Abriendo la norma
Cámara en lo Criminal de la 1º Circunscripción
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Condenar a A. J. F. M., de demás circunstancias personales obrantes en autosa la pena de DOS (2) años de prisión de cumplimiento efectivo como autor penalmente responsable del delito de DAÑO, VIOLACIÓN DE DOMICILIO, LESIONES LEVES AGRAVADAS POR SER PERPETRADAS EN CONTEXTO DE GÉNERO Y AMENAZAS CALIFICADAS, EN CONCURSO REAL Y DESOBEDIENCIA”, previsto y reprimido por el art. 150,183, 89, 92, 80 inc. 1º, 149 bis, 239 y 55 del Código Penal, además del pago de las costas del proceso (art. 29 inc. 3ro del CP)
2MANTENER el estado de detención de A. J. F. M., en la dependencia policial y/o penitenciaria en la que se encuentra actualmente alojado.
3INSCRIBIR la presente sentencia en el Registro Único de Personas Violentas (R.U.V.), dependiente de la Dirección General de Policía en Función Judicial, ello conforme lo previsto por la Ley provincial Nº 3595.
4CONSULTAR a G.
V. A. C., víctima de autos, si desea ser informada por el juez o tribunal de ejecución respecto de la sustanciación de trámites tendientes a obtener los distintos estadios de progresividad para la reinserción social del agresor (salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional, prisión domiciliaria, prisión discontinua o semidetención, libertad asistida y régimen preparatorio para la liberación).
LIBRO: XCIX REGISTRO: 3424 FOLIO:001/008
Río Gallegos, 22 de junio de 2026
Que se reúne en acuerdo la Cámara en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia de Santa Cruz, bajo la Presidencia del Dr. Jorge Daniel Yance, con la vocalía titular de la Dra. María Alejandra Vila y la vocalía por subrogancia legal del Dr. Gerardo Giménez, asistidos por la Sra. Secretaria, Dra. Gabriela Mansilla, a fin de dictar sentencia en autos caratulados: "A. J. F. M. JOSÉ S/DAÑO, VIOLACIÓN DE DOMICILIO, LESIONES LEVES AGRAVADAS POR SER PERPETRADAS EN CONTEXTO DE GÉNERO Y AMENAZAS CALIFICADAS, EN CONCURSO REAL Y DESOBEDIENCIA” Expte. N° ****/26 y resolver la situación procesal de A. J. F. M., hijo de J. F. M. y de G. G., argentino, nacido el ** de ***** de 1982 en la ciudad de Santa Fe -de la homónima provincia-, soltero, alfabeto, desocupado, actualmente alojado en la sede de la División Comisaría Primera de Puerto San Julián, con xxxxx N° **** de Puerto San Julián; titular del Documento Nacional de Identidad Nº **.***.***, quien se encuentra asistido por el Defensor Público Oficial ante esta Cámara Dr. Emin Charif Sat; representa la acusación estatal la Fiscal ante esta Cámara, Dra. María Verónica Zuvic y a la parte querellante, G. V. A. C., el Dr. M. M. del Moral; y,
Que llegan las presentes actuaciones a entendimiento de este Tribunal en virtud del requerimiento de elevación a juicio del fiscal obrante a fs. 361/371 en el que se le imputa a A. J. F. M. “...haberse hecho presente en el domicilio xxxxx Nº *** y previo a romper el pestillo de seguridad del portón de entrada introducirse contra la voluntad presunta de G. V. C., hasta el sector del dormitorio donde la nombrada se hallaba dormitando y en dichas circunstancias propinarle a la nombrada un golpe de puño provocándole las lesiones certificadas a fs. 15/vta., para luego prometerle que la mataría y que ninguno de los dos saldría vivo, al tiempo que blandía un cuchillo, tipo carnicero, el que fuera entregado por M. R. V. y se encuentra incautado en autos, quedándose recostado en el interior de la vivienda; hasta el arribo del personal policial que lo detiene. Hecho ocurrido en Puerto San Julián, el día 15 de Febrero de 2025, entre las 4:30 horas y las 9:00 horas..."
También se lo acusa de “…haber desobedecido la medida cautelar de prohibición de acercamiento vigente dispuesta en los autos caratulados: "Comisaria Primera S/Investiga" (Expte. N°C-**.***/24), que tramitan por ante este Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1, dispuesta por la Sra. Juez Subrogante Dra. Anahí Mardones (fs. 130), comunicada y notificada mediante acta de fs. 132 el día 07 de enero de 2025, al ingresar a la vivienda, sita en xxxxx N° *** de esta localidad, ocupada por la Sra. G. V. A. C., siendo aprehendido en dicho inmueble por personal policial actuante. Hecho ocurrido en Puerto San Julián el día 15 de febrero de 2025 entre las 04:30 horas y las 09:22 horas aproximadamente…”.
A fs. 410/vta obra la propuesta de Omisión de Debate en los términos del artículo 517 del Código de Rito remitida desde la Fiscalía ante esta Cámara, en la que su titular estimó, teniendo en cuenta las pautas mensurativas establecidas en los artículos 40 y 41 del Código Penal, en orden al delito de DAÑO, VIOLACIÓN DE DOMICILIO, LESIONES LEVES AGRAVADAS POR SER PERPETRADAS EN CONTEXTO DE GÉNERO Y AMENAZAS CALIFICADAS, EN CONCURSO REAL Y DESOBEDIENCIA (previsto y reprimido por el art. 150,183, 89, 92, 80 inc. 1º,149 bis, 239 y 55 del Código Penal), apropiado el dictado de una pena de DOS (2) AÑOS DE PRISIÓN DE CUMPLIMIENTO EFECTIVO, además del pago de las costas del proceso (art. 29 inc. 3ro del CP).
Por su parte, la parte querellante, el defensor oficial y su asistido aceptaron lo propuesto por la Sra. Fiscal, conforme surge a fs. 414, 421 y 427.
Cumplidos que fueran estos actos procesales, quedan las presentes actuaciones aptas para analizar y resolver, en primer término, la aceptación de la omisión de debate y del límite de la condena estimada por la Fiscal de Cámara y, de resultar procedente la propuesta, la situación procesal del encartado A. J. F. M.; y,
Que en función de lo establecido por el artículo 381 del Código Procesal Penal, la Excma. Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial ha establecido el siguiente orden de tratamiento de las cuestiones traídas a despacho para resolver:
PRIMERA CUESTIÓN: ¿Son admisibles y procedentes la propuesta de omisión de debate y el límite de la condena estipulada por la Sra. Fiscal de Cámara? Que a la primera cuestión, el Tribunal expresó:
Se han cumplido los requisitos legales establecidos en el artículo 517 del Código Procesal Penal para tornar viable la procedencia de la omisión de debate en el presente juicio, contando las actuaciones con la propuesta formal por parte de la Sra. Fiscal de Cámara, la parte querellante y la correspondiente aceptación y conformidad tanto del defensor interviniente como del propio imputado y el representante del Ministerio Complementario.
Conforme a las características de los hechos, a la entidad de los bienes jurídicos tutelados lesionados por los delitos y a las condiciones personales del imputado, a criterio de este Tribunal, el monto de pena solicitado por la Sra. Fiscal de Cámara para el caso de recaer sentencia condenatoria, resulta ser admisible y adecuado. Es por ello que este Tribunal por unanimidad resuelve en primer término decretar la omisión de debate y proseguir con el estudio de las otras cuestiones para dictar sentencia en los presentes actuados.
SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Se encuentra acreditada la materialidad del hecho ilícito, la autoría y la consecuente responsabilidad penal del acusado?
Al respecto, el Tribunal dijo:
Que como punto de partida se tomará el informe policial remitido desde la División Comisaría Primera de la localidad de Puerto San Julián, que dio cuenta de que el 15 de febrero de 2025 se iniciaron actuaciones prevencionales de oficio con motivo de un requerimiento de auxilio a través de un llamado anónimo a la línea de emergencia 101 en el que se requirió presencia policial en el domicilio de la xxxxx N° *** de la localidad de Puerto San Julián, ya que una mujer estaba siendo violentada por un masculino.
Comisionado personal uniformado al lugar, mediante una ventana de la vivienda observaron a una persona de sexo femenino que por señas de manos les indicó que se dirigieran hacia el sector trasero, donde dialogaron con M. R. V., hija de la víctima, G. V. C., quien se encontraba en el interior sollozando y no pudo expresarse respecto de lo ocurrido, por lo cual la dicente manifestó que momentos antes A. J. F. M., expareja de G. V. A. C., había ingresado al lugar mientras su madre se encontraba descansando en el dormitorio, le propinó un golpe de puño y la amenazó mediante el empleo de un cuchillo.
En ese momento, la Sra. M. R. V. expresó al personal policial que A. J. F. M. todavía se encontraba recostado en la habitación de su madre, en la que se concretó su aprehensión.
Posteriormente, la personal de la preventora se entrevistó con la víctima, que ratificó todo lo manifestado por su hija respecto de la agresión y las amenazas cometidas por A. J. F. M..
En mérito de lo expuesto, se secuestró el cuchillo utilizado por el imputado conforme surge a fs. 04/06, acta de inspección ocular, el cual se halló en parte superior de la mesa de la vivienda.
Sumado a ello, durante su declaración testimonial G. V. A. C. expresó que ese día había llegado a las 01:00 horas a su casa, momento en el que se percató de que su vehículo, un Volkswagen Gol Country, no se encontraba allí, por lo que dedujo que el imputado se lo había llevado, previo forzar el portón de entrada de su domicilio. Agregó que como supo que había sido el encartado, prefirió dormir para evitar problemas debido a que él era agresivo; su presentimiento se confirmó cerca de las 06:30 horas, cuando A. J. F. M. regresó a su domicilio, rompió la puerta del baño, ingresó a su habitación, le propinó un golpe en la zona de la cola, otro en el hombro y posteriormente le profirió términos amenazantes como que la iba a matar y que ninguno de los dos iba a salir vivo del lugar mientras le exhibía un cuchillo largo de mango negro que había sacado de la cocina, todo ello mientras en la habitación se encontraba también F., su hijo menor.
Que luego el imputado se tranquilizó y se acostó a dormir en la cama de su hijo F., que lindaba a la suya y que en dos oportunidades se levantó solo para agredirla verbal y físicamente, esto último tomándola del cuello y las manos.
Sindicó que cerca de las 09:00 horas, horario en que solía ir a trabajar, A. J. F. M. se levantó nuevamente y le dijo que la iba a seguir hasta su trabajo, momento en el que su hija M. R. decidió llamar a la policía.
Sumado a ello, los dichos de M. R. V. fueron coincidentes con los de su progenitora, por cuanto explicó que primero escuchó un golpe, por lo que se acercó a la habitación de su madre, donde vio al acusado sobre ella con un cuchillo en su mano y profiriéndole amenazas frente a F. su hermano menor, quien le entregó el cuchillo y le dijo: " para que papá no mate a mamá".
Continuó su relato, y expresó que aproximadamente a las 09:02 horas su madre comenzó a limpiar la casa antes de ir al trabajo, momento en que A. J. F. M. se levantó y retomó las amenazas hacia ella, esta vez manifestando que si lo metían preso, la iba a matar cuando saliera.
Además, sindicó que el encartado constantemente insultaba a su madre delante de sus hermanitos y relató diversos episodios de violencia vividos en el seno familiar; aseveró que ese día el imputado había dañado la puerta, que estaba trabada y que ante la negativa de su madre a tener relaciones se montó sobre ella, comenzó a ahorcarla e intentó apuñalarla delante de F., que lo golpeaba con un control remoto en la cabeza para que la dejara, por lo que ella intervino, pero el incuso cerró la puerta de la habitación.
Aclaró que vio todo lo relatado a través del vidrio de la puerta, que le mandó un mensaje a una hermana de la Iglesia llamada Ú. -alias P.- para que llamara a la policía y que junto a su hermanito sacaron todos los cuchillos de la casa por temor al imputado.
Como dato sustancioso dijo que su madre había solicitado el dictado de una restricción de acercamiento a su persona en los meses de diciembre del 2024 y enero del 2025, razón por la cual el encartado, de quien no supo nada más hasta el día del hecho, dejó de residir en el domicilio.
Sumado a ello, se le recibió declaración bajo formato Cámara Gesell a F. M., quien expresó que el hecho ocurrió en la habitación de su casa, que su padre A. J. F. M. quiso matar a su madre, por lo que junto a su hermana –M.- escondieron los cuchillos que había en la vivienda.
Durante su declaración indagatoria, el imputado confirmó que el día del hecho estaba en el domicilio, en el que residía junto a sus hijos F. S. y V. B. M., y que finalizada la restricción perimetral impuesta por el término de 30 días, la damnificada lo llamó para retomar la relación; refirió que el día del hecho se había acostado a dormir en una de las habitaciones de la casa y se despertó cuando la policía tocó la puerta, pero desconocía por qué lo buscaban; aportó como testigos al O. B. y E. D..
En su declaración testimonial que obra a fs. 76/vta, O. B. sindicó que le alquilaba la casa ubicada en calle xxxxx Nº *** de la localidad de Puerto San Julián al imputado y a la Sra. G. V. A. C. -con quienes no tenía relación- desde el año 2020, ambos vivían junto a sus dos hijos menores de edad.
Al ser consultado por cual fue el último contacto que tuvo con el imputado, expresó que no lo recordaba, pero que los últimos dos o tres meses el alquiler de la vivienda habían sido abonados por la Sra. G. V. A. C..
Asimismo, obran en autos las declaraciones del personal policial que intervino el día del hecho, que dan cuenta del estado de la víctima y de la presencia del imputado en el lugar del hecho, en su caso la agente de policia A. C. S. observo al ingresar a la vivienda que G. V. A. C. estaba retraída, vulnerable y no podía hablar. Previo a resolver el fondo de las cuestiones traídas a estudio, debemos tener en consideración que los hechos investigados constituyen situaciones de violencia de género, respecto de la cual es pacífica la jurisprudencia al determinar que ante la mujer que aduce sufrirla, debe incorporarse la perspectiva de género como principio rector para su solución, que exige para ello un análisis integral tanto de la normativa internacional como de la jurisprudencia sentada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y deriva en la necesidad de tener presente que las víctimas de autos gozan en el proceso judicial de un estándar de protección superior producto de las peculiares condiciones que definen su estado de vulnerabilidad. Las consideraciones precedentes no implican relevar al Tribunal de la exigencia de valorar la prueba conforme a las reglas de la sana crítica racional, sino contextualizar adecuadamente los hechos investigados a partir de las particulares dinámicas que caracterizan a la violencia de género, evitando interpretaciones estereotipadas incompatibles con los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino.
En este sentido, resulta útil evocar la definición de violencia contra las mujeres de la Ley 26.485 (Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres), que en su artículo 4 la determina como “toda conducta, por acción u omisión, basada en razones de género, que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, en el espacio analógico o digital, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, participación política, como así también su seguridad personal”, quedando asimismo comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes.
Además, corresponde destacar que surge de las constancias de autos que la relación de pareja fue varias veces interrumpida y luego retomada, lo que constituye una característica usualmente presente en las interacciones violentas de pareja consistente en una modalidad cíclica entre fases de acumulación de tensión, agresión y arrepentimiento (o luna de miel), cuyo estallido agresivo suele presentar un incremento progresivo en su intensidad.
Es dentro de este marco que nos encontramos ante un plexo probatorio apto para generar el grado de convicción necesario respecto de la materialidad y autoría de los hechos.
En los hechos denunciados, se vislumbra este contexto violento en las manifestaciones de la denunciante, la cual contaba con denuncias previas del mismo tenor ante el Departamento de Violencia Familiar y de Género policial -en las que explicó que tanto ella como sus hijos sufrían persecución, hostigamiento y una incesante violencia verbal, física y psicológica sufrida por el grupo familiar. Por otra parte, se patenta una doble vulnerabilidad respecto de los hijos en común que poseen, ya que ambos vivieron situaciones de vulnerabilidad al ser testigos de la violencia dirigida hacia su progenitora, que incluso en el caso de F. se hizo visible en la somatización, ya que no controlaba sus esfínteres cuando su progenitor estaba en estado de ebriedad, dicha vulnerabilidad fue recogida en el art. 19 de la Convención del Niño que insta a los Estados parte a adoptar las medidas que sean apropiadas para proteger a los niños contra todo abuso, cuando el mismo se encuentre bajo la custodia "de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo"
En este sentido, "Las garantías de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana deben aplicarse a la luz de la especialidad que el propio Pacto de San José ha reconocido a la materia de infancia y adolescencia, en el sentido de proteger reforzadamente los derechos de niños” -CIDH, Opinión Consultiva 17/2002-. Por su parte, las "100 Reglas básicas de acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad" (o Reglas de Brasilia) se incluyó expresamente a los menores de edad al conceptualizarse a las personas en situación de vulnerabilidad, estableciéndose en su ítem (3) que: "Se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico". A su vez, en el ítem (11) del Capítulo 5, se dispone que: "Se considera en situación de vulnerabilidad aquella víctima del delito que tenga una relevante limitación para evitar o mitigar los daños y perjuicios derivados de la infracción penal o de su contacto con el sistema de justicia...La vulnerabilidad puede proceder de sus propias características personales o bien de las circunstancias de la infracción penal".
En el primero de los trámites, resultaron contestes las declaraciones tanto de G. V. A. C. como de M. R. V. -que fueron sostenidas a lo largo del tiempo, tanto ante los efectivos intervinientes en el lugar del hecho como en la dependencia policial y en sede judicial- y del menor que fue su testigo, que se vieron confirmadas tanto por las resultas de la inspección realizada en el sitio como por las demás circunstancias objetivas reunidas en autos.
A fs. 131/132 se encuentran las actas de notificación tanto del imputado de autos como de la damnificada, de donde surge la extensión de prohibición de acercamiento y de comunicación por cualquier medio por parte de A. J. F. M. hacia G. V. A. C. y sus hijos menores de edad, por el término de sesenta (60) días, es decir, hasta el día 07 marzo de 2025, comprensivo sobre la vivienda de la nombrada xxxxx Nº *** de dicha localidad.
En su defensa material A. J. F. M.: “…en el momento que yo había hablado con ella, ella había levantado la perimetral, realmente yo estaba viviendo con ella, ella mintió en ese caso..." A todo eso, después de haber dejado el auto en la Comisaría me fui a la casa de mi hermana, luego de dos semanas me manda a llamar con la nena, pidiéndome que le lleve un helado, el cual yo le dije a la nena, que no podía ir por que estaba peleado con la madre, la nena me dice, que venga igual, que quería hablar conmigo, asi que arreglamos los asuntos con ella, ella me leyó la biblia, llegamos a un acuerdo, después de ese momento, pasamos las fiestas...". La versión exculpatoria brindada por el imputado no logra generar una duda razonable respecto de la hipótesis acusatoria. En efecto, aun cuando sostuvo que había retomado la convivencia con la damnificada luego de la imposición de la medida cautelar, dicha circunstancia no encuentra respaldo en ningún elemento objetivo incorporado al proceso y resulta contradicha por las restantes constancias probatorias, particularmente por las manifestaciones de la víctima, de M. R. V. y por la propia existencia de una prohibición de acercamiento vigente al momento de los hechos.
Podemos concluir que el incuso, se presentó en la vivienda de G. V. A. C. el día 15 de febrero de 2025, desobedeciendo la orden judicial de extensión de prohibición de contacto de la que fuera notificado con fecha 07 de enero de 2025, impuesta por el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nº Uno de Puerto San Julián)” Expte. N°**.***/24 por un plazo de sesenta (60) días.
Así las cosas, las constancias reunidas permiten tener por acreditadas tanto la materialidad de los hechos como su autoría en cabeza del imputado.
La conclusión precedente no deriva de la mera reiteración de los dichos de la víctima, sino de la convergencia de múltiples elementos de corroboración independientes entre sí. En efecto, el relato brindado por G. V. A. C. se mantuvo sustancialmente inalterado desde las primeras intervenciones policiales hasta su declaración en sede judicial, encontrando respaldo en los dichos de M. R. V., en la declaración recibida bajo modalidad Cámara Gesell al menor F. M., en el secuestro del cuchillo utilizado durante el episodio, en las lesiones objetivamente constatadas y en la presencia del imputado en el lugar de los hechos al momento de su aprehensión. Tal concordancia periférica otorga credibilidad al relato incriminante y permite descartar hipótesis alternativas razonables.
Asimismo, durante el transcurso del proceso no se han comprobado situaciones especiales que hagan viable algunas de las causas de exclusión o de justificación previstas en el artículo 34 del Código Penal ni de ninguna excusa absolutoria, por lo que en razón de lo analizado el Tribunal entiende que el encartado deberá responder penalmente por los hechos imputados.
TERCERA CUESTIÓN: ¿Qué calificación jurídica corresponde otorgar a la conducta del acusado en el hecho?
Al respecto, el Tribunal dijo:
Comprobada que fuera la materialidad y la autoría de los hechos enrostrados, corresponde ahora abocarnos al encuadre jurídico de cada uno de ellos, lo que a fines de mantener el orden del relato se llevará a cabo en forma diferenciada para cada uno de ellos.
En primer lugar, no requiere mayores consideraciones que efectuar el encuadre jurídico del hecho en el que el imputado ingresó al domicilio de la damnificada contra su voluntad y pesando sobre él la orden de prohibición de acercamiento y de comunicación, la cual le fue debidamente notificada conforme surge de fs. 132, acto que resulta a todas luces constitutivo del delito de violación de domicilio, previsto en el artículo 150 del Código Penal.
La conducta desplegada por A. J. F. M. es constitutiva de la figura penal prevista en art. 239 del CP, es decir, desobediencia, tal como se describiera ut supra. El tipo penal en examen exige la existencia de una orden emanada de autoridad competente a través de la cual se imponga la obligación de hacer o no hacer algo a persona determinada. Además, que dicha persona tenga un fehaciente y cabal conocimiento de la existencia de dicha disposición y que amén de ello, decida en forma voluntaria incumplirla no haciendo lo que debe hacer o como en este caso, haciendo lo que se le ha prohibido realizar.
Seguidamente, fueron certificadas las lesiones a fs. 15/ vta, dando cuenta que los golpes propinados a G. V. A. C. por parte del imputado provocaron un daño físico en su cuerpo que no requirió mayores tiempos de curación, por lo que dicha conducta se encuadra, prima facie, en el delito de lesiones leves (art. 89 del CP). Ahora bien, el análisis de dicha conducta no se agota en la exposición que antecede; teniendo en cuenta que en el caso de la denunciante se tuvo por comprobado que las lesiones se produjeron en el marco de una relación de ex pareja caracterizada por violencia sistemáticamente ejercida sobre ella por el imputado, es que dicha agresión constituye un caso de lesiones leves doblemente agravadas en contexto de violencia de género (artículo 92 del CP en función de lo previsto por los incisos 1 del artículo 80).
Sumado a ello, en virtud de que las constancias de autos permitieron tener por probada la destrucción del candado del portón de la vivienda de la damnificada, es que dicha conducta se encuadra en el tipo penal de daño (art. 183 del CP). Por otra parte, se entiende que los dichos amenazantes sufridos por G. V. A. C. mientras sucedía el hecho revistieron una entidad y verosimilitud suficientes como para causar el efecto amedrentador deseado en la damnificada, máxime cuando se tienen en cuenta las circunstancias ambientales de violencia de género del hecho. Al respecto se ha dicho que "... la relación entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, es una circunstancia que no puede desatenderse dentro del análisis de las manifestaciones proferidas. Ese vínculo debe ser especialmente ponderado a la luz de la normativa y los compromisos asumidos por el Estado Argentino al ratificar la “Convención de Belem Do Pará”, la “Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer” y las “Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad”, en especial, ante víctimas mujeres, cuando entre ambos protagonistas se perfila una relación asimétrica o de vínculo vertical" (Marcela De Langhe. Código Penal t. 3, Argentina: Hammurabi, 2025, p.731).
Es por ello que los dichos proferidos y con la utilización de un cuchillo por parte del incuso encuadran en el delito de amenazas calificadas, delito previsto y reprimido por el primer supuesto del primer párrafo del artículo 149 bis del Código Penal. Finalmente, y en razón de que nos encontramos ante varios hechos independientes reprimidos con una especie de pena, corresponde aplicar las previsiones del concurso real de delitos (artículo 55 del CP).
Es por ello que este Tribunal entiende que el actuar oportunamente llevado a cabo por A. J. F. M. resulta constitutivo de los delitos de daño, violación de domicilio, lesiones leves agravadas por ser perpetradas en contexto de violencia de género y amenazas calificadas, todo en concurso real y desobediencia arts. 239, 150, 183, 89, 92 en función del 80 incs. 1, 149 bis y 55 del artículo 92 del del Código Penal). CUARTA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde adoptar?
Que para establecer la sanción justa aplicable, se debe tomar en cuenta la participación del imputado y la calificación legal que fuera establecida, actuando de conformidad con las pautas establecidas en los artículos 40 y 41 del Código Penal. Que en este caso en particular y existiendo pena sugerida por la Sra. Fiscal de Cámara al momento de efectuar la propuesta de omisión de debate, el Tribunal debe actuar conforme lo estipula el artículo 517 del Código de Rito, más precisamente en su párrafo quinto, según el cual, si bien puede arribarse a una sentencia absolutoria, en caso de dictarse sentencia condenatoria la sanción nunca podrá superar la pena mayor requerida por el Agente Fiscal o la parte querellante (si la hubiere).
Asimismo, y a los fines de graduar la pena, deben tenerse en cuenta las resultas del Informe socio económico-ambiental y las demás constancias obrantes en autos, de las que surge que A. J. F. M. nació hace 43 años en la provincia de Santa Fe, es padre de cinco hijos -de los cuales mantiene contacto solamente con tres, que resultan ser mayores de edad-, terminó sus estudios secundarios y se encontraba desocupado hasta el momento de su detención.
El tribunal no advierte la existencia de atenuantes; operan como agravantes la multiplicidad de hechos cometidos y bienes jurídicos afectados, que redundan en un daño de mayor entidad, la vulnerabilidad aprovechada respecto de su víctima y su comisión frente a menores de edad, que generó secuelas que impactaron en su desarrollo.
Asimismo, debe ponderarse especialmente el desprecio evidenciado por el imputado respecto de una orden judicial vigente destinada precisamente a proteger a la víctima, circunstancia que exterioriza una mayor intensidad en la voluntad de desconocer los mecanismos institucionales de tutela y agrava el contenido de injusto de su conducta.
Debe destacarse la existencia de una condena previa de fecha 04 de febrero de 2026, dictada por este Tribunal en el marco de los autos radicados bajo el N° 9337/25 que fue protocolizada en el L° XCIII, Rº 3294, Fº 074/081, en la que se le impuso a A. J. F. M. una pena de ocho (8) meses de prisión efectiva en orden a los delitos de daño, lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, lesiones leves agravadas por el vínculo -dos hechos- y amenazas -dos hechos-, todo en concurso real entre sí (artículos arts. 55, 149 bis, 183, 89, 80 incs. 1 y 11 y en función del artículo 92 del del Código Penal), por hechos cometidos el 8 de noviembre de 2022 y el 4 de diciembre de 2024, que fue cumplida en su totalidad el 04 de febrero de 2026, ello conforme surge de los registros de la Secretaria de Ejecución de Sentencias.
Dicho antecedente, aun cuando no configure un supuesto de reincidencia legal, constituye un indicador relevante al momento de evaluar las pautas de los artículos 40 y 41 del Código Penal, en tanto evidencia la insuficiencia de la respuesta penal previamente impuesta para disuadir al encartado de incurrir nuevamente en conductas violentas de similar naturaleza.
Con respecto al monto de pena a imponer al acusado, habiéndose evaluado su situación personal en su relación con el contexto fáctico y jurídico contenido en este proceso y conforme a las pautas mensurativas contenidas en el Digesto Penal, y a fines de que el encartado adquiera conciencia de la ilicitud de su conducta, del daño que ocasionó y adopte una actitud positiva para renunciar a la comisión de nuevos delitos, se considera apropiado aplicar la pena de DOS (2) años de prisión de cumplimiento efectivo para los delitos de DAÑO, VIOLACIÓN DE DOMICILIO, LESIONES LEVES AGRAVADAS POR SER PERPETRADAS EN CONTEXTO DE GÉNERO Y AMENAZAS CALIFICADAS, EN CONCURSO REAL Y DESOBEDIENCIA”, previsto y reprimido por el art. 150,183, 89, 92, 80 inc. 1º,149 bis, 239 y 55 del Código Penal, además del pago de las costas del proceso (art. 29 inc. 3ro del CP), ello en concordancia de lo sugerido por la Sra. Fiscal de Cámara.
De esta manera, el tiempo y modalidad de cumplimiento de la pena impuesta se corresponde con la finalidad prevista en la Ley N° 24.660, más precisamente en el art. 1, donde se establece que "La ejecución de la pena privativa de la libertad, en todas sus modalidades, tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender, y respetar la ley procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad…".
En razón de lo expuesto, deberá mantenerse su estado de detención en el centro en el que se encuentra alojado, a disposicón de los presentes.
También deberá inscribirse la presente sentencia en el Registro Único de Personas Violentas (R.U.V.- Ley provincial Nº 3595), dependiente de la Dirección General de Policía en Función Judicial, ello conforme lo previsto por la Ley provincial Nº 3595. Por otra parte, en razón de la calidad de Querellante de G. V. A. C., víctima de autos, al notificar la presente se dará cumplimiento a las previsiones de los artículos 73 inciso b del Código Procesal Penal, 5 inciso “i” de la Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas víctimas de delitos y 11 bis de la Ley 24.660 de Ejecución de la pena privativa de libertad, en virtud de las que corresponde ponerla en conocimiento de la sentencia recaída y consultarles si desean ser informadas por el juez o tribunal de ejecución respecto de la sustanciación de trámites tendientes a obtener los distintos estadios de progresividad para la reinserción social del agresor (salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional, prisión domiciliaria, prisión discontinua o semidetención, libertad asistida y régimen preparatorio para la liberación).
En virtud de la deliberación y el acuerdo que antecede y lo dispuesto por los artículos 381, 382, 383, 386 y 517 del Código Procesal Penal, la Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial:
1. CONDENAR a A. J. F. M., de demás circunstancias personales obrantes en autosa la pena de DOS (2) años de prisión de cumplimiento efectivo como autor penalmente responsable del delito de DAÑO, VIOLACIÓN DE DOMICILIO, LESIONES LEVES AGRAVADAS POR SER PERPETRADAS EN CONTEXTO DE GÉNERO Y AMENAZAS CALIFICADAS, EN CONCURSO REAL Y DESOBEDIENCIA”, previsto y reprimido por el art. 150,183, 89, 92, 80 inc. 1º, 149 bis, 239 y 55 del Código Penal, además del pago de las costas del proceso (art. 29 inc. 3ro del CP)
2. MANTENER el estado de detención de A. J. F. M., en la dependencia policial y/o penitenciaria en la que se encuentra actualmente alojado.
3. INSCRIBIR la presente sentencia en el Registro Único de Personas Violentas (R.U.V.), dependiente de la Dirección General de Policía en Función Judicial, ello conforme lo previsto por la Ley provincial Nº 3595.
4. CONSULTAR a G. V. A. C., víctima de autos, si desea ser informada por el juez o tribunal de ejecución respecto de la sustanciación de trámites tendientes a obtener los distintos estadios de progresividad para la reinserción social del agresor (salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional, prisión domiciliaria, prisión discontinua o semidetención, libertad asistida y régimen preparatorio para la liberación).
5. REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE la presente; firme que sea, REMÍTANSE los presentes actuados a la Secretaria de Ejecución a sus efectos.
Fdo. Dr. Jorge Daniel Yance –presidente-, Dra. María Alejandra Vila –jueza-, Dr. Gerardo Giménez –juez subrogante-. Dra. Gabriela Mansilla –secretaria-.
Fin de la sentencia