candy’ queda superada, y no rige, respecto a ejercicios fiscales en los que se aplica la modificación normativa posterior al fallo de Corte”.
IV. Que corresponde analizar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada.
IV.1. Al respecto, conviene recordar que esta Cámara ha señalado el carácter limitado del recurso previsto en el artículo 86 inciso b) de la Ley Nº 11.683, de modo tal que cabe, en principio, estar a las conclusiones del Tribunal Fiscal sobre los hechos probados (conf. Sala I, in re “Merlino Automotores S.A.”, del 12/03/2009; Sala II, in re “Frigorífico Marejada S.A.”, del 29/12/2009; Sala IV, in re “Agropecuaria Laishi S.A.” del 15/04/2010; esta Sala, in re “Agro Beef S.R.L (TF 31471-I) c/ DGI”, del 6/3/2014, entre otros). Tal principio, sin embargo, puede ceder no sólo cuando se haya omitido sustanciar o incorporar al proceso determinados Alta en sistema: 16/05/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V hechos o material probatorio conducente para resolver la cuestión en debate, sino ante supuestos de arbitrariedad, ilegalidad o irrazonabilidad en la apreciación de aquéllos (esta Sala, in re “Agro Beef S.R.L”, cit.). En otras palabras, el recurso impetrado no da acceso a una instancia ordinaria que haga posible un nuevo pronunciamiento sobre la prueba y sobre la conclusión a la que dicho órgano jurisdiccional hubiera arribado al ponderarla, salvo supuestos de error manifiesto (esta Sala, in re “Amadeo Camogli y Ciminari SC”, del 01/11/2007, entre otros).
IV.2. En el sub lite, para arribar a la solución que aquí se recurre, el Tribunal Fiscal de la Nación recordó que la actora había atacado la Resolución N° 53/2023 (DV RPAR), a través de la cual se había determinado de oficio el impuesto a las ganancias -periodo fiscal 2020- en la suma de $7.041.309,23, con más intereses resarcitorios de $8.370.004,28. Señaló que -según manifestó la accionante- existía un menoscabo en su derecho de propiedad atento a la confiscatoriedad del impuesto discutido en caso de no aplicarse el mecanismo de ajuste por inflación.
Luego, detalló la normativa aplicable al caso. Precisó que el denominado ajuste se encuentra previsto en el Título VI de la Ley del Impuesto a las Ganancias, y que allí se establece el procedimiento aplicable, los valores y conceptos a computar, y los responsables que deben practicar el ajuste. Además, recordó que las Leyes Nros. 27.430, 27.468 y 27.541, introdujeron diversas modificaciones al respecto, al igual que el Decreto Nº 824/2019.
A continuación, recordó la doctrina establecida en los precedentes “Candy” y “Telefónica” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la aclaración de que la cuestión de autos debía ser resuelta a la luz de aquella jurisprudencia. Al respecto, puso de resalto que para que la confiscatoriedad exista “[…] debe producirse una absorción por parte del Estado de una porción sustancial de la renta o el capital (Fallos: 242:73 y sus citas; 268:56; 314:1293; 322:3255, entre muchos otros)”.
Además, precisó que las pautas rectoras del precedente “Candy” -para delimitar la aplicación de la no confiscatoriedad en el impuesto a los réditos- eran de carácter sustancial y no nominal, ya que el Máximo Tribunal no estableció un porcentaje concreto como límite aplicable, sino que, conforme las pruebas de la causa, entendió que en ese caso el pago del impuesto sin aplicar el ajuste, al representar para Candy SA más del 62% del resultado impositivo ajustado y del 55% de las utilidades contables también ajustadas por inflación, resultaba confiscatorio. Asimismo, expresó que si bien las condiciones del periodo fiscal objeto de autos (2020) difieren de las acontecidas al tiempo de dictarse el Fallo “Candy” (2002), a diferencia de lo que ocurría entonces la Alta en sistema: 16/05/2025 legislación actual aplicable reconoce la necesidad de que se practique el citado ajuste, aunque sujeto a determinadas condiciones y con ciertas limitaciones. Además, destacó que la confiscatoriedad no se encontraba condicionada a un año fiscal determinado, sino a la configuración de las circunstancias fácticas que constituyan ese supuesto en el año fiscal de que se trate.
Posteriormente, el Tribunal se remitió a la prueba pericial obrante en autos. Recordó que del informe contable surgía que: “[…] el resultado impositivo histórico sin aplicar el mecanismo de ajuste por inflación conformado por los montos de los conceptos pérdida del 100% del resultado impositivo y pérdida por ajuste por inflación sobre Amortización Impositiva Bienes de Uso e intangible, correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2020, asciende a $ 46.011.525,79 (utilidad)”.
En esa oportunidad -prosiguió el Tribunal-, los profesionales aclararon que “[…] el Ajuste por Inflación Impositivo Estático y Dinámico correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 considerando la totalidad del ajuste determinado en función a la aplicación de las normas del Título VI de la Ley del Impuesto a las Ganancias (t.o. 2019) asciende a una pérdida de $ 39.128.416,18; por otro lado, considerando el importe correspondiente al cómputo según lo previsto por el artículo 194 de la Ley del Impuesto a las Ganancias (t.o. 2019), el 1/6 de ajuste por inflación computable según el artículo 194 de la LIG asciende a una pérdida de $ 6.521.402,70. Dicha norma es la que establece computar sólo 1/6 del ajuste por inflación impositivo (Estático y Dinámico) correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2020 por lo que se requiere dividir por seis la pérdida total del ajuste por inflación del punto mencionado precedentemente”.
A su vez, indicó que los expertos contables consideran correcto el monto de $ 7.473.266,08 (pérdida) en concepto de actualización impositiva del periodo fiscal 2020 correspondiente a la amortización de bienes de uso e intangibles de la totalidad de los bienes de uso integrantes del inventario de bienes de uso de la Sociedad al 31/12/2020.
A continuación, se tuvo en cuenta que “[…] el resultado impositivo ajustado por inflación correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2020 asciende a un quebranto de $590.156,47 que fue declarado en el período fiscal 2020. El resultado impositivo -ganancia- sin considerar el ajuste por inflación histórico, se compensó con el ajuste por inflación negativo, con la totalidad del ajuste determinado en función a la aplicación de las normas del Título VI de la Ley del Impuesto a las Ganancias y actualización impositiva del período fiscal 2020 correspondiente a la amortización de bienes de uso e intangibles de la Alta en sistema: 16/05/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V totalidad de los bienes de uso integrantes del inventario de bienes de uso de la Sociedad al 31/12/2020.” Y agregó que “[…] la alícuota efectiva del Impuesto a las Ganancias expresada como cociente entre el IG determinado aplicando el diferimiento previsto en el 194 de la LIG sobre el resultado impositivo ajustado por inflación sin aplicar dicho diferimiento asciende a $ 11.448.329,36 / -590.146,57 siendo igual a un resultado indeterminado, al no existir renta como presupuesto necesario para calcular tasa efectiva”. Finalmente, destacó que el resultado ajustado por inflación en ambos casos -impositivo y contable- la renta es igual a cero. Es decir, que al no permitir el cómputo del 100% de la pérdida por ajuste por inflación se produce una distorsión de la verdadera magnitud del resultado, apareciendo una renta del período que en realidad no existe. Y, por esa razón, concluyó que el impuesto determinado por la AFIP excedía cualquier límite razonable de imposición, configurándose un supuesto de confiscatoriedad.
IV.3. En tales condiciones, no se advierte que la evaluación probatoria realizada por el Tribunal a quo haya sido arbitraria o carente de fundamento. Tampoco parece haber incurrido en un error flagrante al expresar sus conclusiones en el fallo objeto de apelación. En efecto, las observaciones del Tribunal previniente demuestran un examen detenido de las constancias de autos, de modo tal que revelan las falencias de la postura del recurrente.
IV.4. Por lo demás, si bien la demandada planteó la inaplicabilidad del precedente “Candy” de la CSJN a efectos de realizar el examen relativo a la confiscatoriedad del impuesto, sobre la base de que el periodo fiscal objeto de autos difiere del examinado en aquel caso, lo cierto es que ello no constituye un argumento que permita sostener la imposibilidad de hacer uso de ese mecanismo en supuestos en los cuales se constate, de manera concreta y efectiva, la confiscatoriedad del impuesto. En efecto, contrariamente a lo que sostuvo la recurrente, el examen de la confiscatoriedad no se encuentra condicionado al año fiscal en que se produzca, sino a la configuración de las circunstancias fácticas que den lugar a tal supuesto. Máxime, en tanto las conclusiones del fallo “Candy” han trascendido al aplicarse a otros períodos fiscales (en sentido análogo, esta Sala in re: 40785/2018 “RCI Banque c/ EN-AFIP s/ Dirección General Impositiva”, del 06/06/2024).
En consecuencia, corresponde desestimar los agravios vertidos por la parte demandada, y confirmar la resolución apelada.
V. Que respecto al agravio de la actora contra el modo en que el Tribunal Fiscal ordenó distribuir las costas, corresponde señalar que Alta en sistema: 16/05/2025 en razón de las complejidades de la cuestión debatida, así como el criterio fijado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Candy”, corresponde confirmar la distribución de costas en el orden causado (art. 68, 2° párrafo, CPCCN; y Fallos: 332:1571).
En consecuencia, corresponde desestimar el agravio formulado por la accionante y confirmar en ese punto la resolución apelada.
VI. Que en virtud de lo expuesto corresponde: 1) Rechazar los recursos de apelación interpuestos por ambas partes y, en consecuencia, confirmar la resolución obrante a fojas 2591/2600; 2) Distribuir las costas de esta instancia en el orden causado (artículo 68, segundo párrafo, del CPCCN).
Todo lo cual, ASÍ SE RESUELVE.
El Sr. Juez de Cámara, Dr. Jorge F. Alemany no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 RJN).
Regístrese, notifíquese a las partes y oportunamente, devuélvase.
Guillermo F. TREACY Pablo GALLEGOS FEDRIANI Alta en sistema: 16/05/2025
Fin de la sentencia