Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Pergamino · Causa 5.825
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar el recurso de apelación traído, confirmando el decisorio de grado en todas sus partes.
Costas al apelante devinto (art. 68 del CPCC y su doctrina).
Regular los honorarios por auto separado.
En la ciudad de Pergamino, reunidos en Acuerdo Ordinario los Sres. Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Pergamino, para dictar sentencia en la causa N° 5825-25 caratulada "S. J. E. Y OTRO/A S/ CAMBIO DE NOMBRE", Expte. 33.873 del Juzgado de Familia N° 1, se practicó el sorteo de ley que determinó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Graciela Scaraffia y Roberto Degleue, y estudiados los autos se resolvió plantear y votar las siguientes:
I. ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?.
II. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.
A la primera cuestión la señora Jueza Graciela Scaraffia dijo:
El Sr. Juez de la anterior instancia hizo lugar a la demanda entablada por la Sra. H. V. N. y ordenó la adición al apellido paterno S. que tienen los menores, del apellido materno H. debiendo llamarse en lo sucesivo S. H., J. E. y S. H. J. E. debiendo rectificarse todas las partidas, títulos y asientos registrales que sean necesarios a fin de que en lo sucesivo resulten inscriptos como S. H., J. E. y S. H. J. E.. Impuso las costas por su orden y reguló los honorarios de las Dras. PIrchi Romina Paola y Gambino Eugenia Maria en la cantidad de veinte (20) jus para cada una de ellas. Tal decisorio fue objeto del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada (7-7-2025), concedido el 16-7-2025 en relación y con efecto suspensivo, fundado el 22-7-2025, habiendo la contraria contestado el traslado conferido el 14-8-2025.
Elevados los autos a esta Alzada, con fecha 11-9-2025 se dictó el llamamiento de autos, providencia que, firme a la fecha deja la causa en condiciones de ser fallada.
Se duele el quejoso contra la resolución del juez de grado que ordena editar el apellido materno al paterno, denunciando una vulneración al derecho de la identidad señalando que no se ha valorado adecuadamente el contexto global de la conflictiva familiar, entre ellos supuesta obstrucción al régimen comunicacional.
Afirma que el decisorio hace una aplicación parcial, aislada y descontextualizada del principio interés superior del niño, indicando que el apellido es un componente esencial de la identidad y que alterar ello conlleva a acentuar la desvinculación con la figura paterna. Adunando que responde a un exclusivo interés de la progenitora. Denuncia una errónea interpretación del principio interés superior del niño señalando que el apellido paterno no es una formalidad sino una expresión del origen, linaje y lazos familiares y modificar la estructura implica vulnerar el derecho a la identidad personal y familiar de los niños consagrado en los tratados internacionales.
Indica que la sentencia no contempla la prueba producida en autos en tanto dice que el menor refiere su intención de modificar el apellido mas no dice nada de la niña.
A su turno la contraria rebate todas las argumentaciones sosteniendo la motivación del fallo.
Se encuentran agregadas electrónicamente las intervenciones tomadas por el Agente Fiscal el 4/07/2025 y la Asesora de Incapaces el 1/9/2025. Esta última emite su dictamen favorable señalando expresamente que " la adición pretendida no produce perjuicio alguno, muy por el contrario, mediante la sentencia dictada se legaliza una situación de hecho -de uso cotidiano- ..." Y afirma que la doctrina legal de la Suprema Corte ha señalado que "el interés superior es el conjunto de elementos necesarios para el desarrollo integral y la protección de la persona y los bienes de un menor dado, y entre ellos el que más conviene en una circunstancia histórica determinada, analizada en concreto y no puramente en abstracto"
SCBA C87970, 5/12/2007.
Entrando a resolver liminarmente señalo que el instituto del nombre ha tenido una interesante evolución legislativa, desde su primera regulación legal con la Ley 18.248 del año 1969, hasta el actual Capítulo IV del Libro Primero, Parte General del Código Civil y Comercial. Habiéndose operado una evolución positiva de la naturaleza jurídica del instituto, que hoy, gracias a la denominada "constitucionalización del derecho privado" concepto desarrollado por la jurista Kemmelamajer de Carlucci y a posteriori por el Dr. Lorenzetti reviste la categoría de un Derecho de la Personalidad y sobre todo de un Derecho Humano, íntimamente vinculado con el derecho a la identidad, con lo cual su protección por parte del Estado se vuelve fundamental.
En un linea directa con los principios de igualdad y no discriminación que impregnan el nuevo texto legal, se han eliminado rasgos patriarcales de la regulación primigenia, y se tiende a asegurar que la persona humana pueda hacer pleno goce de este derecho sin distinciones ni discriminaciones de ningún tipo.
El Código Civil y Comercial regula el instituto del nombre en diez artículos, desde el 62 al 72 notándose en esta normativa una tendencia a la constitucionalización del derecho privado acudiendo a fuentes internacionales directamente operativas y que velan por un derecho a la personalidad como derecho humano fundamental. La Convención Interamericana de Derechos Humanos, cuando expresa en el artículo 18 que "Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos".-
Específicamente, la Convención de Derechos del Niño, en su art. 8º, garantiza a todo niño el compromiso de los Estados partes de respetar el derecho "a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas". Entonces, con lo antes expuesto no puede quedar lugar a dudas que el nombre ha sido consagrado por la normativa internacional de los derechos humanos como un derecho humano fundamental, y como tal debe ser protegido por los Estados, porque si éste es vulnerado se estaría vulnerando otro derecho humano, el derecho a la identidad. Por tanto no se vislumbra como lo dice el apelante afectación constitucional en los derechos del niño cuando se trata justamente de preservar la aplicación de los Tratados.-
Más aún, aditar el apellido materno como lo ha hecho el juez de grado es una herramienta constitucional que también respeta otro aspecto, que es el referido a la evitación de la discriminación contra la mujer.- En este sentido, desde la perspectiva apuntada ya antes del Código Civil Unificado se había recepcionado vía jurisprudencial la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (art. 16 inc. 1- b y c ) que impone a los Estados Partes adoptar todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer y para asegurar la igualdad en cuanto a derechos y responsabilidades durante el matrimonio y con ocasión de su disolución y en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera que sea su estado civil, en materias relacionadas con sus hijos.
Se dijo que la decisión estatal de imponer el apellido del padre como regla conforme lo prescripto por el art. 4 de la ley 18.248 crea una relación de desigualdad entre los progenitores del matrimonio demandante -ver certificado de matrimonio obrante a fs. 4- en abierta violación a la disposición convencional citada y de modo absolutamente independiente de toda decisión de los progenitores al respecto y como un medio para respaldar una finalidad como es la distinción por sexo sin elemento objetivo alguno que así lo autorice en este caso. Habiéndose declarado la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 18.248 por ser contrario a lo dispuesto por el art. 16 de la Constitución Nacional y el art. 16 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y, en consecuencia, hacer lugar a la demanda disponiéndose que se inscriba el apellido materno y luego el paterno a continuación del nombre del niño.
Vemos entonces que de forma previa a la vigencia del Código Civil y Comercial la jurisprudencia había ya expresado que la imposibilidad legal de imponer a los hijos de matrimonios heterosexuales el apellido materno, contenida en el artículo 4 de la Ley 18.248, era inconstitucional por los fundamentos antes expuestos. Y en virtud de la prohibición de regresividad que pesa sobre la aplicación de los derechos humanos fundamentales, la reforma legislativa no podría haber sido sino en el sentido que fue, de permitir que los hijos lleven el apellido de cualquiera de los cónyuges.
Por eso la sanción del Nuevo Código Civil y Comercial vino a ordenar la legislación sobre este punto, y en virtud de la constitucionalización del derecho privado ya analizada, se receptaron los principios contenidos en la Convención para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer, y los pronunciamientos judiciales en la materia.
El artículo 64 CCCN que el hijo matrimonial lleve el primer apellido de alguno de los cónyuges; en caso de no haber acuerdo, se determina por sorteo realizado en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. A pedido de los padres, o del interesado con edad y madurez suficiente, se puede agregar el apellido del otro. Aquí la modificación es clara y contundente.
De esta manera el Estado argentina cumple con la obligación asumida en la Convención sobre la Eliminación de toda discriminación contra la mujer, al adaptar su legislación sobre el nombre, para que ésta no atente contra la igualdad entre hombres y mujeres que los estados deben garantizar.
Claramente operan en esta modificación legislativa los aspectos valorativos de igualdad y no discriminación en los que se fundamenta el Nuevo Código Civil y Comercial. Y aunque no esté contemplada expresamente en los fundamentos, se incorpora la perspectiva de género a un instituto del derecho civil.
La regla impuesta ahora por el artículo 64 CCCN es clara. En caso de hijos matrimoniales de cónyuges de igual o diferente sexo, éstos podrán elegir el apellido de su hijo libremente. En caso de no arribarse a un acuerdo entre ambos progenitores, el disenso se resolverá mediante un sorteo en el Registro Civil y Capacidad de las Personas. O deberá decidirse jurisdiccionalmente cuando exista oposición paterna al pedido de adición, como acontece en la especie.-
Respecto del cuestionamiento que viene asentado sobre el consentimiento del hijo más el silencio de la niña, ha de interpretarse confirme las reglas de la Convención de los Derechos del Niño no siendo vinculante ni en uno ni en otro sentido, debiendo el juez analizar las particulares circunstancias, que en este caso concreto habilitan en forma plena la adición del apellido materno tal como lo decidiera. Y debe destacarse además que el segundo párrafo del artículo 64 en análisis dispone que "Todos los hijos de un mismo matrimonio deben llevar el apellido y la integración compuesta que se haya decidido para el primero de los hijos".
Dicha obligación de conservar integración del apellido para todos los hijos de un matrimonio obedece a que como ya fuera manifestado el apellido nos identifica en la sociedad y frente al Estado como integrantes de una familia, y en relación directa con nuestro estado de familia, y resulta evidente que la identificación resultaría por demás dificultosa si la integración del apellido variara entre los distintos hijos de un mismo matrimonio. Desde aquí también seria insostenible pretender adicionar el apellido a uno de los hijos y no al otro.-
Esto va contestando los distintos agravios planteados, en tanto no logran conmover el bien fundado voto del operador de grado.- La adición del apellido materno decidida va en total consonancia con la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer y supone sin duda un avance jurídico ya explicado.-
Tampoco se ve afectado el interés superior de los menores tal como se ha explicado y tan claramente ha sido dictaminado por la Asesora de Incapaces con cita de fallo de nuestro Supremo Tribunal Provincial. Proponiendo al colega que me sigue en orden de votación la confirmación de lo decidido en primera instancia.-
Por las razones dadas, citas legales de referencia y con el alcance indicado, VOTO POR LA AFIRMATIVA A la misma cuestión el señor Juez Roberto Degleue por análogos fundamentos votó en el mismo sentido.-
A la segunda cuestión la señora Jueza Graciela Scaraffia dijo: De conformidad al resultado habido al tratarse la cuestión precedente, estimo que el pronunciamiento que corresponde dictar es:
Desestimar el recurso de apelación traído, confirmando el decisorio de grado en todas sus partes.
Costas al apelante devinto (art. 68 del CPCC y su doctrina).
Regular los honorarios por auto separado.
ASI LO VOTO.
A la misma cuestión el señor Juez Roberto Degleue por análogos fundamentos votó en el mismo sentido.-
Con lo que terminó el presente Acuerdo, dictándose la siguiente;
Desestimar el recurso de apelación traído, confirmando el decisorio de grado en todas sus partes.
Costas al apelante devinto (art. 68 del CPCC y su doctrina).
Regular los honorarios por auto separado.
Regístrese. Notifíquese por Secretaría (Ac. 4013 y mod. SCBA)
remitiéndose copia digital de la presente sentencia a los domicilios electrónicos de las respectivas partes. Devuélvase.
Fin de la sentencia