Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor todo ello, debemos desestimar el pedido de sobreseimiento o falta de mérito solicitado por la defensa, y confirmar íntegramente el auto de procesamiento apelado.
Por último, en relación al planteo referido al embargo dictado, y al efectuar una atenta lectura de la resolución atacada -sobre este punto-, surge que el magistrado en el punto IV) de los considerandos dio las pautas por las que consideraba adecuado establecer el monto del embargo en la suma de pesos treinta mil ($ 30.000), por lo que no deviene arbitrario. Por otro lado, la parte recurrente calificó de abultada la suma fijada, y señaló que su representado se encuentra desocupado y no puede afrontar el pago del monto establecido.
En tal sentido, la cifra determinada no aparece como irrazonable, ya que guarda relación con el perjuicio que se hubiere causado y, asimismo, cabe recordar a la defensa que el monto de embargo fijado en el auto de procesamiento, está destinado a garantizar el pago de la tasa de justicia y los honorarios profesionales, sin que deba tenerse en cuenta, a los fines de su cuantificación, la situación económica del acusado (al respecto véase: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional; Sala IV; 17/09/2009; D.Y.,C.F.; La Ley Online; Cita: TR LALEY AR/JUR/44048/2009). Razón por la cual rechazaremos este cuestionamiento.
II. Perspectiva de derechos:
TOMO CXXVII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8260 FOLIO Nº 052/054 PROT. ELECT. JR101136I.231
Río Gallegos, 17 de noviembre de 2023.-
La presente causa caratulada: “C.J.G. S/ LESIONES LEVES Y AMENAZAS CALIFICADAS POR EL VÍNCULO” Expte. Nº 22096/22, Apelación Nº 8457/23, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 15/18 y vta., obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez titular del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil de El Calafate, quien en el punto 1) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de J.G.C., en orden al delito de “lesiones leves calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género” (arts. 89 y 92 en función del art. 80 incs. 1 y 11 del Código Penal); y en el punto 2) trabó embargo sobre los bienes del imputado por la suma de pesos treinta mil ($ 30.000). Que a fs. 22/24 la defensa técnica oficial apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 35 sostuvo el recurso y, no habiéndose presentado el memorial regulado en el art. 437 del CPP, quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos, y;
Que, en el punto III.a) del recurso impetrado, la defensa sostuvo que su asistido fue incorrectamente procesado por el delito de lesiones leves calificadas por el vínculo, pues advirtió que no existen constancias probatorias que pudieran determinar –prima facie- su responsabilidad.
En tal sentido, expresó que el procesamiento se basa en los dichos de la pretensa damnificada, y el hecho endilgado no corresponde a lo denunciado y a las pruebas reunidas en autos.
A su juicio, el relato de la denunciante no resulta suficiente a los fines de tener por acreditado el hecho ocurrido con las modalidades descriptas, como tampoco lo sería el certificado médico para acreditar la participación de su asistido en el mismo.
Concluyó este apartado asegurando que resultan gravemente afectadas las garantías de defensa en juicio, y el principio de inocencia.
Ya en el punto III.b) de su presentación, el apelante reprochó que se imponga la impronta de violencia de género, pues aseguró que se trata de un hecho aislado. Allí, puso de resalto que no existe constancia alguna de historicidad de la pareja, acreditación de relación asimétrica de poder o circulo de violencia. Objetó que no exista un expediente del juzgado de familia, que permita suponer la existencia de una relación desigual de poder entre las partes.
Cuestionó la aplicación de la Convención de Belém do Pará, pues dijo que produce una grave alteración de principios, derechos y garantías básicas y fundamentales propias del orden jurídico interno de nuestro país, tales como: la defensa en juicio, el debido proceso y el principio de inocencia.
Por último, en el punto III.c), agravió a la defensa el monto de embargo establecido, pues –según dijo- no hay consideraciones (ni constancias en autos) que acrediten que la suma fijada, a la que calificó de abultada, sea la necesaria para garantizar la eventual pena pecuniaria y responsabilidad civil que pudiera caberle a su asistido. Hizo saber que este se encuentra desocupado, y no posee ingresos que le permitan afrontar el pago, por lo que pidió se reduzca el monto. Para finalizar, solicitó se revoque el resolutorio apelado y se sobresea a su defendido o, se dicte la falta de mérito para procesarlo o sobreseerlo.
Quedan así planteadas las cuestiones a resolver.
I. Adelantamos que, contrariamente a lo pretendido por el recurrente, se debe confirmar el procesamiento decretado en la anterior instancia, en tanto se cuenta en autos con la denuncia de la progenitora de la pretensa víctima, quien describió las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se habría desarrollado el episodio que afectara a su hija, en fecha 18 de septiembre de 2022, en el inmueble sito en calle XX, casa 01 de la localidad de El Calafate. En particular, el magistrado apreció este testimonio con rigurosidad, aunque –obligatoriamente- con perspectiva género, a la luz de la “Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales” (ley 26.485); criterio que se comparte. Allí, la denunciante expresó que su hija le manifestó que el imputado se habría hecho presente en el domicilio en que reside la joven y, tras proferirle términos intimidatorios, le habría propinado golpes de puño sobre los brazos y partes del cuerpo (ver fs. 01).
Dicha versión, encuentra correlato en el informe médico adunado al sumario, que constató: “… excoriaciones en ambos MM.SS.” (ver fs. 02)
Nótese que la denunciante dijo que el imputado le habría propinado golpes en los brazos a su hija, en tanto el certificado médico da cuenta de lesiones en los miembros superiores.
Que, atento el contexto valorado por la instrucción, tales elementos resultan suficientes para atravesar la barrera del art. 289 (apelaciones nros. 7516/22, 7746/22, 7799/22 y 8019/22, entre otras).
Es que, lo expuesto, otorga fuerza de convicción a los dichos de la denunciante y habilita, en principio, a tener por acreditada la agresión y la autoría de las lesiones en cabeza del imputado, toda vez que siendo hechos de violencia contra la mujer, deviene aplicable la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará); así como el inc. i) del art. 16 de la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres que dispone: “los organismos del Estado deberán garantizar a las mujeres, en cualquier procedimiento judicial o administrativo, además de todos los derechos reconocidos en la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por la Nación Argentina, la presente ley y las leyes que en consecuencia se dicten, los siguientes derechos y garantías: A la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quiénes son sus naturales testigos.” (Mí resaltado).
Entonces, a la luz del repaso efectuado, debemos desestimar los cuestionamientos referidos a que: no existan constancias probatorias que pudieran determinar –prima facie- la responsabilidad del encartado en el evento, que el procesamiento apelado se base en los dichos de la pretensa damnificada o, cuando expresa, que el hecho endilgado no corresponde a lo denunciado y a las pruebas reunidas en autos. Ello así, dado que contamos en autos con los dichos de la progenitora de la víctima y el certificado médico que constató las lesiones en la damnificada, encontrándose el magistrado autorizado por la normativa interna y Tratados Internacionales sobre la materia -atento el especial contexto en que ocurrieron los hechos- a valorarlos con amplitud probatoria.
Que, al mismo tiempo, no se advierte violación a los principios procesales enumerados por el recurrente, en la valoración de los hechos denunciados por parte del juez, a la luz de la Convención de Belém do Pará, pues la propia Ley interna de Protección Integral de las Mujeres N° 26.485, garantiza todos los derechos reconocidos por el mencionado instrumento internacional, vale decir, a la integridad física y psicológica; a recibir información y asesoramiento adecuado; a gozar de medidas integrales de asistencia, protección y seguridad, entre otros (art. 3°). En igual sentido, establece que los tres poderes del Estado, nacional o provincial, adoptarán las medidas necesarias, entre otras, la asistencia en forma integral y oportuna de las mujeres que padecen cualquier tipo de violencia, asegurándoles el acceso gratuito, rápido, transparente y eficaz en servicios creados a tal fin (art. 7°).
Precisamente, en relación a este tipo de cuestionamientos, aunque en una etapa más avanzada a la que transitan estos autos, se ha sostenido: “En torno al juzgamiento de delitos en los que se encuentra presente la violencia de género la mera denuncia en términos verosímiles y ante el organismo correspondiente, aún desprovista de otros elementos probatorios que la sustenten, resulta suficiente para dictar una sentencia condenatoria en contra del presunto autor del hecho denunciado. El sistema de la sana crítica previsto en nuestra ley procesal le permite al juzgador asignar a ciertos elementos de la causa (especialmente a los dichos del testigo) una fuerza probatoria superior a la asignada a otros, siendo la de mayor relevancia la que servirá, según criterio fundado, para tener por acreditado algún hecho o circunstancia debatidos en el asunto que está llamado a resolver.
Ello así, suele decirse que los testigos no se suman, sino que se pesan, en clara confrontación con el adagio "testis unus testis nullus" … más allá de los cuestionamientos formulados por la defensa contra la amplitud probatoria imperante en la actualidad en esta materia, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 26485, los cuales podrán ser analizados en el momento procesal correspondiente.” (Mí resaltado) - (Cám. Nac. Crim. y Correcc.; Sala V; 29/05/2014; B. S., M. J. s. Procesamiento; Rubinzal Online; 64538/2013; RC J 8256/14). Así, luce irreprochable el ágil proceder del magistrado, pues así lo prevé el art. 7 inc. b) de la citada Convención, al establecer que es deber de los Estados Partes actuar con la debida diligencia, no sólo para investigar y sancionar la violencia contra la mujer, sino también para prevenirla.
Por todo ello, debemos desestimar el pedido de sobreseimiento o falta de mérito solicitado por la defensa, y confirmar íntegramente el auto de procesamiento apelado.
Por último, en relación al planteo referido al embargo dictado, y al efectuar una atenta lectura de la resolución atacada -sobre este punto-, surge que el magistrado en el punto IV) de los considerandos dio las pautas por las que consideraba adecuado establecer el monto del embargo en la suma de pesos treinta mil ($ 30.000), por lo que no deviene arbitrario. Por otro lado, la parte recurrente calificó de abultada la suma fijada, y señaló que su representado se encuentra desocupado y no puede afrontar el pago del monto establecido.
En tal sentido, la cifra determinada no aparece como irrazonable, ya que guarda relación con el perjuicio que se hubiere causado y, asimismo, cabe recordar a la defensa que el monto de embargo fijado en el auto de procesamiento, está destinado a garantizar el pago de la tasa de justicia y los honorarios profesionales, sin que deba tenerse en cuenta, a los fines de su cuantificación, la situación económica del acusado (al respecto véase: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional; Sala IV; 17/09/2009; D.Y.,C.F.; La Ley Online; Cita: TR LALEY AR/JUR/44048/2009). Razón por la cual rechazaremos este cuestionamiento.
II. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
III. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J. y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto que obra glosado a fs. 15/18 y vta., por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE.
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., al correo electrónico [email protected].
4. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
(PB)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia