Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor todo ello, desestimaré los agravios planteados. II) Perspectiva de derechos:
TOMO CXXX – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8423 FOLIO Nº 067/068 PROT. ELECT. JR101039I.242
Río Gallegos, 08 de febrero de 2024.
La presente causa caratulada “C.E.J. S/ DENUNCIA LESIONES LEVES AGRAVADAS Y AMENAZAS CALIFICADAS" - EXPTE. Nº 65.621/18 (APELACIÓN Nº 8155/23), venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 239/246 vta. del presente obra glosada la resolución dictada por la Sra. Jueza del Juzgado de Instrucción Nº 2, quien en el punto 1º) del decisorio puesto en crisis, ordenó el procesamiento sin prisión preventiva del imputado O.A.E., en orden al delito de “Lesiones leves doblemente agravadas por la relación de pareja y por mediar violencia de género - dos hechos- en concurso real", (Arts. 89 y 92 en función del art. 80 inc. 1 y 11 y 55 del Código Penal) y en el punto 2º) trabó embargo sobre sus bienes como medida precautoria en la suma de pesos cien mil ($ 100.000). Que a fs. 250/255 la Defensora Oficial apeló dicho auto, -motivándolo en esa misma ocasión-; siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 285 (conf. cód. de validación fac08258), y no habiendo presentado el memorial previsto por el Art. 437º del C.P.P., quedan de esta forma los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
I. Que el recurrente sostiene que la escasa prueba arrimada no arroja certeza acerca de la materialidad del hecho y de la autoría responsable del mismo por parte de E.
Entiende la recurrente que si bien el Dr. J.L.S. certifica la existencia de lesiones a fs. 14, nada indica que las mismas fueran propinadas por su defendido, ya que dicho extremo descansa en los solitarios dichos de la pretensa víctima.
Asimismo se agravia al interrogarse cómo el Dr. E. en su certificado médico de fs. 174, arriba a la conclusión de que las lesiones fueron propinadas por su defendido. Manifiesta además que el informe omite señalar el modo con el cual han sido producidas las lesiones. Entiende que con ninguna de las actuaciones obrantes se constata que su defendido sea el autor de las lesiones. A su entender, se ha relajado el estandar probatorio, con la sola mención de los Tratados Internacionales y leyes; lo cual no conlleva a valorar simplemente los dichos de la víctima, pues ello resulta violatorio de las garantías constitucionales y Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
Por otro lado, se agravia por la calificación atribuida por la magistrada, transcribiendo manifestaciones de la víctima, en las que dice que la relación entre ellos nunca fue tan estable, y que se encontraban separados hace un año aproximadamente debido a desaveniencias conyugales.
Sostiene que el resolutorio en crisis realiza una valoración parcial de la prueba, realizando una transcripción del contenido de la denuncia formulada en la OVD, también de las pericias practicadas.
En un segundo apartado postula la prescripción del hecho denominado 1).
En último término apela el embargo dispuesto, manifestando que su defendido no posee patrimonio que permita arribar a la suma fijada. Expresa que se ha ordenado trabar embargo sobre su patrimonio por una suma mayor al máximo del perjuicio ocasionado al Estado, lo que evidencia su total desproporción y desnaturalización procesal, circunstancia por la que también agravia su imposición y monto. Entrando en el análisis de los agravios expuestos, en primer lugar debemos mencionar que en cuanto al agravio referido a la prescripción del primer hecho, con lo resuelto mediante resolución obrante a fs. 280/281 dicho planteo deviene abstracto.
Yendo al estudio de los planteos efectuados, debo remarcar que para arribar al procesamiento dictado, la Magistrada tuvo en cuenta el plexo probatorio, que analizado a la luz de la sana crítica, le permitieron arribar al decisorio de autos. Se realizó una valoración de las manifestaciones de la víctima vertidas en sede policial y ante la Oficina de Violencia Doméstica, el certificado médico expedido por galeno policial y el informe médico del médico forense que acredita las lesiones sufridas por C.. De igual manera, los testimonios recabados en autos por la instrucción. Elementos analizados desde la perspectiva de género conforme lo establecido por nuestra normativa legal. En el resolutorio recurrido, la magistrada tuvo en consideración, en cuanto a la materialidad de las lesiones denunciadas, el certificado médico emitido por el galeno policial, como así el informe médico expedido por el médico forense, los cuales resultan contestes entre sí, y con lo manifestado por la víctima de autos sobre el desarrollo de los hechos, quien señala al imputado -ex pareja con el cual conviviera y progenitor de uno de sus hijos- como autor de las mismas. Específicamente sobre lo manifestado acerca del informe del Dr. E., el nombrado hace mención a las lesiones "por parte del victimario", no haciendo alusión a persona específica alguna. Por otro lado, el mismo sólo informa sobre las lesiones que constata en el cuerpo de la víctima, no siendo menester establecer la modalidad en que las mismas fueron producidas, como lo requiere la defensa. En cuanto a los agravantes sobre la relación de pareja y por haber mediado violencia de género, las mismas se encuentran debidamente desarrolladas y fundadas en el resolutorio recurrido por la magistrada. Por otro lado, tampoco se observa que por la inclusión del presente caso en los parámetros establecidos por la normativa legal en cuanto a hechos que transcurren en los contextos de violencia de género, se hayan violado garantías constitucionales. En lo relativo a los agravios formulados sobre la valoración de los elementos probatorios de mención, debemos recordar que la situación de que se trate de declaraciones prestadas por la parte damnificada, no restan veracidad a su testimonio, debiendo analizarse el mismo en forma conjunta con las pruebas anexadas a la causa.
Una característica imperante en el contexto de violencia es que los hechos se desarrollan en un marco de intimidad, por lo que la obtención de testigos presenciales no es una tarea sencilla, siendo fundamentales los dichos de la víctima.
En tal sentido, la jurisprudencia ha expresado que “el valor especial que tiene la declaración de la víctima en los procedimientos judiciales vinculados con la problemática de la violencia doméstica, donde “la prueba de los hechos denunciados por la víctima no es una tarea simple y ello es así porque se trata de hechos que normalmente transcurren en la intimidad o en circunstancias en las que solo se encuentran presentes la víctima y el agresor. Es por ello que, en este tipo de supuestos, los testimonios de las personas directamente involucradas en el conflicto cobran mayor relevancia para analizar y confrontar las diferentes hipótesis en cuanto a las circunstancias en las que presumiblemente habría sucedido el hecho denunciado y, especialmente, reviste fundamental entidad el relato de la ofendida que tiene que ser recibido con las debidas garantías, para posibilitar su contradicción por el sujeto ofensor” (Corte Suprema de Justicia de San Miguel de Tucumán, recurso de casación, SENT Nº 1134, 15 de Agosto de 2017). Es por tal motivo, que el magistrado debe tener en consideración todos los elementos probatorios e indiciarios, que contribuyan a la investigación del hecho denunciado.
En casos como el presente, conforme la normativa vigente (Ley Nro. 26.485 art. 31), los operadores judiciales deben garantizar la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los mismos y quiénes son sus naturales testigos. Para ello, se deben considerar las presunciones que contribuyan a la demostración de los hechos, siempre que sean indicios graves, precisos y concordantes. Por lo expresado, entiendo que -aún con las limitaciones propias del caso-, la prueba colectada fue valorada acertadamente por la magistrada, dictando una resolución acorde al momento procesal que atraviesa la causa, luego de realizar un razonamiento lógico de los hechos y valoración coherente de la prueba. Por consiguiente, los planteos formulados quedan descartados. Por último se agravia del monto del embargo establecido, al efectuar una lectura de la resolución puesta en crisis -sobre este punto-, surge que el Magistrado dio las pautas por las que consideraba adecuado establecer el monto del embargo en la suma dispuesta. Dicha cifra no aparece como irrazonable, ya que la misma guarda relación con el perjuicio que se hubiere causado, ello en función del Art. 499º del C.P.P.
Por todo ello, desestimaré los agravios planteados. II) Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
III. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web. En razón de lo expuesto, de conformidad con las consideraciones vertidas precedentemente y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto que obra glosado a fs. 239/246 vta., en cuanto ha sido motivo expreso y fundado de agravio, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE mediante SNE.
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected].
4. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
ycm Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez de Recursos.-, ante la Actuaria firmante –Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. Conste.
Fin de la sentencia