Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor ello, esta Alzada entiende que la deficiencia advertida en la fundamentación del recurso, amerita poner la presente en conocimiento de la Defensoría General ante el T.S.J., a los fines que estime corresponder, ello sin menoscabo alguno de la autonomía funcional que reviste.
V. Perspectiva de derechos:
TOMO CLXIV - INTERLOCUTORIO - J.RECURSOS.-
REGISTRO N° 10.310 FOLIO N° 147/150 PROT. ELECT. JR101 458I.261
Río Gallegos, 13 de octubre de 2026.-
La presente causa caratulada "O.J.D. s/ Tentativa de Estafa" - Expte. N° 31685/25 - Apelación/Causa JR N° 10408/26, venida a despacho para resolver y de la que,
Que a fs. 67/71, obra glosada la resolución dictada por el Sr. Juez del Juzgado de Instrucción N° Tres con asiento en Rio Gallegos, que en su punto l) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva del imputado J.D.O., en orden al delito de “Estafas Reiteradas (tres hechos) todos en concurso real” (Arts. 45, 172 y 55 del Código Penal y arts. 289, 290, 291, 293 del C.P.P.); en tanto qué en su punto II) trabó Embargo sobre los bienes del procesado (Arts. 499 C.P) hasta cubrir la suma de Pesos Ochocientos Mil ($800.000). Que a fs. 73/74vta., la defensa técnica oficial apeló dicho auto, -motivándolo en esa misma ocasión-; siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 101, y no habiendo presentado el memorial previsto por el Art. 437 del C.P.P., quedan de esta forma los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
I. Que la defensa argumentó que el auto recurrido no se ajusta a derecho, resultando –a su criterio- arbitrario, por cuanto no se encontraría acreditada la materialidad del hecho investigado, lo que, según sostuvo, vulneraría el debido proceso y el derecho de defensa en juicio, ocasionando a su asistido un perjuicio procesal irreparable.
Seguidamente, se tratarán los agravios introducidos por la parte recurrente.
II. Del agravio referido a la falta de prueba sobre la materialidad de los hechos, valoración arbitraria y parcializada del material probatorio, y ausencia de fundamentación de la medida cautelar:
La parte recurrente se agravió al sostener que el cuadro probatorio reunido en autos resulta, a su juicio, insuficiente, y que la investigación fue incompleta y carente de la debida diligencia, limitándose -según afirmó- a recibir declaración indagatoria y realizar pericias sobre los teléfonos celulares y las secuencias fílmicas, sin que de tales medidas surgieran resultados positivos.
En tal sentido, respecto de los hechos identificados como 1) y 2), argumentó que no existen comprobantes, tickets de venta, facturas ni peritajes de caja registradora que permitan acreditar la existencia de una operación comercial impaga o la falta de acreditación del dinero en la cuenta del denunciante. Asimismo, señaló que el análisis de los teléfonos celulares secuestrados arrojó resultado negativo.
Así, sostuvo que la imputación descansa únicamente en la declaración del denunciante y que, el identikit y posterior reconocimiento fotográfico, no resultan suficientes para acreditar la existencia de maniobra fraudulenta alguna por parte de su defendido.
Frente a ello, afirmó que la ausencia de fundamentación fáctica convierte al auto de procesamiento en nulo por un vicio formal insubsanable, en tanto la falta de fundamentos impide a las partes ejercer un adecuado control sobre el pronunciamiento, afectando de ese modo el derecho de defensa. En relación al hecho identificado como 3), criticó que tampoco se hayan incorporado las secuencias fílmicas del local –pese a la existencia de cámaras de seguridad- ni constancias objetivas de la operación de venta, sosteniendo que el procesamiento se basó exclusivamente en el testimonio de la presunta damnificada. En consecuencia, solicitó que se revoque el pronunciamiento recurrido y, en su lugar, se dicte el sobreseimiento de su asistido. En otro orden de ideas, postuló que el Sr. Juez no realizó un tratamiento lógico de la cuestión planteada, lo que, a su entender, derivó en una valoración errónea y sesgada de la prueba incorporada. Sostuvo que los indicios y presunciones fueron interpretados únicamente en perjuicio de su representado, con vulneración del principio general de in dubio pro reo, citando doctrina en respaldo de su postura.
Finalmente, se agravió por la ausencia de fundamentación respecto de la medida cautelar dispuesta, señalando que el Magistrado no explicó ni motivó las pautas y circunstancias tenidas en consideración para ordenar el embargo ni para determinar su monto. En ese sentido, afirmó que dicha carencia de motivación acarrea la nulidad del pronunciamiento, por afectar -según sostuvo- el derecho a la doble instancia.
III. Quedan así planteadas las cuestiones a resolver.
Que, analizados los planteos introducidos por la defensa, corresponde adelantar que los mismos no habrán de prosperar.
En primer término, y en relación a los hechos indentificados como 1) y 2), de las constancias incorporadas al sumario -fs. 21, 22, 23, 24/vta., 25, 28/29- surge, prima facie, que el comerciante damnificado advirtió el comportamiento nervioso del imputado al exhibirle la presunta constancia de la transacción de dinero y retirarse raudamente del local comercial. Seguidamente, se comunicó con personal policial, informó lo sucedido y aportó las características físicas y de vestimenta de aquel.
A partir de ello, el personal policial efectuó un rastrillaje en las inmediaciones del lugar, logrando observar a un masculino cuyas características resultaban coincidentes con las aportadas por el damnificado. Al advertir la presencia policial, el sujeto comenzó a correr e ingresó a una propiedad ubicada en calle José Ingenieros N° XXXX, donde descartó diversos elementos en el patio interno del inmueble.
Con autorización judicial, los efectivos ingresaron al lugar a fin de proceder al secuestro de los elementos, encontrándose en el interior de una bolsa de carbón, una botella de bebida alcohólica, y latas de cerveza, efectos que posteriormente fueron reconocidos por el comerciante damnificado como aquellos que le habían sido sustraídos, procediéndose a su entrega.
Cabe destacar que el inmueble al que habría ingresado el imputado y en cuyo patio interno fueron hallados los elementos resulta ser su propio domicilio, circunstancia que surge del acta de fijación de domicilio de fs. 35, de las actas de aprehensión obrantes a fs. 03/vta. y 37/vta., y de su declaración indagatoria de fs. 49/50.
A ello, se suma el identikit y el posterior reconocimiento fotográfico categórico efectuado por la víctima en el álbum policial -fotografía Nº 229, de fs. 60/63-, que resultó coincidente con la fotografía del causante obrante en el Registro Nacional de Reincidencia (fs. 42) y en la fotocopia de su documento de identidad (fs. 94), como así también el secuestro de la campera negra inflable que vestía al momento de su aprehensión, cuyas características resultaban concordantes con las descriptas oportunamente por el damnificado.
De igual manera, en relación al hecho identificado como 3), se atribuyó al imputado haber simulado el pago de una suma de dinero para adquirir dos buzos -uno de color blanco, con la leyenda “need money for porsche”, y otro de color rojo, con la inscripción “el garaje”- mediante una transferencia apócrifa en el comercio “S.D.”.
En tales circunstancias, la empleada del local advirtió –fs. 04/vta.- que la suma de dinero no se había acreditado en el sistema, por lo que salió del comercio a fin de localizar al comprador y exigirle la devolución de las prendas. Sin embargo, este habría emprendido la huida, perdiéndolo de vista, razón por la cual la empleada se comunicó con personal policial, informó lo sucedido y aportó las características del sujeto.
Así, el imputado fue aprehendido en inmediaciones del lugar, hallándose en su poder las bolsas pertenecientes al comercio que contenían las prendas sustraídas, las cuales fueron posteriormente reconocidas en sede policial por la empleada del local. (Véase fs. 03/vta., 05/06, 10).
En consecuencia, contrariamente a lo sostenido por la defensa, la imputación formulada y la valoración efectuada por el Magistrado cuentan con suficiente respaldo fáctico y probatorio, encontrándose sustentadas los testimonios recopilados y demás elementos objetivos aunados al lejago.
De esta manera, consideramos, la ausencia de determinados elementos documentales o periciales -tales como tickets, facturas o comprobantes de la operación- no invalida la existencia del hecho investigado, cuando su materialidad puede ser acreditada mediante otros elementos de convicción, cuya valoración conjunta permita alcanzar el grado de probabilidad exigible en esta instancia, lo que efectivamente ocurre en el caso de marras. Asimismo, cabe señalar que las pericias que arrojaron resultado negativo obedecen a circunstancias que imposibilitaron su realización efectiva. En particular, respecto de los teléfonos celulares secuestrados, no fue posible acceder a su contenido debido a la imposibilidad de desbloquearlos, mientras que, en relación con las secuencias fílmicas, el lapso transcurrido entre la ocurrencia de los hechos y el momento en que se procuró efectuar su extracción habría excedido el período de almacenamiento de las imágenes, por lo que no pudieron ser descargadas. (Véase fs. 54/58 y 64).
En este contexto, resulta oportuno recordarle a la parte recurrente, que la probabilidad es la requerida para iniciar la investigación y fundar, eventualmente, el procesamiento del imputado. Al respecto, es sabido que éste auto constituye un juicio provisional de valor, en el que se tiene por probable la comisión del hecho delictivo. Dicho de otra manera, sólo requiere la estimación de la existencia de un hecho delictuoso y de la participación en él del procesado (véase: CNPE; Sala A; R.S.,E. s. Legajo de apelación; 01/04/2016; Rubinzal Online; 873/2012 RC J 1516/16).
En consecuencia, los argumentos defensistas lucen anticipados, en tanto pretenden exigir un grado de acreditación propio de la etapa de juicio. En esta instancia procesal, lo relevante es verificar la concurrencia de los extremos que habilitan el avance del proceso, esto es, la existencia del hecho y la probabilidad de autoría, extremos que -como se ha expuesto- se encuentran –prima facie- acreditados.
Cabe señalar que este criterio se viene sosteniendo invariablemente desde este Juez de Recursos en Apelaciones N° 8013/22, 7813/22, 8190/23, 8890/24, 9783/25, 9978/25, por citar algunas.
Finalmente, en relación con el monto del embargo decretado, cabe señalar que el Magistrado actúo de conformidad con lo previsto en el artículo 499 del C.P.P., el cual establece que, al momento de dictar el auto de procesamiento, debe ordenar -asimismo- el embargo de bienes del imputado.
En el caso de marras, el monto del embargo decretado guarda debida proporción con los fines previstos por el articulo ut supra mencionado, en tanto la suma fijada abarca la eventual pena pecuniaria, la indemnizacion civil y las costas procesales, teniendo en consideración los conceptos que estas comprenden. (Véase considerando IV) del resolutorio apelado). En consecuencia, esta Alzada comparte los fundamentos expuestos por el A Quo, como también la cifra establecida, por lo que corresponde confirmar el monto de la medida de embargo decretada respecto al causante O.J.D.
Por todo lo expuesto, consideramos que la valoración efectuada por el Sr. Juez se encuentra suficientemente fundada, y resulta acorde al cúmulo probatorio incorporado en autos, apreciado en forma integral, armónica y concatenada, y de conformidad con las reglas de la sana crítica racional.
En efecto, corresponde rechazar los agravios planteados, y señalar que esta Alzada coincide en un todo con el juicio de valor al que arribó el A Quo en el decisorio cuestionado, entendiendo que la resolución se encuentra ajustada a derecho, debiendo confirmarse íntegramente el auto de procesamiento.
IV. Recomendación a la Defensoría interviniente:
Ahora bien, como se desprende del desarrollo de los agravios, la defensa, en un primer momento, solicitó la nulidad del auto de procesamiento por considerar que adolecería de un vicio formal insubsanable, para luego requerir la revocación del pronunciamiento y el dictado del sobreseimiento de su asistido. En función de ello, entendemos que corresponde librar comunicación a la titular del Ministerio Público de la Defensa ante el T.S.J., adjuntando copia de la presente resolución en función del motivo que seguidamente se expone, para su conocimiento y efectos que estime corresponder.
Así, del análisis del recurso interpuesto por la letrada adjunta de la Defensoría Pública Oficial Nº Dos de Mayores, la Dra. M.R., se advierte una deficiencia en la fundamentación de uno de los planteos formulados.
En efecto, en el recurso interpuesto -acápite II), octavo párrafo, y sección III), segundo párrafo-, se solicita la nulidad de la resolución impugnada por la existencia de un supuesto “vicio formal insubsanable” y por la medida cautelar dispuesta. Sin embargo, en ningún tramo del escrito desarrolla fundamentos concretos que justifiquen la procedencia de una sanción de tal entidad.
Por el contrario, los restantes argumentos desarrollados en el recurso, se encuentran dirigidos -sustancialmente- a cuestionar la valoración de la prueba efectuada por el Magistrado (cuestiones que remiten al fondo del pronunciamiento y no a la existencia de un vicio formal invalidante), y a procurar la revocación del auto de procesamiento, conforme surge del tercer párrafo del escrito recursivo -fs. 73- y del acápite II), apartado b), segundo párrafo.
De tal modo, la defensa invoca la existencia de un “vicio formal insubsanable”, pero omite precisar cuál sería concretamente el defecto nulificante y, fundamentalmente, cuál es el perjuicio que de él se habría derivado. La sola invocación de una nulidad, sin el correspondiente desarrollo argumental que permita verificar su procedencia, no resulta suficiente para sustentar una pretensión de tal naturaleza, por lo que su planteo se torna meramente enunciativo.
Cabe señalar la particular gravedad procesal que reviste dicha circunstancia pues, desde una perspectiva de una adecuada técnica recursiva, la formulación de un planteo nulificante exige una fundamentación concreta que permita al órgano revisor delimitar el defecto denunciado, verificar su incidencia y determinar, en su caso, la existencia de un perjuicio que justifique la sanción pretendida.
A su vez, si bien la defensa puede articular pretensiones de nulidad y, subsidiariamente, de revocación, en el caso bajo análisis no se advierte un desarrollo argumental autónomo y suficiente que sustente la primera de ellas, mientras que la fundamentación brindada se encuentra orientada, principalmente, a obtener la revisión de la valoración probatoria efectuada por el A Quo.
En ese contexto, la deficiencia advertida en el recurso, no sólo dificulta la delimitación del agravio sometido a conocimiento de esta Alzada, sino que también puede redundar en perjuicio de los propios intereses del imputado, en tanto la incorporación de planteos carentes de fundamentación suficiente, puede debilitar el tratamiento de aquellos cuestionamientos sustanciales que sí se encuentran dirigidos contra los fundamentos del pronunciamiento recurrido. Así, la exigencia de una adecuada técnica recursiva se vincula con la posibilidad de brindar al imputado una asistencia técnica eficaz, mediante la formulación clara, concreta y fundada de los agravios que se pretenden someter a revisión.
Por ello, esta Alzada entiende que la deficiencia advertida en la fundamentación del recurso, amerita poner la presente en conocimiento de la Defensoría General ante el T.S.J., a los fines que estime corresponder, ello sin menoscabo alguno de la autonomía funcional que reviste.
V. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
VI. Comunicaciones: En virtud de la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo al correo electrónico [email protected], a sus efectos.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas, y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto de fs. 67/71, en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.
2. HACER SABER a la Defensoría General ante el T.S.J., lo recomendado en el punto IV) de los considerandos que anteceden, mendiante oficio, para su conocimiento y efectos que estime corresponder.
3. REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE mediante SNE.
4. Firme que sea REMÍTASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected]. 5º)- Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
NF
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez de Recursos.-, ante la Actuaria firmante –Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. Conste.
Fin de la sentencia