Abriendo la norma
Cámara en lo Contencioso Administrativo de San Martín
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada en todo lo que fue materia de agravio;
2Distribuir las costas de alzada por su orden (conforme art. 51 del C.P.C.A, ley 14.437); y
3Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (conforme art. 31 del Decreto Ley Nº 8.904/77).
En la ciudad de General San Martín, a los 26 días del mes de Agosto de 2.014, se reúnen en acuerdo ordinario los señores Jueces de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín, estableciendo el siguiente orden de votación de acuerdo al sorteo efectuado: Hugo Jorge Echarri, Ana María Bezzi y Jorge Augusto Saulquin, para dictar sentencia en la causa Nº 4193/14, caratulada “S. J. D. C/ Municipalidad de tres de Febrero s/ Pretensión Indemnizatoria”.
I. A fs. 11/13, el señor J. D. S. interpuso demanda por despido directo contra la Municipalidad de Tres de Febrero por la suma de pesos treinta mil ciento noventa ($ 30.190).
II. A fs. 15/17, el Tribunal de Trabajo Nº4 de San Martín resolvió declararse incompetente y ordenó la remisión de las actuaciones al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo que por turno corresponda.
III. A fs. 22/22 vta., la Sra. Jueza titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 2 Departamental resolvió aceptar la competencia y solicitó que el peticionante – a fin de merituar la admisibilidad de la pretensión y atento lo normado por el art. 31 inc. 3º del C.P.C.A. – adecúe su pretensión a las normas del Proceso Contencioso Administrativo (cfr. fs. 31).
IV. A fs. 32/36, el actor manifestó haber ingresado a trabajar en la Municipalidad de Tres de Febrero el día 2 de enero del año 1992 como Director de Tránsito. Afirmó que el día 4 de enero del 2008 recibió un telegrama mediante el cual la Municipalidad de Tres de Febrero prescindía de sus servicios a partir del día 1º de enero del mismo año y que no se le había abonado la pertinente indemnización por despido, ni entregado la correspondiente certificación de servicios, ni constancia de los aportes previsionales efectuados por la Municipalidad. Enmarcó la relación que lo unió con la demandada en un “vínculo de dependencia como empleado público” (cfr. fs. 32).
En este marco, la parte actora reclamó el pago de la indemnización por antigüedad, medio aguinaldo correspondiente al año 2007, mes de preaviso, integración del mes de despido, vacaciones no gozadas y multas según ley 25.023, practicando liquidación por la suma de pesos $ 30.190.
V. A fs. 39/40, la señora Jueza de grado corrió traslado de la demanda impetrada y, a fs. 144/151, contestó el apoderado de la Municipalidad de Tres de Febrero y acompañó el expediente administrativo Nº 4117-10918-I-95. En su responde peticionó se rechace la acción incoada, con costas.
VI. A fs. 170/170 vta., la Jueza de grado recibió la causa a prueba, celebrándose la audiencia prevista por el art. 41 del C.P.C.A (cfr. fs. 171/172).
VII. A fs. 193/193 vta., previa certificación efectuada por la actuaria, la Jueza a-quo dispuso que se pongan los autos en Secretaría a efectos de que las partes aleguen sobre el mérito de la prueba producida.
VIII. A fs. 195/ 195 vta. y 198/199, presentados los alegatos respectivos, pasaron los autos para sentencia (cfr. fs. 204).
IX. A fs. 205/210, la señora Jueza a-quo resolvió rechazar la demanda interpuesta por el Sr. J. D. S. contra la Municipalidad de Tres de Febrero, imponer las costas en el orden causado (art. 51 inc. 1° del C.P.C.A) y reguló honorarios profesionales.
Para así decidir, en primer lugar destacó que la naturaleza de la relación jurídica existente entre las partes era -estrictamente- materia del derecho administrativo, más concretamente del empleo público, y que a partir de estas normas y principios correspondía analizar la cuestión debatida.
Sentado ello, la sentenciante de grado se propuso analizar si el Sr. S. prestaba servicios en el municipio demandado, y en su caso, en que carácter: personal de planta permanente o temporario. Ello, con el fin de determinar los derechos que le asistían.
A su vez, la jueza a quo –luego de reseñar las constancias de la causa- expuso que el Estatuto para el Personal Municipal de Tres de Febrero contemplaba dos plantas diferentes: la planta permanente y la planta temporaria.
Señaló que el actor no había probado su situación de revista como integrante de la planta permanente del municipio, y que era sabido que los agentes de la planta temporaria -mensualizados o jornalizadosparticipaban de un "status" de excepción, no poseyendo más derechos que los previstos, en modo expreso o razonablemente implícito, en el régimen jurídico que ha disciplinado su incorporación y desempeño en la relación de empleo, conforme pacífica doctrina de la Suprema Corte provincial.
Asimismo, dispuso que los actos administrativos gozaban de presunción de legitimidad, la que subsistía hasta tanto no se declare lo contrario por el órgano competente. Encontró claro, tanto de los términos de la demanda como de su adecuación, que la acción no se había enfocado a obtener la declaración de nulidad del acto, obstaculizando, consecuentemente, la procedencia de la indemnización, la que poseía carácter accesorio y subordinado a la ilegitimidad del acto administrativo.
La jueza de grado expuso que el actor no había cuestionado los decretos de designación que lo encuadraban en la planta temporaria ni tampoco el de cese Nº 31/08, requisitos primarios imprescindibles para el reconocimiento de la indemnización reparatoria reclamada. En estos términos, resolvió rechazar íntegramente la demanda impetrada.
X. A fs. 214/217, contra dicho pronunciamiento, la parte actora interpuso recurso de apelación agraviándose en cuanto la jueza de grado dispuso el rechazo de la demanda. En primer lugar, cuestionó que en la sentencia de grado se haya reseñado que el actor no había cuestionado los decretos de designación en carácter temporario y ni el de cese y que ello resultara indispensable para el reconocimiento de un resarcimiento económico. Expresó que el Estado Municipal, el Provincial y el Nacional tenían el imperativo de hacer cumplir la constitución y no podían beneficiarse por la inexperiencia de quien no supo hacerlos valer frente a las instituciones.
Agregó que el acto administrativo se encontraba – formalmente—bien dictado, siendo la consecuencia jurídica del mismo lo que su parte objetaba.
Razonó que la pretensión indemnizatoria era la vía para reclamar el resarcimiento de los daños causados como consecuencia de la relación jurídica que lo unió con la Municipalidad demandada.
Finalmente, resaltó que nunca percibió aguinaldo ni vacaciones y que de la planilla que obraba junto con la certificación de servicios allegada surgía dicha situación.
XI. A fs. 222, la Jueza de grado corrió traslado del recurso interpuesto a la contraria, quien se notificó a fs. 224/224 vta. y no lo contestó.
XII. A fs. 226, la Jueza a-quo elevó las actuaciones y, recibidas a fs. 226 vta., pasaron los autos para resolver (cfr fs. 227).
XIII. A fs. 228/228 vta., efectuado el pertinente examen de admisibilidad, se pasaron los autos para sentencia.
El Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:
¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
A la cuestión planteada el señor Juez Hugo Jorge Echarri dijo:
1. Relatados los antecedentes del presente caso, expuestos los fundamentos y parte resolutiva de la sentencia recurrida, mencionados los agravios de la parte apelante y efectuado el pertinente examen de admisibilidad, procedo a examinar el recurso de apelación interpuesto.
Para ello entiendo pertinente señalar lo que surge de las constancias relevantes de la causa, a saber: a) A fs. 49/50 (copia fiel de foja de servicios), surge que el 02/01/92 se designa al actor como Director de Tránsito, que el 31/07/95 se le acepta la renuncia al cargo y que a partir del 01/03/98 es designado en la categoría de mensualizado en la Secretaría de Gobierno, hasta el día 01/01/08 donde se le da de baja por haber finalizado su prestación de servicios.
b) A fs. 70/76, luce el expediente administrativo Nº 4117-10918-I-95. A fs. 71 del mismo obra escrito presentado por el actor al Intendente Municipal, por medio del cual renunció indeclinablemente a su cargo de Director de Tránsito, decisión que luce aceptada por Decreto 356/95 con fecha 31/07/1995.
c) A fs.62/69, luce copia fiel de los Decretos Nº 149/98, 38/00, 352/07 y 392/07 relativos a las designaciones del Sr. J. D. S., siempre en el carácter de personal mensualizado.
d) A fs. 3 y 5 lucen agregados recibos de sueldo que indican el carácter “mensualizado” del Sr. J. S.. e) A fs. 29, luce copia fiel del Decreto Nº 31/08 por el cual se dispone la baja de varios agentes -entre los cuales se encuentra S. J. D.- por haber finalizado la prestación de servicios en carácter de personal mensualizado.
f) A fs. 28, luce la certificación de servicios y las sumas percibidas por el actor en carácter de salarios y aguinaldos durante el período 1992/2007.
g) A fs. 31, luce informe de sueldo percibidos por el Sr. J. D. S. y la liquidación final del periodo comprendido entre el 01/01/2007 y el 01/01/2008.
2. Sentado ello, entiendo que la pieza recursiva en estudio no puede tener andamiento. Es que los agravios esgrimidos no logran conmover el pronunciamiento de la Jueza de grado.
En primer lugar, por una cuestión de orden metodológico y atento el tenor de los planteos efectuados por el actor en su escrito recursivo, abordaré la cuestión referida a la naturaleza de la relación de empleo que lo unía con la Municipalidad demandada. Así, cabe referir que esta Cámara se ha expedido reiteradamente con relación a este tópico (conf. causas Nº 664/06, “Rabello, Fernando Adrián c/ Municipalidad de San Fernando s/ despido”, sentencia del 19 de septiembre de 2006; Nº 823/2006, “Zapata, Marta Cecilia c/ Municipalidad de San Fernando s/ despido”, sentencia del 15 de febrero de 2007; Nº 818, "Leoni, Marcela Haydee c/ Municipalidad de Vicente López s/ cobro de salarios – indemnización; causa Nº 981/07, “Loustaunau, Francisco J. c/ Municipalidad de Tigre s/demanda contencioso administrativa”, sentencia del 2 de octubre de 2007; Nº 1316/98, “Coggiola, Pedro D. c/ Municipalidad de Tigre s/ Demanda Contencioso Administrativa”, sentencia del 23 de septiembre de 2008; Nº 1366/08, “Zamudio, Graciela Noemí c/ Municipalidad de Tigre s/ demanda contencioso administrativa”, sentencia del 1 de octubre de 2009; Nº 1732/09, “Luchetta, Luis Alberto c/ Municipalidad de Tigre s/ Impugnación de acto administrativo – Resarcimiento y Perjuicios – Restitución de Cargo”, sentencia del 28 de octubre de 2009, N° 1.796/09, "Piccinali, Alberto Eduardo José c/ Municipalidad de Malvinas Argentinas s/ Pretensión Indemnizatoria”, sentencia del 13 de abril de 2010 y Nº 2041 “Domínguez Carlos Francisco c/ Municipalidad de Tigre s/ Demanda Contenciosa Administrativa”, sentencia del 16 de julio de 2010, entre otras).
En efecto, este Tribunal ha explicado que debe tenerse presente que la Ley Nº 11.757 regula el derecho a la estabilidad. Y, en ese marco, que – tal lo expuesto por la Jueza de Grado - la norma clasifica en dos grupos claramente diferenciados al personal en ellos comprendido – permanente y temporario - determinando en cada caso, tanto los derechos que le asisten, como las condiciones y modalidades de ingreso.
Lo expuesto evidencia una posición contraria a lo alegado por el actor, en cuanto pretende equiparar los derechos del agente permanente y el temporario. En tal sentido el recurrente ha dicho que “…ninguna ley, llámese Estatuto del Personal Municipal o como quiera llamarse pueda hacer que dos trabajadores que trabajan por 10 años en un municipio, uno en planta permanente y otro como mensualizado reciban diferente paga…”(cfr. fs. 215 vta./216). He de señalar al respecto que sus planteos en tal sentido no pueden ser receptados.
La postura del apelante se contrapone con la doctrina de la S.C.B.A., que en la causa “Iori, Mirta Leonor c/ Municipalidad de Avellaneda s/ demanda contencioso administrativa” (B 57.741 del 18/II/04), en que la actora reputaba de arbitraria la calificación estatutaria dispuesta por la Administración (conf. considerando VIII), el Dr. Soria – por la mayoría - dijo: “En el marco establecido por su condición jurídica de agente de planta temporaria, la actora no ha podido consolidar una relación de empleo estable ni aspirar a ejercer un derecho a ella por transformación de la preexistente situación de revista. Por tal razón, deviene impropio contar el tiempo de servicios que ha prestado bajo tal régimen, a los fines de pretender modificar la naturaleza de su situación estatutaria…”.
Asimismo, destacó que: “el art. 7º de la ley 11.757 requiere un acto de designación expreso para desempeñar un cargo de planta permanente (…) previo cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y luego del procedimiento establecido al efecto (arts. 4 y 5 norma citada), amén de condicionar el dictado de dicho acto a la existencia de la vacante correspondiente” (S.C.B.A., causa B 57.365, “Martínez, María Isabel c/ Municipalidad de Olavaria s/ demanda contencioso administrativa” del 7/VI/2000, voto en mayoría Dr. Hitters), circunstancias éstas que llevan al tratamiento adverso del planteo efectuado por el actor en este sentido.
La Suprema Corte de esta Provincia también ha sostenido que: “la solución normativa no ofrece duda, pues, resultando ajustado a ella el criterio mayoritario del Tribunal (...) acerca de que el personal de planta temporaria –agentes mensualizados, jornalizados, reemplazantes y contratados- se halla incorporado a un régimen de excepción, no poseyendo más estabilidad en el empleo que la que surge del acto de designación” (cfr. S.C.B.A., doct. mayoritaria causa “Iori”, sentencia del 18 de febrero de 2004; “Ludueña de Andrade”, sentencia del 22 de marzo de 2006, entre otras, fallos citados en las causas “Rabello”, “Zapata” y “Leoni” –entre otrosde esta Cámara).
3. A partir de todo lo expuesto, cabe precisar que no se ha alegado en el caso – y menos aún demostrado - que se hubiese dado cumplimiento con los requisitos necesarios para el ingreso del agente a planta permanente (conf. art. 4 de la Ley Nº 11.757).
Por el contrario, surge de las constancias de autos, que el actor se desempeñó en la comuna como Director de Tránsito desde el 02/01/92 hasta el 31/07/95, fecha en la que se le aceptó la renuncia conforme Decreto Nº 356/95 (cfr. fs. 49/50 de autos y fs. 73 del expediente administrativo Nº 4117-10918-I-95 (3-8-95). Luego de casi tres años de haberse desvinculado, el 01/03/98 el actor fue designado como personal mensualizado en la Secretaría de Gobierno (cfr. fs.62/69, donde lucen copias fieles de los Decretos nº 149/98, 38/00, 352/07 y 392/07), hasta que fue dado de baja con fecha 01/01/08 por haber finalizado su prestación de servicios (cfr. Decreto Nº 31/08, fs. 27 de autos). Asimismo, de los propios dichos del actor surge que se encontraba al tanto de las sucesivas designaciones como temporario y no las cuestionó. En este sentido, se manifestó en el escrito de demanda y en el de apelación (cfr. fs. 32/36 y fs. 214/217, en particular en la CD obrante a fs. 8 de autos el actor suscribe”… denuncio fecha de ingreso 02/01/1992 categoría inicial Director de Tránsito- Mensualizado a partir del 01/03/1998”). Dichos reconocimientos, por otra parte, implican que no solo conocía que su relación tenía un término previamente fijado, sino que no ingresaba cumpliendo los requisitos que el ordenamiento positivo exige para el personal de la planta permanente, y que por ende no integraba aquel universo de empleados públicos municipales (conf. esta Cámara en la causa Nº 981/07, “Loustaunau, Francisco J. c/ Municipalidad de Tigre s/demanda contencioso administrativa”, sentencia del 2 de octubre de 2007).
4. En la especie, – en concordancia con lo resuelto por la señora Jueza de grado – entiendo que ha quedado suficientemente acreditado, a través de los sucesivos actos de designación dictados, que la relación de empleo público se desarrolló en el ámbito de la planta temporaria mensualizada.
En otras palabras, el actor revistaba como personal temporario, en los términos de lo previsto en el capítulo II de la ley Nº 11.757. Y en particular, los derechos que le asisten son aquellos mencionados en el art. 95 de esa norma, no encontrándose entre ellos la estabilidad (como sí se establece en el art. 14 de la citada ley para quienes revistan en planta permanente).
Bajo tales parámetros, es dable concluir en que no procede en el caso la pretensión de ampararse en la garantía de estabilidad estatutaria propia de una designación ordinaria y común (cfr. S.C.B.A., “Ludueña de Andrade“, sent. 22-III-2006, esta Cámara en las causas “Zapata”, “Leoni” y “Zamudio”).
Por lo demás, en atención al planteo efectuado por el actor en relación con la aplicación de la L.C.T al caso, cabe puntualizar que no estamos en presencia de un contrato de trabajo regido por el derecho privado, sino que resulta materia de empleo público. Es decir, una situación totalmente regulada por el derecho público y sus principios (conforme lo expuesto en el primer considerando), por lo que mal pueden trasladarse automáticamente principios o categorías jurídicas propias del ámbito laboral a esta parcela del derecho (conf. esta Cámara, en la causa “Loustaunau, Francisco J. c/ Municipalidad de Tigre s/demanda contencioso administrativa”, sentencia del 2 de octubre de 2007 y criterio SCBA, en la causa B 60193 “Di Fiori, Enrique Rolan c/ Provincia de Buenos Aires (Cámara de Senadores) s/ Demanda Contencioso Administrativa”, sentencia del 23 de noviembre de 2005).
Seguidamente, debe meritarse que en materia de derecho local las provincias han retenido su competencia originaria para regular sus instituciones con los perfiles propios a sus realidades institucionales (arts. 121º, 122º, 123º y conc. C.N.), por lo que bien pueden presentar sus regulaciones en materia de empleo público – tal lo que sucede con la Ley Nº 11.757 - características autónomas y diferenciales del régimen federal y con mayor razón del derecho común (conf. esta Cámara, en la causa “Loustaunau, Francisco J. c/ Municipalidad de Tigre s/demanda contencioso administrativa”, sentencia del 2 de octubre de 2007). Todo lo expuesto, deja sin sustento el planteo del actor en este sentido.
5. Continuando, cabe dejar sentado que no se encuentra planteado, ni acreditado en autos que el vínculo entre las partes haya finalizado ante tempus (cfr. Decretos N° 392/07 y N° 31/08). Tal es así que esta cuestión no forma parte de los planteos introducidos por el accionante en la demanda, ni tampoco ha sido materia de agravio en el escrito recursivo.
Sobre el punto cabe recordar que, si bien en diversos precedentes análogos esta Alzada ha reconocido una suma en concepto de indemnización por daños y perjuicios, ello obedeció a que la “ruptura antes tempus” de la relación de empleo temporario en dichos casos fue producto de un acto viciado.
Véase que en las causas Nº 1.316/98, “Coggiola, Pedro D. c/ Municipalidad de Tigre s/ Demanda Contencioso Administrativa”, sentencia del 23 de septiembre de 2008 y Nº 1366/08, “Zamudio, Graciela Noemí c/ Municipalidad de Tigre s/ demanda contencioso administrativa”, sentencia del 1 de octubre de 2009, se dijo que “no es posible perder de vista que, en este particular caso, el acto administrativo de baja del agente padece de un vicio que acarrea su nulidad. Y es en esta ilegitimidad donde radica el fundamento del resarcimiento cuestionado”.
6. Por su parte, advierto que -en autos- el actor manifestó que: “Es erróneo sostener que para que exista…”la procedencia de la indemnización...” se deba…”enfocar a obtener la declaración de nulidad del acto y que “Lo que aquí se está discutiendo es la consecuencia jurídica del acto administrativo que puso fin a la relación jurídica…” (ver fs. 214 vta., anteúltimo párrafo y fs. 215 in fine). Se observa, en este aspecto, que el Decreto Nº 31/08 del 28 de enero de 2008 por el cual se dio de baja la designación de Personal Temporario Mensualizado –partida 1.1.1.2.1.- del Sr. S., en el que se indica la finalización de su prestación de servicios, no fue impugnado por el interesado.
Al respecto, corresponde recordar que esta Cámara ha expuesto que conforma un presupuesto procesal de la acción que aquí se deduce la previa declaración de nulidad del mismo. En efecto, este Tribunal ha sostenido en diversos precedentes análogos que, para reclamar judicialmente una indemnización, se debería – en primer término – acreditar el actuar ilegítimo de la administración. Ello así, pues la pretensión indemnizatoria resultaría accesoria y se encontraría subordinada a la previa declaración de la invalidez del acto denegatorio (conforme esta Cámara en las causas Nº 807, “Acera c/ Municipalidad de Morón s/ Cobro de Pesos”, sentencia del 28/12/206; Nº 1161/07, “Di Rocco, María Alejandra c/ Municipalidad de Tres de Febrero s/ Pretensión de Restablecimiento de Derechos”, “Domínguez Carlos Francisco c/ Municipalidad de Tigre s/ Demanda Contenciosa Administrativa”, sentencia del 16 de julio de 2010, entre otras)”.
En dichas condiciones, la falta de cuestionamiento de los actos de designación y del Decreto de cese, sumado a la carencia de vicios ostensibles que tornen ilegítimo este último, conllevan a que la acción dirigida a solicitar la indemnización resulte inadmisible. Es que, reitero, la pretensión resarcitoria fundada en la ilegitimidad de un acto es accesoria y se encuentra subordinada a la previa declaración de su invalidez. Así lo ha entendido la Suprema Corte de Justicia Provincial, al considerar que cuando se demanda el pago de daños y perjuicios cuyo origen se encuentra en un acto administrativo ilegítimo, es preciso que previamente se declare esa ilegitimidad, ya que si ésta última constituye la causa de la obligación de reparar los daños ocasionados por aquél, cabe concluir que el carácter firme e irrevisable de dicho acto configura un obstáculo insalvable para la procedencia de la aludida pretensión (SCBA, B 58.147, del 7-2-2007, “Terminales Río de La Plata c/ Municipalidad de Avellaneda s/ Demanda Contencioso Administrativa”, arg. SCBA Ac. 33275, del 26- 2-1985 “Oasis SRL c/ Municipalidad de Quilmes s/ Cobro de pesos por daños y perjuicios y daño moral”; CSJN, Fallos 319:1476 y 319:1532).
7. Por lo demás, es dable señalar que a diferencia del caso "Ramos" y en coincidencia con el caso "Sánchez", ambos de la Corte Suprema de la Nación, no existe en el régimen jurídico aplicable una regla específica que establezca un término de duración a la incorporación en la planta temporaria, o un plazo máximo de prestación de servicios bajo esa modalidad. Con lo cual, la duración de cada vínculo constituye una decisión a adoptar en cada caso conforme las necesidades específicas que se procura atender.
En tal aspecto, observo que el actor no ha producido prueba tendiente a acreditar que la duración del vínculo haya comportado una irrazonable dilación, incompatible con la naturaleza temporal que se le asignó (cfr. situación planteada en el caso “Sanchez” de la C.S.J.N. en el que el actor se desempeñó durante 8 años contratado por la A. G. N.).
En definitiva, conforme el material fáctico aportado a la causa, el actor no ha demostrado la utilización de figuras jurídicas autorizadas legalmente para casos excepcionales con la desviación de poder consistente en cubrir una designación permanente bajo la apariencia de un contrato por tiempo determinado. A diferencia de los precedentes “Ramos” de la C.S.J.N. y “Villafañe” y “Carrizo” de la S.C.B.A., no se presentaron pruebas claras y evidentes que denoten un fraude a la ley. Sentado ello, cabe estacar que la carga de la prueba se encontraba en cabeza del actor, teniendo en cuenta que resulta pacífica la presunción de legitimidad que ostentan los actos administrativos.
En ese sentido, la SCBA ha dicho que: “…en el proceso administrativo es al accionante a quien incumbe acreditar los hechos que invoca como fundamento de su pretensión porque no actúa en simple instancia recursiva sino en un proceso de conocimiento y, de tal modo, debe cumplir con la carga probatoria que impone el onus probandi (conf. "Acuerdos y Sentencias", 1990IV, 466; entre muchas otras). Con mayor razón a partir de la presunción de legitimidad que recae sobre los actos administrativos (conf. causas B. 50.098, “Planobra”, sentencia del 8VI1993; B. 54.572, “Maragua”, sentencia del 22IV1997; B. 57.985, “Miró”, sentencia del 21VI2000; B. 57.894, “Peláez”, sentencia del 9V2001; B. 55.874, “Alderete”, sentencia del 15III2002; B. 57.232, “Cosuco”, sentencia del 23IV2003; B. 61.431, “Ferreyra”, sentencia del 21V2003; B. 56.502, “Fittipaldi”, sentencia del 13VIII2003; B. 61.442, “Zagaglia de Salazar”, sentencia del 29X2003; B. 60.905, "Diez", sentencia del 22XII2004; entre muchas otras)…” (SCJBA, causa B58147, "Terminales Río de la Plata c/ Municipalidad de Avellaneda s/Demanda contencioso administrativa”, sentencia del 7 de febrero de 2007 y esta Cámara in re: causa Nº 1297/08, "Buen Puerto S.A. c/ Municipalidad de San Fernando s/ Pretensión de restablecimiento o reconocimiento de hechos”, sentencia del 11 de septiembre de 2008, “Domínguez Carlos Francisco c/ Municipalidad de Tigre s/ Demanda Contenciosa Administrativa”, sentencia del 16 de julio de 2010, entre otras).
Asimismo, que “Teniendo en cuenta el carácter de juicio pleno en que se desenvuelve el proceso administrativo y que las partes cuentan con amplias facultades probatorias, a ellas les incumbe acreditar los hechos justificativos de la pretensión que articulan, por lo que pesa sobre el actor la carga de demostrar la realidad de la situación fáctica en que apoya su reclamo, no sólo por tal condición procesal (arg. art. 375, C.P.C.C.), sino también en virtud de la presunción de legitimidad que caracteriza a los actos administrativos. Ello impone a quien solicita la anulación de un acto demostrar acabadamente los vicios que le endilga, sin que baste la mera discrepancia con el actuar de la Administración” (el subrayado no se encuentra en el original, SCBA, B 56739 S 18-3-2009, “Gutiérrez, María Felisa c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social) s/ Demanda contencioso administrativa)” y esta Cámara in re: causa Nº 1763/09, “Bueno Dos Santos, Orlando c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda Contencioso Administrativa”, sentencia del 4 de marzo de 2010).
Entiendo que lo hasta aquí expuesto sella la suerte del asunto en sentido adverso a la procedencia de los agravios esgrimidos por el actor.
Por todo lo dicho, propongo a mis distinguidos colegas: 1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada en todo lo que fue materia de agravio;
2. Distribuir las costas de Alzada por su orden (conforme art. 51 del C.P.C.A, ley 14.437); y 3) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (conforme art. 31 del Decreto Ley Nº 8.904/77).
ASI LO VOTO.
Los señores Jueces Ana María Bezzi y Jorge Augusto Saulquin votaron a la cuestión planteada en igual sentido y por los mismos fundamentos, con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente S E N T E N C I A En virtud del resultado del acuerdo que antecede, este Tribunal, por los fundamentos dados, RESUELVE: 1º) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada en todo lo que fue materia de agravio; 2º) Distribuir las costas de alzada por su orden (conforme art. 51 del C.P.C.A, ley 14.437); y 3º) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (conforme art. 31 del Decreto Ley Nº 8.904/77).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
JORGE AUGUSTO SAULQUIN HUGO JORGE ECHARRI ANA MARIA BEZZI ANTE MI ANA CLARA GONZALEZ MORAS
Secretaria Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo - San Martín. Registro de Sentencias Definitivas Nº….. Fº……..
Fin de la sentencia