Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 39779-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional y confirmar el pronunciamiento del TFN de fecha 17/05/2023, con costas (art. 68, 1° parte del CPCCN).
44.444/2023 Iurino Antonio Salvador -TF 39779-A- c/ DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo Buenos Aires, 25 de abril de 2024.
VISTOS Y
I. Que mediante el pronunciamiento de fecha 17/05/2023 el Tribunal Fiscal de la Nación revocó la Resolución n° RESOL-2018-243-E-AFIP- ADCAMP#SDGOAM de fecha 23/11/2018 dictada por la Aduana de Campana, recaída en las actuaciones administrativas n° SIGEA 12645- 105-2012 y SIGEA n° 17114-6440-2015, en cuanto condenó a la firma PERCOMIN I.C.S.A. y al despachante de aduana IURINO ANTONIO SALVADOR por la comisión de la infracción prevista en el art. 954, ap. 1, inc. b), del C.A., con costas por su orden. Condenó a la firma PERCOMIN I.C.S.A. y al despachante de aduana IURINO ANTONIO SALVADOR en forma solidaria al pago de una multa de $10.000 (DIEZ MIL PESOS), de conformidad con lo establecido por el art. 995 del C.A. la que, por disposición de la Ley 27.260 y la Resolución AFIP 4007/2017, se encontraba condonada de pleno derecho y así lo declaró, con costas por su orden.
Para así resolver sostuvo que de la compulsa de las actuaciones administrativas SIGEA N° 12645-105-2012 y N° 17114- 6440-2015, resultó que: (i) las mismas se iniciaron a fs. 1-2, con el Informe Técnico n° 252/12 (SE FVIM), elaborado por el Jefe Sección Fiscalización y Valoración de Importación de DI RALP en fecha 11 de julio de 2012, mediante el cual se puso en conocimiento de la Aduana que, en relación a la Destinación de Importación a Consumo n° 09008IC06000625S documentada por el Despachante de Aduana IURINO ANTONIO SALVADOR, en representación de la firma PERCOMIN I.C.S.A., los certificados presentados resultarían inaplicables a la operación de importación, dado la disimilitud existente respecto de la mercadería, la cantidad de unidades importadas y Valor FOB -en dólares estadounidenses-, declarados en los mismos, en presunta infracción al art. 954, apartado 1, inciso b) del C.A.; (ii) a fs. 4-12 se agregaron copias certificadas de la destinación de importación aludida, y a fs. 24- 39 se adjuntaron copias de los certificados de seguridad y certificados de importación de artículos para el hogar, los cuales resultaban obligatorios a los efectos de la declaración aduanera en trato; (iii) con fecha 18 de diciembre de 2013, el servicio aduanero instruyó sumario contencioso, corriendo vista de todo lo actuado a los sumariados, siendo ello notificado a la firma el 16 de diciembre de 2015 y al despachante de aduana el 15 de diciembre de 2015; (iv) a fs. 56 se presentó Antonio Salvador Iurino -Despachante de Aduana-, y a fs. 57-62, la firma PERCOMIN I.C.S.A., ambos realizaron su descargo y solicitaron la absolución; (v) a fs. 74 se ordenó la apertura a prueba.
A fs. 91 se agregó el informe técnico de los contadores Font y Schenhals y, a fs. 93-95 se agregó el Dictamen Legal N°564/18; (vi) con fecha 23 de noviembre de 2018, el Servicio Aduanero de Campana dictó la resolución n° RESOL- 2018-243-E-AFIP-ADCAMP#SDGOAM, por la cual se resolvió condenar, a la firma PERCOMIN I.C.S.A. y al Despachante de Aduana, Antonio Salvador IURINO, al pago de una multa, por infracción al art. 954 ap. 1 inc. b) del Código Aduanero.
Indicó que, efectuada la reseña precedente, correspondía analizar si era ajustada a derecho la resolución apelada.
Apuntó que, de la comprobación realizada por el servicio aduanero, surgía que las recurrentes habrían incurrido en una declaración inexacta al oficializar la Destinación de Importación n° 09008IC06 000625S en razón de que la mercadería allí documentada, a los fines de su importación, requería los Certificados de Importación de Artículos para el Hogar (C.I.A.H.) y Certificados de Seguridad -de productos a gas y eléctrico-.
Añadió que, en tal sentido, si bien los mismos fueron presentados, conforme surgía a fs. 24-39 del expediente administrativo, al cotejar los modelos de los productos, las cantidades y los valores FOB -en dólares estadounidensesdeclarados en el despacho de importación, con aquellos declarados en los certificados, los mismos resultaron ser disímiles. Ello por cuanto, respecto de los ítems 1,3 y 4, las cantidades y valores FOB declarados, se excedieron de la tolerancia del cinco por ciento (5%) superior o inferior a los consignados en los certificados -conforme art. 9 de la Resolución 177/04 de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa-. Y, respecto de todos los ítems, los códigos de los productos registrados en el despacho de importación, no coincidían con aquellos indicados en los certificados de seguridad. Según entendió el servicio aduanero, los certificados eran inaplicables a la operación y, en consecuencia, la mercadería era de importación prohibida.
Precisó que, en ese marco, el servicio aduanero endilgó, a la firma y al despachante de aduana, la infracción del art. 954 del C.A. ap. 1, en tanto, sanciona al que, para cumplir una operación o destinación de importación o de exportación, efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjere o pudiere producir: "... inc. b) una transgresión a una prohibición a la importación o a la exportación, será sancionado con una multa de uno (1) a cinco (5) veces el valor en aduana de la mercadería en infracción”.
Puntualizó que, examinando las actuaciones administrativas SIGEA N° 12645-105-2012 y N° 17114-6440-2015, se podía observar que, en relación a la Destinación de Importación a Consumo n° 09008IC06000625S, a fs. 5 constaba la mercadería documentada en el ítem 0001, cuya posición arancelaria es la n° 8516.60.00.100Z, consistente en “Los demás hornos; cocinas, hornillos (incluidas las mesas de cocción), parrillas y asadores - De funcionamiento mixto (gas y electricidad)” indicando el modelo SRV563X, declarando 1 unidad y valor FOB US$141,34. Dicha mercadería se encontraba amparada por el C.I.A.H. N° 1939/09, agregado a fs. 38-39, y el certificado de seguridad emitido por IRAM n° DC-B-S2-002.1-2004-08-17, agregado a fs. 31.
A fs. 7 constaba la mercadería documentada en el ítem 0002, cuya posición arancelaria es la n° 900T, consistente en “Los demás hornos; cocinas, hornillos (incluidas las mesas de cocción), parrillas y asadores”, indicando el modelo SC63MFX para el subítem 0001, declarando 65 unidades y monto total FOB US$9.555, y el modelo SEGR531X para el subítem 0002, declarando 1 unidad y valor FOB US$70. Dicha mercadería no coincidía con aquella amparada en los certificados acompañados.
A fs. 8 constaba la mercadería documentada en el ítem 0003, cuya posición arancelaria es la n° 391P, consistente en “Con encendido - Los demás Anafes De combustibles gaseosos, o de gas y otros combustibles Aparatos de cocción y calientaplatos - estufas, calderas con hogar, cocinas (incluidas las que puedan utilizarse accesoriamente para calefacción central), barbacoas (parrillas), braseros, hornillos de gas, calientaplatos y aparatos no eléctricos similares, de uso doméstico, y sus partes, de fundición, hierro o acero”, indicando el modelo SRV531GH, declarando 1 unidad y valor FOB US$100,95. Dicha mercadería se encontraba amparada por el C.I.A.H. N° 1937/09, agregado a fs. 36-37, y el certificado de seguridad emitido por IRAM n° DC-B-S2-002.1-2004-08-17, agregado a fs. 31.
A fs. 9 constaba la mercadería documentada en el ítem 0004, cuya posición arancelaria es la n° 331 V, consistente en “Sin tapa, con encendido, de 4 hornadas Anafes De combustibles gaseosos, o de gas y otros combustibles Aparatos de cocción y calientaplatos - estufas, calderas con hogar, cocinas (incluidas las que puedan utilizarse accesoriamente para calefacción central), barbacoas (parrillas), braseros, hornillos de gas, calientaplatos y aparatos no eléctricos similares, de uso doméstico, y sus partes, de fundición, hierro o acero”, indicando el modelo SV564/3 para el sub ítem 0001, declarando 1 unidad y valor FOB US$83,30, modelo SRV564GH3 para el sub ítem 0002, declarando 1 unidad y valor FOB US$109,20, y modelo SE64 para el sub ítem 0003, declarando 6 unidades y valor FOB total US$50,40. Dicha mercadería se encontraba amparada por el C.I.A.H. N° 1937/09, agregado a fs. 36-37, y el certificado de seguridad emitido por IRAM n° DC-B-S2-002.1-2004-08-17, agregado a fs. 31.
Ponderó que, a su vez, a fs. 82, el Instituto Argentino de Normalización y Certificación se expidió respecto de la autenticidad de los certificados.
Adujo que, lo analizado permitía asegurar que la importadora, cumplió correctamente con el trámite previo requerido por la normativa vigente respecto de los ítems 0001, 0003 y 0004 –sub ítems 0001, 0002 y 0003-. Y, respecto del ítem 0002 –sub ítems 0001 y 0002- acompañó certificados que no coincidían con los códigos de la mercadería declarada.
En tales condiciones, entendió que, la cuestión se centraba en dilucidar si la conducta de la importadora configuraba la infracción atribuida por el servicio aduanero.
En principio, destacó que, la Sección VIII del Código Aduanero, contemplaba las prohibiciones a la importación y exportación, constituyendo disposiciones que no establecían específicamente prohibiciones a las importaciones o exportaciones, sino que regulaba el ámbito de aplicación de las que, eventualmente, se impusieren. Ello se explicaba porque las prohibiciones se establecían por razones de índole moral, de seguridad, de salubridad, etc., y en otros casos, por situaciones coyunturales de naturaleza económica.
En consecuencia, las prohibiciones debían surgir de la legislación que corresponda a la materia que se trate. En este sentido, manifestó que, la Constitución Nacional en su art. 75 facultaba al Congreso Nacional a sancionar las leyes en materia aduanera, y los arts. 631 y 632 del C.A. facultan al Poder Ejecutivo para crear y suprimir prohibiciones en la materia, quien, a su vez, delegó dicha facultad al Ministerio de Economía a través del Decreto 2752/9. En consecuencia, consideró que, al servicio aduanero solo le cabía su aplicación, resultando incompetente para determinar prohibiciones que no se encuentran específicamente fijadas en una ley. Así, los arts. 609 y 610 del C.A. distinguían las prohibiciones según sus fines sean económicos y no económicos. Entre otras prohibiciones no económicas, aquellas referidas a la seguridad pública (inc. c) y la salud pública (inc. e). Los arts. 611 y 612 establecían el alcance de las mismas, según sean absolutas o relativas.
Asimismo, refirió que, la exposición de motivos del proyecto del Código Aduanero, expresa respecto de ello, que, “esta sección establece un estatuto básico de las prohibiciones que contempla los diversos aspectos que interesan aduaneramente. Con ello se persigue reunir las reglas y principios que regulan la materia, como así también, que se aplique de forma supletoria con relación a normas que impongan prohibiciones. De esta manera, la tarea del legislador se verá facilitada notablemente, pues al dictar la medida respectiva sólo deberá expresar el objeto de la prohibición y los puntos en que quiera apartarse de las disposiciones generales y supletorias en el Código”.
Ponderó que, quedaba claro entonces, que, para resolver la cuestión planteada, también se debía realizar un análisis de la normativa aplicable a la mercadería importada sobre la cual, el servicio aduanero, consideraba que, devenía prohibida por la inaplicabilidad -en principio- de los certificados presentados por la importadora.
A través de la Resolución 92/98, la Secretaría de Industria, Comercio y Minería, fijó los requisitos esenciales para garantizar a los consumidores la seguridad en la utilización del equipamiento eléctrico de baja tensión en condiciones previsibles o normales de uso. A tal fin, constituyó un sistema de certificación, extendido por organismos de reconocida competencia técnica, de acuerdo con el estado del arte en la materia dentro del Sistema Nacional de Normas, Calidad y Certificación. Así, el art. 3 exigió a los importadores la certificación de seguridad de producto, otorgada por un organismo de certificación acreditado por el Organismo Argentino de Acreditación (O.A.A.) conforme con el Decreto N° 1474/94, considerando, los requisitos plenamente asegurados si se satisfacen las exigencias de seguridad establecidas en las normas IRAM o IEC aplicables y correspondientes al equipamiento eléctrico considerado. Asimismo, el Ente Nacional Regulador del Gas dictó la Resolución 138/95 por medio de la cual aprobó las "Condiciones Generales para la acreditación de Organismos de Certificación" de artefactos y sus accesorios que funcionen con gas natural, con gas licuado de petróleo por redes, gas natural comprimido (GNC) y tuberías plásticas. A través de la Nota Externa N° 22/2006, actualizada por la Nota Externa N° 71/2008, la Dirección General de Aduanas, estableció que los productos detallados en el Anexo II de la mencionada resolución, deberían contar, al momento de la oficialización de las respectivas destinaciones de importación para consumo, con el certificado de aprobación emitido por uno de los Organismos de Certificación acreditados por el ENARGAS, a saber, Instituto del Gas. Argentino S.A. (IGA), Bureau Veritas Argentina S.A., Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Hidrocer S.A y el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM).
Mediante la Resolución n° 444/04 del Ministerio de Economía y Producción se instituyó, entre otras cuestiones, la Licencia No Automática Previa de Importación (LNAP) aplicable a mercaderías pertenecientes a las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) n° 8418.10.00, 8418.21.00 y 8450.11.00 (algunas líneas del sector de artículos para el hogar). Asimismo, en el art. 6, se instituyó a la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, como la Autoridad de Aplicación de la resolución y, en consecuencia, como órgano encargado de dictar las normas reglamentarias correspondientes. En ejercicio de esa atribución, dictó la Resolución 177/2004, creando en su art. 1o el Certificado de Importación de Artículos para el Hogar (C.I.A.H.) aplicable a la destinación de importación definitiva para consumo, en el cual, al momento de solicitarlo, se debían consignar los datos de la importadora y el detalle de la mercadería a importar, respaldada con la documentación correspondiente. El art. 9 o de la misma, determinó que, la diferencia respecto de las cantidades y/o valores FOB declarados en las solicitudes de destinación de importación podrá ser sólo hasta un CINCO POR CIENTO (5%) superiores o inferiores a los consignados en los Certificados de Importación de Artículos para el Hogar (C.I.A.H.).
Argumentó que, de lo expuesto, se colegía que el régimen de las normas mencionadas había tenido por objeto un mecanismo de certificación/verificación previa al libramiento de la mercadería con la finalidad de garantizar a los consumidores la estabilización de precios, abastecimiento, seguridad y salud pública, y no una prohibición a la importación toda vez que por prohibición debía entenderse un impedimento para que la mercadería ingrese al país.
Puso de relieve que, la mercadería que requería una validación previa para su importación o exportación, no resultaba necesariamente una mercadería de importación o exportación prohibida, sino que se trata de mercadería permitida con trámites previos que deberán ser cumplidos para su importación o exportación. Recordó que, conforme surgía de nuestra Carta Magna, la regla era la permisión, y la excepción era la prohibición, destacando que, como se había expresado ut supra, estas últimas debían emanar de la letra de la ley dictada por autoridad competente.
En tales condiciones, entendió que, resultaba claro que, la diferencia entre los modelos, las cantidades y valores FOB declarados en la destinación de importación y aquellos declarados en los certificados, no devenía punible en los términos del art. 954 ap. 1, inc. b) del C.A. por cuanto, ello no elevaba a la categoría de prohibición a la mercadería en trato. Es decir que, los certificados de importación de artículos para el hogar y aquellos de seguridad, no condicionaban la permisión de importación, sino que los mismos, resultaban requisitos previos de un régimen tan delicado como el aquí estudiado; lo contrario implicaría desvirtuar el sistema diseñado por la legislación en la materia, el cual establecía que las prohibiciones debían estar explícitamente establecidas en la letra de la ley. En este orden de ideas, resultaba claro que, no existía normativa alguna que prohíba la importación de la mercadería en trato, sino que, se exigía el cumplimiento de requisitos previos para su importación por cuestiones de política económica y de seguridad.
Alegó que, en esta línea argumentativa y, a efectos de mayor abundamiento, correspondía aplicar la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en la sentencia del 12/6/2012, recaída en los autos “Nate Navegación y Tecnología Marítima SA (TF 22.220-A)”, por la cual, con remisión al fundado dictamen de la Procuración General de la Nación del 4/10/2010, el más Alto Tribunal consideró que las prohibiciones de importación o exportación habrán de surgir de manera expresa de la norma, no pudiéndose asimilar a las mismas, las restricciones habituales o requisitos. Los magistrados entendieron que el Código no establece prohibición específica alguna, y que las mismas han de surgir de la letra expresa e inequívoca de la norma.
Asimismo, el Tribunal cimero, en el fallo precitado, expresó “toda operatoria aduanera ha de realizarse siguiendo las pautas reglas en cuanto a horarios, modos, trámites administrativos, declaraciones y pagos de los correspondientes tributos, y demás requisitos consabidos propios de un régimen tan delicado. Pero ello no puede implicar la inversión de la regla fundamental consagrada en el art. 19 de la Constitución Nacional, elevando entonces tales requisitos al grado de prohibición, la que sólo se vería levantada para los casos en que se siguiesen tales pasos legal y reglamentariamente determinados, supuesto en que - siempre desde esta perspectiva que considero errónea se trataría de una "excepción" a la regla de la prohibición.”
Agregó que, el principio rector que regía en materia penal determinaba que ante la ausencia de uno de los elementos del tipo infraccional de declaración inexacta, no podía considerarse configurada la infracción, lo que, en consecuencia, determinaba que en autos no podía confirmarse la condena impuesta, por cuanto, no se configuraba el supuesto previsto en el inc. b) ap. 1 del art. 954 del C.A.
Por todo ello, entendió que, no correspondía atribuir a la recurrente la infracción imputada. En consecuencia, correspondía revocar la Resolución n° RESOL-2018-243-E-AFIP-ADCAMP#SDGOAM de fecha 23/11/2018 dictada por la Aduana de Campana, recaída en las actuaciones administrativas n° SIGEA 12645- 105-2012 y SIGEA n° 17114-6440-2015, en cuanto condenaba a la firma PERCOMIN C.S.A. y al despachante de aduana IURINO ANTONIO SALVADOR por la comisión de la infracción prevista en el art. 954, ap. 1, inc. b), del C.A., con costas por su orden, teniendo en cuenta para ello el fundamento de este decisorio (art. 1163 C.A.).
Sin perjuicio de la conclusión arribada precedentemente, consideró que, respecto del ítem 0002, las recurrentes incurrieron en una declaración inexacta, al acompañar certificados, en aparente cumplimiento de los requisitos previos dispuestos en las Resoluciones 92/98 de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería, y Resolución 444/04 del Ministerio de Economía y Producción. Ello por cuanto, como se había analizado precedentemente, la mercadería importada no coincidía con aquella amparada por los certificados indicados como pertenecientes a la misma, de acuerdo con la información declarada por las recurrentes en el despacho de importación, agregado a fs. 7. Pues, habiendo realizado un estudio exhaustivo de la documental respaldatoria de la operación, se colegía que ninguno de los certificados acompañados ampara los códigos de los modelos de la mercadería del ítem 0002.
Aclaró que, dicha conducta no configuraba la infracción del art. 954 ap. 1 inc. b) del C.A., ya que, aun cuando fuere deficiente el cumplimiento de los requisitos previos para la importación de la mercadería, la misma no se encontraba prohibida, sino condicionada. Así, para considerar que hubo una transgresión a una prohibición, dicha prohibición debía encontrarse explícitamente indicada en la letra de la ley, hecho que, en el caso de autos, no ocurría. En este orden de ideas, precisó que, correspondía determinar, si la omisión resultaba sancionable en alguno de los supuestos previstos en el C.A., para lo cual ese Tribunal era competente por aplicación de lo dispuesto en el art. 1143 de dicho plexo normativo, en cuanto lo facultaba para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso.
En dicho contexto, estimó que, la conducta analizada encuadraba en la infracción establecida en el art. 995 del código de fondo, por cuanto tuvo como consecuencia la transgresión a los deberes impuestos en la legislación aduanera y la afectación al control aduanero. La finalidad de la sanción impuesta en el art. 995 del C.A. era desalentar el incumplimiento de las obligaciones a cargo de los sujetos intervinientes en la operatoria aduanera, a efectos de prevenir y evitar la violación de las disposiciones legales.
Ponderó que, conforme fue analizado, en autos había quedado acreditado que la actora al momento de registrar la operación de importación había incurrido en una transgresión de los deberes impuestos por la reglamentación pertinente.
En tales condiciones, se encontraban reunidos los elementos del tipo descripto en el art. 995 del C.A., en cuanto sancionaba con multa de mil pesos ($1.000) a diez mil pesos ($10.000) a quien transgrediere los deberes impuestos en este Código o en la reglamentación en su consecuencia se dictare, cuando el hecho no tuviere prevista una sanción específica en este Código y produjere o hubiere podido producir un perjuicio fiscal o afectare o hubiere podido afectar el control aduanero.
En efecto, entendió que, correspondía subsumir la conducta de las recurrentes en la prevista en el art. 995 del C.A. por cuanto, transgrediendo la reglamentación respecto de los requisitos previos solicitados para la importación de la mercadería en trato, afectó el control aduanero, mediante la incorporación de certificados no aplicables a la mercadería del ítem 0002 en la destinación de importación.
Sentado ello, sostuvo que, el art. 995 establecía que quien incurriere en dicha figura infraccional “será sancionado con una multa de PESOS mil ($1.000) a PESOS DIEZ MIL ($ 10.000)”. Por último, señaló que, conforme lo establecía el art. 915 y cc. del C.A. la graduación de la multa quedaba librada al arbitrio del juzgador quien debía ponderar circunstancias, antecedentes del infractor, naturaleza y gravedad de la infracción.
En dicho marcó, atendiendo a la naturaleza y gravedad de la infracción, y que su falta de diligencia ocasionó el dispendio administrativo y judicial traído a debate, consideró que corresponde fijar el monto de la multa en la suma de PESOS DIEZ MIL ($10.000.-).
II. Que contra dicho pronunciamiento interpuso recurso de apelación, la demandada, el, expresando agravios el 8/04/2022, los que fueron replicados por la contraria el 23/08/2023.
Sostiene la recurrente que el TFN en la Sentencia incurrió en los siguientes errores: (i) malinterpretó la doctrina sentada por el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Causa N.° 6.XLVI) caratulada “Nate Navegación y Tecnología Marítima SA c/ DGA” (TF 22.220-A), sentencia del 12/06/2012 (el “Fallo Nate”) aplicando erróneamente la misma en el caso de marras; (ii) no advierte que permitir la conducta la actora Antonio Salvador lurino y Percomin I.C.S.A.. (en conjunto, la “Actora” o la “Compañía”, indistintamente) atenta contra las principales funciones del Servicio Aduanero; y (iii) su falta de punibilidad en el art. 954 inc. b) del CA provoca un gravamen irreparable tanto para ésta parte como para todo el pueblo argentino.
A tal fin, efectúa un análisis pormenorizado de la doctrina del precedente mencionado.
Así refiere que, tal como relata el dictamen del Procurador General de la Nación, “(...) la Subdirección General Técnico Legal Aduanera de la Dirección General de Aduanas de la AFIP en virtud de la comisión del ilícito imputado a las firmas Citibank S.A. Sucursal Argentina (Citibank, en adelante) y a NATE Navegación y Técnica Marítima S.A. (NATE, en lo sucesivo) en los términos de los arts. 965 -inc. a)- y 966 del Código Aduanero, dejando sin efecto el comiso decretado y fijando solidariamente una multa sustitutiva de aquél. Ello tuvo sustento en que el buque importado era una nave usada y reacondicionada en el país en los términos de la Resolución (MEyOySP) N.° 909/1994 (la “Resolución 909”) cuyo importador registrado ante el Servicio Aduanero fue Citibank pero, en virtud de un contrato de leasing, el buque fue cedido a Nate quien realizaba la efectiva explotación del mismo, infringiendo lo dispuesto en el art. 2 de la Resolución 909 quien exigía que el importador de la mercadería objeto del mencionado ordenamiento acredite ser “usuario directo” del mismo. Brevitatis Causae, el Procurador del Tesoro de la Nación en su dictamen analiza en su punto V el régimen de prohibiciones del CA contrastado con lo dispuesto por la Resolución 909, determinando que “La resolución 909/94, con las modificaciones introducidas por su similar 1.472/94, estableció, con claridad, un régimen de prohibición de importación para consumo en su art. 4o, para las mercancías detalladas en su Anexo II. Pero además, contempló otros dos conjuntos de mercaderías a las que sujetó a regímenes de diversa naturaleza al mencionado. Por una parte, aquellas que si bien estaban comprendidas en las posiciones arancelarias mencionadas en el art. 1 o no resultaban incluidas en ninguno de los anexos, las que podrían importarse libremente de los arts. 1 o y 2o, que abarcaba a ciertos bienes usados, cuya importación definitiva para consumo se regulaba sujeta a ciertas condiciones (...).
Entiende que, ello es conteste con la letras y el espíritu del art. 632 del código de la materia, mencionando en los considerandos de la tantas veces citada resolución 909/94, puesto que los objetos de política económica, monetaria, social, etc., contemplados en el art. 609 del citado plexo normativo, como así las mencionadas en los considerandos de ese reglamento, en lo que hace a las mercaderías incluidas en su anexo I, pudieron ser alcanzados mediante la fijación de un arancel diferencial, sin necesidad -como en el caso del anexo II- de recurrir al extremo de la prohibición de importación para consumo. Es decir que, según la naturaleza del bien y su inserción de cara a la política comercial y económica seguida en ese momento, su importación estaba prohibida o bien permitida bajo ciertas condiciones. Y así lo reconoció el propio Poder Ejecutivo en las sucesivas resoluciones que complementaron y modificaron el régimen, sincrónicamente, a medida que se apreciaban cambios en las condiciones de la economía nacional. A modo de ejemplo, observa que la resolución 811/2007 del Ministerio de Economía y Producción, complementaria y modificatoria del régimen bajo estudio, reconoció en sus considerandos que "de acuerdo a la naturaleza del bien y al hecho de que el mismo pueda o no ser provisto por la industria nacional, su importación se encuentra prohibida o permitida, en ciertos casos bajo determinadas condiciones de tributación y exigencias a cumplimentar y en otros sin ningún condicionamiento”. Ello así, el Procurador del Tesoro de la Nación sostiene que la Resolución 909 elevaba a la categoría de prohibición las restricciones y condicionamientos para la exportación o importación de mercaderías.
Destaca que, lo que es importante es que, en el fallo “Nate”, nos encontramos frente a un caso donde la mercadería ya se encontraba en el territorio aduanero nacional bajo el Régimen de Importación Temporal (cumplimentando hasta ese momento todas los requisitos inherentes al mismo tal como lo dispone el CA en los arts. 255 y ss. como también, al ser un bien de capital, el Decreto 1330/04, modificatorias y complementarias). Ahora bien, al momento de realizar la conversión a una importación a consumo las partes en el fallo “Nate” debieron tener en cuenta que la importación en excepción a una prohibición puede ser autorizada bajo la “condición” del cumplimiento de determinadas obligaciones (art. 626 CA) y con que la mercadería así beneficiada no puede ser cedida en su tenencia y uso a un tercero en violación de la condición impuesta (art. 627 CA), lo que en los hechos ocurrió en el fallo “Nate”. Así las cosas, el incumplimiento en el caso de su obligación sobre el bien importado afectó la finalidad que motivara el otorgamiento del beneficio de poder importar el buque usado del que se trata.
Observa que, en el caso del Fallo “Nate” nos encontramos frente a una situación donde un beneficio se encuentra supeditado al cumplimiento de una obligación, cosa que en el presente caso no existe. En el caso en cuestión, art. 9 de la Resolución N.° 177/2004 de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y mediana Empresa el cual estableció que las cantidades y/o valores FOB, en dólares estadounidenses, declarados en las solicitudes de destinación de importación para consumo podrán ser sólo hasta un 5% superiores o inferiores a los consignados en los Certificados de Importación de Artículos para el Flogar (“CIAFI”).
Pondera que, así las cosas, según consta de la denuncia a fs. 01/02 la mercadería documentada en los ítems 1, 3 y 4 del Certificado CIAH N.° 1939/09 (fs. 38/39) y 1937/09 (fs. 36/37) que ampara la mercadería importada emitido en el marco de la Resolución N.° 444/05 (ME) y 177/04 (SICPME) resultaría inaplicable ya que no cumple con el requisito del 5% en más o en menos del valor expuesto en el certificado con el valor documentado en la IC mencionado anteriormente, pudiéndose observar dichas diferencias obrantes en el cuadro a fs. 91 de las actuaciones administrativas.
Hace hincapié, en que, conforme ello, la obligación que pesaba sobre la actora no se veía condicionada al otorgamiento de un beneficio, sino más bien, a la cooperación por parte de los importadores de salvaguardar la salud pública. Aclara que efectúa dicha aclaración, toda vez que la mercadería importada se encuentra subsumida dentro del régimen establecido por la Resolución N.° 92/98 y demás normativa emanada del ENARGAS las cuales determinan requisitos esenciales de seguridad que debe cumplir equipamiento eléctrico de baja tensión para su comercialización a los efectos de garantizar a los consumidores la seguridad en la utilización.
En dicho contexto, en ningún momento su parte entiende que pueda ser de aplicación la doctrina sentada por el fallo “Nate”, toda vez que aquel precedente el cumplimiento de esa obligación se veía recompensada por un beneficio mientras que su incumplimiento llevaba a la prohibición de ingreso al territorio aduanero de la mercadería en cuestión; en contraposición, la intervención previa que debía cumplir la actora al momento de llevar a cabo la importación tenía como finalidad el control de determinada mercadería a los efectos de salvaguardar la industria nacional.
Ello así, entiende que, resulta claro que, nos encontramos frente a una empresa con posibilidades de obtener, con carácter previo a la realización de operaciones aduaneras, el asesoramiento indispensable para evitar la comisión de conductas que puedan considerarse infracciones aduaneras. Así las cosas, por más que la actora haya actuado de buena fe, como la consecuente falta de intención en el ilícito cometido, la posible impericia en el trámite y el eventual desconocimiento del régimen no constituyen eximentes de responsabilidad por la infracción cometida (salvo casos excepcionales tales como la buena fe en materia de tenencia y adquisición de buena fe de mercadería encuadrable en arts. 985 a 987 del C.A.), más aún cuando la actora en ningún momento demostró siquiera intenciones de cumplimentar con el régimen impuesto a la mercadería que pretendía importar.
Considera que, sucumbir ante la aplicación indiscriminada de la doctrina sentada en el fallo “Nate” en situaciones donde no se encuentran configurados los preceptos mínimos que exige el mismo solo tiene un desenlace posible: el incumplimiento crónico por parte de los importadores y exportadores de medidas establecidas para salvaguardar un bien común mayor a la simple “restricción” de ingreso/egreso de mercaderías (como el presente caso), el bien común.
Con respecto a la infracción aduanera atribuida a la actora, es importante recordar que el art. 954 del Código Aduanero establece que “el que, para cumplir cualquiera de las operaciones o destinaciones de importación o de exportación, efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjere o hubiere podido producir: a) un perjuicio fiscal, será sancionado con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces el importe de dicho perjuicio; (...) c) el ingreso o el egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere, será sancionado con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces el importe de la diferencia".
Aduce que, en lo que respecta al inc. b), ap. 1 del art. 954 del CA, para que se configure la infracción imputada, deben necesariamente darse en forma conjunta los siguientes elementos constitutivos del tipo: una declaración que difiera con el resultado de la comprobación o “declaración inexacta”; y una transgresión a una prohibición.
Puntualiza que, es importante recordar que la operatoria aduanera se encuentra estructurada sobre la base de la confianza que el servido aduanero deposita en los distintos sujetos que desarrollan su actividad en el área del comercio exterior, sistema que tiene a simplificar los controles para agilizar el intercambio en el comercio internacional, y que tiene como contrapartida la necesidad del autocontrol del exportador-importador y la sanción ejemplificadora al detectar infracciones.
Añade que, en dicho contexto, el art. 234 del C.A. determina que “La solicitud de destinación de importación para consumo debe formalizarse ante el servicio aduanero mediante una declaración efectuada: a) Por escrito, en soporte papel, con constancia de la firma del declarante y el carácter en que éste lo hace; o b) Por escrito, a través del sistema informático establecido por la Administración Federal de Ingresos Públicos, en cuyo caso éste, sin perjuicio del trámite del despacho exigirá la ratificación de la declaración bajo firma del declarante o de la persona a quien éste representare, salvo que el sistema permitiera la prueba de la autoría de la declaración por otros medios fehacientes; o c) Verbalmente o mediante la simple presentación de los efectos cuando se tratare de regímenes especiales que tuvieren contemplada esta manera de declaración. 2 - La declaración a que se refiere el apartado 1 incisos a) y b) debe indicar toda circunstancia o elemento necesario para permitir al servicio aduanero el control de la correcta clasificación arancelaria y valoración de la mercadería que se trate”. En consecuencia, y tal como se exige de los auxiliares del Servicio Aduanero, estos deberán colaborar con aquél proporcionando los datos relativos a las operaciones en las que intervienen a efectos de posibilitar el adecuado ejercicio de sus funciones, cabe señalar que conforme a la normativa aduanera la declaración comprometida debe ser veraz en cuanto a todas las características de la operación aduanera.
Expone que, en el caso sub-examine el tipo infraccional transcripto se configura al tratarse de mercadería de importación cuyo libramiento al territorio aduanero exigía la tramitación y el otorgamiento del CIMD.
Estima prudente recordar que el Régimen de Prohibiciones se encuentra estatuido por el C.A., en la Sección VIII, art. 608 y subsiguientes, disponiendo que las prohibiciones a la importación y a la exportación se distinguen: según su finalidad en económicas o no económicas; y según su alcance en absolutas o relativas. De este modo, serán prohibiciones económicas aquellas establecidas con cualquiera de los fines estipulados en el art 609 del C.A. y no económicas aquellas establecidas por cualquiera de las razones previstas en el art. 610. A su vez, tales prohibiciones serán absolutas, cuando impidan a todas las personas la importación o la exportación de mercadería determinada, siendo en cambio relativas cuando prevean excepciones a favor de una o varias personas. Sin embargo, existen “requisitos previos”, “restricciones” o incluso “formalidades” impuestas a la importación c exportación de mercaderías que PUEDEN CONSTITUIR PROHIBICIONES EN LOS TÉRMINOS DEL RÉGIMEN PREVISTO POR EL C.A.
El alcance del tipo infraccional analizado fue precisado en la exposición de motivos del C.A., al indicarte que: “7. En este capítulo, bajo la denominación “Declaraciones inexactas y otras diferencias injustificadas”, se tutela el principio básico de la veracidad y exactitud de la manifestación o declaración de la mercadería que es objeto de una operación o destinación aduanera (...) en este código se brinda una fórmula única, subsumiendo ambas normas en el artículo 954, que delimita el tipo infraccional según que la consecuencia de la declaración inexacta fuere (...) o el ingreso o egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere". A tales presupuestos tiende a evitar que, al amparo del régimen de exportación o importación, en su caso, se perpetren maniobras que lo desnaturalicen y perviertan (CSJN, “Subpga, SACI c/ Nación Argentina (ANA)”, 12/05/1992 Fallos: 315:942; también “Frigorífico Rioplatense S.A. s/ recurso de apelación”, 12/05/1992 Fallos 3115:929).
Manifiesta que, en este entendimiento, surge de la simple compulsa de las constancias de autos que se encuentran acreditados fehacientemente los elementos necesarios para la configuración del tipo infraccional imputado por el Servicio Aduanero a la Actora, resultando con absoluta claridad que lo actuado y resuelto por mi mandante se ajusta a derecho y lo dispuesto por el TFN carece totalmente de fundamento yendo palmariamente en contra a lo dispuesto en el CA, apartándose indiscriminadamente de la normativa vigente que rige la cuestión en litis.
Aduce que, la posición contraria llevada a cabo por el TFN vulnera las disposiciones del C.A., ya que su simple aplicación torna su argumentación huérfana de todo fundamento táctico y legal.
Por todo lo expuesto precedentemente, solicito la confirmación del fallo aduanero y, en consecuencia, que revoque en lo que es materia de agravio el decisorio del Excmo. TFN, con expresa imposición de las costas de ambas instancias a la contraria.
III. Que el art. 265 del C.P.C.C.N. establece, en lo pertinente, que la expresión de agravios debe consistir en una crítica concreta, razonada y autosuficiente del pronunciamiento apelado, que no se sustituye con una mera discrepancia del criterio del juzgador, sino que implica el estudio de los razonamientos de aquél, demostrando las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las cuestiones resueltas.
Sobre este punto, se ha dicho que la expresión de agravios es un acto de petición destinado específicamente a criticar la sentencia recurrida, con el fin de obtener su revocación o modificación parcial por el tribunal y su forma le impone claridad expositiva, para facilitar su estudio (conf., Fenochietto-Arazi, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado y concordado, T.1, Astrea, Buenos Aires, 1987, pp. 834/836).
Al efecto, corresponde recordar que la expresión de agravios debe consistir en una crítica concreta, razonada y autosuficiente del pronunciamiento apelado, que no se sustituye con una mera discrepancia del criterio del juzgador, sino que implica el estudio de los razonamientos de aquél, demostrando las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las cuestiones resueltas.
IV. Que en el sub examine, debe especialmente tenerse presente que el núcleo de la decisión del Tribunal a quo para revocar la resolución 2018- 243-E-AFIP-ADCAMP -que condenó solidariamente al despachante de Aduana, señor Antonio Salvador Iurino, con la firma Percomin I.C.S.A., al pago de una multa por infracción al art. 954, ap. 1, inc b) del C.A.-, se sustentó en que del análisis de la Sección VIII del Código Aduanero, los arts. 631, 632, 609, 610, 611 y 612 del C.A., así como de las expresiones contenidas en la Exposición de Motivos del C.A., las previsiones establecidas en la Resolución 92/98 de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería, la Resolución Enargas 138/95, la Resolución 444/04 del ex Ministerio de Economía y Producción y la Resolución 177/2004 de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Mediana Empresa, se desprendía que el régimen de las normas mencionadas había tenido por objeto un mecanismo de certificación/verificación previa al libramiento de la mercadería con la finalidad de garantizar a los consumidores la estabilización de precios, abastecimiento, seguridad y salud pública y no una prohibición a la importación toda vez que por prohibición debía entenderse un impedimento para que la mercadería ingrese al país.
Es decir que, en el caso en examen, se trataba de mercadería permitida con trámites previos que debían ser cumplidos para su importación o exportación. Ello, con sustento en la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la sentencia del 12/6/2012, en los autos: “Nate Navegación y Tecnología Marítima SA (TF22.220-A), donde el Alto Tribunal sostuvo que las prohibiciones de importación o exportación debían surgir de manera expresa de la norma, no pudiéndose asimilar a las mismas las restricciones habituales o requisitos.
Por lo tanto, concluyó que, la diferencia entre los modelos, las cantidades, y los valores FOB declarados en la destinación de importación, objeto de autos y, aquellos declarados en los certificados no devenía punible en los términos del art. 954, ap. I, inc. b) del C.A., por cuanto eso no elevaba a la categoría de prohibida a la mercadería en trato.
Sin embargo, no obstante la claridad de tales argumentos, la recurrente se limita a manifestar su disconformidad con lo decido, sin controvertir eficazmente los sólidos fundamentos del pronunciamiento impugnado; ya que en su memorial, la demandada dedica un preponderante espacio a señalar la diferencia del presente caso con el resuelto por la Corte Suprema en los autos “Nate Navegación y Tecnología Marítima SA (TF 22220-A) c/DGA” y, por otra parte, a expresar cuáles son los requisitos exigibles para la aplicación del artículo 954 inc. b) del C.A., en términos conceptuales, con absoluta prescindencia de los antecedentes de hecho de la causa y del extenso y profundo análisis del derecho vigente y aplicable al caso, efectuado en la sentencia apelada.
El Fisco Nacional, en su escrito recursivo, omite el análisis de toda la legislación vigente y aplicable al caso, de la que resulta que no existe normativa alguna que prohíba la importación de la mercadería objeto de autos, sino que se trata de requisitos previos para su importación, tornando inaplicable lo previsto en el artículo 954, ap. I, inciso b) del Código Aduanero.
En definitiva, el Estado Nacional no logró enervar debidamente el razonamiento seguido por el TFN para concluir que en la especie no existió una prohibición aduanera susceptible de ser vulnerada, o incumplidos los requisitos establecidos para excepcionar tal impedimento.
En consecuencia, corresponde desestimar el recurso intentado y confirmar en todos su términos el pronunciamiento apelado.
V. Que, sin perjuicio de lo expuesto, cabe recordar que, el art. 954 del Código Aduanero, contenido en el capítulo destinado a regular las “declaraciones inexactas y otras diferencias injustificadas”, dispone que quien, para cumplir cualquiera de las operaciones de importación o de exportación, efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjere o hubiere podido producir alguna de las consecuencias que enumera, será sancionado con la pena de multa que para cada presupuesto prevé.
Así, la norma enumera -en lo que aquí interesa- las distintas consecuencias, entre las que prevé: “....una trasgresión a una prohibición a la importación o a la exportación será sancionada con una multa de una a cinco veces el valor en aduana de la mercadería en infracción” (inc. b).
Es claro que si bien la norma prevé distintas consecuencias, lo cierto es que el hecho tipificante de la infracción es uno, la declaración inexacta, y que en el caso se proyectaría en una transgresión a una prohibición a la exportación.
VI. Que, cabe recordar que el Alto Tribunal al examinar el art.954 del C.A. destacó que el bien jurídico tutelado es “el principio de veracidad y exactitud de la manifestación declaración de la mercadería que es objeto de una operación o destinación de aduana” (confr. Causas “Frigorífico Rioplatense” - Fallos 315:929- y “Subpga” -Fallos 315:942). Asimismo, afirmó en los mencionados precedentes que de “la confiabilidad de lo declarado mediante la correspondiente documentación reposa todo un régimen dirigido a evitar que al amparo del régimen de exportación o importación, en su caso, se perpetren maniobras que lo desnaturalicen y perviertan”.
Además, respecto a las prohibiciones a la importación y a la exportación, la Exposición de Motivos del Código Aduanero señala que: “1. Se ha contemplado el tratamiento de las prohibiciones a la importación y a la exportación, teniendo especialmente en consideración que este aspecto, juntamente con el concerniente a los tributos y el control sobre el tráfico internacional de mercadería, constituyen el eje principal de la legislación aduanera, cuyas instituciones se desarrollan a modo de complemento necesario de aquéllos. 2. La sección establece un estatuto básico de las prohibiciones, que contempla los diversos aspectos que interesan aduaneramente. Con ello se persigue reunir los principios y reglas que regulan la materia como así también que ese estatuto se aplique en forma supletoria con relación a las normas que impongan prohibiciones. …3. En cuanto a la terminología adoptada, debe advertirse que con la palabra prohibiciones se designa a las denominadas restricciones directas. Existe una prohibición tanto en los supuestos en que la misma afecta a la generalidad de las personas como en aquellos supuestos que reconocen excepciones a favor de una o de varias personas.”
VII. Que en autos se discute si la conducta de la importadora configura una infracción al art. 954 inc. b) del C.A., es decir, si la mercadería se hallaba sujeta a una prohibición aduanera, y en este sentido desde ya cabe adelantar que el Tribunal comparte la solución propiciada por el organismo jurisdiccional administrativo.
En efecto la resolución 177/2004 estableció: “Artículo 1° — Institúyese el Certificado de Importación de Artículos para el Hogar (CIAH) el que será exigible exclusivamente para las solicitudes de destinación de importación definitiva para consumo” y Art. 9° — Las cantidades y/o valores FOB, en Dólares Estadounidenses, declarados en las solicitudes de destinación de importación para consumo, podrán ser sólo hasta un CINCO POR CIENTO (5%) superiores o inferiores a los consignados en los Certificados de Importación de Artículos para el Hogar (CIAH)”.
A su vez, a través de la Resolución 92/98, la Secretaría de Industria, Comercio y Minería, exigió a los importadores la certificación de seguridad de producto, otorgada por un organismo de certificación acreditado por el Organismo Argentino de Acreditación (O.A.A.) -art. 3°- y el Ente Nacional Regulador del Gas dictó la Resolución 138/95 por medio de la cual aprobó las "Condiciones Generales para la acreditación de Organismos de Certificación" de artefactos y sus accesorios que funcionen con gas natural, con gas licuado de petróleo por redes, gas natural comprimido (GNC) y tuberías plásticas. A través de la Nota Externa N° 22/2006, actualizada por la Nota Externa N° 71/2008, la Dirección General de Aduanas, estableció que los productos detallados en el Anexo II de la mencionada resolución, deberían contar, al momento de la oficialización de las respectivas destinaciones de importación para consumo, con el certificado de aprobación emitido por uno de los Organismos de Certificación acreditados por el ENARGAS.
En tales condiciones, si bien es cierto que regía un mecanismo de certificación/verificación previo al libramiento de la mercadería, dicho extremo no puede dar lugar a la infracción endilgada, pues de los términos literales de dicha norma surge que no existe una prohibición cuya dispensa pueda dar origen a la infracción imputada porque transformar el término “prohibición”, en mera reglamentación o establecimiento de requisitos particulares, conlleva necesariamente a ampliar irrazonablemente el ámbito de aplicación material de la infracción, la cual resultará procedente siempre que los importadores y/o exportadores incumplan cualquier requisito previsto en un régimen especial de importación y/o exportación.
Si se interpretara que el incumplimiento de cualquier requisito, restricción, o condición impuesta para la importación constituye un excepción que desplaza la vigencia de una prohibición general para importar, el ámbito de las prohibiciones resultaría extendido de manera incierta e indefinida, pues la inobservancia del requisito, restricción o la condición de que se trata haría desaparecer la excepción y, recobrar vigencia a la regla general de que la importación estaría prohibida, aunque esa prohibición nunca haya sido explicitada y menos aún normativamente establecida, sino inducida por inferencia y analogía con otras situaciones semejantes.
Es que la prohibición debe surgir de la letra expresa e inequívoca de la ley o de la norma reglamentaria aplicable al caso, de manera tal que su existencia como regla general legal de acatamiento obligatorio y su respectiva pena o sanción pueda ser efectivamente discernida y constatada, sin que pueda ser inferida implícitamente de los requisitos, restricciones o condiciones a cuya observancia están sujetas situaciones análogas (conf. mutatis mutandi, la causa “Codorniu Argentina S.A. (TF 21207-A) c/ DGA”, expte 24003/2008, del 7/5/09 del voto del Juez Morán y esta Sala, in re: “Orintrama SRL y otro c/ EN-DGA s/ Dirección General de Aduanas”, expte. 56744/2013, sentencia del 16/05/19; con remisión a “Provincia Leasing SA (TF 27.552- A) c/ DGA”, expte. 15941/2015, sentencia del 28/05/15 -pronunciamiento firme ya que la C.S.J.N. declaró inadmisible el recurso extraordinario con fecha 6/10/15-.).
Cabe agregar, además, que en el precedente “Nate” la Corte Suprema, adhiriendo al dictamen de la Sra. Procuradora General, sostuvo que “… toda operatoria aduanera ha de realizarse siguiendo las pautas regladas en cuanto a horarios, modos, trámites administrativos, declaraciones y pagos de los correspondientes tributos, y demás requisitos consabidos de un régimen tan delicado. Pero ello no puede implicar la inversión de la regla fundamental consagrada en el art. 19 de la Constitución Nacional, elevando entonces tales requisitos al grado de prohibición, la que sólo se vería levantada para los casos en que se siguiesen tales pasos legal y reglamentariamente determinados, supuesto en que -siempre desde esta perspectiva que considero errónea se trataría de una “excepción” a la regla de prohibición”.
De lo dicho se sigue que, no demostrada la existencia de la prohibición, no es correcto considerar configurada en el caso -y en función de las circunstancias aquí configuradas- la existencia de la infracción endilgada. En consecuencia, corresponde rechazar los agravios vertidos por la demandada sobre el punto y confirmar la resolución apelada.
VIII. Que las costas de esta instancia, se imponen a la demandada vencida, de conformidad con el principio de la derrota del que no existen motivos que justifiquen apartarse (art. 68, 1° parte del CPCCN).
Por lo expuesto, el Tribunal
rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional y confirmar el pronunciamiento del TFN de fecha 17/05/2023, con costas (art. 68, 1° parte del CPCCN).
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.
JOSE LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA MARIA CLAUDIA CAPUTI LUIS M. MARQUEZ
Fin de la sentencia