Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 40.003-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la RESOL-2018-257-E-AFIP-ADCAMP#SDGOAM, dictada por el Jefe del Departamento de la Aduana de Campana, en la actuación SIGEA 12645-60-2013, en cuanto condena a la firma ELDEN S.A. y al despachante de aduana ANTONIO SALVADOR IURINO, al pago de una multa por la comisión de la infracción al art. 954, ap. 1, inc. a), del C.A., a la vez que le formula cargo por tributos a la firma importadora, todo ello en relación a la destinación de importación 08008IC04000306L.
2Costas a la demandada.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2024-12320056-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 2 de Febrero de 2024 SA)
TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN
En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dra. Claudia B. Sarquis (Vocal subrogante de la Vocalía de la 18ª Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, para dictar sentencia en los autos caratulados “IURINO ANTONIO SALVADOR C/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS S/ REC. DE APELACIÓN”, expediente N° 40.003-A y su acumulado, “ELDEN S.A. C/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS S/ REC. DE APELACIÓN”, expte Nro. 40.007-A, La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Que a fs. 6/8 vta. se presenta el despachante de aduana, Sr. ANTONIO SALVADOR IURINO e interpone recurso de apelación contra la resolución RESOL-2018-257-E-AFIP-ADCAMP#SDGOAM, dictada por el Jefe del Departamento de la Aduana de Campana, en la actuación SIGEA 12645-60-2013, por la cual se lo condena en forma solidaria con la firma importadora, al pago de una multa por la comisión de la infracción al art. 954, ap. 1, inc. a), del C.A. Sostiene que a la destinación de importación aquí involucrada le fue asignado canal rojo de selectividad, habiendo el servicio aduanero controlado tanto física como documentalmente la operación en trato, sin efectuar objeción alguna, por lo que fue en contra de sus propios actos. Afirma que no obstante que le asista razón a la Aduana en cuanto a la posición arancelaria aplicable, no debió desestimar el origen de la mercadería, el que se encontraba debidamente acreditado con la factura aportada, la que tuvo en cuenta para considerar que la PA no era la correcta pero no así para tener por acreditado el origen correspondiente. Expone que la Aduana debió instar la investigación respectiva para acreditar que la mercadería era de otro origen que el declarado, y no determinar sin más que la mercadería era de origen China. Alega que se desempeñó conforme lo dispuesto por el art. 908 del C.A. cumpliendo con sus obligaciones conforme la documentación que le fuera entregada por el importador. Cita jurisprudencia y solicita se revoque la resolución apelada.
II. Que a fs. 41/55 se presenta, la firma ELDEN S.A. (antes Percomin Industrial y Comercial SA) e interpone recurso de apelación contra la resolución RESOL-2018-257-E-AFIP-ADCAMP#SDGOAM, dictada por el Jefe del Departamento de la Aduana de Campana, en la actuación SIGEA 12645-60-2013, por la cual se la condena en forma solidaria con el despachante de aduana, al pago de una multa, y se le exigen tributos, por la comisión de la infracción al art. 954, ap. 1, inc. a), del C.A. Plantea la prescripción de la acción del Fisco para imponer penas y percibir tributos sobre la base de la invalidez del auto de apertura de sumario por no cumplir los requisitos previstos en el art. 1094 del C.A., al no determinar los hechos constitutivos de la infracción imputada, motivo por el cual no pudo ejercer debidamente su derecho de defensa ni ofrecer las pruebas correspondientes.
Cita jurisprudencia. Alega que no se le notificó el auto de apertura de sumario, por lo que carece de efectos para interrumpir o suspender el plazo prescriptivo. En cuanto al fondo, afirma que a la destinación le fue asignado canal rojo de selectividad, por lo que la Aduana controló tanto física como documentalmente la operación en cuestión, no habiendo efectuado objeción alguna en dicho momento, ni habiéndole requerido que aporte documentación alguna o información complementaria vinculada al origen de la mercadería. Sin perjuicio de ello, alega que de todas formas no se configura la infracción imputada, ya que acreditó fehacientemente con la prueba producida en las actuaciones administrativas y la documentación aportada que la mercadería era de origen Indonesia y no China, por lo que no le correspondía la aplicación de los derechos antidumping ni correspondía que acompañe el certificado de origen previsto por la Resolución 796/96.
Manifiesta que de todas formas, contaba en dicho momento con el certificado de origen respectivo, el que tramitó pero no presentó ante la Aduana, justamente porque no era requerido para la mercadería de origen Indonesia. Concluye que en el caso no se configuró la infracción en trato, ya que no existió una diferencia entre lo declarado y lo comprobado ni existió perjuicio fiscal alguno, lo que demuestra claramente con toda la documentación aportada. Agrega que la Aduana no cumplió con el procedimiento de consultas previsto en la Resolución Nro, 763/96, para el caso de duda sobre el origen declarado. A todo evento, solicita la aplicación del art. 898 del C.A. Ofrece prueba, efectúa reserva del caso federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
III. A fs. 58 se resuelve acumular el expediente Nro.40.007-A al que lleva el número 40.003-A.
IV. Que a fs. 61/70 la representación fiscal, contestando el traslado del recurso incoado respecto del despachante de aduana. Efectúa una breve reseña de lo actuado en sede administrativa. Afirma que la contraria no discute que procede la posición arancelaria determinada la Aduana, a la que le correspondía la aplicación de derechos antidumping y, por lo tanto, la presentación del certificado de origen no preferencial. Agrega que la presentación de dicho certificado implica un requisito sine qua non para acreditar que la mercadería no era de origen China, sosteniendo que así se configuró la infracción imputada. Cita jurisprudencia respecto del art. 954 del C.A. Expone que en el caso, el despachante no probó haber cumplido con las obligaciones a su cargo, ya que debió alertar de las características de la mercadería en cuestión. Agrega que en el caso no se vulneró la doctrina de los actos propios, ya que la Aduana tiene la facultad de controlar posteriormente todo lo que ingresa al territorio aduanero conforme lo dispone el Decreto 618/97. Ofrece prueba, efectúa reserva del caso federal y solicita se confirme la resolución apelada con costas.
V. A fs. 85/100 se presenta nuevamente la representación fiscal y contesta el traslado conferido respecto de la firma Elden S.A. Resume los hechos y formula una negativa genérica. En cuanto a la prescripción de la acción penal, tributaria y nulidad planteada por la firma importadora, manifiesta que el auto de apertura de sumario cumple con lo dispuesto en el art. 1094 del C.A., careciendo de asidero jurídico alguno pretender que la instrucción reúna todos y cada uno de los elementos estipulados por la norma. Cita jurisprudencia. En cuanto a la notificación del auto de apertura del sumario, cita el fallo Wonderland SRL de la CSJN. En cuanto al fondo del asunto, alega que la contraria no aporta ni discute que correspondía declarar la posición arancelaria que sostiene el servicio aduanero, lo que determina que a la fecha de la importación se encontraban plenamente vigentes los derechos anti-dumping para la mercadería importada. Expone que si la mercadería hubiese sido correctamente declarada, el sistema MALVINA le habría exigido la presentación del certificado de origen, documento necesario para acreditar que la mercadería importada no provenía de China. Desconoce la copia del certificado de origen aportado por la actora y sostiene que aún en el caso en que aportara el original, de todas formas su presentación resultaría extemporánea. Manifiesta que al haber declarado erróneamente la posición arancelaria de la mercadería, se generó el perjuicio fiscal que exige el inc. a) del art. 954, por no haber abonado los derechos antidumping correspondientes. Agrega que no corresponde la aplicación del art. 898 del C.A. atento a que de las actuaciones administrativas no surge duda al respecto de la comisión de la infracción imputada. Ofrece prueba. Efectúa reserva del caso federal y solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
VI. Que a fs. 106 se abre la causa a prueba, la que obra agregada a fs. 107/108. A fs. 115 se certifica la conclusión del período probatorio. A fs. 120 se declara la clausura de dicho período, se elevan los autos a la Sala “F” y se ponen para alegar. A fs. 130/131 obra el alegato del Fisco y a fs. 142/148 se agrega el alegato de la coactora ELDEN S.A. A fs. 149 se deja constancia que la co-actora Iurino, Antonio Salvador no hizo uso del derecho conferido. A continuación, pasan los autos a sentencia.
VII. Que las actuaciones administrativas vinculadas a la causa, que tramitaron mediante actuación SIGEA 12645-60-2013 y sus alcances, se inician con el informe técnico Nro. 108/13 (SE FVIM), en el cual se liquida la multa mínima. A fs. 3 se liquida el importe de los tributos. A fs. 4/12 se agrega copia de las Resoluciones Nros. 74/03 (MP) y 629/06 (ME). A fs. 14 se agrega la carpeta contenedora de la destinación de importación 08 008 IC04000306L. A fs. 14 vta. figura la denuncia por la infracción al art. 954, ap. 1, inc. a) del C.A. A fs. 15 se apertura sumario contra la firma importadora y el despachante de aduana por la presunta comisión de la infracción al art. 954, ap. 1, incs. a) y b), del C.A. A fs. 16 se corre vista de lo actuado, resultando notificado el despachante el 22/12/15 y la firma Percomin ICSA el 28/12/15. A fs. 21/21 vta. el Sr. Antonio Iurino presenta su descargo y a fs. 22/29 hace lo propio la firma importadora. A fs. 47/52 se produce la prueba ordenada. A fs. 55/56 obra el dictamen 567/18 (SESU AD CAMP). A fs. 57/60 se dicta la RESOL-2018-257-E-AFIP- ADCAMP#SDGOAM , aprobada por la RESOL-2018-229-E-AFIP-SDGTLA, aquí apeladas.
VIII. Que, en primer lugar, cabe analizar el planteo de prescripción de la acción del Fisco para imponer penas y percibir tributos, opuesto por la co-recurrente ELDEN S.A., basándose en la invalidez del auto de apertura de sumario por no cumplir los requisitos previstos en el art. 1094 del C.A., al no determinar los hechos constitutivos de la infracción imputada, lo que determinó que no pudo ejercer debidamente su derecho de defensa ni ofrecer las pruebas correspondientes.
Que el planteo de la recurrente no puede prosperar. En efecto, según resulta de las actuaciones la apertura de sumario se basó en el informe técnico Nro. 109/13, que diera origen al inicio de dichas actuaciones, del que surgen los fundamentos tenidos en cuenta por el servicio aduanero para imputar la infracción en análisis. Que por su parte, también se puede observar de los antecedentes de autos que la Aduana liquidó los importes correspondientes a la multa mínima y a los tributos y agregó la carpeta contenedora de la destinación en cuestión, todo ello con anterioridad a la apertura del sumario y corrida de vista a las aquí co-actoras.
Que por ello, no se advierte cuál es el agravio concreto invocado por la co-actora, ya que –al contestar la vista corrida en el sumario infraccional- pudo ejercer su derecho de defensa y concretamente ofreció pruebas para acreditar sus dichos, a las que el servicio aduanero hiciera lugar.
Que, por su parte, cabe señalar la posibilidad de que dispone, en esta instancia, de ofrecer y producir prueba con toda amplitud y exponer los argumentos que estime convenientes, sin restricción alguna, resultando de aplicación al caso la doctrina de la C.S.J.N., que sostiene que cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en el procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación al art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional posterior (entre otros, Fallos 205:549 y 267:393).
Tampoco le asiste razón a la co-recurrente en el sentido de que debió notificársele el auto de apertura de sumario, para tener efectos, ya que conforme lo dispone el art 937, inc. a) y art. 805, inc. a), del C.A., la interrupción y suspensión de la prescripción de la acción del Fisco para aplicar multas y percibir tributos, respectivamente, se produce con el dictado del correspondiente acto de apertura de sumario, sin que resulte necesario su notificación al sumariado, para que el mismo tenga virtualidad interruptiva o suspensiva (conf. CSJN, fallo “Wonderland SRL”).
Que por lo expuesto corresponde rechazar el planteo prescriptivo de la acción del Fisco para imponer penas y percibir tributos opuesto por la co-recurrente importadora.
IX. Que, sentado ello, la cuestión en el caso consiste en determinar si resulta ajustada a derecho la condena impuesta a la firma ELDEN S.A. y al despachante de aduana, al pago de una multa por la comisión de la infracción al art. 954, ap. 1, inc. a), del C.A., en relación a la destinación de importación 08008IC04000306L, como así también el reclamo tributario formulado a la firma importadora.
Que el artículo 954 del C.A. señala en su apartado 1 que: “El que, para cumplir cualquiera de las operaciones o destinaciones de importación o de exportación, efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjere o hubiere podido producir (...)”, completando la base fáctica en tres incisos. En cuanto aquí interesa, el inc. a), del ap. 1, continúa: “a) un perjuicio fiscal, será sancionado con una multa de uno a cinco veces el importe de dicho perjuicio (...)”. Que a los efectos de la configuración de la infracción en trato, es presupuesto necesario, en primer lugar, la existencia de una diferencia entre lo declarado en la solicitud de destinación aduanera y el resultado de la comprobación.
Que por el despacho de importación 08008IC04000306L, oficializado el 23/01/08, la firma ELDEN SA (en dicho momento Percomin I.C.S.A.), documento la importación para consumo de “máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire”, declarando la P.A. 8415.81.10, origen INDONESIA, procedencia SINGAPUR y acompañando la factura comercial original Nro. BH2007051604, en la que se describe la mercadería como “Split Wall-mounted type air conditioner”, expedida por el vendedor radicado en Jakarta Selatan, Indonesia. Cabe señalar que a dicho despacho le fue asignado canal rojo de selectividad, por lo que habiendo efectuado la Aduana el control documental y físico de la mercadería, autorizó su despacho a plaza conforme, según resulta del reverso de la destinación en cuestión.
Que con posterioridad, en el año 2013, al efectuar el control documental, el servicio aduanero consideró que conforme la descripción que se había efectuado en la factura comercial acompañada, la posición arancelaria declarada en el despacho de importación, resultaba incorrecta, ya que debió consignar la PA 8415.10.10 (en vez de la PA 8415.81.10 declarada), a la cual le correspondía el pago de derechos antidumping, según lo dispuesto por la Resolución Nro. 74/03 (MEP) y Resolución Nro. 629/06 (MEP). Asimismo, al estar sujeta al pago de esos derechos, también cuestionó la falta de presentación del certificado de origen no preferencial, en los términos de lo dispuesto por la Resolución Nro. 763/96. Así sostuvo que no se encontraba acreditado que la mercadería fuese de origen Indonesia.
Como consecuencia de ello, y atento a la existencia de perjuicio fiscal por el no pago de los derechos antidumping correspondientes a la PA que debería haber declarado, imputó la infracción aquí en trato.
Que las co-actoras no discuten concretamente que la posición arancelaria determinada por el Fisco sea la correcta, sino que sostienen que los derechos antidumping fueron determinados para los casos en que la mercadería fuese de origen CHINA, mientras que en el caso el origen de la mercadería era INDONESIA, ello sin perjuicio de la posición arancelaria que resulte correcta. Por lo cual, no correspondía el pago de derechos antidumping, ni la presentación del certificado de origen no preferencial que exige la Resolución Nro. 763/96, no habiéndose configurado la infracción imputada, por la inexistencia de perjuicio fiscal.
X. Que al tiempo de la oficialización de la destinación aquí en cuestión, se encontraba vigente la Resolución Nro. 629/06 (MEYP), cuyo artículo 2° establecía lo siguiente “…Manténgase vigente, a los fines del cálculo del derecho antidumping, los valores mínimos de exportación FOB establecidos mediante la Resolución Nº 74 de fecha 21 de febrero de 2003 del ex- MINISTERIO DE LA PRODUCCION, a las operaciones de exportación hacia la REPUBLICA ARGENTINA de "…equipos acondicionadores de aire de capacidad menor o igual a SEIS MIL QUINIENTAS (6.500) frigorías/hora; versión frío solo o frío-calor mediante la utilización de válvula inversora del ciclo térmico: de pared o ventana, formando un solo cuerpo, con dispositivo para modificar la temperatura del aire; de unidades separadas, tipo split, ingresadas como un conjunto o por posiciones arancelarias separadas, formado por: una unidad interior o unidad evaporadora, compacta, prefabricada, sin equipo de enfriamiento, y una unidad exterior o unidad condensadora, con compresor e intercambiador de calor", originarias de la REPUBLICA POPULAR CHINA, mercadería que clasifica por las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 8415.10.11, 8415.10.19, 8415.83.00 y 8418.61.10…”.
Que de la norma transcripta, surge con toda claridad que correspondía aplicar derechos antidumping para mercadería originaria de la REPÚBLICA POPULAR DE CHINA, declarada por las PA allí mencionadas, mientras que en el caso la mercadería importada era de origen INDONESIA.
En efecto, resulta acreditado de la prueba producida en la instancia aduanera como así también de la documentación acompañada a la destinación de importación aquí involucrada que la mercadería era de origen INDONESIA y no CHINA, como pretende la Aduana.
De las actuaciones administrativas resulta que el servicio aduanero descartó sin más el origen declarado, sobre la base de que la firma importadora no había acreditado con el certificado de origen no preferencial el origen declarado en el despacho. Nótese que dicho argumento carece de toda fundamentación, ya que mal puede exigírsele que acompañe un certificado de origen no preferencial para acreditar el origen cuando justamente por ser de origen INDONSEIA no correspondía su presentación.
De ello se desprende que la Aduana no acredita ni fundamenta de manera alguna el descarte del origen declarado, máxime cuando la propia Resolución 763/96, prevé el procedimiento a seguir en el caso en que la Aduana dude del mismo. En tal sentido, no se observa en las actuaciones investigación alguna o documentación alguna que pudiera haber inducido a la Aduana a dudar del origen Indonesia declarado por la firma importadora. Cabe señalar que la factura comercial obra en original en la carpeta contenedora, con su respectiva legalización. De ella resulta que fue expedida por la firma “PT ARNACO INTI GEMILANG”, radicada en Jakarta, Indonesia. Por su parte, como prueba en esta instancia –y a pesar de que no correspondía su presentación ante la Aduana por lo expuesto ut-supra- la co-actora ELDEN SA acompaña el original del certificado de origen no preferencial, expedido por la “Municipality Office” de Jakarta, Indonesia, el que a su vez, fue legalizado por el consulado argentino con jurisdicción en dicho país.
Que de todo lo expuesto se concluye que, sin perjuicio de la posición arancelaria que hubiese correspondía declarar en el despacho en trato, el pago de derechos antidumping era exigido para las posiciones arancelarias declaradas en la Resolución Nro. 629/06, cuando la mercadería era de origen CHINA, lo que no ocurre en el caso en trato, en el que el origen de la mercadería era INDONESIA, no habiendo acreditado la Aduana lo contrario. A mayor abundamiento, cabe señalar que la posición arancelaria invocada por la Aduana, de todas formas, tampoco se encontraba incluida entre las mencionadas en la Resolución Nro. 629/06 (MEYP) -8415.10.11, 8415.10.19, 8415.83.00 y 8418.61.10-.
Que a la luz de todo lo expuesto, se concluye que no existe en el caso perjuicio fiscal alguno, ya que no correspondía que la firma importadora abone derechos antidumping por la mercadería importada, por no resultarle aplicable lo dispuesto en la Resolución Nro. 629/06 (MEYP) que los exigía. Por ello, tampoco correspondía la presentación de certificado de origen no preferencial previsto por la Resolución Nro. 763/96. Así corresponde revocar la resolución aduanera apelada, en cuanto no se configura la infracción de declaración inexacta imputada en autos, a la vez que tampoco procede el reclamo por tributos formulado.
XI. Que en relación a la responsabilidad del despachante de aduana, teniendo en cuenta lo expresado en los considerandos precedentes y, en vistas de que no se ha configurado la infracción imputada en los términos del art. 954 del C.A, no puede considerárselo como penalmente responsable de una infracción que no se ha configurado, no siendo necesario evaluar si se ha apartado o no de las instrucciones impartidas por el exportador.
Por ello, VOTO POR:
1. Revocar la RESOL-2018-257-E-AFIP-ADCAMP#SDGOAM, dictada por el Jefe del Departamento de la Aduana de Campana, en la actuación SIGEA 12645-60-2013, en cuanto condena a la firma ELDEN S.A. y al despachante de aduana ANTONIO SALVADOR IURINO, al pago de una multa por la comisión de la infracción al art. 954, ap. 1, inc. a), del C.A., a la vez que le formula cargo por tributos a la firma importadora, todo ello en relación a la destinación de importación 08008IC04000306L.
2. Costas a la demandada.
El Dr. Pablo A. Garbarino dijo:
Que adhiero al voto de la Dra. Sarquis.
El Dr. Christian M. González Palazzo dijo:
Que adhiero al voto de la Dra. Sarquis.
Por ello, en virtud del acuerdo que antecede, SE
1. Revocar la RESOL-2018-257-E-AFIP-ADCAMP#SDGOAM, dictada por el Jefe del Departamento de la Aduana de Campana, en la actuación SIGEA 12645-60-2013, en cuanto condena a la firma ELDEN S.A. y al despachante de aduana ANTONIO SALVADOR IURINO, al pago de una multa por la comisión de la infracción al art. 954, ap. 1, inc. a), del C.A., a la vez que le formula cargo por tributos a la firma importadora, todo ello en relación a la destinación de importación 08008IC04000306L.
2. Costas a la demandada.
Regístrese y notifíquese. Por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente la Dra. Claudia B. Sarquis (Vocal subrogante de la Vocalía 18ª Nominación) y los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Date: 2024.02.02 09:49:51 -03:00 Date: 2024.02.02 17:42:51 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.02.02 18:01:16 -03:00 Claudia Beatriz Sarquis Vocal Subrogante Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.02.02 18:01:17 -03:00
Fin de la sentencia