Abriendo la norma
TOMO CLXIV – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 10.268 FOLIO Nº 038/040 PROT. ELECT. JR101 416I.261
Río Gallegos, 18 de septiembre de 2026.-
La presente causa caratulada "J.S.A.G. S/ Desobediencia - Expte. N° 11058/25 - Apelación/Causa JR N° 10367/26, venida a despacho para resolver y de la que,
Que a fs. 24/25, obra glosada la resolución dictada por la Sra. Jueza Subrogante del Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal, Correccional y Penal Juvenil de Puerto Santa Cruz, que en su punto l) ordenó el archivo de las presentes actuaciones, en función de lo preceptuado por el art. 187, segundo párrafo del Código Procesal Penal, en cuanto el hecho investigado en autos no constituye delito.
Que a fs. 26/29, la Agente Fiscal de Primera Instancia de Puerto Santa Cruz apeló dicho auto, siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 34/35vta., por la Sra. Fiscal ante las Excmas. Cámaras de la Primera Circunscripción Judicial, habiendo presentado el memorial previsto por el Art. 437 del C.P.P. y renunciando al plazo estipulado en dicha normativa.
Que de esta forma, quedan los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
I. Que la Agente Fiscal sostuvo que el resolutorio recurrido le ocasiona un gravamen irreparable al Ministerio Público Fiscal, ya que la Sra. Jueza Subrogante dispuso la clausura prematura del proceso, sobre la base de una interpretación errónea tanto de la figura penal de desobediencia como de la naturaleza jurídica de las medidas coercitivas previstas en el proceso civil.
Que previo al desarrollo de sus agravios, efectuó una reseña de los antecedentes relevantes del caso.
Que, en primer término, cuestionó que el resolutorio atacara la tipicidad del hecho bajo la premisa de que la orden emitida en sede civil contemplaba apercibimientos compulsivos de multas diarias.
En tal sentido, argumentó que las sanciones conminatorias civiles y el delito de desobediencia responden a finalidades sustancialmente distintas: las primeras procuran compeler al cumplimiento futuro de la manda, mientras que la norma penal posee carácter represivo y tutela el normal funcionamiento de la administración pública y la autoridad de las decisiones judiciales. De igual manera, sostuvo que la coexistencia de mecanismos compulsivos en el fuero civil no desplaza ni excluye, de manera automática, la persecución penal, en tanto ambos planos -civil/compulsivo y penal/represivo- pueden operar de manera complementaria, sin configurar un doble castigo prohibido por el ordenamiento jurídico.
Asimismo, señaló que la resolución civil cuyo incumplimiento se investiga había previsto expresamente que, ante nuevos incumplimientos, podrían imponerse multas y remitirse los antecedentes a la justicia penal.
En dicho marco, destacó que en las presentes actuaciones se encontrarían inicialmente acreditados los extremos exigidos por el art. 239 del Código Penal: una orden concreta, legítima y debidamente notificada por la autoridad competente, seguida de un incumplimiento presuntamente deliberado.
Finalmente, advirtió que, de sostenerse el criterio adoptado en primera instancia, se arribaría a la grave consecuencia práctica de dejar al margen del derecho penal toda orden judicial que cuente con mecanismos de coerción en el fuero civil. A su vez, citó jurisprudencia y doctrina en respaldo de su tesitura.
Por su parte, en el memorial presentado ante esta Alzada, la Sra. Fiscal ante las Excmas. Cámaras de Apelaciones, siguiendo los lineamientos expuestos por la apelante, precisó que, si bien el Derecho Penal constituye la última ratio del ordenamiento jurídico y debe intervenir frente a la afectación de bienes jurídicos de entidad, el principio de mínima intervención no autoriza el archivo inmediato ni la clausura anticipada del proceso cuando aún restan dilucidar aspectos relevantes de la conducta denunciada.
Remarcó que, antes de descartar en forma definitiva la significación penal de la conducta, resulta técnicamente prematuro disponer el archivo sin precisar con rigor el contenido y alcance de la manda judicial, las condiciones de su efectiva notificación, los concretos incumplimientos atribuidos y el contexto en que se habrían producido. Asimismo, insistió en el carácter prematuro de la decisión recurrida.
II. Que, analizadas que fueran las constancias incorporadas al legajo, adelantamos que el recurso interpuesto habrá de prosperar.
En efecto, de las actuaciones surge que la Agente Fiscal, al formular requerimiento de instrucción, describió circunstanciadamente los hechos puestos en su conocimiento, individualizó a la presunta involucrada y requirió la producción de diversas medidas probatorias destinadas a esclarecer las circunstancias denunciadas. Ello, sin perjuicio de que la determinación de la calificación legal pudiera precisarse conforme avanzara la investigación y se contara con mayores elementos para establecer la naturaleza jurídica de los hechos.
Así, en coincidencia con la titular de la acción penal pública, entendemos que la decisión de archivar la causa resulta manifiestamente prematura. Ello, por cuanto de autos surge una hipótesis fáctica concreta, respaldada por la documentación acompañada, que no permite descartar, de manera manifiesta y en esta etapa procesal, la eventual existencia del ilícito penal de “desobediencia”.
Por el contrario, las circunstancias expuestas imponen la necesidad de profundizar la investigación mediante las diligencias oportunamente requeridas por la Sra. Agente Fiscal, a fin de determinar con mayor precisión la posible configuración del ilícito y la eventual responsabilidad de la/s persona/s involucrada/s. En ese sentido, entendemos que acierta la Fiscalía de Cámara al señalar que la aplicación del principio de mínima intervención penal no conduce, en el caso, al archivo inmediato de las actuaciones, sino que procura evitar tanto una expansión innecesaria del poder punitivo como una clausura anticipada de la investigación, máxime cuando aún resta determinar si el comportamiento atribuido posee entidad suficiente para configurar el supuesto previsto en el art. 239 del C.P.
En este contexto, consideramos que el estado actual de las actuaciones no alcanza el grado de certeza suficiente para disponer la clausura definitiva de la causa, imponiéndose la profundización de la instrucción y la producción de las probanzas pertinentes conforme a las reglas procesales vigentes. Ello permite concluir que el archivo dispuesto importó anticipar un juicio definitivo acerca de la atipicidad de los hechos.
Cabe destacar que el archivo constituye una solución excepcional, únicamente procedente cuando la inexistencia de delito o la imposibilidad de proceder surgen de manera palmaria desde las constancias iniciales del legajo, extremo que, como se evidencia de los agravios expuestos por la parte querellante y de la integridad del sumario, no se verifica en el presente caso.
Que, entendemos, la decisión adoptada por la instrucción no resulta la recomendada, pues habiendo una persona individualizada como presunta autora de un delito, no corresponde el archivo de las actuaciones, sino la opción de una de dos alternativas: o dar curso a la investigación iniciada, a fin de arribar a una solución de mérito, o en su caso, ante la imposibilidad de producir las pruebas que acrediten la materialidad ilícita, desvincular definitivamente a quien se vio sujeto a esa persecución penal y dictar su sobreseimiento (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal; Sala I; 05/06/2014; “M, W.D. y otros s/ archivo”; La Ley Online; Cita: TR LALEY AR/JUR/25136/2014).
Sobre el particular, la jurisprudencia tiene dicho que, no habiéndose agotado la posibilidad de producir prueba para completar el conocimiento de los hechos, la decisión de archivar las actuaciones resulta prematura (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal; Sala II; 10/03/2022; B., D. E. s/ legajo de apelación; La Ley Online; Cita: TR LALEY AR/JUR/19594/2022).
Este criterio fue adoptado por esta Alzada, en los autos caratulados: “P.M. s/ Denuncia” Expte. N° P-9555/17, Apelación N° 7441/22; y, recientemente, en las causas: “L.A.E. s/ Denuncia” Expte. Nº 83.810/21, Apelación Nº 9657/25, y “A.S.S. s/ Denuncia” Expte. Nº 32353/25, Apelación N º 9966/25.
En este marco, consideramos que el temperamento adoptado por la Magistrada importó una valoración anticipada del mérito de la investigación, sustituyendo indebidamente la etapa investigativa por un juicio definitivo acerca de la atipicidad de los hechos, sin que se hubieran agotado previamente las diligencias mínimas y necesarias conducentes a su esclarecimiento.
Por lo expuesto, corresponde revocar íntegramente el auto recurrido.
III. Finalmente, cabe aclarar que, más allá de la revocación aquí decidida, no se apartará a la Sra. Jueza Subrogante de su intervención en estos autos. En ese sentido, y teniendo en cuenta que el apartamiento de los jueces es una medida de extrema gravedad institucional, por cuanto son taxativas las causales de excusación/recusación previstas en nuestro digesto procesal, y más aún en el entendimiento de la prevalencia que deben esgrimir las garantías constitucionales del/la Juez/a natural y el principio de especialidad en la Magistratura, entiendo que no corresponde apartar a la Magistrada interviniente en la causa, quien deberá seguir al frente de la instrucción de la presente causa. Sin perjuicio de ello, corresponde poner en conocimiento de la Secretaría de Superintendencia y Jurisprudencia del Excmo. Tribunal de Justicia de la provincia lo aquí decidido, remitiendo copia de la presente resolución a través del SNE.
IV. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.-
V. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.-
Por todo ello, conforme las normas legales citadas, oído que fuera el Ministerio Público Fiscal, y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. REVOCAR íntegramente el auto glosado a fs. 24/25, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE.
3. OFÍCIESE a la Secretaría de Superintendencia y Jurisprudencia del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz comunicando lo dispuesto en el punto III) de los considerandos que anteceden. Al tal fin remítase copia de la presente.
4. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected]
NF
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez de Recursos.-, ante la Actuaria firmante –Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. Conste.
Fin de la sentencia