Abriendo la norma
PROTOCOLO ELECTRÓNICO: C201177I242
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Penal Instancia: Juzgado de Recursos Expediente Nro.: 7633/24 Interlocutorio N°: TOMO: CII- REGISTRO: 006-
FOLIO:047/052
Objeto:Rechaza Casación Imputados: J. E.
Fecha: 8 de julio de 2024.-
TOMO: CII REGISTRO: 006 FOLIO: 047/052
Caleta Olivia, 8 de julio de 2024.
Estos autos caratulados: "J. E. S/ HABEAS CORPUS"
Expte. N° 3976/24, N° de Juzgado de Recursos 7633/24, procedentes del Juzgado de Instrucción de Pico Truncado, venidos a despacho para resolver.-
Y
I.-Que a fs. 55 el detenido Sr. J. E. interpone recurso de casación en forma pauperis en contra de la resolución dictada por este Juez de Recursos el día 03 de julio de 2024, obrante a fs. 18/22, que resuelve: I.-CONFIRMAR la resolución de fs. 3 vta./4 que no hace lugar a la acción de habeas corpus intentada, en todo cuanto fuera materia de apelación.
A fs. 60 pasan las actuaciones al Sr. Defensor Público Oficial ante las Excmas. Cámaras a fin que motive el recurso en los términos establecidos en los arts. 439, 440, 442 y 446 del C.P.P.
A fs. 62/65 el Sr. Letrado Adjunto de la Defensoría Oficial ante las Excmas. Cámaras, Doctor Alejandro Ariel Diocarés Sedán, funda el recurso de casación interpuesto por su asistido.
Motiva el recurso en que el Juez de Recursos de la Segunda Circunscripción Judicial al dictar su pronunciamiento ha incurrido en Inobservancia o errónea aplicación de la ley así como en Arbitrariedad de la Resolución Interlocutoria como consecuencia de una absurda valoración de la prueba rendida en autos.
Sin perjuicio de dejar sentado que no escapa al conocimiento de la defensa técnica que la causal impetrada en el presente no resultaría en principio procedente, entiende admisible la instancia casatoria impetrada ya que si bien se trata de una cuestión de neto corte procesal, excepcionalmente obtiene viabilidad toda vez que el quebrantamiento de las formas establecidos en el ritual para el dictado de las Resoluciones Interlocutorias, deviene necesario revisarla, como garantía constitucional.- Expresa que si bien el clásico sistema de casación en nuestro país parte del postulado liminar que determina que el tribunal que resuelve el recurso sólo debe inspeccionar la estricta aplicación del derecho sustantivo, -puesto que en lo atinente a cuestiones de hecho y prueba el ritual otorga soberanía a los jueces de grado-, el Alto Cuerpo, en forma reiterada, al advertir que la situación teórica no se ajusta a la realidad cuando los hechos están mal fijados o erróneamente calificados, dice: “…cabe apartarse del mismo cuando del decisorio impugnado surge la posible existencia de arbitrariedad…”, permitiendo el ingreso del recurso al ámbito casatorio y con ello, da lugar al precepto que establece que ningún órgano jurisdiccional puede dejar de lado el servicio de justicia.
En abono de lo expuesto cita doctrina.
En lo que respecta a la individualización de las normas inobservadas y que en concreto más adelante se puntualizarán y fundamentarán, sostiene que ellas originan el suficiente motivo y procedencia del Recurso de casación que en este acto se interpone, con arreglo al art. 3º inc. A Sección Sexta, Capítulo IV- Recursos ante el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, conforme al art. 5º de la ley 1687.- Cita lo sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “CASAL, MATIAS E. Y OTRO” (20/06/05) Agrega que la garantía de la doble instancia está dirigida exclusivamente a favor del imputado. Que siendo el condenado o procesado en causa penal el destinatario de la doble instancia, en esta etapa del proceso las garantías judiciales establecidas en el art. 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos deben respetarse con un plus de prudencia, este plus es lo que se denomina “ultra garantía”. Conforme lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas que establece que “Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior conforme a lo prescripto por la ley” (art.14, inc. 5) y en consonancia con la Convención Americana de Derechos Humanos, la garantía del derecho a recurrir ha sido consagrada sólo en beneficio del inculpado.
Manifiesta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha interpretado la garantía de la Doble instancia, afirmando que la misma “otorga mayor credibilidad al acto jurisdiccional del Estado, ...brinda mayor seguridad y tutela a los derechos del condenado. Según esta, debe entenderse que el recurso que contempla el artículo 8.2.h. de la CADH, debe ser ordinario y eficaz, dando respuesta a la finalidad para la cual fue concebido, requiriéndose que el mismo sea accesible, evitando que se torne ilusorio, con independencia de su denominación, permitiendo el examen integral de la decisión recurrida, sin limitar la revisión a aspectos formales o legales.
Que, así las cosas, se exige una revisión por magistrados que no conocieron el hecho ni formaron criterio sobre el derecho aplicable, con el faro pro-homine, de lo contrario la doble instancia significaría tan solo una revisión de las mismas personas que sentenciaron. Refiere doctrina sobre el principio pro homine Se agravia porque su defendido ha intentado por medio de la interposición de un habeas corpus que se desista con la afectación del derecho a un trato digno para sí y para su familia, lo que se desprende de lo que el propio J. E. expone. Sorprende a la defensa que se dé por cierto lo mencionado por M. (así identificado por la Secretaria de Instrucción Dra. Daniela Vargas en el informe que consta a fs. 28) en comunicación telefónica que relata que la verdadera razón del enojo de mi defendido es que le realizaron un ofrecimiento de preservativos cuando este no los había solicitado y que por ello se había sentido ofendido.
Señala que este informe actuarial es tomado como parte de la fundamentación de rechazo, lo que resultaría grave en dos aspectos. Primero, quién resulta ser M., identificado con apellido, sin rango ni ocupación relacionada de modo descriptivo con el lugar de detención, en qué hora, de qué día fue realizada la llamada? Y, segundo, cómo es que una versión tan elemental con la descripción de un enojo tan inverosímil es tomado como uno de los fundamentos de rechazo, cuando lo que está describiendo es un trato indigno por parte del Servicio Penitenciario que somete a condiciones que no son propicias para el buen trato a los familiares de los detenidos y descuida deliberadamente la protección que debe brindar a menores que quieren ver a su padre, los cuales son tratados con una falta de perspectiva ya no solo amigable con la protección hacia la minoridad sino también con la falta de humanidad más elemental.
Que ese trato indigno es un claro agravamiento en las condiciones de detención y no puede ser soslayado el reclamo de J. E., quien plantea un injusto sobre su mismidad de persona humana y la de su familia. Que mucho menos puede adjudicársele una actitud de revanchismo por un supuesto enojo por la ofensa provocada por el ofrecimiento de preservativos sin haberlos solicitados. Que no solo es algo que J. E. mismo no ha mencionado al exponer las razones de interposición de habeas corpus, sino que además constituye aquella afirmación un reduccionismo tendencioso y malicioso con el único fin de distraer el foco de atención y que no se ejerzan el control sobre el lugar de detención para corroborar las paupérrimas condiciones en las que se encuentran los privados de su libertad.
Señala que incluso de realizar una simple inspección en el lugar de detención podría haber descubierto si es verdad lo que a este defensor le comentó J. E., que el lugar donde se realizan las íntimas están con orina y defecaciones de los gatos que tiene en el lugar el director del penitenciario, algo que no podrá corroborarse nunca si se le pide informe a quien justamente es indicado como el que incurre en una falta. Es lo mismo dejar que los acusados se impongan pena y castigo a sí mismos, o que se periten los que tengan patologías psiquiátricas o, que dejen al arbitrio de lo presos el uso de las llaves de sus celdas y puertas del penal donde residen, es pedirle a un narcotraficante que tenga mesura al momento de vender drogas a menores, etc.
No se puede ejercer control si se le va a pedir autorregulación y templanza a quienes deben controlar.
J. E. plantea condiciones de detención con trato indigno propiciadas por el Servicio Penitenciario. Entonces se pide al mismo servicio penitenciario que informe. Luego, la Secretaria de Instrucción emite un informe en el cual una persona identificada solo por el apellido instala una versión inverosímil. El juez agrega el informe y lo usa para fundar un rechazo al habeas corpus. Consecuencia, las condiciones de detención agravadas ilegítimamente con trato indigno para J. E. y familia son dejadas de lado y no tienen solución. Fin. Concluye que habiendo tomado medidas insuficientes que permitan hacer cesar las condiciones indignas de detención de J. E., era menester que se revoque el rechazo al habeas corpus del A quo. Pero el Juzgado de Recursos lo confirmó. Por lo que sin encontrar resolución que haga cesar la afectación que ha recibido y sigue recibiendo mi defendido, recurre el rechazo, dando pié la presente fundamentación.
Destaca que su defendido ha presentado un Hábeas Corpus porque el hecho de estar detenido no implica la pérdida de todos los derechos que le corresponderían estando en libertad. Que debe incentivarse en aras de lograr la resocialización las relaciones y comunicación diaria con sus familiares.
Que la afectación del derecho a la comunicación, y que este no sea asiduo, accesible, regular con la familia o incluso allegados, considerado el mencionado como un derecho personal y fundamental de las personas que se encuentran privadas de libertad, es contario al principio de necesidad de garantizar una menos traumática reinserción social (art. 5.6 CADH; Art. 10.3 del PIDCP; Arts. 18; 31 y 75 inc. 22 CN) y del derecho de todas las personas privadas de libertad a la evitación de toda trascendencia de la pena o prisión preventiva (art. 5.3 CADH).
Que en efecto, el principio de "reinserción social" o "resocialización" la Convención Americana de Derechos Humanos (CADD)E establece en: su consagrado 9 ariculo 5.6 que "las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y readaptación social de los condenados" (art. 5.6), en tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCyP) dispone en Su artículo 10.3 que "el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma J readaptación social de los penados".
No resulta ocioso recordar que tales normas convencionales poseen jerarquía constitucional -de conformidad con el an 75, inc. 22, CN-, y por ende constituyen ley suprema de la Nación (art. 31, CN), no pudiendo ser desconocidas, restringidas alteradas en su espíritu y finalidad por normas de inferior rango, y fundamentalmente por conductas obstructivas de quien justamente debe velar por su cumplimiento.
Cita la Ley N" 24.660 que dispone en su artículo 1: "La ejecución de la pena privativa de libertad, en todas sus modalidades, tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley procurando su adecuada reinserción social promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad".-
Finalmente, destaca lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el precedente "Verbitsky".- Cita jurisprudencia.
Entiende que debe resolverse el otorgamiento del Habeas Corpus en los términos solicitados por su defendido, con fundamento en lo expuesto ut supra.
Formula reserva del caso federal para el supuesto improbable de no acogerse al recurso impetrado, conforme a las prescripciones del art. 14 de la ley 48, a fin de articular oportunamente el recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la nación, por violación de los preceptos constitucionales individualizados en esta presentación.
II.-Corresponde por lo tanto que este Juez de Recursos de cumplimiento a lo reglado en el párrafo primero del art. 447 del C.P.P., a fin de constatar, si el recurrente ha dado cumplimiento a cada uno de los requisitos taxativamente enumerados por la ley formal para la procedencia del recurso, sin ingresar en la valoración de la cuestión sustancial, que ha motivado la interposición del recurso.- En tal sentido la Jurisprudencia refiriéndose al art. 464 del C.P.P.N. idéntico a nuestro art. 447 ha dicho: “Es facultad del Tribunal de mérito efectuar una primera revisión del recurso a fin de examinar si en su interposición se han observado las condiciones formales de tiempo y forma que la ley prevé, pero su decisión no se ciñe sólo al recuento de éstas exigencias, pues puede avanzar sobre las condiciones de admisibilidad impidiendo el progreso del trámite cuando de su estudio surja la improcedencia de la vía recursiva. Ello no implica que el Tribunal del Juicio se convierta en juez de su propio fallo, sino que participa en la habilitación de la instancia superior en la medida que el propio código establece” (CNCP, Sala II, causa número 28, 23/9/93, reg. Número 34, Boletín de Jurisprudencia número 4, p.p. 76/78).- III.-Que conforme lo expuesto precedentemente deviene necesario considerar en forma concreta el cumplimiento de los requisitos formales, establecidos por nuestro Código Procesal Penal.-
En cuanto a los recaudos exigidos por los incisos c) y d) del art. 4° de la ley 1687, se comprueba que la recurrente constituyó domicilio en jurisdicción del Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en la sala del público despacho de la Defensora ante el Excmo. Tribunal Superior de Justicia; estando exento de la obligación de integrar el depósito establecido por en el inc. 4 d de la Ley 1687.
El recurso fue interpuesto dentro del plazo perentorio que establece el art. 446 del C.P.P., esto es en los diez días hábiles de notificada la resolución al recurrente, habiendo motivado el recurso la Defensa Pública Oficial de Cámaras dentro de los diez días de notificada de la manifestación de su defendido.
El interno J. E. es notificado en fecha **/**/2024 (fs. 57), interponiendo recurso en dicho acto; y la Defensora Pública Oficial de Cámara Subrogante fue notificada a los fines que funde el recurso el **/**/2024 (fs. 61), presentando el escrito de motivación dentro del plazo legal de diez días (fs.62/65). Sin embargo, en mérito a la facultad arriba mencionada e inspirado en principios de economía procesal, este Juez de Recursos, entiende que el recurso de casación no puede prosperar, siendo que la Defensora Pública Oficial se limita solamente a señalar puntos del resolutorio recurrido con los que se encuentra disconforme, haciendo alusión a normas convencionales, vasta doctrina y jurisprudencia, sin invocar concretamente algún vicio que justifique tal impugnación.
En los autos caratulados "P. G. S/ HABEAS CORPUS", Expte. Nº 5807/12 (P-765/12/TSJ), el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, sostuvo que:“…corresponde destacar que la presentación impugnativa esgrimida por la defensa no satisface el requisito de autosuficiencia que caracteriza a todo recurso extraordinario, conforme ordena el art. 446 del Código Procesal Penal, en razón que el recurso interpuesto “… debe bastarse a sí mismo…” (Francisco D´Albora, Código Procesal Penal, Pág. 855, AbeledoPerrot, 1999), reseñando los antecedentes de la causa y “…la invocación exhaustiva de las normas que se dejaron de lado o no fueron correctamente comprendidas por el tribunal en su aplicación al caso…”(autor y obra citada), exigencia establecida en la ley para colocar a los magistrados en condiciones de resolver acerca de la admisibilidad de la instancia cuya apertura pretende la parte recurrente (Juan Carlos Hitters, Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación, págs.. 628/629, LEP, 2° edición).
De igual manera se ha sostenido que constituye un deber del recurrente fundamentar sólidamente su impugnación si pretende la apertura en casación de modo excepcional, frente la hipótesis de un notorio apartamiento de normas, garantías o preceptos constitucionales que resguardan la defensa en juicio y el debido proceso legal, o ante una flagrante violación de las normas procesales que afecten de manera evidente a la parte, que pudiere descalificar el acto sentencial válido en mérito de graves vicios intrínsecos que invalidaran el pronunciamiento; al respecto, en la presente causa la técnica recursiva de mención se encuentra ausente, incumpliendo el mandato legal de fundamentación autónoma para logar la apertura de la instancia casatoria.
En ese sentido Oscar R. Pandolfi “Recursos de Casación”, Ed. La Rocca 2001, pág. 335) sostiene con relación al tema “… Uno de los requisitos formales esenciales para la fundamentación adecuada del recurso de casación es la competitividad del escrito de interposición, el cual se debe autoabastecer, a efectos de que el tribunal respectivo pueda, mediante su sola lectura, interiorizarse de los alcances de la materia recurrida, esto es el proceso y de la sentencia en él recaída…” a continuación el mencionado autor agrega diversos casos jurisprudenciales en abono de su postura: “… en la exposición del motivo del recurso de casación, y como requisito de admisibilidad, el recurrente debe indicar la ley que considera erróneamente aplicada y consignar cual es la ley cuya aplicación pretende…” (ST Corrientes, 26/9/94, “Rey, Juan P.”, Dj, 1995-1-40.
Lexco, 000149322), “… no basta con sostener que la sentencia recurrida viola genéricamente el deber de razón suficiente – o falta de motivación adecuada- sino que el recurrente debe demostrar clara y contundentemente que el razonamiento seguido por la Cámara es absurdo, incoherente, violatorio de las leyes de la lógica o basado en un concepto personal y arbitrario de los jueces…” /STJRN, SE 111/92, “Reuque, Daniel G. S/ robo calificado s/ casación” 27/8/93). En tanto Fernando De La Rúa (“La casación penal”, Ed. Depalma 1994, pág. 224), expresa”…El recurso de casación debe ser motivado, y esa motivación debe ser suministrada por la parte recurrente en el mismo escrito de interposición, determinando concretamente el agravio, tanto en lo referente al vicio que denuncia como al derecho que lo sustenta… La enunciación del motivo en virtud de los requisitos expuestos, debe ser clara y expresa, de modo que permita individualizar concretamente el vicio que justifica la impugnación.
Por ello no es válida la remisión a otros actos, como a escritos presentados con anterioridad, a las constancias del sumario, o aun a la misma sentencia, o la mención ambigua o confusa de las disposiciones de ley o de su interpretación…” Así como en la motivación de la sentencia debe hacerse un estudio de todo el proceso, la fundamentación del recurso debe llevar también a cabo un balance crítico de la providencia que trata de destruir; esto es, si se les exige a los Jueces que se esmeren para apontocar sus fallos, también debe exigirse la debida fundamentación del recurso para sostener el embate (Juan Carlos Hitters, Técnica de los Recursos Extraordinarios y de Casación”, pág. 421, LEP, 1° edición y T.S.J., Santa Cruz T° I, Interlocutorio-.
R° 101, F° 199/202; T° VII, R° 11, F° 040/043, entre varios).- El recurso interpuesto resulta –pues. Carente de fundamentación, insuficiente e inoperante para alcanzar el estado de excepción de la casación, En resumen, y sin perjuicio de pecar de reiterativo, la apertura de esta instancia de excepción requiere una formal y pormenorizada crítica del fallo recurrido, circunstancia que ha omitido el recurrente…”.-
Finalmente, en la motivación del recurso, se utilizan afirmaciones dogmáticas para tachar la Resolución dictada como arbitraria, sin explicitar que cuestión fáctica o jurídica merece semejante tacha, no siendo procedente el agravio fundado solo en nociones conceptuales desde lo jurídico. En autos "R. M. A.S/ PROMOCIÓN A LA CORRUPCIÓN AGRAVADA POR LA MENOR EDAD DE LA VÍCTIMA", Expte. Nº 4187/11 (R-772/13/TSJ) del **/**/2013, el Excmo. Tribunal de Justicia sostuvo que: "Como bien lo sostiene la doctrina, la causal de absurdo o arbitrariedad, en principio, sólo resulta procedente para revocar o impugnar un fallo cuando el vicio apuntado constituye un impedimento para declarar la ley aplicable, sea sustantiva o formal.
Para que tal vicio extraordinario se configure "...tiene que existir un apartamiento inequívoco de la solución normativa, prevista en la ley, o una falta absoluta de fundamentación..." (Juan Carlos Hitters, "Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación", Editorial LEP, 2º edición, pág. 479). La Excma. C.S.J.N. sobre la doctrina de la arbitrariedad -desde sus inicios- estableció la distinción entre aquella y el error, pues sostuvo que le competía intervenir sólo "...en los casos extraordinarios de sentencias arbitrarias, desprovistas de todo apoyo legal, fundadas tan sólo en la voluntad de los jueces, y no cuando haya simplemente interpretación errónea de las leyes, a juicio de los litigantes..." (Fallos, 112:384, 2/XII/1909, "R.
C. c/ R. A. E."). Por tal motivo, la Excma. Corte Suprema de Justicia diferenció la arbitrariedad de las simples equivocaciones o errores en la interpretación judicial: no cualquier desacierto u omisión da lugar al recurso extraordinario por sentencia arbitraria. Es dable agregar que este Alto Cuerpo ha hecho suyo el criterio aplicado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a la arbitrariedad en interlocutorios tales como "Miranda, Epifanio Ulises s/ infracción art. 119 CP", Tº XIV, Rº 017, Fº084/094; "Soto, Víctor Ramón s/ homicidio simple" Tº XIV, Rº 014, Fº066/077; "Muñoz Juan Carlos s/ robo calificado por el uso de arma de fuego..." Tº XIV, Rº 004, Fº 014/019; "G. B. N. O. s/ privación ilegal de la libertad calificada en c/r..." Tº XIII, Rº 022, Fº 119/126; "Moraes Omar Enrique s/ apremios ilegales", Tº XIII, Rº 27, Fº 152/156; "Zamora, José Eduardo s/ incendio seguido de muerte" Tº XIII, Rº 34, Fº 191/199; entre otros.
En resumen, no resulta viable impugnar la fundamentación del fallo como lo hace la defensa, sobre la base de un punto de vista diferente, puesto que no ha demostrado que en el pronunciamiento condenatorio, haya incurrido arbitrariamente en un apartamiento del derecho aplicable o en omisiones sustanciales en la valoración de la prueba; siendo la discrepancia en la interpretación de los hechos insuficiente para sustentar la tacha de arbitrariedad.".-
Por lo expuesto, como Juez de Recursos.
I.-RECHAZAR el RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el interno J. E. a fs. 57, y motivado por la Defensora Pública Oficial ante las Excmas. Cámaras Subrogante a fs. 62/65, en contra del resolutorio de este Juez de Recursos obrante a fs. 43/47, por incumplimiento de los requisitos formales de procedencia, al no contar con una fundamentación autosuficiente (art. 446 del C.P.P.). II.-Regístrese, Notifíquese. Cumplido remítanse los presentes al Juzgado de origen.
Carlos Augusto Borges Juez de Recursos Ante Mí:
Paola Karina Salino Secretaria procesamiento automatico: requiere revision humana, no constituye firma ni certificacion.
Fin de la sentencia