Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 43329-I
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
44035/2022 “ITALCRED SA (TF 43329-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, febrero de 2023.
VISTOS y CONSIDERANDO:
1. Que, el a quo tuvo a la actora por desistida de la acción y del derecho, incluso el de repetición de conformidad con el art. 9º de la ley 27.541 (modificada por la ley 27.562), y con los arts. 7, 10 y siguientes de la resolución general (AFIP) 4667/2020 (“RG 4667”) y concordantes de la resolución general (AFIP) 4816/2020 (“RG 4816”), con costas. Además, reguló los emolumentos a favor de la representación fiscal y del perito contador designado a propuesta del Fisco Nacional.
Asimismo, señaló que la accionante había manifestado que cumplía con los requisitos de adhesión establecidos por la ley 27.541 (modificada por la ley 27.562) mientras que la demandada no había advertido la existencia de activos financieros en el exterior. En consecuencia, consideró que la recurrente se encontraba habilitada a gozar de los beneficios dispuestos en el plexo normativo supra referenciado.
Destacó que la actora no se hallaba comprendida en las exclusiones detalladas en el art. 16 de la mencionada ley, y consignó que le correspondía “la condonación que dicha normativa prevé una vez cumplidos y constatados que sean, por el Organismo Fiscal, los restantes requisitos y condiciones allí establecidos” (fs. 409vta.).
Por último, aclaró que, a los fines de las regulaciones de honorarios, había tenido en cuenta las pautas de interpretación de la doctrina plenaria de esta Alzada en la causa “Alpargatas SAIC c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 16/12/20 y la reducción prevista en el artículo 12 de la RG 4667.
2. Que, contra dicha decisión, la parte actora dedujo y fundó recurso de apelación (fs. 420/421vta.), que no fue contestado por su contraria. Sostiene que, a pesar de haber cancelado en su totalidad el plan de facilidades de pago O417512 por medio del cual regularizó las obligaciones que dieron origen a las presentes actuaciones, el a quo omitió expedirse respecto a la condonación prevista en la normativa aplicable; exigencia que, según alega, se deriva del reconocimiento explícito de la adhesión de Italcred 1 S.A. a los beneficios establecidos en el régimen de la ley 27.541 y su modificatoria.
Advierte que la doctrina legal del plenario supra referenciado no fue receptada, toda vez que la falta de pronunciamiento acerca de las multas e intereses resarcitorios condonados motivó su incorporación en la base regulatoria de los emolumentos regulados a favor de los abogados del ente recaudador.
3. Que, la ley 27.541, modificada por la ley 27.562, estableció un régimen de regularización de deudas correspondientes a obligaciones tributarias vencidas al 31 de julio de 2020, y de condonación de intereses y multas, en los supuestos allí previstos.
A tales fines, y en cuanto aquí interesa, el art. 3° de la ley 27.562 sustituyó el primer párrafo del art. 9° de la ley 25.541 y dispuso que quedaban incluidas en el referido régimen las obligaciones que se encontraran en curso de discusión administrativa o fueran objeto de un procedimiento administrativo o judicial a la fecha de su publicación en el Boletín Oficial, en cuyo caso la adhesión “tendrá como efecto el allanamiento incondicional por las obligaciones regularizadas o, en su caso, el desistimiento de la acción, reclamos o recursos en trámite, asumiendo el responsable el pago de las costas y gastos causídicos. Asimismo, el acogimiento al régimen importará el desistimiento de todo derecho, acción o reclamo, incluso el de repetición, respecto de las obligaciones regularizadas”.
Además, el art. 9º de la ley 27.541 reza que “el allanamiento y/o, en su caso, desistimiento, podrá ser total o parcial y procederá en cualquier etapa o instancia administrativa o judicial, según corresponda”.
Por su parte, el art. 11 (modif. por la ley 27.562), estableció la condonación de las multas y los intereses previstos en la ley 11.683 para los sujetos que se adhirieran al régimen de regularización excepcional, siempre que cumpliesen con los pagos dispuestos por dicha normativa.
En el caso, la actora acreditó su adhesión al régimen de la ley 27.541, ampliado por la ley 27.562, y acompañó las constancias de los planes de facilidades O417512 y O567343 (fs. 374/383) que fueron verificadas por el Fisco Nacional (fs. 390/398) y no constituyen materia de controversia en esta instancia.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
44035/2022 “ITALCRED SA (TF 43329-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Ello así, en atención a lo dispuesto por la normativa aplicable y teniendo en cuenta los agravios deducidos ante esta Alzada, corresponde consignar que la condonación de intereses y multas, queda supeditada a la cancelación total por parte de la contribuyente del capital y de los intereses no condonados (cfr. art. 13, inc. c, ley 27.541, modif. por el art. 8º ley 27.562 y constancias acompañadas del plan O417512 consolidado el 30/11/20 y reformulado el 8/01/21 en el marco del plan O567343), con costas por su orden atento a que en este punto no hay vencedores ni vencidos (cfr. esta Sala, in re “Degenaro, Natalia c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 27/10/20; “Distrans SRL c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 24/11/20; y “Juan Bautista Ricciardi e Hijos SA c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 15/12/20).
En ese sentido, dado que la ley establece el beneficio de liberación de multas y eximición de intereses en tanto se cumplan las diversas condiciones allí previstas, es claro que, cumplidas éstas, la condonación opera de pleno derecho; razón por la cual no resulta posible establecer que exista un parte vencida en el pleito, en los términos del artículo 68, párrafo primero, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (cfr. Sala I, en la causa “Ingenieros & CIA SA (TF 36408-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 15/09/20). Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los arts. 38, segundo párrafo, 44, 46 y 54 de la RG 4816.
En función a las razones expuestas, corresponde modificar la resolución apelada en los términos y con el alcance aquí establecido; con costas en esta Alzada por su orden en atención a las particularidades de la cuestión. ASÍ SE DECIDE.
4. Que, teniendo en cuenta lo dispuesto con respecto a los conceptos alcanzados por la condonación aquí involucrada y la forma en que las costas son impuestas, resulta inoficioso pronunciarse con relación al recurso de apelación interpuesto contra los honorarios fijados a fs. 409vta./410. En esta línea, es dable aclarar que resulta razonable tomar como base para la regulación de los emolumentos de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional aquellos conceptos por los que la parte actora desistió con costas, 3 excluyendo otros alcanzados por la condonación, en tanto a su respecto media una distribución de los accesorios en el orden causado.
Así pues y sin perjuicio de lo manifestado por el a quo respecto a la doctrina del plenario citado en el decisorio apelado, resulta necesario remitir las actuaciones a la instancia previa a fin de que el Tribunal, a luz de lo aquí dispuesto, ratifique y/o modifique las regulaciones oportunamente practicadas.
ASÍ TAMBIÉN SE ORDENA.
Regístrese, notifíquese y -previo a devolver el expedienteofíciese al Representante del Fisco mediante Deox para que se expida sobre las liquidaciones de la tasa de justicia incorporadas el 31/08/22 y el 24/11/22 y los pagos acreditados el 19/08/22 y el 23/11/22 por ese mismo concepto. El Dr. Rogelio W. Vincenti no suscribe la presente por encontrarse en uso de licencia (art. 109, RJN).
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORAN
Fin de la sentencia