Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2022-124565737-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la resolución apelada, salvo en lo que respecta al ajuste referido a la diferencia por ventas según Considerando X del voto del Vocal Instructor. Con costas según los respectivos vencimientos.
2Ordenar a ARCA que en el plazo de treinta (30) días proceda a reliquidar la obligación tributaria de acuerdo con lo decidido en los Considerandos del voto del Vocal Instructor.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Informe firma conjunta Número: IF-2026-30021725-APN-VOCXII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 25 de Marzo de 2026 INDUSTRIAL S.A."
En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal Titular de la 10° Nominación), Agustina O’Donnell (Vocal Titular de la 11° Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la 12° Nominación), para dictar sentencia en el EX-2022-124565737- -APN- SGAI#TFN caratulado “ITURRI GRUPO INDUSTRIAL S.A. s/recurso de apelación – Impuesto a las Ganancias”
El Dr. Martín dijo:
I. Que por RE-2022-124557254-APN-SGAI#TFN Iturri Grupo Industrial S.A. interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 149/2022 (DV RRMR) de fecha 3 de noviembre de 2022 dictada por la Jefa de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mercedes de la AFIP-DGI, por la cual se impugnó la declaración jurada presentada en el Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2018 y se determinó su obligación impositiva en la suma de $ 702.207,27, sin saldo a ingresar luego del cómputo de retenciones, percepciones y anticipos.
Opone la nulidad del acto emitido debido a que el ente fiscal rechazó la prueba ofrecida, documental y pericial contable, por lo que entiende que debido a la ausencia de ponderación de dichas probanzas, el acto carece de fundamentación, lo que ocasionó la vulneración de su derecho de defensa.
Menciona que aportó una certificación contable que acreditaba la procedencia del ajuste por inflación, al configurarse una situación análoga a la resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Candy S.A.”. Hace mención de la normativa referido al tema en debate y manifiesta que la imposibilidad de aplicar el ajuste por inflación configura un supuesto de confiscatoriedad, ya que la tasa efectiva del Impuesto a las Ganancias en el período fiscal 2018 resultaba superior a la tasa establecida en la ley para dicho ejercicio. Insiste en que del Informe Especial de Contador aportado como prueba surge que el cálculo del ajuste por inflación impositivo y de reexpresión de amortizaciones conforme las normas pertinentes, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, configura un caso de confiscatoriedad en los términos de la doctrina sentada en el precedente mencionado.
Se queja de que el Fisco descartó los agravios expuestos en su descargo sin refutar en forma pormenorizada cada uno de ellos, lo que a su entender demuestra que el acto carece de motivación. Alega que por su parte procuró alcanzar la verdad material durante la instancia administrativa, pero que el ente fiscal se limitó a reiterar extremos y excusarse sin expedirse sobre el caso concreto, en desmedro del principio de ejemplaridad.
Señala que sin aplicar el ajuste el resultado impositivo es de $ 2.232.347,18, mientras que al aplicar el mecanismo el resultado arroja un quebranto, lo que demuestra que se trata de una renta ficticia y por ello considera procedente la aplicación de la doctrina emanada del antecedente jurisprudencial mencionado, ya que de lo contrario se afectaría el principio de igualdad.
En forma supletoria, se agravia de la aplicación del diferimiento establecido mediante la ley N° 27.468, al considerar que no cumple con los parámetros establecidos en “Candy”, al generarse la afectación del derecho de propiedad y de los principios de igualdad y razonabilidad.
Por último, ofrece prueba documental y pericial contable y por los argumentos expuestos y la jurisprudencia citada pide que se dicte sentencia revocando la resolución apelada, con costas. Hace reserva del caso federal.
II. Que por IF-2023-25334459-APN-DTD#JGM el Fisco Nacional contesta el traslado del recurso deducido en autos.
Rechaza que la resolución sea nula ya que para la procedencia de declaración de nulidad no basta con afirmaciones o manifestaciones genéricas, sino que recae en cabeza de quien las invoca probar de forma cierta y precisa el vicio invocado, lo que no sucede en el presente caso. Agrega que no es suficiente plantear una disconformidad respecto de la resolución atacada para la procedencia de la nulidad invocada o hacer remisión a los artículos de la ley N° 19.549. Asegura que el acto apelado reúne todos los elementos establecidos por el artículo 7° de la ley mencionada al describirse los hechos que fundaron el mismo, el motivo del ajuste, y su finalidad.
En cuanto a la denegación a efectuar la pericia contable observa que los puntos de pericia propuestos, en su mayoría hacían referencia a cuestiones no objetadas y reitera que no se cuestionó el ajuste por inflación calculado por la contribuyente sino la incidencia del mismo en el resultado impositivo declarado.
Repara en que la controversia versa sobre la aplicación que pretende la apelante en la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2018, del ajuste por inflación impositivo previsto en el Título VI de la ley. Sobre lo que anticipa que teniendo en cuenta la declaración jurada presentada y el Índice de Precio al Consumidor (IPC) correspondiente al cierre del ejercicio (31.12.2018) se observó que, en dicho ejercicio, el índice a aplicar es de 1,45095, por cuanto el ajuste realizado no cumple con lo normado en el art. 65 de la ley Nº 27.430 y el art. 3° de la Ley Nº 27.468 que modifica el art. 95 de la ley del impuesto.
Informa que la fiscalización concluyó que el ajuste por inflación realizado por Iturri Grupo Industrial S.A no resultaba correcto en atención a que la inflación para el ejercicio 2018 no alcanzó el 55% establecido en la norma que dispone que el citado ajuste resultará aplicable en el ejercicio fiscal en el que se verifique un porcentaje de variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), acumulado en los 36 meses anteriores al cierre del ejercicio que se liquida, superior al 100%, y/o respecto del primer, segundo y tercer ejercicio a partir de su vigencia, ese índice, calculado desde el inicio y hasta el cierre de cada uno de los ejercicios, supere un 55%, un 30% y en un 15% para el primer, segundo y tercer año de aplicación, respectivamente. Lo que motivó la impugnación del importe deducido bajo el concepto de ajuste por inflación de $ 5.140.755,66 y un ajuste por diferencia de ventas de $ 17.313,71. Sobre este último ajuste resalta que la actora no opuso defensa alguna ni aportó elementos que desvirtúen el ajuste impulsado.
Refiere a antecedentes jurisprudenciales y señala que la acreditación de un supuesto concreto de confiscatoriedad de un tributo es la única tangente válida admitida para hacer lugar, mediante una actividad probatoria concluyente, al cómputo del ajuste por inflación, lo cual considera no sucede con relación a la recurrente. Por último, se opone a la prueba ofrecida y por los argumentos expuestos y jurisprudencia citada pide que se dicte sentencia confirmando la resolución apelada, con costas. Formula reserva del caso federal.
III. Que por PV-2023-112047550-APN-VOCXII#TFN se admitió la prueba pericial contable, cuyo informe se agregó a IF-2024-17523977-APN-DTD#JGM, por lo que por PV-2024-45497383-APN-VOCXII#TFN se declaró cerrado el periodo de instrucción Por PV-2026-11364027-APN-VOCXII#TFN se elevan los autos a conocimiento de la sala “D” y con IF-2026- 14847717-APN-DTD#JGM e IF-2026-17028692-APN-DTD#JGM se incorporaron los alegatos presentados por las partes. Por IF-2026-29137596-APN-VOCXII#TFN se ponen los autos para sentencia.
IV. Que en primer término corresponde desestimar la nulidad opuesta por la actora, ya que la resolución apelada se integra con todos los elementos que hacen a su validez, requeridos por la legislación vigente, observándose que la misma encuentra fundamento en las circunstancias de hecho y derecho presentes en el caso. Que ello así, se encuentra suficientemente motivada, sin que se haya afectado el derecho de defensa de Iturri Grupo Industrial S.A., al advertirse que las pruebas ofrecidas fueron debidamente valoradas para propender a su rechazo, por lo que los motivos expuestos constituyen una discrepancia con el criterio fiscal, y en consecuencia relacionados con la cuestión de fondo debatida en autos.
V. Que corresponde establecer si la resolución apelada se ajusta a derecho.
Que en forma preliminar corresponde recordar que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (crf. Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140,301:970, entre otros).
Que en las presentes actuaciones Iturri Grupo Industrial S.A., cuya actividad declarada es la de “venta al por mayor de artículos de uso doméstico o personal n.c.p.”, con cierre de ejercicio el 31 de diciembre de cada año, interpone recurso de apelación contra la resolución del ente fiscal que impugnó la aplicación del mecanismo de ajuste por inflación impositivo al período fiscal 2018.
Según el Fisco Nacional, en el período fiscal 2018, el ajuste realizado no cumplía con lo normado en el art. 65 de la ley Nº 27.430 y el art. 3° de la ley Nº 27.468 que modifica el art. 95 de la ley del impuesto en razón de que el índice IPC a aplicar resultó inferior al índice allí establecido, por lo que impugnó el importe deducido bajo el concepto de “Ajuste por Inflación” de $ 5.140.755,66, que sumado al ajuste por diferencia de ventas de $ 17.313,71, permitió arribar a un resultado impositivo de $ 2.340.690,89.
Por su parte, la recurrente sostiene que de no aplicar el ajuste se gravarían rentas ficticias en razón de que con su aplicación se produce un quebranto en el ejercicio fiscal 2018, todo lo cual vulnera el principio de no confiscatoriedad.
En apoyo de sus manifestaciones acompañó sus Estados Contables al 31 de Diciembre de 2018 a valores históricos, un informe contable y ante esta instancia produjo durante la instrucción un informe pericial contable.
VI. Que en el informe contable agregado por IF-2024-17523977-APN-DTD#JGM los peritos manifestaron que tuvieron a disposición el Libro Diario N° 4 y el Libro Inventario y Balances Nº1. A la primera consulta, el perito de la actora ratificó la información y cálculos volcados en el informe contable aportado como prueba, mientras que el otro profesional reparó que, sin emitir opinión sobre el nudo de la controversia, no encontró objeciones a realizar a la información y a los cálculos aritméticos que surgen de dicho informe.
Luego el perito de la actora informó que el monto de ajuste por inflación impositivo calculado de conformidad a las disposiciones del Título VI de la ley del Impuesto a las Ganancias arrojó una pérdida de $ 4.803.224,80 y la re-expresión de las amortizaciones impositivas de bienes amortizables ascendió a un valor de $337.530,86. El experto por parte del ente fiscal respondió que no fue posible determinar lo solicitado en atención a que el ajuste por inflación impositivo de conformidad con lo previsto en el Título VI de la Ley de Impuesto a las Ganancias no resulta aplicable al período en cuestión. Agregó que en el período fiscal 2018 no se verificaron las condiciones establecidas en el art. 65 de la ley N° 27.430 y el art. 3 de la ley N° 27.468, que modificó el art. 95 de la ley de Impuesto a las Ganancias, sin que tampoco encuentre vigente la re- expresión de las amortizaciones impositivas de bienes amortizables.
A la siguiente pregunta el perito de la actora respondió que por aplicación del ajuste integral por inflación el resultado impositivo fue una pérdida de $ 2.817.408,48. El resultado sujeto a impuesto fue de $0,00 (pesos cero) y el impuesto determinado fue de $0,00 (pesos cero). Menciona que en el período fiscal 2018 no estaba vigente el diferimiento establecido en el art. 194 de la LIG. Por último, agrega que no hay utilidad impositiva. El perito del Fisco Nacional ratificó la no aplicabilidad del ajuste por inflación y la no vigencia de la reexpresión de las amortizaciones.
A continuación el perito de la actora informó que si no se aplica el ajuste por inflación integral el Impuesto a las Ganancias asciende $ 697.004,15; mientras que el otro profesional contestó que conforme la documentación, instrumentos y demás elementos que surgen del expediente administrativo obrante en ese Tribunal, que dieron origen a la resolución apelada, el impuesto determinado asciende a $ 702.207,27.
Sobre qué porcentaje de las utilidades contables que se exhiben en el balance cerrado al 31/12/2018 absorbe el impuesto determinado, el perito de la actora expresó que el resultado contable, antes de descontar Impuesto a las Ganancias fue pérdida, y el otro perito, remitió a sus anteriores respuestas y manifestó que el resultado contable conforme lo expuesto en el Balance general al 31.12.2018 ascendió a $ - 2.730.746,14 (pérdida).
A la pregunta sobre la diferencia a la que se arriba entre el impuesto determinado aplicando e imputando en forma integral los citados mecanismos de ajuste por inflación y sin aplicar dichos mecanismos, el profesional por la actora informó que la diferencia es el total del impuesto de $ 697.004,15 y el otro contador que indicó que, conforme la documentación, instrumentos y demás elementos de autos, el impuesto determinado ascendió a $ 702.207,27, reiterando la no aplicación de los mecanismos de ajuste por inflación y de reexpresión de las amortizaciones impositivas de bienes amortizables.
Por último, a la consulta sobre cuál es la tasa efectiva del Impuesto a las Ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 2018 calculado sin aplicar ajuste por inflación, el perito de la recurrente reiteró que el impuesto hubiera sido $ 697.004,15 pero que como el resultado contable e impositivo del período fue quebranto, no puede determinar un porcentaje porque no hay ganancia. El perito del Fisco contestó que el impuesto arrojaba el monto de $ 702.207,27 y que el resultado contable conforme lo expuesto en el Balance general al 31.12.2018 ascendió a $ - 2.730.746,14 (pérdida).
VII. Que con relación al cargo formulado por Ajuste por Inflación, en primer término en materia legislativa cabe hacer referencia a los antecedentes que rodean al presente caso.
Que resulta oportuno recordar que el mecanismo de ajuste por inflación que contempla la Ley de Impuesto a las Ganancias desde el año 1986 en su título VI, en su versión integral, que permite determinar los resultados impositivos homogeneizando la moneda de comparación, encontró un obstáculo para su aplicación a partir de la sanción de las leyes 24.073, de convertibilidad fiscal N° 23.928 y de emergencia económica N° 25.561, ya que ante los bajos niveles de variación en los índices generales de precios, llevó a que virtualmente se suspendiera su incidencia por una vía indirecta de suponer la no movilidad de esos ratios, subsistiendo sin embargo, la herramienta en la norma del tributo. Pacíficamente se aceptó esta normativa, mientras efectivamente fueron exiguos los desplazamientos en los índices de precios. Sin embargo, el statu quo se alteró a partir del año 2002 cuando siguiendo a un aumento significativo en el tipo de cambio, también comenzó a notarse un incremento en los precios.
Si bien el mecanismo de Ajuste por Inflación impositivo como dispositivo de corrección global de los resultados puede provocar alternativamente ganancias por inflación o pérdidas por inflación, en este último caso dio lugar a un sinnúmero de reclamos administrativos y judiciales con el fin de que se permitiera incorporar el ajuste por inflación para la determinación de los resultados impositivos. En ese interregno también se pronunciaron los jueces, en diversos sentidos, destacándose un leading case producido por la Excma Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos CANDY S.A. 2-6-2009, donde reconoció para dicho supuesto la existencia de confiscatoriedad y exigiéndole al Fisco Nacional el reconocimiento del ajuste por inflación impositivo - virtualmente suspendido por aplicación de las normas citadas ut-supra-.
Que estos conflictos parecieron destinados a desaparecer o por lo menos a disminuir, cuando el Congreso de la Nación sancionó la Ley 27.430 (B.O. 29/12/2017), y en lo tocante, “restableció” para los ejercicios fiscales iniciados a partir del 1° de enero de 2018, el mecanismo de ajuste por inflación integral contemplado en el Título VI de la Ley de Impuesto a las Ganancias, claro que con una disposición limitante incorporada en el Artículo 95 del texto ordenado en 1997 y modificatorias. De la conjunción de los dos párrafos incorporados por el artículo 65 de la Ley 27.430, se puede concluir que el Ajuste por Inflación sería aplicable si la variación en el índice de precios acumulados en los 36 meses anteriores al cierre del ejercicio superara el 100%, entendiendo que para el primer ejercicio sería un 33,33% (para el siguiente 66,66%). Esto es, llegado al primer cierre posible de un ejercicio regular de 12 meses, 31 de diciembre de 2018, el IPIM -con un parámetro vigente superior al 33%- permitiría la utilización del dispositivo de Ajuste por Inflación contemplado en el Título VI.
A pesar de lo descripto, antes de producirse este hecho, y camino a una variación en los índices precios que superaría ese umbral y pondría en funcionamiento efectivo el AxI, el Poder Legislativo sancionó la Ley N° 27.468 (B.O 4/12/2018) con varias modificaciones de trascendencia, con puesta en funcionamiento para los ejercicios iniciados a partir del 1° de enero de 2018, aún no cerrados. En primer lugar, sustituyó los índices de precios al por mayor, internos y nivel general, por el índice de precios al consumidor nivel general (IPC). El segundo aspecto abordado fue el incremento, para el primer ejercicio en que se utilizaría plenamente el ajuste por inflación integral, del umbral para que disparara la aplicación del mismo a un 55% (siguientes 30% y 15%, respectivamente). En términos concretos y en lo que interesa en las presentes actuaciones, al no alcanzar el IPC durante el período fiscal 2018 el ratio de 55%, ambas reformas significaron que en el citado ejercicio no quedara legalmente autorizada la utilización del AxI.
Al mismo tiempo la tercera novedad que introdujo la ley N° 27.468, lo constituyó el diferimiento parcial (66,66%) del ajuste por inflación -positivo o negativo- a los dos ejercicios siguientes en lugar de imputarse su totalidad al ejercicio en que se determinó y al cual corresponde su cálculo.
Con posterioridad, mediante la sanción de la ley N° 27.541 (B.O. 23/12/2019) se sustituyó el artículo 194 de la LIG (t.o. 2019) al disponer que “El ajuste por inflación positivo o negativo, según sea el caso, a que se refiere el Título VI de esta ley, correspondiente al primer y segundo ejercicio iniciado a partir del 1° de enero de 2019, que se deba calcular en virtud de verificarse los supuestos previstos en los dos (2) últimos párrafos del artículo 106, deberá imputarse un sexto (1/6) en ese período fiscal y los cinco sextos (5/6) restantes, en partes iguales, en los cinco (5) períodos fiscales inmediatos siguientes.
Lo indicado en el párrafo anterior no obsta al cómputo de los tercios remanentes correspondientes a períodos anteriores, conforme a lo dispuesto en el artículo 194 de la ley de Impuesto a las Ganancias, texto según decreto 824 del 5 de diciembre de 2019”. De esta manera, la ley del gravamen en su actual redacción condiciona la aplicación del mecanismo de ajuste por inflación al diferir su aplicación en sextos, debiendo imputarse un sexto (1/6) en el período fiscal 2019 y los cinco sextos (5/6) restantes, en partes iguales, en los cinco (5) períodos fiscales inmediatos siguientes.
VIII. En materia de confiscatoriedad me he expresado en carácter de Vocal Instructor en los autos POLIRESINAS SAN LUIS S.A. (Sala D – 25/02/2022, confirmada por la Alzada el 26/12/2023) DROGUERIA SUR S.A. (Sala D – 14/09/2023) y ADM AGRO S.R.L. (Sala D – 15/09/2023) y si bien corresponde remitirme a sus desarrollos y conclusiones, en mérito a la brevedad, estimo oportuno aludir a aspectos que considero relevantes para la presente causa.
“Que cabe señalar que en materia impositiva el método integral de ajuste por inflación se rige por el Titulo VI de la ley del Impuesto a las Ganancias -art. 94 y siguientes- (texto vigente al momento de los hechos), el cual se encontraba suspendido en su aplicación efectiva por el art. 39 de la ley N° 24.073.
Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo oportunidad de expedirse acerca de la procedencia del ajuste por inflación al resolver los autos “Santiago Dugan Trocello S.R.L. c/ Poder Ejecutivo Nacional - Ministerio de Economía s/ amparo”, con fecha 30/06/2005, al compartir los argumentos y conclusiones expuestos en el dictamen del Procurador General de la Nación, donde expuso que : “Desde esta perspectiva, no cabe sino reafirmar aquí que la prohibición al reajuste de valores así como de cualquier otra forma de repotenciar las deudas, ordenada por los preceptos cuestionados, es un acto reservado al Congreso Nacional por disposiciones constitucionales expresas y claras, pues es quien tiene a su cargo la fijación del valor de la moneda y no cabe pronunciamiento judicial ni decisión de autoridad alguna ni convención de particulares tendientes a su determinación (Fallos: 225:135; 226:261 y sus citas).”; a lo que se agregó que “..., no puede desconocerse que el acierto o el error, el mérito o la conveniencia de las soluciones legislativas no son puntos sobre los que el Poder Judicial deba pronunciarse (Fallos: 313:410), por lo que la declaración de inconstitucionalidad de una ley -acto de suma gravedad institucional- exige que la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable (Fallos: 314:424; 320:1166). Y que quien tacha de inconstitucional una norma tributaria aduciendo que viola sus derechos de propiedad e igualdad debe probar de modo concluyente cómo tal afectación ha tenido lugar (arg. Fallos: 314:1293 y 320:1166).”
Que con posterioridad, el Máximo Tribunal volvió a referirse al tema bajo análisis, y con fecha 3/07/2009 en la causa “Candy SA c/AFIP y otro s/acción de amparo” reiteró los argumentos vertidos en el precedente citado y agregó que: “...el mero cotejo entre la liquidación del impuesto efectuada sin el ajuste por inflación, y la suma que correspondería abonar por el tributo en caso de aplicarse tal mecanismo de ajuste no es apto para acreditar una afectación al derecho de propiedad...”, y continúa diciendo que “Los precedentes de esta Corte sostienen que no compete al Poder Judicial pronunciarse sobre la eficacia o ineficacia de las leyes bajo su concepto puramente económico o financiero, apreciando si estas pueden ser benéficas o perjudiciales para el país (Fallos: 150:89), ya que escapa a la competencia de los jueces pronunciarse sobre la conveniencia o equidad de los impuestos o contribuciones creados por el Congreso Nacional o las legislaturas provinciales (Fallos: 242:73; 249:99; 286:301, 314:1293 y, más recientemente, en Fallos: 329:2152).
“A partir de lo señalado, puede colegirse, nítidamente, que no es competencia del Poder Judicial considerar la bondad de un sistema fiscal para buscar los tributos que necesita el erario público y decidir si uno es más conveniente que otro (Fallos: 223:233; 318:676), así como tampoco le corresponde examinar si un gravamen ha sido o no aplicado en forma que contradice los "principios de la ciencia económica" (Fallos: 249:99), ya que sólo le incumbe declarar si repugna o no a los principios y garantías contenidos en la Constitución Nacional. Conforme con esta regla, el Congreso Nacional tiene la atribución de elegir los objetos imponibles, determinar las finalidades de percepción y disponer los modos de valuación de los bienes o cosas sometidos a gravamen, siempre que, como se señaló, no se infrinjan preceptos constitucionales (Fallos 314:1293)”.
“...Es necesario, entonces, determinar si existe una afectación al derecho de propiedad y, a tales efectos, corresponde reiterar algunas de las pautas jurisprudenciales que esta Corte, desde antiguo, expuso sobre la materia, examinando su concreta aplicación en el sub lite”.
“Al respecto, se ha señalado de manera invariable que, para que la confiscatoriedad exista, debe producirse una absorción por parte del Estado de una porción sustancial de la renta o el capital (Fallos: 242:73 y sus citas; 268:56; 314:1293; 322:3255, entre muchos otros)”.
“En todos estos casos, el Tribunal ha puesto especial énfasis en la actividad probatoria desplegada por el actor, requiriendo una prueba concluyente a efectos de acreditar la confiscatoriedad que se alega (Fallos: 220:1082, 1300; 239:157; 314:1293; 322:3255, entre otros)”.
“Que la jurisprudencia de esta Corte no ha tenido la oportunidad de fijar los límites de confiscatoriedad en materia de impuesto a las ganancias. En razón de ello, y en atención a que las características particulares que presenta el tributo difieren de las propias de otras gabelas examinadas en anteriores fallos (vgr. Impuesto sucesorio Fallos: 234:129; 235:883-; contribución territorial -Fallos: 206:214, 247; 209:114; 210:172 y 239:157-; ahorro obligatorio -Fallos: 318:676 y 785-, en los que se fijó un 33% como tope de la presión fiscal) el criterio para la determinación del límite de afectación del derecho de propiedad en el caso no puede estar férreamente atado a los parámetros fijados en aquellos precedentes”. “...si bien el mero cotejo entre la liquidación de la ganancia neta sujeta al tributo efectuada sin el ajuste por inflación, y el importe que resulta de aplicar a tal fin el referido mecanismo no es apto para acreditar una afectación al derecho de propiedad (cfr. causa citada "Santiago Dugan Trocello" citado), ello no debe entenderse como excluyente de la posibilidad de que se configure un supuesto de confiscatoriedad si entre una y otra suma se presenta una desproporción de magnitud tal que permita extraer razonablemente la conclusión de que la ganancia neta determinada según las normas vigentes no es adecuadamente representativa de la renta, enriquecimiento o beneficio que la ley del impuesto a las ganancias pretende gravar”.
“Que de acuerdo con dichas pautas, ...cabe concluir que la prohibición de utilizar el mecanismo de ajuste del Título VI de la ley del impuesto a las ganancias resulta inaplicable al caso de autos en la medida en que la alícuota efectiva a ingresar de acuerdo con esos parámetros insume una sustancial porción de las rentas obtenidas por el actor -según cabe tener por acreditado con la pericia contable- y excede cualquier límite razonable de imposición, configurándose así un supuesto de confiscatoriedad”.
“Que conforme lo expuesto…, en los antecedentes “Santiago Dugan Trocello S.R.L.” nuestro máximo Tribunal sostuvo que “...el simple cotejo entre dos liquidaciones “con” y “sin” ajuste por inflación no resulta apto para acreditar la afectación al derecho de propiedad alegado por la actora. Citamos esta conclusión como punto de partida del análisis sobre el principio de no confiscatoriedad que debe estar presente en la materia tributaria. Se coincide que no se trata de un concepto técnico donde sea suficiente medir dos números o dos porcentajes y mucho menos que se trate de un instituto que se encuentre a expensas de las diversas coyunturas. De hecho que la legislación no contenga un mecanismo de ajuste por inflación en el momento de implantación de un gravamen a la renta no permite adelantar que se esté frente a un gravamen que afecte el derecho de propiedad. Ello sólo podrá ser evaluado con el transcurso del tiempo, ya que será suficiente que no haya habido inflación o que la misma tienda a cero para que el hipotético planteo de confiscatoriedad carezca de sentido. Aquí el ajuste por inflación global o mal denominado integral no permite a priori calificar el desvío. En definitiva se asumen alícuotas efectivas mayores o menores a la tasa nominal, según sea el grado de exposición a la inflación de los activos y/o pasivos. Y no es un mero desvío entre la alícuota nominal y la efectiva el que debe sustentar los reclamos. Está implícito en el concepto y expresamente en algunos fallos de la C.S.J.N. que debe superarse un límite tolerable o razonable. Estas afirmaciones nos permiten visualizar que la confiscatoriedad no es un mecanismo de control permanente sobre la alícuota aplicable, que autorice que cualquier desplazamiento de la misma otorgue el derecho a reclamarla.
Entonces nos encontramos con un principio que busca desprenderse de la simple comparación para elevarse a un terreno superior, cuasi constitucional, pero abstraído del análisis binario de “liquidación con ajuste” o “liquidación sin ajuste”. Y esto lo remarca también la Corte cuando ratifica que el ajuste por inflación impositivo que aún contempla el articulado de la ley está suspendido. Resolver este intríngulis aplicando únicamente el Título VI de la ley nos llevaría al contrasentido de decir “la ley está vigente”. Justamente es lo que abandona la jurisprudencia, cuando busca determinar la existencia de una tributación exagerada, desmedida, pero esos límites escurridizos deben tener un arraigo marco en el tiempo, no resultando posible modificarlos a diario. Quizás nos ayude a comprender que si bien nuestra legislación receptó durante casi dos décadas una alícuota corporativa del 35%, ahí donde hoy se busca anclar el punto de referencia, no se debe olvidar que la misma ley en la década de los años 80 y principios de los 90, acogió una alícuota combinada del 45% para el tándem -sociedad/accionista- e igual porcentaje para establecimientos permanentes de sujetos del exterior. Más aún, el artículo 69 (t.o. en 1998 y modificaciones) contempla una alícuota del 41,5% para determinadas ganancias provenientes el juego y cuando al mismo tiempo se previó en la Ley 27.430 una alícuota corporativa del 25% más un 13% sobre dividendos –sin aplicación efectiva-. A mayor abundamiento se recuerda que cuando se transformaron los quebrantos impositivos en bonos de crédito fiscal, la alícuota del gravamen para las sociedades de capital se redujo al 20% con más el 8% de retención si se distribuían dividendos. Nos animaríamos a reflexionar sobre este último caso, a modo de ejemplo, ¿Un 30% de una tasa efectiva hubiera sido tildada de confiscatoria? Entendemos que coyunturalmente la alícuota nominal puede variar sin que entre en crisis con la tasa efectiva.
A ello debemos sumar un problema aún no resuelto definitivamente. Sólo a modo de ilustración, si se utilizara uno de los límites que estableció la Corte en el caso Candy (55% de la utilidad comercial ajustada) y dijéramos que allí se confirma la confiscatoriedad pero en un 54% o 53% o cualquier valor menor, podríamos afirmar que no?. Ahora bien, sería razonable excluir de la tributación en el primer caso un 20% entre el 35% (tasa nominal máxima para períodos anteriores) y la hipotética tasa de confiscatoriedad (55%) y en el segundo supuesto gravar un 18% o 19% más. No caben dudas que la declaración de confiscatoriedad debe estar acompañada de un segundo elemento que no genere una desigualdad entre los contribuyentes en igualdad de condiciones. Ello provocaría impactos económicos en utilidades y precios que podrían provocar hasta la eliminación del mercado de alguno de ellos.
Este enfoque de que la confiscatoriedad requiere un alejamiento en demasía o superar un adecuado límite de razonabilidad, lleva consigo la necesidad de aceptar que su análisis y medición puede incluir cualquier otro elemento que no implique ceñirse estrictamente al mecanismo de la ley -Título VI-, ya declarado como no vigente.
Tan abierto puede ser el resultado que quienes pretenden plantearla utilizan indistintamente como parámetros orientadores tanto el resultado contable ajustado por inflación como el resultado impositivo ajustado por inflación. Ello a veces marca dos extremos con un diferencial de alícuota del 10% o 20%, entonces ¿cualquiera de ellos podría indicar el inicio de la confiscación? ¿Un mix entre ellos? ¿Y la utilización de un índice de precios que refleje de mejor manera las oscilaciones de los precios en la actividad de la empresa o en el sector donde actúa? ¿Y las ganancias que se combinan con otros resultados que están fuera de la tributación o con tributación diferencial.? ¿Y el deterioro del impuesto a ingresar entre la fecha de determinación y la de efectivo pago?. Todos ellos y muchos otros más pueden incidir en la determinación del ratio que se pretenda utilizar para efectuar la comparación que traduzca en números o porcentajes el principio jurídico de la no confiscatoriedad”.
IX. Que los efectos de abordar el cargo referido al Ajuste por Inflación, se deben analizar los estados contables, tanto a valores históricos base del ajuste por inflación impositivo, como los ajustados por inflación utilizable como parámetro a fin de evaluar una eventual confiscatoriedad.
Aunque la comparación receptada por nuestro máximo Tribunal en el caso Candy no pueda ser analizada linealmente, ante la existencia de quebrantos contables e impositivos, otros parámetros deben merituarse a fin de arribar a un criterio sobre el impacto del impuesto determinado sobre el principio constitucional citado, ya que como se adelantó ut-supra esta conclusión no puede provenir de una mera comparación binaria, resultados con y sin ajuste por inflación.
Si bien obran en las actuaciones solo los estados contables a valores históricos, requeridos oportunamente por la inspección, se ha podido rescatar parcialmente de otra documentación (F. 713-2018), datos sobre el activo y pasivo al 31 de diciembre de 2018, como así también del resultado contable, todos ellos ajustados. En este último caso, el dato ha sido confirmado por ambos peritos contadores en el informe profesional emitido. Ello así, en el balance contable 2018, no se observa, analizándose el estado de evolución del patrimonio neto, la existencia de distribuciones de ganancias ni aprobación de honorarios o retribuciones al directorio que pudieran difuminar el dato frío de los resultados. Al mismo tiempo tanto al cierre del ejercicio 2017 como 2018 los activos expuestos a la inflación superaban el 90% del total del activo.
Tampoco se verifica que hayan existido otras ganancias ajenas a la tributación (exentas, no computables, etc.) que pudieren atenuar o avanzar sobre el derecho de propiedad.
Por último, no se advierte un incremento de patrimonio en el período fiscal 2018 que pueda opacar la diferencia entre los resultados impositivos aplicando o no el ajuste por inflación emanado de la Ley de Impuesto a las Ganancias.
Por ello, a mi entender, si no se permitiera computar el ajuste por inflación impositivo en el período fiscal 2018, ello tendría una incidencia trascendente sobre el patrimonio de la empresa.
Por dichos motivos considero que corresponde que para la determinación del resultado se compute el ajuste por inflación en los términos de la Ley 20.628 (t.o. en 1997 y modificaciones), debiendo revocarse la resolución apelada en dicho aspecto.
X. Que el otro de los ajustes practicado por el organismo fiscal radica en la constatación de una diferencia por ventas de $ 17.313,71, respecto de lo que la recurrente no formula agravios, por lo que al no observarse deficiencia en el proceder fiscal corresponde propender a su confirmación.
XI. Ello así, corresponde ordenar a ARCA que en el plazo de treinta (30) días proceda a reliquidar la obligación tributaria de acuerdo con lo decidido en los Considerandos precedentes. Con costas según los respectivos vencimientos.
La Dra. Gómez dijo:
I. Que sobre la defensa de nulidad que opone la actora con fundamento en que se vio afectado su derecho de defensa por no habérsele admitido en sede fiscal las pruebas ofrecidas al formular el descargo de la vista corrida, cabe adelantar que la misma no puede prosperar.
Al respecto, debe tenerse presente que en el procedimiento común se halla previsto el supuesto de la apertura a prueba en los casos en que ante la Alzada deba realizarse una prueba que no ha sido admitida en primera instancia (art. 260 CPCC). Que es doctrina de este Tribunal que la prueba no admitida durante el trámite de determinación, puede ser nuevamente ofrecida ante esta instancia (conf. arts 173 y 174 de la ley de procedimiento fiscal y “Carboquímica S.A.C.I.M.”, fallo del 5/7/1977), lo que ha ocurrido en la presente causa donde la recurrente ha tenido ocasión de proponer las medidas que estima conducentes a esclarecer los hechos controvertidos.
Es por ello que no puede concluirse que se haya visto afectada la garantía del debido proceso adjetivo ya que para ello es preciso que el vicio coloque a la parte actora en estado de indefensión. Que conforme lo tiene dicho reiteradamente nuestro más Alto Tribunal “cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación al art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanarse esa restricción en una etapa jurisdiccional ulterior” (Fallos 202:549, 247:52 cons. 1º; 267:393 cons. 12 y otros), porque se satisface la exigencia de la defensa en juicio “...ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura de justicia” (Fallos 205:249; consid. 5 y sus citas).
De este modo, los agravios de la actora revelan una apreciación diferente sobre el criterio de selección y evaluación de los extremos aportados a la causa o de las conclusiones allí arribadas, argumentos que entremezclan con los agravios esgrimidos para lograr la revocación de los actos apelados, razón por la cual corresponde sean analizados conjuntamente con la cuestión de fondo.
II. Sobre las restantes argumentaciones que formula la recurrente, adhiero a lo expresado en los Considerandos V, VI, VII, IX, X y XI del voto del Vocal Instructor. Por todo ello, corresponde revocar el acto apelado salvo en lo que respecta al ajuste referido a la diferencia por ventas y en consecuencia, deberá el ente fiscal practicar la pertinente reliquidación. Las costas se imponen en proporción a los respectivos vencimientos.
La Dra. O’Donnell dijo:
Adhiero al relato de los antecedentes y a la decisión propuesta por el Vocal Instructor en los Considerandos IV y X de su voto.
Respecto del ajuste referido a los efectos derivados de la imposibilidad de aplicar las normas de ajuste por inflación a la declaración jurada del impuesto a las ganancias del período fiscal 2018, las pruebas rendidas, en particular el informe pericial contable cuyos resultados se describen en forma minuciosa en el Considerando VI, dan cuenta que en el caso en concreto dicho impedimento implica que Iturri Grupo Industrial S.A. pase de un resultado positivo a otro negativo, es decir un quebranto.
Ello, en los términos de la jurisprudencia adoptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al fallar en la causa “Candy S.A.” del 3 de julio de 2009 y en fecha más reciente en “Carsa S.A.”, del 19 de diciembre de 2024, implica la existencia de un supuesto de confiscatoriedad, presupuesto esencial para, que conforme a lo allí resuelto, se revoque la determinación de oficio notificada en la Resolución recurrida.
Las costas deben imponerse según los respectivos vencimientos.
Que en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Revocar la resolución apelada, salvo en lo que respecta al ajuste referido a la diferencia por ventas según Considerando X del voto del Vocal Instructor. Con costas según los respectivos vencimientos.
2. Ordenar a ARCA que en el plazo de treinta (30) días proceda a reliquidar la obligación tributaria de acuerdo con lo decidido en los Considerandos del voto del Vocal Instructor.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.-
Date: 2026.03.25 09:46:11 -03:00 Date: 2026.03.25 14:26:44 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.03.25 14:30:59 -03:00 Daniel Alejandro Martín Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2026.03.25 14:31:01 -03:00
Fin de la sentencia