Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la Resolución n° RESOL-2018-243-E-AFIP-ADCAMP#SDGOAM de fecha 23/11/2018 dictada por la Aduana de Campana, recaída en las actuaciones administrativas n° SIGEA 12645- 105-2012 y SIGEA n° 17114-6440-2015, en cuanto condena a la firma PERCOMIN I.C.S.A. y al despachante de aduana IURINO ANTONIO SALVADOR por la comisión de la infracción prevista en el art. 954, ap. 1, inc. b), del C.A., con costas por su orden, teniendo en cuenta para ello el fundamento de este decisorio (art. 1163 C.A.).
2Condenar a la firma PERCOMIN I.C.S.A. y al despachante de aduana IURINO ANTONIO SALVADOR en forma solidaria al pago de una multa de $10.000 (DIEZ MIL PESOS), de conformidad con lo establecido por el art. 995 del C.A. la que, por disposición de la Ley 27.260 y la Resolución AFIP 4007/2017, se encuentra condonada de pleno de derecho y así cabe declararlo, con costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-56280750-APN-VOCXVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 17 de Mayo de 2023 GENERAL DE ADUANAS s/ RECURSO DE APELACIÓN”, Expediente N° 39779-A, y su acumulado.-
TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN
En Buenos Aires, reunidos los Vocales Titulares integrantes de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dr. Christian M. González Palazzo y Dr. Pablo A. Garbarino, para dictar sentencia en los autos caratulados “IURINO ANTONIO SALVADOR c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ RECURSO DE APELACIÓN”, Expediente N° 39779-A, y su acumulado “PERCOMIN I.C.S.A. c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ RECURSO DE APELACIÓN”, Expediente N° 39794-A, El Dr. Christian M. González Palazzo dijo:
I.— Que, a fs. 7-8 vta., se presenta Antonio Salvador IURINO –despachante de aduana–, interpone recurso de apelación contra la resolución RESOL-2018-243-E-AFIP-ADCAMP#SDGOAM de fecha 23/11/2018 dictada por la Aduana de Campana, recaída en las actuaciones administrativas n° SIGEA 12645-105-2012 y SIGEA n° 17114-6440-2015, por la que resultó condenado, solidariamente con la firma “Percomin I.C.S.A.”, al pago de una multa, por la presunta infracción al art. 954, ap.1, inciso b) del Código Aduanero, en relación a la Destinación de Importación a Consumo n° 09 008 IC06 000625 S. Manifiesta haber cumplido con las obligaciones a su cargo en su rol como despachante de aduana y, su ajenidad, en cuanto a la obtención de los certificados cuestionados por el servicio aduanero, en tanto ellos resultan de responsabilidad exclusiva del importador. Sostiene haber presentado la documentación sin toma de contenido de la mercadería, previo a la oficialización de los D.I. en cuestión. Cita jurisprudencia, hace reserva del caso federal y solicita la revocación de la resolución aduanera apelada. A fs. 21-28 se presenta, por apoderado, la firma PERCOMIN I.C.S.A. e interpone recurso de apelación contra la mencionada resolución, por la que resultó condenada solidariamente con el despachante de aduana Antonio Salvador IURINO, en los mismos términos aludidos. Sostiene que no se dan los elementos que configuran el tipo infraccional del art. 954, ap. 1, inc. b) C.A. endilgada por el servicio aduanero. Manifiesta que la inexactitud de la documentación presentada respecto de la cantidad de unidades y el valor FOB declarados en la destinación y el certificado de importación de artículos para el hogar no eran significativas. Entiende que no se configura la infracción, en tanto la mercadería importada no era de importación prohibida. Asimismo, expresa que el servicio aduanero, efectuó el control de la destinación en cuestión, en oportunidad de oficializarse la misma, sin observación alguna. Realiza una crítica respecto del cálculo de la multa realizada por el servicio aduanero. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba. Formula reserva de caso federal. Solicita se revoque la resolución apelada con costas y, en subsidio, se reencuadre su conducta en una infracción formal en los términos de los arts. 994 o 995 del C.A. y, en consecuencia, por aplicación del art. 56 –y concs.– de la Ley 27.260, se declare la condonación de oficio de la multa impuesta.
II.— Que, a fs. 38-50 se presenta la representación fiscal y contesta el traslado que le fuera conferido del recurso de fs. 7-9. Niega todos y cada uno de los hechos expresados en la apelación no reconocidos expresamente. Hace referencia a la responsabilidad del despachante de aduana, respecto del cumplimiento de las obligaciones a su cargo, como auxiliar del servicio aduanero, obrando con prudencia y pleno conocimiento de las cosas. Agrega lo expuesto por la Aduana de Campana y afirma que se encuentran reunidos los elementos tipificantes de la infracción prevista y reprimida por el art. 954 ap. 1 inc. b) del C.A. Cita jurisprudencia. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas. Formula reserva de caso federal. Solicita se dicte sentencia rechazando la apelación y confirmando la resolución recurrida, con costas.
A fs. 68-76vta. la representación fiscal contesta el traslado del recurso de fs. 21-28. Niega todos y cada uno de los hechos expresados en la apelación no reconocidos expresamente. Realiza un análisis de cada elemento del tipo infraccional del art. 954 ap. 1 inc. b) C.A. Señala que la firma ha transgredido el principio de veracidad y exactitud de las declaraciones y manifestaciones presentadas ante la aduana, bien jurídico protegido por dicha norma. Considera que se configura el tipo infraccional, ya que se produjo una transgresión a una prohibición a la importación, ello por cuanto, la mercadería no contaba con la debida autorización para su importación, dado que, la cantidad de unidades y los valores FOB declarados mediante la Destinación de Importación n° 09 008 IC06 000625 S, no coinciden con aquellos denunciados en los certificados acompañados. Realiza un análisis del Fallo Nate, considerando que no corresponde aplicarlo al caso en trato. Cita jurisprudencia. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas. Formula reserva de caso federal. Solicita se dicte sentencia rechazando la apelación y confirmando la resolución recurrida, con costas.
III.— Que, a fs. 78 se declara la causa de puro derecho. A fs. 82 se elevan los autos a la Sala “F” y, a fs. 83, quedan en estado de dictar sentencia.
IV.— Que, de la compulsa de las actuaciones administrativas SIGEA N° 12645-105-2012 y N° 17114- 6440-2015, resultó que las mismas se inician a fs. 1-2, con el Informe Técnico n° 252/12 (SE FVIM), elaborado por el Jefe Sección Fiscalización y Valoración de Importación de DI RALP en fecha 11 de julio de 2012, mediante el cual se puso en conocimiento de la aduana que, en relación a la Destinación de Importación a Consumo n° 09 008 IC06 000625 S documentada por el Despachante de Aduana IURINO ANTONIO SALVADOR, en representación de la firma PERCOMIN I.C.S.A., los certificados presentados resultarían inaplicables a la operación de importación, dado la disimilitud existente respecto de la mercadería, la cantidad de unidades importadas y Valor FOB –en dólares estadounidenses–, declarados en los mismos, en presunta infracción al art. 954, apartado 1, inciso b) del C.A.
A fs. 4-12 se agregan copias certificadas de la destinación de importación aludida, y a fs. 24-39 se adjuntan copias de los certificados de seguridad y certificados de importación de artículos para el hogar, los cuales resultan obligatorios a los efectos de la declaración aduanera en trato.
Con fecha 18 de diciembre de 2013, el servicio aduanero instruyó sumario contencioso, corriendo vista de todo lo actuado a los sumariados, siendo ello notificado a la firma el 16 de diciembre de 2015 y al despachante de aduana el 15 de diciembre de 2015.
A fs. 56 se presentan Antonio Salvador Iurino –Despachante de Aduana–, y a fs. 57-62, la firma PERCOMIN I.C.S.A., ambos realizan su descargo y solicitan la absolución.
A fs. 74 se ordena la apertura a prueba. A fs. 91 se agrega el informe técnico de los contadores Font y Schenhals y, a fs. 93-95 se agrega el Dictamen Legal N°564/18.
Con fecha 23 de noviembre de 2018, el Servicio Aduanero de Campana dicta la resolución n° RESOL- 2018-243-E-AFIP-ADCAMP#SDGOAM, agregada a fs. 96-98, por la cual resuelve condenar, a la firma PERCOMIN I.C.S.A. y al Despachante de Aduana, Antonio Salvador IURINO, al pago de una multa, por infracción al art. 954 ap. 1 inc. b) del Código Aduanero.
V.— Que, sentado lo que antecede, corresponde analizar si es ajustada a derecho la citada resolución que aquí se apela.
De la comprobación realizada por el servicio aduanero, surge que las aquí recurrentes habrían incurrido en una declaración inexacta al oficializar la Destinación de Importación n° 09 008 IC06 000625 S en razón de que la mercadería allí documentada, a los fines de su importación, requería los Certificados de Importación de Artículos para el Hogar (C.I.A.H.) y Certificados de Seguridad –de productos a gas y eléctrico–. En tal sentido, si bien los mismos fueron presentados, conforme surge a fs. 24-39 del expediente administrativo, al cotejar los modelos de los productos, las cantidades y los valores FOB –en dólares estadounidenses– declarados en el despacho de importación, con aquellos declarados en los certificados, los mismos resultaron ser disímiles. Ello por cuanto, respecto de los ítems 1, 3 y 4, las cantidades y valores FOB declarados, se excedieron de la tolerancia del cinco por ciento (5%) superior o inferior a los consignados en los certificados –conforme art. 9 de la Resolución 177/04 de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa–. Y, respecto de todos los ítems, los códigos de los productos registrados en el despacho de importación, no coinciden con aquellos indicados en los certificados de seguridad. Según entendió el servicio aduanero, los certificados son inaplicables a la operación y, en consecuencia, la mercadería es de importación prohibida.
En ese marco, el servicio aduanero endilgó, a la firma y al despachante de aduana, la infracción del art. 954 del C.A. ap. 1, en tanto, sanciona al que, para cumplir una operación o destinación de importación o de exportación, efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjere o pudiere producir: “… inc. b) una transgresión a una prohibición a la importación o a la exportación, será sancionado con una multa de uno (1) a cinco (5) veces el valor en aduana de la mercadería en infracción”.
Examinando las actuaciones administrativas SIGEA N° 12645-105-2012 y N° 17114-6440-2015, se puede observar que, en relación a la Destinación de Importación a Consumo n° 09 008 IC06 000625 S, a fs. 5 consta la mercadería documentada en el ítem 0001, cuya posición arancelaria es la n° 8516.60.00.100Z, consistente en “Los demás hornos; cocinas, hornillos (incluidas las mesas de cocción), parrillas y asadores - De funcionamiento mixto (gas y electricidad)” indicando el modelo SRV563X, declarando 1 unidad y valor FOB US$141,34. Dicha mercadería se encuentra amparada por el C.I.A.H. N°1939/09, agregado a fs. 38-39, y el certificado de seguridad emitido por IRAM n° DC-B-S2-002.1-2004-08-17, agregado a fs. 31.
A fs. 7 consta la mercadería documentada en el ítem 0002, cuya posición arancelaria es la n° 8516.60.00.900T, consistente en “Los demás hornos; cocinas, hornillos (incluidas las mesas de cocción), parrillas y asadores”, indicando el modelo SC63MFX para el subitem 0001, declarando 65 unidades y monto total FOB US$9.555, y el modelo SEGR531X para el subitem 0002, declarando 1 unidad y valor FOB US$70. Dicha mercadería no coincide con aquella amparada en los certificados acompañados. A fs. 8 consta la mercadería documentada en el ítem 0003, cuya posición arancelaria es la n° 7321.11.00.391P, consistente en “Con encendido - Los demás Anafes De combustibles gaseosos, o de gas y otros combustibles Aparatos de cocción y calientaplatos - estufas, calderas con hogar, cocinas (incluidas las que puedan utilizarse accesoriamente para calefacción central), barbacoas (parrillas), braseros, hornillos de gas, calientaplatos y aparatos no eléctricos similares, de uso doméstico, y sus partes, de fundición, hierro o acero”, indicando el modelo SRV531GH, declarando 1 unidad y valor FOB US$100,95. Dicha mercadería se encuentra amparada por el C.I.A.H. N°1937/09, agregado a fs. 36-37, y el certificado de seguridad emitido por IRAM n° DC-B-S2-002.1-2004-08-17, agregado a fs. 31. A fs. 9 consta la mercadería documentada en el ítem 0004, cuya posición arancelaria es la n° 7321.11.00.331V, consistente en “Sin tapa, con encendido, de 4 hornallas Anafes De combustibles gaseosos, o de gas y otros combustibles Aparatos de cocción y calientaplatos - estufas, calderas con hogar, cocinas (incluidas las que puedan utilizarse accesoriamente para calefacción central), barbacoas (parrillas), braseros, hornillos de gas, calientaplatos y aparatos no eléctricos similares, de uso doméstico, y sus partes, de fundición, hierro o acero”, indicando el modelo SV564/3 para el subitem 0001, declarando 1 unidad y valor FOB US$83,30, modelo SRV564GH3 para el subitem 0002, declarando 1 unidad y valor FOB US$109,20, y modelo SE64 para el subitem 0003, declarando 6 unidades y valor FOB total US$50,40. Dicha mercadería se encuentra amparada por el C.I.A.H. N°1937/09, agregado a fs. 36-37, y el certificado de seguridad emitido por IRAM n° DC-B-S2-002.1-2004-08-17, agregado a fs. 31.
A su vez, a fs. 82, el Instituto Argentino de Normalización y Certificación se expidió respecto de la autenticidad de los certificados.
Lo analizado permite asegurar que la importadora, cumplió correctamente con el trámite previo requerido por la normativa vigente respecto de los ítems 0001, 0003 y 0004 –subitems 0001, 0002 y 0003–. Y, respecto del ítem 0002 –subitems 0001 y 0002– acompañó certificados que no coincidían con los códigos de la mercadería declarada.
Que, advertido lo que antecede, la cuestión se centra en dilucidar si la conducta de la importadora configura la infracción atribuida por el servicio aduanero.
En principio, cabe destacar que, la Sección VIII del Código Aduanero, contempla las prohibiciones a la importación y exportación, constituyendo disposiciones que no establecen específicamente prohibiciones a las importaciones o exportaciones, sino que regula el ámbito de aplicación de las que, eventualmente, se impusieren. Ello se explica porque las prohibiciones se establecen por razones de índole moral, de seguridad, de salubridad, etc., y en otros casos, por situaciones coyunturales de naturaleza económica. En consecuencia, las prohibiciones deben surgir de la legislación que corresponda a la materia que se trate. En este sentido, la Constitución Nacional en su art. 75 faculta al Congreso Nacional a sancionar las leyes en materia aduanera, y los arts. 631 y 632 del C.A. facultan al Poder Ejecutivo para crear y suprimir prohibiciones en la materia, quien, a su vez, delegó dicha facultad al Ministerio de Economía a través del Decreto 2752/9. En consecuencia, al servicio aduanero solo le cabe su aplicación, resultando incompetente para determinar prohibiciones que no se encuentran específicamente fijadas en una ley. Así, los arts. 609 y 610 del C.A. distinguen las prohibiciones según sus fines sean económicos y no económicos. Entre otras prohibiciones no económicas, aquellas referidas a la seguridad pública (inc. c) y la salud pública (inc. e). Los arts. 611 y 612 establece el alcance de las mismas, según sean absolutas o relativas.
La exposición de motivos del proyecto del Código Aduanero, expresa respecto de ello, que, “esta sección establece un estatuto básico de las prohibiciones que contempla los diversos aspectos que interesan aduaneramente. Con ello se persigue reunir las reglas y principios que regulan la materia, como así también, que se aplique de forma supletoria con relación a normas que impongan prohibiciones. De esta manera, la tarea del legislador se verá facilitada notablemente, pues al dictar la medida respectiva sólo deberá expresar el objeto de la prohibición y los puntos en que quiera apartarse de las disposiciones generales y supletorias en el Código”.
Queda claro entonces, que, para resolver la cuestión planteada, también se debe realizar un análisis de la normativa aplicable a la mercadería importada sobre la cual, el servicio aduanero, considera que, deviene prohibida por la inaplicabilidad –en principio– de los certificados presentados por la importadora. A través de la Resolución 92/98, la Secretaría de Industria, Comercio y Minería, fijó los requisitos esenciales para garantizar a los consumidores la seguridad en la utilización del equipamiento eléctrico de baja tensión en condiciones previsibles o normales de uso. A tal fin, constituyó un sistema de certificación, extendidas por organismos de reconocida competencia técnica, de acuerdo con el estado del arte en la materia dentro del Sistema Nacional de Normas, Calidad y Certificación. Así, el art. 3 exigió a los importadores la certificación de seguridad de producto, otorgada por un organismo de certificación acreditado por el Organismo Argentino de Acreditación (O.A.A.) conforme con el Decreto N° 1474/94, considerando, los requisitos plenamente asegurados si se satisfacen las exigencias de seguridad establecidas en las normas IRAM o IEC aplicables y correspondientes al equipamiento eléctrico considerado.
Asimismo, el Ente Nacional Regulador del Gas dictó la Resolución 138/95 por medio de la cual aprobó las "Condiciones Generales para la acreditación de Organismos de Certificación" de artefactos y sus accesorios que funcionen con gas natural, con gas licuado de petróleo por redes, gas natural comprimido (GNC) y tuberías plásticas. A través de la Nota Externa Nº 22/2006, actualizada por la Nota Externa Nº 71/2008, la Dirección General de Aduanas, estableció que los productos detallados en el Anexo II de la mencionada resolución, deberían contar, al momento de la oficialización de las respectivas destinaciones de importación para consumo, con el certificado de aprobación emitido por uno de los Organismos de Certificación acreditados por el ENARGAS, a saber, Instituto del Gas. Argentino S.A. (IGA), Bureau Veritas Argentina S.A., Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Hidrocer S.A y el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM).
Mediante la Resolución n° 444/04 del Ministerio de Economía y Producción se instituyó, entre otras cuestiones, la Licencia No Automática Previa de Importación (LNAP) aplicable a mercaderías pertenecientes a las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) n° 7321.11.00, 8418.10.00, 8418.21.00 y 8450.11.00 (algunas líneas del sector de artículos para el hogar). Asimismo, en el art. 6, se instituyó a la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, como la Autoridad de Aplicación de la resolución y, en consecuencia, como órgano encargado de dictar las normas reglamentarias correspondientes. En ejercicio de esa atribución, dictó la Resolución 177/2004, creando en su art. 1° el Certificado de Importación de Artículos para el Hogar (C.I.A.H.) aplicable a la destinación de importación definitiva para consumo, en el cual, al momento de solicitarlo, se debían consignar los datos de la importadora y el detalle de la mercadería a importar, respaldada con la documentación correspondiente. El art. 9° de la misma, determinó que, la diferencia respecto de las cantidades y/o valores FOB declarados en las solicitudes de destinación de importación podrá ser sólo hasta un CINCO POR CIENTO (5%) superiores o inferiores a los consignados en los Certificados de Importación de Artículos para el Hogar (C.I.A.H.). De lo expuesto, se colige que el régimen de las normas mencionadas ha tenido por objeto un mecanismo de certificación/verificación previa al libramiento de la mercadería con la finalidad de garantizar a los consumidores la estabilización de precios, abastecimiento, seguridad y salud pública, y no una prohibición a la importación toda vez que por prohibición debe entenderse un impedimento para que la mercadería ingrese al país.
En este sentido, la mercadería que requiere una validación previa para su importación o exportación, no resulta necesariamente una mercadería de importación o exportación prohibida, sino que se trata de mercadería permitida con trámites previos que deberán ser cumplidos para su importación o exportación. Cabe recordar que, conforme surge de nuestra Carta Magna, la regla es la permisión, y la excepción es la prohibición, destacando que, como se ha expresado ut supra, estas últimas deben emanar de la letra de la ley dictada por autoridad competente.
Conforme lo hasta aquí expuesto, resulta claro que, la diferencia entre los modelos, las cantidades y valores FOB declarados en la destinación de importación y aquellos declarados en los certificados, no deviene punible en los términos del art. 954 ap. 1, inc. b) del C.A. por cuanto, ello no eleva a la categoría de prohibición a la mercadería en trato. Entiéndase, los certificados de importación de artículos para el hogar y aquellos de seguridad, no condicionan la permisión de importación, sino que los mismos, resultan requisitos previos de un régimen tan delicado como el aquí estudiado; lo contrario implicaría desvirtuar el sistema diseñado por la legislación en la materia, el cual establece que las prohibiciones deben estar explícitamente establecidas en la letra de la ley. En este orden de ideas, resulta claro que, no existe normativa alguna que prohíba la importación de la mercadería en trato, sino que, se exige el cumplimiento de requisitos previos para su importación por cuestiones de política económica y de seguridad. En esta línea argumentativa y, a efectos de mayor abundamiento, corresponde al caso aplicar la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en la sentencia del 12/6/2012, recaída en los autos “Nate Navegación y Tecnología Marítima SA (TF 22.220-A)”, por la cual, con remisión al fundado dictamen de la Procuración General de la Nación del 4/10/2010, el más Alto Tribunal consideró que las prohibiciones de importación o exportación habrán de surgir de manera expresa de la norma, no pudiéndose asimilar a las mismas, las restricciones habituales o requisitos. Los magistrados entendieron que el Código no establece prohibición específica alguna, y que las mismas han de surgir de la letra expresa e inequívoca de la norma, de forma tal que su existencia como regla general merecedora de acatamiento, como así de la respectiva sanción a su inobservancia, puedan ser efectivamente discernidas y constatadas.
Asimismo, el Tribunal cimero, en el fallo precitado, expresó “toda operatoria aduanera ha de realizarse siguiendo las pautas reglas en cuanto a horarios, modos, trámites administrativos, declaraciones y pagos de los correspondientes tributos, y demás requisitos consabidos propios de un régimen tan delicado. Pero ello no puede implicar la inversión de la regla fundamental consagrada en el art. 19 de la Constitución Nacional, elevando entonces tales requisitos al grado de prohibición, la que sólo se vería levantada para los casos en que se siguiesen tales pasos legal y reglamentariamente determinados, supuesto en que - siempre desde esta perspectiva que considero errónea se trataría de una "excepción" a la regla de la prohibición.”
En el mismo sentido, la Sala IV de la Excma. Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal sostuvo que “toda prohibición debe surgir de la letra expresa e inequívoca de la ley o de la norma reglamentaria aplicable al caso, de manera tal que su existencia como regla de acatamiento obligatorio y su respectiva pena o sanción pueda ser efectivamente discernida y constatada, sin que pueda ser inferida implícitamente de los requisitos, restricciones o condiciones a cuya observancia está sujeta la importación” (v. sentencia de fecha 2/07/15, in re “UNILEVER ARGENTINA S.A. c/DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”).
Que el principio rector que rige en materia penal determina que ante la ausencia de uno de los elementos del tipo infraccional de declaración inexacta, no puede considerarse configurada la infracción, lo que, en consecuencia, determina que en autos no pueda confirmarse la condena impuesta, por cuanto, no se configura el supuesto previsto en el inc. b) ap. 1 del art. 954 del C.A.
Por todo ello, por los fundamentos vertidos en el caso, a mi juicio no corresponde atribuir a la recurrente la infracción imputada.
En consecuencia, corresponde revocar la Resolución n° RESOL-2018-243-E-AFIP-ADCAMP#SDGOAM de fecha 23/11/2018 dictada por la Aduana de Campana, recaída en las actuaciones administrativas n° SIGEA 12645-105-2012 y SIGEA n° 17114-6440-2015, en cuanto condena a la firma PERCOMIN I.C.S.A. y al despachante de aduana IURINO ANTONIO SALVADOR por la comisión de la infracción prevista en el art. 954, ap. 1, inc. b), del C.A., con costas por su orden, teniendo en cuenta para ello el fundamento de este decisorio (art. 1163 C.A.).
VI.— Sin perjuicio de la conclusión arribada precedentemente, corresponde aseverar que, respecto del ítem 0002, las recurrentes incurrieron en una declaración inexacta, al acompañar certificados, en aparente cumplimiento de los requisitos previos dispuestos en las Resoluciones 92/98 de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería, y Resolución 444/04 del Ministerio de Economía y Producción. Ello por cuanto, como se ha analizado en el punto que antecede, la mercadería importada no coincide con aquella amparada por los certificados indicados como pertenecientes a la misma, de acuerdo con la información declarada por las recurrentes en el despacho de importación, agregado a fs. 7.
Habiendo realizado un estudio exhaustivo de la documental respaldatoria de la operación, se colige que ninguno de los certificados acompañados ampara los códigos de los modelos de la mercadería del ítem 0002.
Como se ha explicado en el Considerando V, dicha conducta no configura la infracción del art. 954 ap. 1 inc. b) del C.A., ya que, aun cuando fuere deficiente el cumplimiento de los requisitos previos para la importación de la mercadería, la misma no se encuentra prohibida, sino condicionada. Así, para considerar que hubo una transgresión a una prohibición, dicha prohibición debe encontrarse explícitamente indicada en la letra de la ley, hecho que aquí no ocurre.
En este orden de ideas, corresponde determinar, si la omisión resulta sancionable en alguno de los supuestos previstos en el C.A., para lo cual este Tribunal es competente por aplicación de lo dispuesto en el art. 1143 de dicho plexo normativo, en cuanto lo faculta para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso.
Dicho ello, estimo que la conducta analizada encuadra en la infracción establecida en el art. 995 del código de fondo, por cuanto tuvo como consecuencia la transgresión a los deberes impuestos en la legislación aduanera y la afectación al control aduanero.
Que la finalidad de la sanción impuesta en el art. 995 del C.A. es desalentar el incumplimiento de las obligaciones a cargo de los sujetos intervinientes en la operatoria aduanera, a efectos de prevenir y evitar la violación de las disposiciones legales.
Que, conforme fue analizado, en autos ha quedado acreditado que la actora al momento de registrar la operación de importación ha incurrido en una transgresión de los deberes impuestos por la reglamentación pertinente.
Que, siendo ello así, se encuentran reunidos los elementos del tipo descripto en el art. 995 del C.A., en cuanto sanciona con multa de mil pesos ($1.000) a diez mil pesos ($10.000) a quien transgrediere los deberes impuestos en este Código o en la reglamentación en su consecuencia se dictare, cuando el hecho no tuviere prevista una sanción específica en este Código y produjere o hubiere podido producir un perjuicio fiscal o afectare o hubiere podido afectar el control aduanero.
En efecto, corresponde subsumir la conducta de las recurrentes en la prevista en el art. 995 del C.A. por cuanto, transgrediendo la reglamentación respecto de los requisitos previos solicitados para la importación de la mercadería en trato, afectó el control aduanero, mediante la incorporación de certificados no aplicables a la mercadería del ítem 0002 en la destinación de importación.
VII.— Que resuelto lo anterior resta determinar el monto de la sanción que corresponde abonar a las recurrentes en concepto de multa, conforme el análisis efectuado en el considerando precedente. El art. 995 establece que quien incurriere en dicha figura infraccional “será sancionado con una multa de PESOS mil ($1.000) a PESOS DIEZ MIL ($ 10.000)”.
Por último, conforme lo establece el art. 915 y cc. del C.A. la graduación de la multa queda librada al arbitrio del juzgador quien debe ponderar circunstancias, antecedentes del infractor, naturaleza y gravedad de la infracción.
Visto lo precedente, la naturaleza y gravedad de la infracción, y que su falta de diligencia ocasionó el dispendio administrativo y judicial traído a debate, considero que corresponde fijar el monto de la multa en la suma de PESOS DIEZ MIL ($10.000.-).
Corresponde, entonces, revocar la resolución apelada en cuanto condena a la importadora y al despachante de aduanas en los términos del art. 954, ap. 1, inc. b) del C.A. y condenarlas, respecto de la mercadería documentada como ítem 2 –subitems 0001 y 0002– por la comisión de la infracción establecida en el art. 995 del C.A., la que, por disposición de la Ley 27.260, se encuentra condonada de pleno de derecho y así cabe declararlo, con costas por su orden.
Por ello, VOTO por:
1. Revocar la Resolución n° RESOL-2018-243-E-AFIP-ADCAMP#SDGOAM de fecha 23/11/2018 dictada por la Aduana de Campana, recaída en las actuaciones administrativas n° SIGEA 12645-105-2012 y SIGEA n° 17114-6440-2015, en cuanto condena a la firma PERCOMIN I.C.S.A. y al despachante de aduana IURINO ANTONIO SALVADOR por la comisión de la infracción prevista en el art. 954, ap. 1, inc. b), del C.A., con costas por su orden, teniendo en cuenta para ello el fundamento de este decisorio (art.
1163 C.A.).
2. Condenar a la firma PERCOMIN I.C.S.A. y al despachante de aduana IURINO ANTONIO SALVADOR en forma solidaria al pago de una multa de $10.000 (DIEZ MIL PESOS), de conformidad con lo establecido por el art. 995 del C.A. la que, por disposición de la Ley 27.260 y la Resolución AFIP 4007/2017, se encuentra condonada de pleno de derecho y así cabe declararlo, con costas por su orden. Así voto.
El Dr. Pablo A. Garbarino dijo:
Que adhiero, en lo sustancial, al voto del Vocal preopinante.
ASI LO VOTO.
Que, en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Revocar la Resolución n° RESOL-2018-243-E-AFIP-ADCAMP#SDGOAM de fecha 23/11/2018 dictada por la Aduana de Campana, recaída en las actuaciones administrativas n° SIGEA 12645- 105-2012 y SIGEA n° 17114-6440-2015, en cuanto condena a la firma PERCOMIN I.C.S.A. y al despachante de aduana IURINO ANTONIO SALVADOR por la comisión de la infracción prevista en el art. 954, ap. 1, inc. b), del C.A., con costas por su orden, teniendo en cuenta para ello el fundamento de este decisorio (art. 1163 C.A.).
2. Condenar a la firma PERCOMIN I.C.S.A. y al despachante de aduana IURINO ANTONIO SALVADOR en forma solidaria al pago de una multa de $10.000 (DIEZ MIL PESOS), de conformidad con lo establecido por el art. 995 del C.A. la que, por disposición de la Ley 27.260 y la Resolución AFIP 4007/2017, se encuentra condonada de pleno de derecho y así cabe declararlo, con costas por su orden.
Suscriben la presente los Dres. Christian M. González Palazzo y Pablo A. Garbarino por encontrarse vacante la Vocalía de la 18º Nominación (art. 1162 del C.A.).
Regístrese y notifíquese. Firme que queda la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Date: 2023.05.16 23:40:21 -03:00 Date: 2023.05.17 14:11:37 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.05.17 14:11:38 -03:00
Fin de la sentencia