Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO CXXVI – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8247 FOLIO Nº 179/181 PROT. ELECT. JR101123I.231
Río Gallegos, 10 de noviembre de 2023.-
La presente causa caratulada “J.C.F. S/ LESIONES LEVES (RESULTA DAMNIFICADA)” Expte. Nº 23691/22, Apelación Nº 8414/23, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 68/72 y vta., obra glosado el auto dictado por la Sra. Jueza titular del Juzgado de Instrucción Nº Tres de Río Gallegos, quien en el punto I) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de L.A.P., en orden al delito de “lesiones culposas agravadas por resultar las lesiones consecuencia de la conducción imprudente de un vehículo con motor” (arts. 45 y 94 bis t.o. Ley 27347 del Código Penal); y en el punto II) trabó embargo sobre los bienes del imputado por la suma de pesos cien mil ($ 100.000). Que a fs. 75/79 y vta. la defensa técnica oficial apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 83 sostuvo el recurso y, no habiéndose presentado el memorial regulado en el art. 437 del CPP, quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos, y;
Que, señaló la defensa que el auto atacado no realiza un lógico tratamiento de la cuestión planteada, y carece de fundamento suficientes para sostener su postura, observando una valoración errónea o parcializada de la prueba incorporada.
En dicho orden de ideas, explicó que el análisis de los indicios y las presunciones fueron realizados únicamente en contra y perjuicio de su asistido.
Asimismo, aseveró que no están acreditados en autos los elementos mínimos, constitutivos de la figura penal bajo análisis.
Advirtió que la prueba incorporada a la causa, resulta insuficiente para atribuir responsabilidad penal a su representado, como autor material del delito atribuido, en virtud de la ausencia de testigos presenciales e imparciales que corroboren la imputación, pues sostuvo que la única fuente de prueba que se verifica, son los dichos de la pretensa damnificada. En dicha línea argumental, criticó que se considere la declaración del cuñado de la víctima G.E.M., por no ser imparcial. Adujo que, en autos, no se acreditó que los hechos ocurrieran como manifestó la Sra. Instructora.
En particular, reprochó que se le atribuya a su defendido haber omitido la exigencia de uso de cinturón de seguridad a los pasajeros, pues no hay testigos y ninguna prueba que lo avale.
Por otro lado, la agravió que se desacredite y no meritue en forma objetiva, el descargo efectuado por su asistido en la declaración indagatoria. Al respecto, dijo que su pupilo actuó en todo momento de forma lógica y diligente, emprendiendo la marcha lentamente, creyendo que estaba habilitado para seguir circulando. Destacó que intervinieron elementos ajenos al conductor, como fue la falla en el funcionamiento del semáforo, lo cual –remarco- resulta imprevisible. En otro apartado, entendió que no quedó fehacientemente demostrada la relación de causalidad que exige el delito de lesiones culposas.
Expresó que no existe prueba alguna que denote malas maniobras o actos imprudentes en la conducción del vehículo por parte de su asistido, empero, cuestionó largamente que no se responsabilizara a la víctima por no colocarse el cinturón de seguridad, pues dijo que, si hubiera cumplido con la obligación que impone la Ley Nacional de Tránsito a todos los ocupantes de vehículos, las lesiones certificadas en autos no existirían, y no se habrían iniciado estas actuaciones. Concluyó que no estaría acreditada en el legajo la responsabilidad de su representado, por lo que pidió se disponga su sobreseimiento o la falta de mérito.
Por último, cuestionó el monto de embargo fijado en el auto de procesamiento pues, a su entender, resulta excesivo y arbitrario, más aun, dijo que se deben tomar en cuenta las condiciones personales del encartado, quien se desempeña como chofer de remis y carece de antecedentes penales.
Quedan así planteadas las cuestiones a resolver.
I. Que, analizados los agravios expresados por la recurrente, adelantamos, no obtendrán favorable acogida.
Así, contrario a lo expresado por la apelante, se advierte un lógico tratamiento de la cuestión, dado que, para atribuir responsabilidad al imputado en el evento, se valoraron en primer término las pruebas que acreditan prima facie la materialidad de los hechos y la autoría en cabeza del encartado, ponderando inclusive su declaración indagatoria (ver fs. 70 vta.).
Como consecuencia de ello, el pronunciamiento se encuentra fundado en los elementos valorados por la jueza en el considerando de la resolución. En este sentido, vale recordar que la convicción que lleva a los magistrados a adoptar una determinada decisión debe ser una conclusión lógica de un examen analítico de los hechos y de una apreciación crítica de los elementos de prueba (Gorphe Francois; Apreciación judicial de las pruebas; Hammurabi; Buenos Aires; 2007; pág. 21). Que, tampoco acierta la defensa al señalar que se hubiera efectuado una valoración parcial de la prueba adunada al legajo, toda vez que, como dijimos, la materialidad de los hechos y su autoría se acreditó con los dichos de los ocupantes del rodado que guiaba el imputado, especialmente, el relato de la damnificada por el hecho, que describió la mecánica del siniestro vial, corroborado por la pericial accidentológica. Se incorporó el certificado médico policial y el informe del Cuerpo Médico Forense del Excmo. T.S.J., que describen las lesiones que presentaba la víctima al examen, señalando en particular el carácter, tiempo de curación y posible elemento productor (ver fs. 04 y 66).
Asimismo, se consideró el informe pericial de fs. 49/52 y vta., donde se concluyó que la probable causa del evento, habría sido la omisión por parte del imputado de ceder el paso en una encrucijada semaforizada y, tratándose de un vehículo afectado al servicio de remis, no haber exigido a los pasajeros la utilización de los cinturones de seguridad.
Por dar un ejemplo, con idénticos elementos, se ha confirmado un procesamiento; diciendo: “Si bien la sola inobservancia de los reglamentos que regulan el tránsito, no acarrea por sí mismo responsabilidad de índole penal, si tal conducta evidencia además un obrar antirreglamentario, como en las actuaciones de marras que se habría pasado una arteria cuando el semáforo indicaba luz roja, y si tal circunstancia es además determinante del accidente ocurrido, la misma resulta susceptible de achaque en este ámbito, en tanto y en cuanto, la inobservancia y violación incurrida respecto a lo prescripto en arts. 39 inc. b) y 44 inc. a) punto 1 de la Ley Nº 24.449, que imponían al indagado conducir con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio de su vehículo, evaluando los riesgos de la circulación y contingencias del tránsito, precisamente por conducir él mismo un objeto creador de riesgo, y que en tal acción contravino una disposición de la citada ley, cual es la que establece que en las vías reguladas con semáforo, los vehículos deben, con luz roja, detenerse antes de la línea marcada a tal efecto de la senda peatonal, evitando cualquier movimiento, acción esta que, llevada a cabo en forma imprudente por el traído a proceso, ha contrariado las disposiciones vigentes y además habría determinado la colisión de su vehículo con el que venía circulando correctamente…” (Cám. 2ª Crim. Formosa; “R., Carlos Justo Eduardo s. Lesiones culposas calificadas”; 28/02/2011; Departamento de Informática Jurisprudencial del Poder Judicial de Formosa; RC J 5732/16). Que no puede prosperar el argumento de la defensa, relativo a la inexistencia de testigos presenciales imparciales, dado que los relatos de los pasajeros del taxi, resultan contestes con la prueba objetiva también valorada en la causa En suma, a la luz de la reseña efectuada, entendemos que los elementos valorados por la instrucción, resultan suficientes para atravesar la barrera del art. 289 del CPP.
Por su parte, juzgamos desacertado el cuestionamiento de la defensa, referido que no se encuentren reunidos los elementos mínimos, constitutivos de la figura penal bajo análisis. Ello así, habida cuenta que –tal como se acreditó prima facie en autos- la doctrina exige para la configuración del ilícito, que el autor fuera el conductor del rodado y que las lesiones se hubieran provocado de modo imprudente, en tanto la relación de causalidad se debe comprobar con la pericial accidentológica (Aboso, Gustavo Eduardo; Código Penal de la República Argentina –Comentado, concordado con jurisprudencia-; Ed. B de F; pág. 584). Que, también será desestimado el planteo relativo a que no hubiera quedado fehacientemente demostrada la relación de causalidad que exige el delito de lesiones culposas, dado que la jueza en el pronunciamiento, logró establecer la relación de determinación existente entre el obrar antirreglamentario del imputado y el resultado lesivo en la víctima. (ver fs. 71/71 y vta.).
Para finalizar, contrariamente a lo expuesto por la defensa, entendemos, quedó acreditada la imprudencia del imputado en la conducción de su vehículo, claro está, con el grado de precariedad que caracteriza esta etapa del proceso, dado que, aun cuando presuntamente una camioneta le impedía ver correctamente el semáforo, habría avanzado y provocado la colisión con el otro rodado violando así lo preceptuado por la Ley Nacional de Tránsito (24449) en su art. 44 inc. a.2). Por último, en relación al agravio referido al monto de embargo establecido, al efectuar una atenta lectura de la resolución puesta en crisis -sobre este punto-, surge que la Magistrada en el punto III.b) del considerando, dio las pautas por las que consideraba adecuado establecer el monto del embargo en la suma de pesos cien mil ($ 100.000.-). Dicha cifra no aparece como irrazonable, ya que la misma guarda relación con el perjuicio que se hubiere causado (ello en función de que el art. 499º del CPP establece que al momento de decretar el procesamiento el Magistrado debe ordenar, también, el embargo de bienes del imputado). Por otro lado, la parte recurrente no dio ningún argumento o parámetro en apoyo a su postura que nos permitan apartarnos del criterio seguido por la Sra. Jueza interviniente, limitándose genéricamente a calificarlo como `excesivo´, razón por la cual rechazaré este infundado cuestionamiento.
II. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
III. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto que obra glosado a fs. 68/72 y vta., por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE.
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected].
4. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
(PB)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia