Abriendo la norma
TOMO: CXXV REGISTRO: 009 FOLIO: 158/163
Caleta Olivia, 24 de septiembre de 2026.
Estos autos caratulados: “A. J. I. S/DESOBEDIENCIA JUDICIAL Y VIOLACIÓN DE DOMICILIO” Expte. Nº 44613/26-A, N° de Juzgado de Recursos 8501/26, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Las Heras, venidos a despacho para resolver.
Y
I.-Mediante interlocutorio de fs. 83/92 el Sr. Juez de Instrucción, decidió: “…decretar el PROCESAMIENTO con prisión preventiva de A. J. I., en orden al delito de DESOBEDIENCIA JUDICIAL, Y VIOLACIÓN DE DOMICILIO EN CONCURSO REAL (arts. 239, 150, 45 y 55 C.P.)”
Contra dicha resolución la Sra. Letrada Adjunta de la Defensoría Pública Oficial de Las Heras, doctora Sabrina Petersen, interpone recurso de apelación a fs. 98/100 vta., motivándolo en dicho acto. El recurso es concedido en relación y a un solo efecto a fs. 101. En esta instancia el recurso es mantenido a fs. 108 por la Sra. Defensora Pública Oficial ante las Excmas. Cámaras, doctora María Carolina Costes.
A fs. 110/113 se agregan copias certificadas de la resolución dictada por el suscripto en el Incidente de Excarcelación formado en autos, por la que se revocó la resolución apelada y se concedió la excarcelación de A. J.
I. sujeta a las reglas de conducta y obligaciones que allí se mencionan. Fijada la audiencia prevista en el art. 437 del C.P.P., la defensa no presenta el memorial que autoriza la citada norma procesal, quedando en consecuencia los autos a despacho para resolver.
II.-Al motivar el recurso la defensa se agravia sosteniendo que la resolución incurre en valoración arbitraria y fragmentada de los hechos.
Que el elemento central que la resolución recurrida omite ponderar de manera determinante la declaración indagatoria de su defendido, corroborada por elementos que surgen de las demás declaraciones obrantes en autos. Que la propia Sra. M., en su declaración obrante a fs. 66 vta./67, reconoció que A. J. I. estaba en la puerta de su casa y que charlaban por la ventana, y que en ningún momento la amenazó. Que esta secuencia narrada por la Sra. M. revela que existió un dialogo entre ambos antes de que ella le solicitara que se retire, lo que resulta incompatible con la imagen de un acosador que invade el domicilio contra la voluntad de la víctima desde el primer instante.
Que de cardinal importancia resulta que en su declaración de fs. 08/vta., 29/vta., la Sra. M. manifestó que ella no fue quien llevó a cabo el llamado el llamado telefónico a la policial local. Que esta afirmación fue confirmada por la Agente Pérez en su declaración de fs. 64 vta./65, quien manifestó: “…llamó un vecino…”. Que si la Sra. M. hubiese sentido que la presencia de A. J. I. constituía una amenaza concreta e inmediata para su integridad, habría sido ella quien solicitara la intervención policial. Que la circunstancia de que no lo haya hecho es coherente con la versión de su pupilo y fue ignorada por la resolución impugnada sin fundamentación alguna. Que a su vez, cabe hacer mención que la totalidad de los efectivos policiales que intervinieron coinciden en que A. J. I. no se tornó agresivo en ninguna oportunidad, que estaba bastante tranquilo y que colaboró en el procedimiento. Que ninguno de los testigos observo conducta violenta alguna.
Que el a quo descarta la declaración indagatoria de su defendido afirmando que resulta ser mero intento defensista sin asidero factico. Esta descalificación global y sin desarrollo argumentativo de la prueba de descargo no satisface el estándar de fundamentación que el art. 289 del C.P.P. exige. Cita jurisprudencia de la CSJN. Sostiene que el elemento subjetivo del delito de desobediencia judicial se encuentra comprometido. Expresa que el delito de desobediencia judicial tipificado en el art. 239 del C.P. exige dolo directo. Que el juez cita en la resolución doctrina que no aplica al caso concreto, lo que constituye una incongruencia argumental que vicia la resolución. Que si el propio fundamento doctrinal que el juez incorpora reconoce que el error elimina el tipo subjetivo del delito, y en el caso de autos existen elementos concretos que permiten sostener ese error, la conclusión lógica era no procesar al Sr. A. J. I. por este delito, o al menos analizar esa hipótesis en profundidad.
Que el Sr. A. J. I. declaró que durante varios días la Sra. M. le enviaba mensajes de texto, videos de los hijos solicitando cosas y le requería ayuda económica, habiendo realizado transferencias de dinero en múltiples oportunidades. Que este contexto de comunicación iniciada por la propia M. genera una situación en la que el Sr. A. J. I. pudo razonablemente interpretar que la medida de restricción había sido morigerada fácticamente o que el acercamiento era tolerado. Que la doctrina denomina a esto error de prohibición: el agente conoce la norma pero yerra acerca de su aplicabilidad al caso concreto por las circunstancias que lo rodearon (Zaffaroni, Alagia, Slokar, Derecho Penal. Parte General, Ediar, 2002, pág. 728). Que la resolución omite analizar esta hipótesis que surge naturalmente de los propios hechos del caso.
Que a ello debe sumarse que su pupilo manifestó en su indagatoria contar con capturas de pantalla de los mensajes enviados por M. y con comprobantes de las transferencias de dinero realizadas. Que estos elementos de prueba de descargo fueron ofrecidos expresamente en el acto indagatorio y la resolución no hace referencia alguna a ellos ni dispone su incorporación a la causa, lo que constituye un vicio adicional que compromete el derecho de defensa en juicio consagrado en el art. 18 de la Constitución Nacional (CSJN, Fallos 329:3666; 332:1504). Refiere a la aplicación automática del paradigma de violencia de género sin sustento en los hechos concretos y el derecho de defensa en juicio.
Que la resolución recurrida invoca de manera extensa la Convención Belem do Para, la ciclicidad de la violencia de género y doctrina especializada para fundar el procesamiento. Que, sin embargo, en el episodio del día **/**/2026 no se denunciaron lesiones de ningún tipo. Que la propia Sra. M. declaró a fs. 66 vta./67 que el Sr. A. J. I. no la amenazó. Que la totalidad de los efectivos policiales que intervinieron coinciden en que A. J. I. estaba tranquilo, colaborativo y en aparente estado de ebriedad, no agresivo. Que los delitos imputados son desobediencia judicial y violación de domicilio, no lesiones ni amenazas. Que invocar la Convención Belem do Para y la ciclicidad de la violencia de genero para fundar el procesamiento de una persona que según todos los testigos estaba tranquila, que no lesionó ni amenazó a nadie, y que acudió al lugar en un contexto de comunicación previa iniciada por la propia víctima, implica una aplicación automática e indiscriminada del enfoque de género que termina vulnerando el principio de legalidad y el derecho de defensa en juicio. Que la correcta aplicación del enfoque de género en el proceso penal exige una valoración rigurosa y contextualizada de los hechos de cada caso, no una presunción automática de violencia ante la sola existencia de una medida de protección previa. Que de lo contrario se incurre en una presunción de culpabilidad que el principio de inocencia consagrado en el art. 18 de la Constitución Nacional veda de manera absoluta (CSJN, Diaz Bessone, Fallos 331:858).
Refiere agravios respecto a la prisión preventiva que omitio mencionar en razón de que conforme surge de autos el imputado yaha recobrado su libertad.
III.-Establecido ello, corresponde ingresar al análisis de la resolución apelada en función de los agravios de la recurrente.
Liminarmente, y conforme las pruebas colectadas en autos y en base a un análisis crítico-racional de las mismas de manera conjunta y contextual, permiten confirmar el temperamento adoptado por el Sr. Juez de Instrucción tanto en lo que refiere a los hechos como a la subsunción realizada de los mismos, cumpliendo con el grado de probabilidad positiva que exige la presente etapa procesal. En los autos caratulados “R. R. E. S/ DESOBEDIENCIA JUDICIAL” Expte. Nº R-31924/21, N° de Recursos 6386/21, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Las Heras, sostuve que: "...Cabe señalar que en el ámbito de los delitos contra la administración pública, el vínculo con los posibles sujetos activos se entabla entre éstos, sean particulares o funcionarios, y la propia administración que no se limita solo a la función administrativa, sino que alcanza a la función legislativa y a la función jurisdiccional.
Es decir que la relación jurídico penal no se extiende entre los particulares entre sí, sino en tanto los mismos están o pueden estar vinculados de alguna manera con un funcionario público o con cualquiera de las funciones estatales en las que el poder único del Estado se manifiesta. Así, se ha expresado que el objeto de protección del Título XI del C.P. es "...la regularidad y eficiencia de la función pública, entendida en un sentido amplio. No habría problemas en sostener, entonces, que se protege la función pública, entendida como el regular, ordenado y legal desenvolvimiento de las funciones de los tres órganos del Estado, pero con la idea de que no solo se refiere a la función específica de los poderes del Estado, sino además a la típica función administrativa de todos ellos...
De modo que el bien jurídico del Título XI es la preservación de la función pública, frente a los ataques que provienen, tanto de la propia organización burocrática del Estado y de sus miembros, como así de los particulares.-" (Conforme TRATADO DE DERECHO PENAL, PARTE ESPECIAL, TOMO III, SEGUNDA EDICION ACTUALIZADA, EDGARDO ALBERTO DONNA, RUBINZAL-CULZONI EDITORES, pág. 29/30") Es en este dintorno, que el artículo 239 del C.P. establece dos modalidades de conductas respecto de las órdenes que emanan de los funcionarios públicos, la resistencia y la desobediencia. Aquí queda claro que para la procedencia, quien emite la orden debe ser funcionario público con facultades para ello, integrante de alguno de los poderes-funciones del Estado, y que esta dirigida a los particulares y/o funcionarios públicos que se encuentran obligados a cumplir un determinado mandato u orden emitida por dichos funcionarios.
El art. 239 del C.P establece que: "Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal." Del tipo se desprenden dos figuras delictivas que abarcan dos comportamientos diferentes, por un lado la resistencia contra la autoridad y por otro la desobediencia a la autoridad. Respecto de ésta última, se ha entendido que "...sujeto activo solo puede ser el destinatario de la orden, quien debe ser, obviamente, una persona física....". Donna sostiene que se trata de un delito de propia mano, toda vez que solo puede ser autor quien esté en condiciones de llevar a cabo por sí la acción prohibida.
Sujeto pasivo será el funcionario público o el particular que le prestare asistencia a requerimiento de aquel o en virtud de una obligación legal. Estamos en presencia de un tipo omisivo impropio, que requiere la existencia de un mandato emitido por la autoridad, esto es una orden que ha impartido legítimamente un funcionario público o la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal. Orden implica un mandamiento, verbal o escrito, dado directamente -aunque no sea en presencia- por un funcionario público a una o más personas para que hagan o no hagan algo. Sin orden ni destinatario no hay desobediencia posible...La orden impartida por la autoridad de ser de posible cumplimiento para que se configure el delito...Al igual que la resistencia se trata de un delito doloso, en que el autor, a nivel cognositivo, debe saber que está desobedeciendo una orden legítima impartida por la autoridad pública y en el aspecto volitivo, debe obrar con esa específica finalidad de no acatar la orden..." (Conforme CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN, COMENTADO Y ANOTADO LA LEY SEGUNDA EDICIÓN ACTUALIZADA año 2009, Dirigido por Andres José D´Alessio y coordinado por Mauro A.
Divito, Tomo II, págs. 1184/1186).- Ahora bien, en el ámbito de las relaciones mediadas por violencia de género, las órdenes, mandatos y prohibiciones se dictan en base a la potestad cautelar del Estado, a los fines de evitar que dichos ciclos de violencia continúen, se agraven y culminen con la pérdida del bien jurídico más preciado de la persona humana, su vida. En los autos caratulados “A. S. E. S/ ATENTADO Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, LESIONES, AMENAZAS Y VIOLACIÓN DE DOMICILIO” Expte. Nº A-35036/22, N° de Recursos 6808/22, sostuve que: "...El análisis del presente caso, por las propias características del mismo, es decir violencia psicofísica reiterada de un varón en contra de una mujer en una relación de pareja, debe ser abordado con perspectiva de género.
Sin perjuicio que una resolución judicial no es un acto académico, es necesario, a los fines de una correcta motivación, explicar mínimamente que entiende el suscripto por ello. Dos cuestiones a tratar para comprender el análisis de casos con perspectiva de género, una la situación fáctica. Se genera entre el varón y la mujer una relación asimétrica. El vínculo de poder se fija a través del establecimiento de roles fijos, asignados a cada sexo por los conceptos estereotipados de los mismos, en base a un diagrama de la sociedad y la pareja, únicamente patriarcal. Es decir que partiendo de los roles prefijados y de los cuales no se pueden prescindir "so pretesto" de alterar "la naturaleza de las cosas", se entiende que la relación es simétrica y que lo que se espera de uno se podría esperar de la otra.
De allí que abundan preguntas del orden de porque no denunció, porque no se defendió, porque no pidió auxilio, etc. conductas propias esperables de un varón con los roles asignados al mismo. El principal rol asignado al varón es el rol de poder, en donde la mujer es "suya", es decir le pertenece, ejerce sobre la misma un señorio que le permite y le justifica cualquier trato violento psicofíciso tanto hacia dentro de la relación como hacia fuera de la misma para defender lo que le han dicho y cree, es su pertenencia. La relación nunca es simétrica, porque el ejercicio de los roles establece un orden jerárquico donde el "poder", la "legislación" y el "castigo" interno del vínculo lo ejerce quien ostenta la jefatura de esa relación, es decir el varón.
A partir de allí se genera una desigualdad estructural, que en el análisis, esta caracterizada por comportamientos y conductas violentas, desequilibradas y asimétricas y que se verifica además, no solo al interior de la "familia" sino en los modos de vinculación en la sociedad ("techo de Cristal" que establece límites y postergan a mujeres y otras diversidades para aspirar a lugares de conducción relevantes y "piso o suelo pegajoso" que les impide avanzar y progresar en las estructuras sociales por las múltiples obligaciones que se le adjudican, además de lo estrictamente profesional, todo ello motivado y fundado en su condición de mujer o de persona perteneciente a otra diversidad sexual). Relevar estas circunstancias en cada caso, es analizarlo con perspectiva de género.
Cuando se parte de la relación simétrica, internalizando los roles como cosas naturales, no se puede comprender los comportamientos de las mujeres víctimas de violencia de género, porque los comportamientos que se esperan y que se exigen para poder pasar el juicio de credibilidad lógica de sus actos, es el que se espera del varón como modelo único de persona humana (androcentrísmo). Cuando se los analiza desde la perspectiva asimétrica impuesta por una relación de poder, entonces si podemos entender que los comportamientos estan fincados en el miedo, temor, adaptación y sobreadaptación a la situación violenta y de sometimiento en las que se encuentran las mujeres y esto se traslada a otras diversidades sexuales, cuando los vínculos estan surcados por el discurso patriarcal.
Además de la cuestión fáctica de la cual debe partirse siempre para analizar los hechos ocurridos, en cualquier caso y en especial en los casos ocurridos en el contexto de violencia de género, debe tenerse en cuenta la cuestión jurídica. No voy a explayarme en la legislación vigente e incluso de rango constitucional (Art. 75 inc. 22 de la C.N., CEDAW, Convención de BELEM DO PARÁ, Ley 26.485 y su Decreto Reglamentarioo, Ley de Identidad de Género, etc.) y su análisis, sino centrar la cuestión desde lo jurídico y que impone necesariamente la aplicación de la perspectiva de género en el análisis de los hechos de violencia en contra de la mujer y otras diversidades sexuales. Lo que esta en el centro del análisis si la lectura de estos casos es realizada sin perspectiva de género y su posible vulneración, es el principio de igualdad ante la ley (art. 16 de la C.N.), entendida como no discriminación y como no sometimiento (art. 75 inc. 23 de la C.N.).
Pretender analizar los casos en donde los derechos de las mujeres y otras diversidades sexuales se encuentran en ciernes, desde la perspectiva del varón como modelo único y síntesis de la idea de persona humana ("Hombre" como sinónimo de "humanidad") es violentar el principio de igualdad ante la ley como no discriminación y como no sometimiento, porque la internalización de los roles impone, desde los comportamientos y desde las prácticas sociales aceptadas y enseñadas, un principio de subordinación de la mujer respecto del hombre. Analizar un caso con perspectiva de género no es una cuestión de libre elección del Estado en sus tres poderes-funciones, es una obligación Constitucional- Convencional que hace a los cimientos mismos del estado de derecho, y en esa construcción no pueden estar tampoco ajenos los operadores jurídicos particulares que interactuan en el sistema...".- Es sobre esta senda, que la actividad Estatal cautelar que se expresa a través de obligaciones de hacer, no hacer y de dar en su caso, interviene cuando el vínculo asimétrico que existe entre un varón y la mujer víctima de violencia, se ha quebrado justamente por dicha circunstancia.
La víctima, a favor de quien el Estado dicta la medida cautelar para proteger su vida, considerada en sentido amplio como la posibilidad de disponer de todos y cada uno de los bienes jurídicos esenciales para su desarrollo como persona humana (Art. 1, ss. y cc. de la Declaración Universal de Derechos Humanos) no se encuentra en condiciones de seguir manteniendo un vínculo directo con su agresor, justamente por la violencia psicofísica de éste hacia ella, razón por la cual el Estado es quien media en dicha relación, le impone pautas y reglas para que la misma no se lleve la vida de la víctima. Esta claro que en este ámbito, y en base a las características de los vínculos violentos, la relación entre el varón agresor y la mujer víctima ha sido "intervenida" por el Estado, el que la ha regulado, no existiendo la posibilidad que ambas partes puedan relacionarse conforme a derecho si no es a través de la intermediación estatal.
La posición de la víctima en estos casos siempre es de debilidad frente al agresor, que el mismo concurra y trate de entablar nuevamente un vínculo, allende la motivación de cualquiera de las partes, no variará sustancialmente el tipo de relación, por lo que es previsible que la misma, de continuar, lo haga en iguales términos, es decir, violentos. En este sentido, queda claro que a partir del dictado de la medida cautelar y de su notificación expresa a quien debe respetarla, el vínculo se trasvasa de los particulares al Estado y la persona que debe cumplir las medidas ordenadas. En este aspecto, si bien la mujer víctima de violencia siempre tiene el derecho a ser oída conforme lo normado en el art. 16 inc. c) de la ley 26.485, quien tiene la potestad de modificar las medidas y restricciones impuestas es la autoridad que dictó las medidas, no habiendo posibilidad de error o de falsa creencia de justificación o de inxesistencia de culpabilidad, pues quien está en condiciones de emitir la orden es quien debería, a todo evento y por el mismo procedimiento (principio de paralelismo de las formas) dejarlas sin efecto.
Si ello no sucede, no puede haber error de tipo ni error de prohibición, más allá que la víctima exprese su libre voluntad de dejar sin efecto la medida cautelar, hecho que será evaluado en el ámbito competente respectivo, pero nunca puede ello ser motivo de incumplimiento de una orden, porque a partir de su notificación, el agresor sabe que la disposición que se le notifica fue dictada, en estos casos, por una autoridad judicial, siendo la única que puede dejarla sin efecto.".-
Bajo estas pautas de interpretación, es claro que la conducta investigada del imputado y debidamente acreditada en autos con el testimonio de la Sra. M. R. (fs. 29 y 66 vta/67), y los efectivos policiales que arribaron al domicilio encontrando al imputado dentro del patio/pasillo lateral externo de la vivienda de aquella y procediendo a su aprehensión dieron al imputado (fs. 31 a 33 y 63vta. a 66), subsume en los delitos de desobediencia judicial y violación de domicilio (arts. 239 y 150 C.P.).
Los agravios de la defensa se centran en cuestiones ajenas a los elementos objetivos de los tipos penales achacados.
Carece de relevancia, en el caso, que el imputado no haya lesionado ni haya amenazado a la Sra. M., pues esas no resultan conductas investigadas ni atribuidas a A. J. I.. Lo que es trascendental aquí es la existencia de una orden judicial destinada al imputado A. J. I. de prohibición de acercamiento a menos de 200 metros hacia la Sra. M., de la que estaba debidamente notificado (conf. fs,. 7/vta, 28vta., y 79/80vta.), y el incumplimiento de dicha medida, acreditado también con los testimonios reseñados anteriormente.
El imputado sabía y conocía que no podía acercarse al domicilio de la Sra. M., y allende los motivos que lo impulsaron a ello, lo hizo queriendo y a sabiendas de que incumplía la orden emitida por la autoridad judicial. El argumento esbozado por la defensa, respecto del error de prohibición no puede ser receptado, pues la orden era clara y tenía un plazo de cumplimiento, que el imputado no respetó.
En lo referente a crítica por la aplicación de la perspectiva de género, corresponde señalar, que la medida en cuestión dictada por la autoridad judicial tuvo su origen en cuestiones de violencia familiar y de género, y la actitud del imputado de insistir y acosar a su víctima, ex pareja y mujer, claramente se enmarca en dicho contexto, con lo cual el encuadre en las normas de protección en contra de la violencia de género es ajusto a las constancias de la causa, y a la normativa nacional e internacional aplicable en el tema, aludida en el antecedente citado.
Por último, se deja constancia que no se tratan los agravios sobre la prisión preventiva en razón de que devienen abstractos a tenor de la excarcelación concedida al imputado en el Incidente de Excarcelación formado en autos, conforme surge de fs. 110/114.
Finalmente, debe tenerse presente que el auto de mérito exige probabilidad positiva, como se señalara supra, para que la acción penal continúe, prospere y motive, etapa crítica de la instrucción mediante (requerimiento de elevación a juicio, oposición en su caso y/o auto de elevación a juicio o decreto de clausura de la instrucción), la apertura y sustanciación del juicio oral y público, lo que dista sustancialmente y es diferente a la certeza que se requiere, una vez materializado el mismo, para condenar a una persona como autora penalmente responsable de un delito e imponerle una pena.
Bajo estos parámetros, se afirma que el Sr. Juez de Instrucción fundó su decisión de mérito en las constancias agregadas en la causa y la misma implica una crítica racional de los elementos probatorios señalados y una derivación razonada del derecho vigente aplicable al caso. Por lo expuesto, como Juez de Recursos:
I.-CONFIRMAR el auto de fs. 83/92 en cuanto ordena el procesamiento de A. J. I. en orden a los delitos de DESOBEDIENCIA JUDICIAL y VIOLACION DE DOMICILIO en concurso real (arts. 239, 150, 45 y 55 del C.P.), REVOCANDO la PRISIÓN PREVENTIVA impuesta por el Juez de Instrucción a tenor de la excarcelación concedida en los autos "INCIDENTE DE EXCARCELACION EN AUTOS CARATULADOS ALMEIRA JUAN IGNACIO S/DESOBEDIENCIA JUDICIAL Y VIOLACIÓN DE DOMICILIO” Expte. N º 44613/00, N ° de Juzgado de Recursos 8484/26, quetramitó por ante la Secretaría N ° 2, de este Juzgado a su cargo, mediante resolución dictada en fecha 30 de junio de 2026, registrada al TOMO: XX, REGISTRO: 006, FOLIO: 088/092 II.-Regístrese, notifíquese, cumplido vuelvan los autos al Juzgado de Instrucción Nº 1 Las Heras.- Carlos Augusto Borges Juez de Recursos Ante mi:
Paola Karina Salino Secretaria
Fin de la sentencia