Abriendo la norma
Cámara en lo Criminal de la 1º Circunscripción
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Condenar a J. I. V., de demás circunstancias personales obrantes en autos, a la pena de TRES (3) AÑOS DE PRISIÓN EFECTIVA como autor penalmente responsable de los delitos de “lesiones leves doblemente agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género en concurso real con desobediencia" (previstos en los arts. 89 en función del art. 92, 80 inc. 1° y 11°, 239 del CP, todos en concurso real entre sí en función del art. 55 del CP), e imponer las costas del proceso (art. 29 inc. 3 del CPP).
2MANTENER el estado de detención de J. I. V., en la dependencia policial y/o penitenciaria en la que se encuentra actualmente alojado.
3INSCRIBIR a J. I. V. en el Registro Único de Personas Violentas, a los efectos legales conforme lo establecido en la Ley Provincial Nro. 3595.
4Hacer SABER a la víctima de autos, el estado del presente trámite y la situación procesal del imputado, ello en los términos del artículo 73 inciso "b" del Código Procesal Penal y 5 inciso "i" de la Ley 27.372 (Ley de Derechos y Garantías de las Personas víctimas de delitos) y de la ley 24660.
LIBRO: CI REGISTRO: 3474 FOLIO: 013/034
Río Gallegos, 14 de agosto de 2026.
Que se reúne en acuerdo la Cámara en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia de Santa Cruz, presidida por el Dr. Jorge Daniel Yance y como vocales la Dra. María Alejandra Vila (titular) y el Dr. Marcelo Hugo Bersanelli (subrogante); actuando como Secretaria la Dra. Gabriela Mansilla, con el objeto de deliberar y dictar sentencia en la causa caratulada "J. I. V.
S/FEMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA Y DESOBEDIENCIA TODO
EN CONCURSO REAL" Expte. N° ****/26; y definir la situación procesal de J. I. V. (2), de apellido materno M., argentino, nacido el ** de ***** de 1998 en Río Gallegos, hijo de S. E. (v) y de M., soltero, albañil, DNI N° **.***.***, domiciliado en xxxxx- Nro. ***, actualmente alojado en la Div. Cría. Quinta de Río Gallegos, quien se encuentra asistido por el Defensor Particular Dr. J. T. y la Fiscalía de Cámara a cargo de la Dra. María Verónica Zuvic, de los que;
Que llegan las presentes actuaciones a entendimiento de este Tribunal, a través del requerimiento de elevación a juicio formulado por la Fiscalía de Instrucción, obrante a fs. 237/247 vta. donde se le imputa a J. I. V. los siguientes hecho: “…HECHO UNO: Que el día 21 de julio del año 2025, siendo aproximadamente las 12:00 horas, en momentos que se encontraba junto a su pareja N. V. R. en el domicilio en el que convivirán sito en calle xxxxx N° **, esquina xxxxx- **** de esta ciudad, habría mantenido una discusión con la nombrada, producto de la cual el causante comenzó a agredir físicamente, propinándole múltiples golpes de puño en la cabeza, cayendo la víctima al suelo, donde el causante habría continuado con las agresiones físicas mediante puntapié en el abdomen y el resto del cuerpo; posteriormente y mientras continuaba agrediéndola físicamente, habría intentado darle muerte a N.
V. R., tomándola del cuello y sofocándola, al tiempo que le profería términos amenazantes, diciéndole: "...te voy a matar hija de perra así no hablas más...", términos por los cuales N. V. R. sintió temor, no logrando su cometido ante la firme resistencia opuesta por la víctima quien logró egresar de la vivienda, siendo auxiliada por un vecino del lugar quien ayudó a la víctima, solicitando la presencia del personal policial, causándole con ello las lesiones que se encuentran certificadas a fojas 41/42. HECHO DOS: Que el día 12 de octubre del año 2025, previo a las 15:50 horas, el compareciente se hizo presente en el domicilio de su ex pareja -N. V. R.- sito en calle xxxxx-7 Nro. **** de esta ciudad, desobedeciendo así la medida de prohibición de acceso y de reingreso a la vivienda donde reside la Sra.
N. V. R. y de acercamiento, que fuera dictada por el Juzgado de Primera Instancia de la Familia N° Tres, Secretaría N° Dos, por el término de seis meses, en los autos caratulados: "N. V. R. C/J. I. V. S/ Medidas de Abordaje Intrafamiliar", Expte. N° ****/25, orden que se hallaba vigente al momento del hecho y de la que el imputado se hallaba debidamente notificado con fecha 03 de octubre de 2025…”. Hechos que fueron subsumidos en las figuras de “femicidio en grado de tentativa y desobediencia todo en concurso real”, previsto y reprimido por el arts. 79, 80 inc. 1 y 11, 42, 239 y 55 del Código Penal. La presidencia efectuó el interrogatorio de identificación y le advirtió que estuviese atento a lo que vería y oiría durante la audiencia, ya que de la lectura del requerimiento presentado por la Fiscalía de Instrucción, se expondrán los hechos que se le imputan, las pruebas obrantes en su contra y la calificación legal que le atribuyó el Ministerio Público Fiscal.
Se le comunicó que siempre podrán dialogar con su defensa, excepto al declarar y antes de contestar las preguntas que se les formulen.
Abierto el debate y luego de ser leído en voz alta por parte de la Secretaría el requerimiento de elevación a juicio de fs. 237/247 vta., se invitó a las partes a plantear las cuestiones previas en resguardo de sus intereses. Concedida la palabra, por su orden, sobre la existencia de cuestiones preliminares, las partes manifestaron no tener planteos que efectuar.
El imputado fue informado sobre los derechos que le asisten conforme los arts. 279 y ss., 361 y 363 del CPP, se le preguntó si prestaría declaración indagatoria, ante lo cual optó por expresar su versión de los hechos.
Inició su declaración afirmando que lo vertido en la denuncia es mentira, que no le hizo daño, que al momento de los hechos eran pareja y destacó que es la madre de su hijo. Hizo mención que el 21 de julio de 2025 discutieron y luego él se fue de la vivienda. Negó haberla agredido.
Calificó a la relación que mantenían como “...medio turbia…”, expresó que consumían alcohol, él los fines de semana y ella todos los días. Argumentó que esta diferencia se debía a que él trabajaba de lunes a sábados de 8 a 19 hs, mientras que N. V. R. estaba sin empleo. Al respecto destacó “...Yo iba a trabajar y volvía y ella estaba tomando alcohol y después todos me echaban la culpa a mí. La policía, decían que yo era el violento y me llevaban a mí. Ella salía gritando, se golpeaba sola para que me lleven. Ella la mayoría de veces me agredió, me daba patadas, rasguños, piñas…”.
Expresó que su hijo quedó bajo su guarda de su abuela por decisión de Niñez, que él dormía en la calle porque no tenía para pagar el alquiler. Y aclaró que N. V. R. a la fecha no ve a su hijo, porque su familia considera que es “nerviosa”.
Respecto a las marcas en el cuerpo, negó ser el responsable de las mismas y destacó “...el día que me llevan detenido tenía una jarra de vino en la mano…”.
Ante la pregunta sobre lo sucedido en el mes de julio, expresó que tuvieron una discusión porque no dejaba que vea su bebé y ella empezó a golpearlo, luego él se retiró del domicilio, afirmó desconocer cómo se hizo las lesiones y destacó que a él lo detienen cinco meses después mientras iba caminando por calle xxxxx-. Cuando se le preguntó si ella salió de la vivienda a pedir ayuda, dijo que desconoce dado que se retiró de la morada.
Señaló que la relación se caracterizaba por discusiones frecuentes en las cuales N. V. R. se ponía agresiva, gritaba, lo golpeaba, ella necesitaba hacer tratamiento por el consumo problemático pero no lo hizo, tuvo una internación en el Centro de Salud Mental. Resaltó que ante el episodio de violencia en una oportunidad se retiró en ropa interior al tiempo que indicó que pese a tener medidas de restricción N. V. R. continuaba enviándole mensajes.
Con posterioridad a la recepción de la declaración de los distintos testigos, el imputado solicitó declarar nuevamente oportunidad en la que manifestó que lo expresado por N. es mentira, nunca la quiso ahorcar y que considera que hizo la denuncia, porque “...consume pastillas con alcohol todos los días…”. Con relación a los golpes, expresó que ella “...siempre se lastimó sola…”. Y resaltó que lo golpeó varias veces e incluso una vez lo apuñaló, por lo que formuló denuncia en la comisaría de la mujer.
Se anunció por Presidencia que la prueba sería incorporada conforme al orden conveniente del debate y previsto en el art. 365 del CPP, en primer lugar se exhiben los efectos incautados según lo previsto en el art. 368 del CPP y a continuación, conforme el art. 375 del CPP se incorporaron por lectura los siguientes documentos: 1.- Informes de inicio de actuados (fs. 01, 13, 54/vta. y 153, 2.- Informes de novedad (fs. 03/04, 44/vta. y 51), 3.- Acta de aprehensión (fs. 06/vta.), 4.- Certificados médicos policiales (fs. 08, 48, 151/152, 160), 5.- Informes policiales (fs. 10, 45, 145 y 146/vta.), 6.- Actas de notificación (fs. 12, 50, 52 y 105/vta.), 7.- Copias de Expte. de Familia (fs. 20/25), 8.- Informes actuariales (fs. 27/vta., 96/vta., 138/vta., 140/141), 9.- Informe de evaluación de riesgo (fs. 35/37), 10.- Informe médico del CMF (fs. 41/42), 11.- Copias del Expte. Nº *****/24 (fs. 98/102), 12.- Informe antecedentes (fs. 111), 13.- Informe de la Dirección de Políticas de Género (fs. 116/118), 14.- Informe de operadora de salud (fs. 120), 15.- Informe del RNR (fs. 121/122), 16.- Informe del Cuerpo Pericial de Psicólogos realizado a la denunciante (fs. 142/143), 17.- Acta de constatación (fs. 147/150), 18.- Informe de los arts. 26 y 41 (fs. 195/196), 19.- Copia de sentencia recaída en Expte. Nro. ****/22. Se incorporó por Instrucción Suplementaria: 1.- Copia de expedientes: a) "N. V. R. C/J. I. V. (2) S/MAI" Expte. Nro. ****/25 y b) "N. V. R. S/Determinación De Apoyo Y Salvaguardas" Expte. Nro. ****/25 del Juzgado de Familia Nº Tres; 2) copia de actuaciones "J. I. V. (2) S/Ptas. Lesiones Y Hurto" de trámite por ante el Juzgado de Instrucción Nº Tres; 3) copia de actuaciones: a)"N. V. R. S/Lesiones Leves Y Amenazas" Expte. Nro. *****/25 y b) "División Comisaría De La Mujer Y La Familia S/Remite Actuaciones (N. V. R. Y B. J. I. V. (2) -Causantes) y su acumulada M. I. J. I. V. (2) S/Amenazas Y Lesiones Agravadas" Expte. Nro. *****/22 de trámite por ante Juzgado de Instrucción Nº Dos.
Se recibió declaración testimonial a: 1) N. V. R., 2) J. E. M., 3) J. R. M., 4) G. E. R., 5) S. A. R., 6) C. A. E., 7) G. M. V. O., 8) N. d. V. L., 9) Dr. Claudio García.
Clausurado el período de producción de pruebas, fueron convocadas las partes a formular sus respectivos alegatos conforme lo estipula el art. 376 CPP, la Dra. María Verónica Zuvic comenzó señalando que entiende que se encuentra acreditada la materialidad de los hechos, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los mismos y la responsabilidad en cabeza del imputado J. I. V. Hizo una recapitulación de plasmado en los diversos preventivos incorporados en autos y resaltó cómo se fueron incrementando en cuanto a la violencia desplegada, un corte en la ceja en el año 2024, golpes y robo en la calle diciembre de 2024, “...en julio de 2025 tenemos dos manos alrededor del cuello en un tiempo suficiente y una frase 'te voy a matar así no hablas más´...”
Destacó que N. V. R. se pudo escapar de esa situación por ello pudo declarar, pese a que persiste en la minimización de los hechos, como consecuencia de encontrarse inserta en el círculo de violencia. Concretamente lo mordió y le apretó sus genitales para poder escapar de la situación de ahorcamiento, en donde le faltó el aire. Resaltó los peritos que hablan de la violencia de género en la que está inmersa. Puso de relieve lo informado por el Dr. García, médico forense, quien describió las lesiones que presentaba N. V. R.. Ello aunado a las declaraciones del personal policial, testigo ocasional y acompañante terapéutica, quienes la vieron golpeada ese día. Con relación a la damnificada resaltó que “...es una mujer con múltiples agresiones y seguramente no es la víctima perfecta… es una persona con múltiples vulnerabilidades…”.
Afirmó que las lesiones que presentaba en el cuello resultan compatibles con su relato, de data reciente.
También puso de relieve lo expresado por C. A. E., testigo ocular, quien relató el contexto en el que encontró a N. V. R. y que de manera espontánea ella le dijo que su pareja la había intentado matar. Y quién advirtió que tenía unos moretones en el cuello, los que también fueron observados por la operadora G. V. O., operadora del Centro de Salud Mental.
Destacó que días después N. V. R. comenzó a minimizar los hechos e intentar justificar al imputado, actitud que sostuvo en la audiencia de debate, cuando señaló le gustaría que se le dé una oportunidad al imputado. Y que resulta contradictoria a su petición final, cuando expresó que desea ser informada del resultado de la presente causa, ya que en caso de que recupere la libertad, quiere “resguardarse”. Lo cual fue sostenido por el Lic. Damián Ricardo.
Por ello, formuló acusación por el delito de tentativa femicidio. Para fundar la acreditación del dolo directo valoró como indicios anteriores la violencia sostenida desde el año 2022, e informe de OVD de valoración de riesgo. Como indicios coetáneos, destacó los lugares en los que la golpeó “...golpes en la cabeza, patadas estando ella en el piso…”, lo cual fue corroborado por los testigos E., G. M. V. O., L. y por el médico forense. Finalmente como indicios posteriores resaltó la circunstancia de que el imputado se quedó en la casa, no salió al auxilio y tres meses después volvió a aparecer en la casa. Citó Jurisprudencia de la Cámara Federal de Casación Penal que revocó una condena por lesiones graves y calificó como tentativa de femicidio, en la cual destacó que la valoración de la entidad de las lesiones no puede escindirse del análisis de los parámetros relativos al dolo homicidio. Se comprometió a aportar la jurisprudencia citada. También destacó la continuidad de la acción desplegada con el propósito de atentar con la vida, es decir las maniobras de “ahogamiento” y que ésta no cesó voluntariamente, es decir que no hubo un desistimiento voluntario, sino que finalizó porque ella logró escapar. Es decir que la acción no logró su consumación debido a la intervención de la víctima. Citó jurisprudencia de la Cámara de Casación Penal de Jujuy, la cual guarda similitud.
Con relación al hecho de desobediencia imputado, dijo que el hecho de que la víctima lo haya llamado, no le quita reprochabilidad a su conducta, dado que el imputado se encontraba notificado de la medida. Mencionó el Expte que tramita ante el Juzgado de Familia Nro. Dos a cargo del Dr. Andrade, caratulado “N. V. R. C/J. I. V. (2)
S/MAI”.
Para merituar el monto de pena, tuvo en cuenta las pautas mensurativas de los arts. 40 y 41 del Código Penal y como circunstancias agravantes la extensión temporal de estos hechos de violencia (desde año 2022), la situación de vulnerabilidad de N. V. R., el hecho de que pese a las notificaciones por parte del juzgado, no cesaba en los hostigamientos y como circunstancia atenuante tuvo en cuenta la carencia de antecedentes del imputado.
Por todo lo expuesto, solicitó se condene a J. I. V. a la pena de doce (12) años de prisión de cumplimiento efectivo, en orden a los delitos de “Tentativa de Femicidio Y Desobediencia todo en concurso real” previsto por los arts. 79, 80 inc 1 y 11, 42, 239 y 55 del CP. Seguidamente, al formular su alegato la defensa del imputado a cargo del Dr. J. T., afirmó que no se ha probado la tentativa de femicidio, ya que nunca existió una asfixia que pusiera en riesgo la vida de la denunciante.
Resaltó el contexto de violencia intrafamiliar de larga data, que con sus anteriores parejas también tuvo este tipo de forma vincular. Destacó el problema de consumo tanto del imputado como de la denunciante.
Puso de relieve que las discusiones de originaban por el hecho de que el imputado había quedado a cargo de su hijo, se había recuperado, trabajaba. Mientras ella seguía inmersa en el consumo problemático. Afirmó que la denunciante no sufrió un principio de asfixia y argumentó que “...la persona que lo sufre, debe tener una recuperación por la falta oxigenación del cerebro…”. Al tiempo que mencionó que el informe médico forense refleja que presenta equimosis, lo cual es una lesión superficial, “...no hay daño de músculos del cuello, propios del estrangulamiento. No se puede decir que me quisieron estrangular porque tengo dos dedos marcados en el cuello…”.
Resaltó que N. V. R. llamó a J. I. V. a comer a su casa y mintió cuando dijo que no sabía que había una restricción de acercamiento, ella generó el hecho para que lo detengan.
Negó que se haya probado la tentativa de homicidio y la desobediencia. Destacó la declaración de N. L., quien indicó que los problemas eran de ambos y que las dos terapeutas dijeron que no se podía hacer un abordaje de N. V. R. porque era evasiva.
Destacó que tenía dos motivos para formular la denuncia N. V. R. “...una que salía con los amigos a tomar y otra porque no podía ver al hijo en común. Entonces ella arma la situación, para después invitarlo a la casa y después agredirlo…”.
Señaló que “...ella se fue de la casa, se tiró al piso, no se desvaneció y vino E. Mi cliente ni siquiera la corrió…”, por lo que consideró que la acusación debe limitarse a unas lesiones agravadas por el vínculo y por el género. Solicitó se lo absuelva de la tentativa de homicidio y se lo condene por las lesiones leves calificadas por el vínculo y por el género.
Concluida la etapa de alegatos, se le preguntó al acusado si luego de lo que presenció y antes de que el Tribunal pase a deliberar, deseaba efectuar alguna manifestación en su defensa, a lo que expresó su negativa.
Finalmente, la Presidencia convocó a las partes a audiencia para el día 147 de agosto de 2026 a las 12.00 horas, en la sede de este Tribunal sito en Malaspina N° 41 de esta ciudad. Acto seguido, se dio por concluido el debate, retirándose el Tribunal a deliberar conforme las pautas señaladas en los arts. 379 y 381 del CPP, y;
Durante el proceso de deliberación fueron abordadas las siguientes
Primera cuestión: ¿Se encuentra acreditada la materialidad del hecho ilícito, la autoría y la consecuente responsabilidad penal del acusado?
Al respecto el Sr. Presidente Dr. Jorge Daniel Yance dijo:
En primer lugar, considero adecuado ingresar al estudio de las presentes actuaciones señalando la importancia de aplicar en ellas perspectiva de género. La CIDH considera que “...la perspectiva de género es un abordaje que visibiliza la posición de desigualdad y subordinación estructural de las mujeres, niñas y adolescentes a los hombres debido a su género y es una herramienta clave para combatir la discriminación y la violencia contra las mujeres, de conformidad con los estándares interamericanos en la materia. …” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Guía práctica “Transversalización del enfoque de género e interseccional en el acceso a la justicia de mujeres, niñas y adolescentes”, año 2025, pág. 10).
Esa pauta de análisis no autoriza a presumir la responsabilidad penal, a invertir la carga de la prueba ni a reducir el estándar de certeza exigido para una sentencia condenatoria. Su función es evitar una valoración fragmentada, estereotipada o descontextualizada de la prueba, especialmente cuando se juzgan hechos ocurridos en vínculos atravesados por violencia sostenida, ambivalencia afectiva, dependencia, temor y posibles dinámicas de minimización o naturalización. (Cfr. UFEM, Protocolo para la investigación y litigio de casos de muertes violentas de mujeres –femicidios–, Ministerio Público Fiscal de la Nación, 2018, apartados 3.5 y 4.1; UFEM, Guía de actuación en casos de violencia doméstica contra las mujeres, Ministerio Público Fiscal de la Nación, 2016).
Para mayor claridad respecto a la valoración de los hechos, analizaré separadamente cada uno de ellos.
Hecho Uno:
Iniciando en análisis de las actuaciones las mismas se iniciaron el 21 de julio de 2025 a las 15: 39 hs, cuando intervino personal policial de la División Comisaría Quinta e iniciaron actuaciones de oficio a raíz de tomar conocimiento por parte de la Central de Despacho que se solicitaba presencia policial en calle xxxxx- Nro. **** de esta ciudad en virtud de existir problemas familiares (fs. 44).
Constituido en el lugar personal policial, precisamente en la parte externa del Comercio xxxxx- observaron a V. Á. y A. E. quienes contenían a N. V. R..
La mujer manifestó que su pareja -J. I. V. - la agredió físicamente mediante golpes de puño, la ahorcó y luego se escapó de la vivienda. Al tiempo que personal policial consignó que presentaba lesiones visibles y manchas rojizas sobre pómulo izquierdo, boca, signos de ahorcamiento en la zona del cuello y hematomas por diferentes zonas del cuerpo.
En consecuencia, se solicitó la presencia del personal del Hospital xxxxx y ante la demora, iniciaron un acompañamiento en móvil prio. 758 hacia el nosocomio local, donde fue atendida por el médico de guardia, quien le realizó las curaciones correspondientes (fs. 44/vta.). Se puso en conocimiento de personal de la Comisaría de la Mujer, quien continuó a cargo del procedimiento.
Ese mismo día a las 20:33 horas, estando acompañada de G. M. V. O. -de la Dirección de Políticas de Género de la Municipalidad- formuló denuncia ante la División Comisaría de la Mujer y la Familia, oportunidad en la N. V. R. expresó que mantuvo una relación amorosa con J. I. V. por el lapso de seis años, y que fruto de dicho vínculo poseen un hijo en común, de diez meses de edad. Resaltó que el día anterior (20/07/2025) a las 23:30 hs, mantuvieron una discusión que finalizó cuando J. I. V. se retiró del domicilio. Al día siguiente, a las 12:00 hs., J. I. V. regresó a la vivienda con un pack de cerveza. Describió que se lo veía molesto, entonces N. V. R. le pidió que se retire de la vivienda. Esto provocó que se enoje aún más, la agarró de la cabeza, le dio varios golpes de puño en la cabeza y en todo el cuerpo. Ello provocó que la denunciante se resbalara y una vez en el suelo le dio golpes de puntapié en el abdomen y en el resto del cuerpo. Luego la tomó del cuello con intenciones de asfixiarla, ella se resistió iniciando un forcejeo, le pidió que detuviera su acción porque me estaba matando, momento en el cual J. I. V. le dijo “...te voy a matar hija de perra así no hablas más…”, términos por los cuales sintió temor. Posteriormente pudo empujarlo y salir de la vivienda a fin de solicitar ayuda. Vio a un vecino cerca a quien le pidió ayuda, pero no quiso involucrarse. Continuó caminando y se le acercó una mujer quien llamó por teléfono a personal policial, expresando que inmediatamente después se desmayó y cuando recuperó el conocimiento ya se encontraba en el Hospital.
Al día siguiente formuló denuncia ante la OVD, se encontraba acompañada por Vargas -de la Municipalidad- y por N. L. -operadora del Centro de Salud Mental-, oportunidad en la que ratificó sus dichos y añadió que hace seis meses y medio que no puede ver a su pequeño hijo por orden de la Jueza y Niñez. Relató que J. llegó contento a su casa, pero luego se puso a llorar por su familia, decía que no entendía por qué lo tratan así, por qué no lo dejan ver a su hijo. Ella le dio dinero para que arregle su teléfono y él se enojó, comenzó a golpearla. Describió “...me ahorcó con sus manos, no podía respirar. Me tiró en la cama, sentí la muerte, me caí de la cama y me pegó piñas en la cara, me fracturó el tabique me dijeron en el Hospital. Me seguía pegando piñas en el brazo y en las piernas. Yo lloraba y le pedía que no me pegue más porque me hizo politraumatismos. Salí de la casa y le pedí ayuda a un vecino, me dijo que no lo comprometa, pedí ayuda a otras personas y nadie me ayudaba. Después perdí el conocimiento y me desperté en el Hospital…”.
Al ser preguntada si era su deseo instar la acción respondió que no y agregó "...yo lo único que quiero es que se cumpla la restricción por siete días y después acompañarlo a un psicólogo a que lo traten, yo no quiero perjudicarlo ni que vaya preso. Sólo vine para dejar asentado lo que pasó, no quiero otra cosa…". También refirió que su mamá la golpeaba y que vivió “...abuso, trata, todo…”.
Con relación a otros episodios de violencia que se hayan materializado dentro de la relación afectiva, mencionó: “…El día de la madre del año pasado, él estaba al resguardo del bebé y cuando llegó a la casa estaba tomado y lo reté, él quiso alzar al bebé y yo le dije que no lo alce y le pegué una cachetada y entonces él me pegó dos trompadas en la cara. Desde ahí vinieron los de Niñez y lo resguardaron al bebé en la casa de la abuela de J., en lo de A.. Yo quiero que él recapacite, nosotros no estamos separados, queremos seguir peleándola por nuestro hijo. Yo lo amo y yo sé que él me ama… Hace cinco años J…. me apuñaló, yo lo denuncié a él y a su familia… Yo lo denuncié hace cuatro o cinco años porque él me metió una puñalada, me separé de él como seis meses y él me volvió a buscar. También lo denuncié el año pasado cuando me hizo lo del bebé…”.
Al ampliar sus dichos en la audiencia de debate y juicio, ratificó lo señalado en sus anteriores declaraciones y añadió que cuando J. la estaba asfixiando lo agarró de sus genitales para que la soltara. Cuando pudo escaparse, salió corriendo de la vivienda dos o tres cuadras, concretamente describió “...me asusté, nunca me había tratado así. Le pegué y salí corriendo pidiendo ayuda…”.
Señaló que si bien requirió asistencia médica, estuvo muy poco tiempo en el hospital, al respecto afirmó “...Yo creo que de haber sido tentativa de femicidio, me habrían tenido que tener más horas en observaciones, lo mismo que no estaba fracturada la nariz. Me llevaron de prepo a las horas que me dieron el alta. Yo estaba dopada. Con tranquilizantes. Me pararon la sangre. No tenía puntos ni nada. Me llevaron a la Comisaría de la Mujer. Yo estaba herida, shockeada y me hicieron declarar…”.
Con relación al imputado, mencionó “...es un hombre joven y solo quería una oportunidad para él y su hijo, que es mi bebe… cuando toma es violento. Pero no es de tomar siempre. El no toma, trabaja. Es un hombre ejemplar. Seis años estuve con él. La verdad que esta fue la primera vez que me hace esto. Las otras veces nada más me empujaba. Yo soy muy rezongona. En otras ocasiones, nos violentamos vulgarmente. Tengo entendido que una vez me denunciaron que yo lo había apuñalado, pero no es así…”.
Finalmente agregó “...él es el padre de mi hijo, es joven y se merece una oportunidad. Ya que la familia le cerró las puertas… Me gustaría que vuelva a trabajar. Ya que yo no puedo estar con mi hijo, me gustaría que él esté con mi hijo. Yo cargo con esta mochila. si yo hice lo que hice, fue porque íbamos a terminar peor…”. Y ante la pregunta se desea ser informada del resultado de la presente causa, dijo “...si, por favor, ya que me gustaría que si va a tener una resolución positiva poder resguardarme…”.
De las distintas declaraciones prestadas por la damnificada se advierte que ha mantenido sustancialmente incólume el núcleo de su relato, conservando una línea narrativa coherente respecto de las circunstancias esenciales del hecho.
Las declaraciones vertidas por N. V. R. deben ser valoradas en conjunto con lo plasmado en el Informe de Valoración de Riesgo (fs. 35/37 vta.) con las conclusiones del informe pericial psicológico (fs. 142/143), con las certificaciones actuariales (fs. 96/vta., 138/vta. y 140/141), informe de la dirección de Políticas de Género (fs. 116/118) e informe de la operadora de salud (fs. 120).
Del informe de valoración de riesgo elaborado por personal de la Oficina de Violencia Doméstica se desprende que N. V. R. se presentó un día después del hecho investigado con lesiones visibles en el rostro y refirió sentir dolor en su rostro.
Se presentó verborrágica, con un posible cuadro de excitación, y destacaron que si bien estaba ubicada temporo-espacialmente, la entrevista pudo agravar aún más su estado emocional por el desgaste en el psiquismo (esfuerzo emocional y cognitivo).
Las profesionales destacaron que presentaba una marcada naturalización de la violencia, al respecto destacaron que N. V. R. “...solo puede narrar lo sucedido pero sin que esto esté acompañado de conciencia acerca del riesgo que esto constituye para su integridad física y psicológica…”. Con relación a su salud mental expresaron “...se infiere un cuadro psicopatológico en su personalidad. Se evidencia un alto nivel de estrés… que requiere atención terapéutica y seguimiento psico social…”.
Con relación al imputado, N. V. R. en esa entrevista señaló que presenta consumo de alcohol crónico y falta de regulación de impulsos agresivos. Con frecuencia la amenaza de muerte.
Concluyeron que presenta un riesgo “Altísimo”, que “...su contexto socio familiar no habría favorecido para el desarrollo de mecanismos de autoprotección innatos, lo que a su vez, la llevaría a no reconocerse como víctima de violencia. Denotando inestabilidad emocional, escasos recursos emocionales, disociación, fragilidad y entrampamiento en el vínculo…". Asimismo destacaron que N. V. R. refirió que apenas finalicen las medidas de protección “...retornará a su hogar con el denunciado…”.
Del informe pericial psicológico elaborado por el Lic. Damián Ricardo del Cuerpo Pericial de Psicología, a la damnificada N. V. R., se desprende que “...En relación con la existencia de indicadores de minimización o naturalización de la violencia, se observa en el discurso de la evaluada una tendencia persistente a relativizar situaciones de gravedad, especialmente aquellas que refieren a vínculos afectivos cercanos. Alterna entre la denuncia de episodios violentos -físicos, emocionales y de desamparo- y expresiones que lo justifican, desestiman o resignifican bajo una lógica de dependencia emocional o necesidad de pertenencia. Tal ambivalencia se expresa no sólo en los contenidos relatados, sino también en la forma en que estos son narrados, sin un correlato congruente con la severidad de los hechos. La entrevistada transmite escenas que implican riesgo o vulnerabilidad como parte habitual de su cotidianeidad, con escaso cuestionamiento o problematización crítica al respecto. Asimismo, suele adoptar un posicionamiento pasivo frente a situaciones lesivas, diluyendo su percepción de agencia o responsabilización de los otros. Este patrón de respuesta es característico de quienes han atravesado experiencias reiteradas de violencia han desarrollado mecanismos de adaptación que, si bien cumplen una función de autopreservación psíquica, dificultan el reconocimiento pleno de los daños sufridos y la posibilidad de implementar conductas protectoras consistentes…”. Con relación a las posibilidades de autodefensa o autoprotección, el perito concluyó que “...las mismas se hallan claramente disminuidas. La entrevistada muestra series dificultades para identificar riesgos, establecer límites adecuados y sostener decisiones protectoras de modo consistente. Esta vulnerabilidad no sólo deriva de sus condiciones psicológicas actuales, sino también de una trayectoria vital marcada por experiencias de abandono, exposición a contextos de riesgo, violencia reiterada y una red vincular de escasa contención o apoyo efectivo. La falta de conciencia de enfermedad y la percepción distorsionada de los vínculos contribuyen a agravar su exposición a nuevas situaciones perjudiciales…”.
Ante el punto pericial si presenta indicadores de victimización compatible con la situación de violencia denunciada, el Lic. Damián Ricardo afirmó “...se advierten elementos que permiten considerar que la evaluada ha transitado por experiencias altamente disfuncionales. Su relato, aunque confuso y fragmentado, da cuenta de situaciones de maltrato físico, abuso emocional y negligencia por parte de distintas figuras significativas, tanto en su infancia como en sus relaciones adultas. La persistencia de contextos violentos, la naturalización de prácticas lesivas y la ausencia de estrategias efectivas de afrontamiento refuerzan la hipótesis de una trayectoria marcada por revinculaciones con modelos relacionales de riesgo. El testimonio también sugiere una exposición repetida a escenarios de vulnerabilidad social y económica, lo cual constituye un agravante en su estado general…”.
De las distintas certificaciones actuariales obrantes en autos, se desprende la conflictiva vincular que presenta tanto el imputado como la denunciante expresadas en la tramitación de actuaciones tanto en sede penal como ante el Juzgado de Familia, entre los años 2021/2025. N. L., operadora del Centro de Salud Mental quien abordó a N. V. R. inmediatamente después del hecho, presentó un informe en el que detalla que los primeros días justificó a su agresor, luego tuvo un cambio y afirmaba que no se merecía lo que le hizo y no quería tener contacto con él, ante ese cambio la notó más animada (fs. 120). Al prestar declaración en sede judicial destacó que hizo una intervención de urgencia del 21 al 25 de julio y aclaró que dejó de intervenir porque N. V. R. tenía un amigo con problemas de consumo que la intimidaba. Hizo mención al estado en el que la encontró a la damnificada en la primer visita, concretamente describió “...ese día al llegar al hotel N. V. R. me cuenta que su pareja la había agredido, que se había puesto celoso del vecino, ella tenía lesiones en los ojos, la boca (la tenía partida) y bastante en el cuerpo, él le había agarrado de los pelos, le sacó bastante pelo, también le dolía mucho la cabeza, ella refirió que como pudo salió de la casa a pedir auxilio y que caminaba gritando y nadie la ayudaba…” (fs. 119/vta.).
Al ampliar sus dichos en la audiencia de debate ratificó y amplió diciendo “...cuando la veo tenía el labio hinchado, la nariz con marca y todavía estaba como en pánico. Me comentó que él había sobrepasado el límite, que le había golpeado bastante feo… ella decía 'antes solo me pegaba y ahora ya me ahorcó, me golpeó la cabeza contra el inodoro y decía que me iba a matar´…”.
En definitiva, la valoración conjunta de la declaración de la damnificada, el informe de valoración de riesgo, las certificaciones actuariales de las actuaciones existentes entre el imputado y la denunciante y el informe pericial psicológico efectuado a N. V. R., permiten concluir, con suficiente grado de certeza, que la nombrada se encontraba inmersa en un círculo de violencia caracterizado por episodios frecuentes de escalada que irrumpían también en el plano físico, en un contexto signado, asimismo, por un consumo problemático en el que ambos se encontraban inmersos.
Tales elementos dan cuenta, a su vez, de las particulares dificultades que presentaba la damnificada para identificar adecuadamente las situaciones de riesgo, establecer límites protectores y sostener decisiones de resguardo de manera consistente, circunstancias que no pueden ser interpretadas aisladamente ni en perjuicio de la credibilidad de su relato, sino como manifestaciones propias de la dinámica de violencia en la que se encontraba inserta.
En este contexto, la conducta asumida posteriormente por N. V. R., orientada a minimizar los episodios denunciados, procurar proteger al imputado y exteriorizar su deseo de retomar el vínculo y la convivencia una vez finalizadas las medidas restrictivas, no pueden ser valoradas de manera aislada, sino en conjunto con la prueba valorada precedentemente, caudal probatorio que revela el contexto de vulnerabilidad de la damnificada así como la dinámica relacional acreditada.
Corrobora lo vertido por N. V. R., el testimonio de C. A. E., quien el 21 de julio circulaba en la intersección de calles xxxxx-8 y xxxxx-16, cuando alrededor de las 17:00 horas, observó a una mujer que se encontraba golpeada, con sangre en el cuerpo, el lado izquierdo del ojo se encontraba inflamado, solicitaba ayuda y exclamaba “...me escapé de mi casa porque mi marido me quería matar…” (fs. 64/vta.). Relato que fue sostenido en su declaración en la audiencia de debate y juicio, en el que resaltó que a la mujer le costaba respirar. El relato de este testigo ocasional se erige como un elemento de corroboración externo que refuerza sustancialmente lo manifestado por la víctima, quien expresó haber salido de la vivienda pidiendo ayuda. En efecto, E. señaló haber encontrado a la damnificada golpeada, asustada y en evidente necesidad de recibir asistencia médica, circunstancias que se corresponden con el estado físico y emocional que razonablemente cabría esperar de una persona que acababa de atravesar un episodio de violencia, sin que se adviertan motivos para atribuir al testigo un interés particular en favorecer su relato.
Por otro lado, contamos con la declaración testimonial de G. M. V. O., acompañante terapéutica y administrativa en la Dirección de Políticas de Género dependiente de la Municipalidad de Río Gallegos, quien manifestó que se encontraba de guardia el día de los hechos, por lo que se dirigió al Hospital xxxxx y al llegar encontró a N. V. R. golpeada en el rostro, tenía hematomas grandes en la cara, brazos, piernas y rasguños en brazos, asimismo, poseía un moretón grande en el cuello. Asimismo expresó que había sido agredida por su ex pareja J. I. V. (fs. 116/118). Al ampliar sus dichos en la audiencia de debate y juicio destacó que ella se pudo escapar de la agresión, que un hombre la ayudó y la llevó al hospital. Su intervención como acompañante terapéutica se dispuso a través del Centro de Salud Mental, señaló que N. V. R. no adhería al tratamiento, que tenía problemas de consumo y de salud mental, que había formulado denuncias con anterioridad Acreditadas las circunstancias en que se materializaron los golpes y la agresión física señalada por N. V. R., resta ingresar al análisis de las lesiones provocadas en la integridad del cuerpo de la damnificada. Para ello contamos, en primer lugar, con el certificado médico expedido por el Dr. R. A. F., dependiente del nosocomio local, el 21 de julio de 2025, en el cual surge: "...N. V. R. DNI ********. Dejo constancia que fue asistida x Guardia traída por personal policial tras riña doméstica. Presenta excoriaciones en rostro, tórax y extremidades. Se realizaran estudios de imágenes descartando lesiones graves…" (fs. 48).
En segundo lugar, corresponde valorar el informe médico forense elaborado por el Dr. Claudio García del Cuerpo Médico Forense, confeccionado el 22 de julio de 2025, en el cual describió que N. V. R. presentaba las siguientes lesiones “...1.- Lesiones: -Equimosis en región orbicular izquierda de color rojiza que abarca reborde superior de zona malar y base de párpado superior. La misma tiene forma de semiluna invertida con base en párpado inferior y mide 40 mm de longitud y 20 mm transversal, involucrando comisura ocular interna. -Excoriación a nivel de raíz nasal en canto derecho, ovoidea, con sentido mayor paralelo a la nariz y que mide 10 mm por 5 mm. -Equimosis en párpado inferior derecho, color rojizo, paralela al párpado inferior y que mide 20 mm por 10 mm. -Equimosis en párpado superior a nivel de la comisura ocular interna, color rojiza que mide 10 mm por 6 mm. -Tumefacción y rubicundez en región nasal, manifestando dificultad en la respiración y dolor local. -Equimosis en surco naso geniano derecho a nivel de comisura labial que mide 8 mm. -Excoriación redondeada en zona frontal izquierda a nivel de la implantación pilosa, que mide 5 mm de diámetro. -Equimosis en cara interna de labio superior a nivel de zona subnasal. -Excoriación lineal en cara interna de labio inferior a nivel de su mucosa, de 5 mm de longitud. -Excoriación en región antero lateral izquierda de cuello a nivel de tercio medio por delante del músculo esternocleidomastoideo, circular y que mide 10 mm de diámetro. -Excoriación en región antero lateral izquierda de cuello a nivel de tercio medio a nivel del músculo esternocleidomastoideo lineal y que mide 12 mm de longitud. -Excoriación en región lateral de cuello izquierda a nivel de tercio medio por detrás del músculo esternocleidomastoideo, ligeramente ovoide y transversal al eje del cuerpo, y que mide 8 mm por 4 mm. -Excoriación en lóbulo de la oreja derecha que afecta ambas caras. -Equimosis en zona supraclavicular derecha, trasversal al eje del cuerpo, color rojizo y que mide 35 mm por 12 mm. -Por debajo de la anterior presenta otra equimosis paralela a la misma, color azulada y que mide 20 mm por 8 mm. -Equimosis en brazo derecho en cara externa del tercio medio, color rojizo, ligeramente cuadrangular y que mide 20 mm por 20 mm. -Equimosis con sectores excoriativos a nivel de cara interna de tercio medio del antebrazo derecho.
De forma rectangular y eje mayor transversal al miembro superior, mide 20 mm por 30 mm. -Equimosis en cara interna de brazo derecho, a nivel de su tercio medio, color rojizo y que mide 10 mm de diámetro.
-Excoriaciones lineales en número de tres, transversales al eje del miembro y ubicadas en cara externa del antebrazo derecho. Las mismas miden 15 mm, 10 mm y 8 mm respectivamente. -Excoriación redondeada a nivel de articulación carpo metacarpiana en primer dedo de mano derecha, que mide 4 mm de diámetro. -Excoriación redondeada a nivel de articulación carpo metacarpiana en segundo dedo de mano derecha, que mide 5 mm de diámetro. -Equimosis rojiza, ligeramente cuadrangular, ubicada en cara interna de la muñeca derecha. La misma mide 35 mm por 25 mm. -Excoriación en cara dorsal de mano derecha, ubicada a nivel del quinto metacarpiano hasta la articulación metacarpo falángica, paralela al eje de la mano, y que mide 35 mm por 15 mm. -Excoriación a nivel de cara anterior, tercio medio, del brazo izquierdo. De formato redondeado y color rojiza. La misma mide 6 mm de diámetro. -Equimosis en cara interna de codo izquierdo a nivel radial, redondeada y color rojo azulado, que mide 10 mm de diámetro. -Equimosis en cara dorsal de mano izquierda que abarca desde región metacarpiana hasta articulación metacarpo falángica a nivel de los dedos tercero, cuarto y quinto. La misma tiene color rojizo. -Equimosis en abdomen inferior a nivel de fosa iliaca derecha, de formato redondeado y color rojizo, que mide 20 mm de diámetro. -Equimosis en muslo derecho en cara externa a nivel de su tercio superior, de formato cuadrangular transversal al eje del cuerpo y tiene color azulado. La misma mide 40 mm por 20 mm. -Equimosis en región glútea derecha, de color azulado, redondeada y que mide 15 mm de diámetro. -Excoriación cicatrizada en rodilla izquierda a nivel infra patelar de antigua data, superior a 7 días y no relacionada a la actual evaluación. -Excoriaciones en tercio inferior de pierna derecha, en proceso de cicatrización y no relacionadas con la presente evaluación, data aproximada de 7 días. Excoriaciones en tercio inferior de pierna izquierda, en proceso de cicatrización y no relacionadas con la presente evaluación, data aproximada de 7 días. -Refiere dolor en región craneal a nivel de zona parietal derecha pero no se evidencian lesiones al momento de la presente evaluación…”, calificó a las lesiones como leves, que no puso en peligro la vida, determinó un tiempo de curación de 10 días, un tiempo de incapacidad laboral de 5 días y data de las lesiones de 24 a 36 horas previas al examen.
Finalmente consignó como “...elemento productor de las lesiones: las equimosis son producto de golpes, presión o choque con elemento romo contundente, como por ejemplo golpes de puño, golpe con palos, patada, presión manual, etc. Las excoriaciones producto del contacto con elementos abrasivos que avulsionan las capas superficiales de la piel, como pueden ser las uñas, elementos rugosos como el piso, etc. Las lesiones de la evaluada tienen verosimilitud con el relato manifestado…”.
De manera conteste se expresó en facultativo en la audiencia de debate y juicio, oportunidad en la que añadió “...N. V. R. presentaba varias lesiones escoriativas, equimóticas, refería el antecedente de haber sido agredida. Las lesiones eran traumatismos, compresiones, del día previo de haber sido evaluada. Estaban ubicadas en rostro ambos miembros superiores, cuello, y miembro inferior derecho…”. Hizo referencia al diálogo que mantuvo con la damnificada, al respecto aclaró “...en la anamnesis refirió que fueron producidas por su ex pareja, que la había golpeado y le había provocado las equimosis, compresiones el día previo…”. Detalló respecto a la data de las lesiones “...También había lesiones antiguas. Pero las lesiones agudas eran compatibles a las 24 y 48 horas previas al examen. En el cuello presentaba lesiones equimóticas y escoriativas, compatibles con compresiones. Lo mismo en las lesiones en los brazos, eran compatibles con compresión digital…”.
Aclaró que cuando en el informe se expresó sobre la verosimilitud del relato, se refirió a que las lesiones que halló y describió eran compatibles con el relato de la damnificada.
Con relación al carácter de las lesiones, dijo “...nosotros hacemos evaluación de la lesión propiamente dicha, no del mecanismo lesional. Las lesiones son leves, cuando pasados los treinta días van a pasar, pero no tiene que ver con el mecanismo lesional…”.
Cuando se le preguntó con relación a la compresión en el cuello si se hubiese mantenido en el tiempo qué hubiera pasado, dijo ”...una compresión manual de cuello, tiene una potencialidad lesional grave, incluso la fatalidad. Una compresión con baja presión, ya puede haber algún tipo de efecto. Puede ser compresión leve, que puede generar edema cerebral, con consecuencias como pérdida de conocimiento, hemorragias. Una compresión mayor, dos o tres dedos pueden llegar a hacer compresión que obstruya el sistema arterial venoso, o respiratorio. Las carótidas son fácilmente compresibles y con pocos minutos de compresión pueden traer consecuencias complejas como pérdida de conocimiento, convulsiones, e incluso el óbito. Con pocos segundos de compresión en el cuello, entre seis y diez segundos, se puede producir la pérdida de conocimiento. Pasado más minutos, se puede producir la muerte cerebral y con eso el óbito de la persona. La compresión de los vasos del cuello tiene la posibilidad de alterar los barros receptores, que puede producir disminución de la frecuencia cardiaca. Hay tres mecanismos que se describen en compresión cervical. Compresión de las venas, de las arterias, y de los núcleos vagales. El otro de los elementos relacionados a compresión de cuello es el mecanismo del impedimento del flujo del aire a través de la tráquea que produce mecanismo asfíctico…”.
Y aclaró que de haberse mantenido la compresión podría poner en riesgo la vida, al tiempo que expresó que la pérdida de conocimiento posterior al auxilio por un transeúnte pudo haber sido consecuencia del estrés postraumático.
La documental médica incorporada al proceso, así como la testimonial del Dr. García, guardan plena consonancia con lo referido por la damnificada acerca de la dinámica en que se desarrollaron los hechos, encontrando a su vez, corroboración en las manifestaciones de Estigarribia que tomó contacto con ella en forma inmediata a su ocurrencia, así como lo consignado en los respectivos informes preventivos.
Esta convergencia entre las distintas fuentes probatorias, provenientes de ámbitos y momentos diversos, constituyen un elemento de corroboración externo que otorga mayor solidez y credibilidad al relato de la damnificada, al tiempo que permite tener por acreditada la existencia y características de las lesiones compatibles con la mecánica de violencia descripta.
Hasta aquí tenemos por acreditado que J. I. V. el 21 de junio de 2025 en horas del mediodía, se presentó en la vivienda de su entonces pareja N. V. R., ubicada en calle xxxxx- N° **, luego de una discusión, comenzó a agredirla físicamente mediante golpes de puño en el rostro, posteriormente, aprovechando que la misma cayó al suelo, le dio patadas en distintas partes del cuerpo, para finalmente continuar agrediendo comprimiéndole la zona del cuello, sofocándola, al tiempo que le decía que la iba a matar. Finalmente, ante la resistencia opuesta por la damnificada, logró retirarse de la vivienda y pedir ayuda a unos transeúntes, quienes la auxiliaron y requirieron presencia policial. Corresponde ingresar al argumento esbozado por la defensa del imputado al formular el alegato, oportunidad en la cual señaló a los fines de minimizar los hechos denunciados que “...estamos ante una relación de violencia de dos personas con problemas de consumo…”, quiso poner de relieve que en el vínculo afectivo que los unía “...ambos se agredían…”.
Podemos afirmar que este señalamiento efectuado por la defensa no es más que un mero intento por mejorar la situación procesal de su representado, ya que la circunstancia de que mediaban las agresiones en el vinculo afectivo, no permite despojar a los hecho de la dimensión de género que corresponde analizar en las presentes actuaciones, ni convierte en jurídicamente equivalentes las conductas desplegadas por cada uno de los integrantes de la pareja. Recordemos que la perspectiva de género impone examinar el contexto, las relaciones de poder existentes y la situación de vulnerabilidad de quien resulta víctima (lo que fue analizado precedentemente), sin que pueda contemplarse una suerte de “compensación de violencias”. Del mismo modo, el consumo de sustancias no constituye una explicación causal que permita justificar, excusar o disminuir la relevancia de los actos de violencia ejercidos, ni habilita a trasladar a la damnificada responsabilidad por la conducta desplegada por el imputado. En definitiva, pretender presentar el vínculo como una mera confrontación entre dos personas con problemas de consumo, supone descontextualizar los hechos y reducir una situación de violencia basada en una relación desigual de poder a un simple conflicto de pareja, perspectiva que resulta incompatible con el deber de juzgar estos hechos con perspectiva de género.
Resta ingresar al análisis del argumento formulado por el imputado, quien negó haber golpeado a su entonces pareja y señaló con contundencia el consumo problemático de alcohol y pastillas, deslizando la idea de que las lesiones eran producto del estado en el que se hallaba.
Este argumento no encuentra sustento en ningún otro elemento conviccional, y no es más que un esfuerzo por mejorar su situación procesal. Los dichos de N. V. R. no solo fueron sostenidos en sus distintas declaraciones, sino también ante personal policial, equipo técnico de la OVD, perito psicólogo, personal de la Oficina de Genero de la Municipalidad y la acompañante terapéutica del Centro de Salud Mental.
Asimismo del cúmulo de elementos conviccionales no surge de ellos que el imputado J. I. V. (2) se encontraba dentro de alguno de los supuestos de excepción de responsabilidad penal o excusa absolutoria establecido en el art. 34 del CP, es decir, no se encontraba impedido de comprender la criminalidad de sus actos o de dirigir sus acciones, por lo que deberá responder penalmente por el hecho imputado, en los términos que serán jurídicamente precisados al tratar la calificación legal.
Hecho Dos:
Para acreditar este hecho contamos en primer lugar con el informe de novedad elaborado por personal de la División Comisaría Quinta que da cuenta que el 12 de octubre de 2025 a las 15:34 horas se iniciaron actuaciones de oficio a raíz de recepcionarse un mensaje por intermedio de la aplicación de WhatsApp del abonado Nro. **********, oportunidad en la que N. V. R. manifestó que su ex pareja, J. I. V. , se encontraba en su domicilio sito en calle xxxxx- N° **** de esta ciudad incumpliendo las medidas de prohibición de acercamiento y de contacto hacia su persona.
Constituido personal policial en el lugar del hecho, encontraron a N. V. R. quien estaba alterada y presentaba lesiones visibles en el rostro y en el patio interno se encontraba su ex pareja J. I. V. (fs. 6/vta). Ella presentaba lesiones visibles en el rostro, en la mejilla izquierda, las cuales fueron provocadas según sus dichos por J. I. V. , motivo por el cual el nombrado fue aprehendido. (v. fs. 6/vta.).
Corresponde ingresar al análisis de las testimoniales prestadas por el personal policial que intervino en este hecho. Gimena Elizabeth Ramírez, Cabo Primero de Policía, manifestó que ese día ante el requerimiento telefónico se presentó en el domicilio sito en xxxxx- N° ****, oportunidad en la que observó a un hombre en la puerta de la vivienda en el patio interno, quien se identificó como el ciudadano J. I.
V. . Luego observó a una mujer que se encontraba alterada. Y resaltó que ya había mantenido esta pareja un altercado en el domicilio ubicado en calle xxxxx.
Al ampliar sus dichos en audiencia de debate agregó que intervino tres o cuatro veces por problemas con esa pareja, en distintos años y que N.
V. R. refirió que existía violencia de género.
Sergio Andrés Ramos, agente de policía, quien fue conteste con lo expresado por Ramírez (fs. 17/vta) y añadió que J. I. V. se encontraba tranquilo durante el procedimiento, dijo que estaba ahí porque lo habían invitado a comer, tenía aliento etílico y N. V. R. se encontraba alterada, con una lesión en el rostro. En su declaración en la audiencia agregó que intervino en varios procedimientos en donde estaba en conflicto esa pareja, que generalmente llamaba ella pero a veces llamaba él.
R. M., expresó haberse presentado ante requerimiento en el domicilio de N. V. R., en donde también se encontraba J. I. V. . Expresó que ella presentaba en el pómulo manchas rojizas, que su pareja la había golpeado en el oído y refirió tener el oficio en donde la notifican de la prohibición de acercamiento. Ante esa situación, aprehendieron al imputado y constataron que la medida restrictiva se encontraba vigente.
En consonancia con lo expresado en el informe preventivo y lo señalado por el personal policial interviniente, contamos con la declaración de N. V. R. en la audiencia de debate y juicio, oportunidad en la que refirió “...La gente de la DDI me dijo que necesitaba encontrarlo y yo hablé con él, le dije que viniera a casa que lo estaban buscando, él se presentó en mi casa. En un rato llegó la DDI y se lo llevaron. Después… Él llegó a casa y había tomado. Así que mandé un mensaje a la quinta para que se lo llevaran… Le mandé un mensajito a la oficial López, vino y se lo llevaron. Pensé que se lo llevarían unos quince días, pero nunca pensé que tanto tiempo, ya pasó más de un año…”.
Seguidamente se incorporaron copias de actuaciones del Juzgado de Familia N° Tres, Secretaria N° Dos, actuaciones caratuladas: "N. V. R.
C/ J. I. V. S/ MEDIDAS DE ABORDAJE INTRAFAMILIAR" EXPTE.
****/25, en la cual con fecha 25 de julio de 2025 se ordenaron las siguientes medidas: “...1° la prohibición de acceso y/ reingreso del Sr. J. I. V. (2)... al inmueble sito en calle xxxxx-6 N° ** esquina xxxxx-7 de la localidad de Río Gallegos. 2° la prohibición de acercamiento del Sr. J. I.
V. (2)... a una distancia no menor de doscientos (200) metros, en los lugares públicos y/o privados que estos pudieran frecuentar. 3° la prohibición de todo tipo de comunicación entre el Sr. J. I. V. (2), respecto de la Sra. N. V. R. y de su grupo familiar conviviente mediante mensajes de texto, telefónica, vía mail, etc., bajo apercibimiento de adoptar medidas más severas, entre otras…” (cf. fs. 21/22 vta.). Las cuales fueron otorgadas por el plazo de seis meses, habiéndose notificado fehacientemente el imputado el 03 de octubre de 2025, motivo por el cual ha quedado acreditado que el imputado ha desobedecido la orden impartida.
En suma, del análisis del caudal probatorio, podemos tener por acreditado tanto la materialidad de los hechos, como así también la autoría de los mismos en cabeza del imputado, es decir que el 12 de octubre de 2025, J. I. V. se hizo presente en el domicilio de su ex pareja N. V. R. sito en calle xxxxx-7 N° ****, incumpliendo la orden dispuesta por el Juzgado de Familia N° Tres, Secretaría N° Dos en el marco de los autos caratulados: "N. V. R. C/J. I. V. (2) S/Medidas De Abordaje Intrafamiliar" Expte. N° ****/25, respecto de la cual se hallaba debidamente notificado.
Corresponde ingresar al argumento defensivo esbozado por el Dr. J. T., quien intentó responsabilizar a la denunciante del hecho imputado cuando afirmó “...ella llamó a J. I. V. a comer a su casa… ella genera el hecho para que se lo lleven…”. Cabe destacar que este extremo es reconocido por N. V. R., quien afirmó haberse comunicado con su ex pareja sobre quien pesaba la orden de prohibición de acercamiento a fin de citarla a su vivienda. Pero el hecho de que sea la propia denunciante quien llamó al imputado a su domicilio, no lo exime de responsabilidad ni neutraliza las consecuencias jurídicas derivadas de su proceder, toda vez que el encartado tenía pleno conocimiento de que la prohibición de acercamiento y comunicación se encontraba vigente y que se trataba de una orden válidamente emitida por autoridad competente y que pese a ello, decidió incumplirla. Al respecto es importante resaltar que la iniciativa de N. V. R. de propiciar un encuentro con su ex pareja J. I. V., no tenía aptitud jurídica para dejar sin efecto, modificar o suspender una orden judicial vigente, cuya observancia no podía quedar supeditada a la voluntad de la persona protegida.
Asimismo, no se advierten causas excluyentes de antijuridicidad o culpabilidad.
Así lo voto.
La Dra. María Alejandra Vila (titular) y el Dr. Marcelo Hugo Bersanelli (subrogante) adhieren al voto de presidencia.
Segunda cuestión: ¿Qué calificación legal corresponde asignar a las conductas imputadas?
Acreditada la materialidad del hecho y la autoría penalmente responsable de J. I. V., resta encuadrar sus conductas en las normas penales aplicables al caso.
Con relación al hecho acaecido el 21 de julio de 2025 ha de disentir con la calificación efectuada por la representante del Ministerio Público Fiscal, en cuanto considero que no se ha podido acreditar con el grado de certeza requerido en esta instancia procesal el dolo homicida, es decir que el imputado actuó con intención de matar. En este sentido dice la doctrina que “…la intención de matar y el dolo directo de quitar la vida requeridos por la tentativa de homicidio, no puede inferirse tan sólo del número de las heridas infligidas, ni de su ubicación o de las manifestaciones verbales proferidas por el encausado, sino que esa voluntad debe aparecer claramente definida en tal dirección, por lo que es menester una prueba específica demostrativa de dicha resolución interna en el momento de comenzar la ejecución para dar a los signos exteriores una correlativa fuerza intencional…” (Horacio J. Romero Villanueva, Código Penal de la Nación, 3era edición, Editorial Abeledo Perrot, 2008, pág. 304). Entiendo, que para que se configure la tentativa de homicidio, el dolo debe estar dirigido inequívocamente a causar la muerte. En este caso, la prueba reveló que la conducta del imputado consistió en una maniobra de asfixia sobre la damnificada, la entidad y peligrosidad objetiva de dicha conducta no permiten, por sí sola, tener por demostrado que aquel hubiera obrado con intención de darle muerte.
Para ello también se debe ponderar la actitud posterior del imputado, quien una vez que la damnificada se retiró de la vivienda, él no la siguió, no impidió su huida, no tuvo intención de continuar con la agresión; por el contrario, permaneció en el domicilio hasta que fue conducido por personal policial (conforme surge del acta de notificación obrante a fs. 52). La sujeción y asfixia finalizó por exclusiva decisión del imputado, quien si bien recibió un golpe en sus genitales, no siguió a su pareja, dejó de desplegar acciones tendientes a agredirla físicamente.
Otro elemento a ponderar es lo referido por el médico forense, Dr. García, quien si bien consignó la existencia de lesiones en la región del cuello compatibles con maniobra asfíctica, también resulta relevante advertir que, al describir los posibles efectos derivados de dicha maniobra, como ser la pérdida de conocimiento o convulsiones, estas circunstancias no fueron acreditadas. Antes bien, N. V. R. únicamente refirió que durante el episodio le faltó el aire y que no podía respirar. Circunstancia que aumenta la duda respecto a la configuración del dolo homicida.
A su vez, debilita la certeza requerida para tener por acreditado el elemento subjetivo del tipo penal analizado, la circunstancia de que el desmayo posterior de N. V. R., una vez que tuvo asistencia por transeúntes, no fue consecuencia de la maniobra asfíctica desplegada por el imputado, conforme lo expresara el medico forense al momento de prestar declaración durante la audiencia de debate, quien fue categotico al referirse que el desmayo puede estar relacionado con una situación de estrés.
En este sentido se descarta, que dicha acción realizada por el imputado, haya puesto en peligro la vida de N. V. R.. En este aspecto el médico forense fue claro, describió las diferentes situaciones que podrían suceder ante una compresión en el cuello. Expresó que con pocos segundos, entre 6 y 10, se puede producir la pérdida de conocimiento y pasado más de un minuto, se puede producir la muerte cerebral y con ello la muerte de la persona.
Ahora bien, llevando estas manifestaciones al presente caso, se descartó que la acción desplegada por el imputado haya puesto en peligro la vida de N. V. R..
Con relación a lo valorado por la Fiscalía como indicio posterior que acredita el dolo homicida, es decir que el imputado no le haya prestado ayuda, que se haya quedado en la casa, considero que el mismo es un elemento que aporta duda sobre el dolo homicida, conforme fuera señalado precedentemente.
Asimismo, corresponde consignar que el fallo citado por la titular del Ministerio Público Fiscal, en autos caratulados "R.E.R psa Femicidio en grado de tentativa" dictado el 25/08/2023 dictado por la Cámara de Casación Penal de San Salvador de Jujuy, no aplica al caso, ya que si bien se trata de hechos cometidos en relación de pareja, en uno de ellos el agresor utilizó un cuchillo y le asestó varias puñaladas mientras le decía que la iba a matar, el cual finalizó ante la intervención de la madre del imputado.
Por todo lo expuesto, el análisis conjunto del material probatorio me permite concluir que la duda ha avanzado sobre el estado de certeza requerido para tener por acreditado el elemento subjetivo del tipo. Si bien se ha acreditado una conducta violenta y la maniobra asfíctica, no ha podido acreditarse, con el grado de certeza exigible, que el imputado hubiera obrado con dolo homicida, es decir, con conocimiento y voluntad de ocasionar la muerte de su pareja N. V. R.. No obstante ello, la ausencia de certeza respecto ese extremo, no impide desconocer la entidad de la conducta desplegada ni las consecuencias lesivas efectivamente acreditadas. Por el contrario, el conjunto probatorio permite tener por demostrados los extremos subjetivos y objetivos necesarios para subsumir la conducta desplegada por J. I. V. (2) en el delito de lesiones leves, previsto y reprimido en el art. 89 del CP.
En identido sentido, respecto a la falta de dolo de homicida, este Tribunal se ha expedido en la sentencia de fecha 04 de abril del año 2025 en autos caratulados "Baez Baez Leonor s/Tentativa de Femicidio Doblemente agravado" Expte. ****/23, regestrado Lº LXXXI Rº 3114 Fº 108/124, en el cual no acreditó el dolo de matar y se condenó al imputado por el delito de lesiones graves doblemente agravadas ya que la acción desplegado por el imputado puse en peligro la vida de la víctima.
En idéntico sentido se expresó la Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal de Bs. As., en autos "GAMD S/recurso de casación" de fecha 13 de agosto de 2024 (Cita: MJ-JU-M-153322-AR|MJJ153322|MJJ153322), en donde entre los hechos analizados, el hecho identificado como "dos" consistía en haber ejercido presión sobre el cuello ocasionando la pérdida de conocimiento de su pareja, hecho por el que el imputado fue condenado por el Tribunal en lo Criminal nro. 3 de xxxxx-13 a la pena de dieciseis años de prisión por resultar autor responsable de varios delitos, entre ellos el de "homicidio doblemente calificado por la relación de pareja y por mediar violencia de género en grado de tentativa". Sentencia que fue casada parcialmente y se modificó la calificación del hecho "dos", por la de "lesiones graves calificadas por la relación de pareja y por mediar violencia de género".
Entre sus argumento el Tribunal de casación Penal, luego de afirmar que existió desistimiento voluntario, afirmó "...se podría interpretar que la incriminación autónoma de esa lesión (con peligro de muerte) consistiría en quitar parcialmente el efecto excusante del art. 43 del Código Penal, pues frente al desistimiento de la tentativa de homicidio, subsistiría la punibilidad no sólo por las lesiones leves consumadas, sino también las de mayor gravedad (las del art. 90) que abarcan «el peligro ya asumido por el autor en su primer intento, y, en ese sentido, también ya consumado» (Sancinetti, Marcelo A.; Teoría del delito y disvalor de acción, 1era. edición, Hammurabi, Buenos Aires, 1991, pa ´g. 225). Así, «la interpretación del art. 90 como recortante del efecto liberador del desistimiento hasta la pena ya ganada por el peligro de muerte, es, sin duda, una interpretación posible, que daría al precepto el único margen de utilidad residual que puede tener» (ob. cit., pág. 226). En consecuencia, el riesgo de muerte generado por G. mediante la compresión en el cuello de la víctima, que correctamente estableció el veredicto, consumó formalmente el delito de lesiones con peligro de muerte del art. 90 y el efecto excusante del art. 43 aplicado a la tentativa de homicidio (que corresponde aplicar, como requiere la defensa), opera parcialmente, hasta el límite de la pena que prevé aquel delito...".
Peligro de muerte que no se ha acreditado en las presentes actuaciones, ya que producto de la compresión de la zona del cuello, N.
V. R. no perdió el conocimiento, por lo que el hecho imputado encuentra su marco legal en los requisitos establecidos en el art. 89 del CP.
En suma, J. causó un daño en el cuerpo de su entonces pareja N. V. R. y le provocó lesiones en el cuerpo que se encuentran certificadas, lo cual conforma el elemento objetivo del tipo penal. En cuanto al elemento subjetivo, el delito de lesiones del art. 89 requiere que el daño en el cuerpo sea intencional, es decir con conocimiento y voluntad del autor de actuar en dicho sentido. El tipo penal exige dolo, que puede ser directo, indirecto o eventual. Las probanzas incorporadas -en especial, el testimonio de la víctima, certificado médico y testimoniales del personal policial interviniente- dan cuenta que el accionar que por el presente se reprocha, es de dolo directo. Asimismo, es dable precisar que las lesiones constatadas en el cuerpo de la damnificada encuentran su adecuación típica en lo estipulado en el art. 89 del CP, toda vez que no están contempladas en las restantes tipificaciones dolosas especialmente previstas y clasificadas objetivamente por la gravedad del daño.
La agravante del vínculo prevista por remisión al art. 80 inc. 1 CP se encuentra configurada porque N. V. R. y Jorge mantuvieron una relación de pareja prolongada, de aproximadamente seis años, y fruto de la misma tienen un hijo en común.
A la vez corresponde aplicar el agravante previsto en el inc. 11 del mismo artículo: “por mediar violencia de género”, el cual no se apoya únicamente en que el agresor sea varón y la víctima mujer, ni en la existencia formal de una relación de pareja. Se configura porque el episodio se insertó en una dinámica de violencia previa, cabalmente acreditada en las distintas certificaciones actuariales y copias de actuaciones en trámite.
Ingresando al análisis del encuadre jurídico que corresponde otorgar el hecho identificado como “dos”, coincido con la calificación efectuada por el Ministerio Público Fiscal, ya que se comprobó la existencia de una orden legítima dictada dentro de la competencia de un funcionario público (un juez provincial en ejercicio de sus funciones que actuó dentro del marco de su competencia). En segundo término, dicha orden era ejecutable, máxime cuando imponía un no hacer (es decir, contactar a la denunciante). Finalmente, se concretaron las circunstancias requeridas por la norma una vez que J. I. V. (2) -pese a haber sido efectivamente notificado- estableció voluntariamente contacto con N. V. R. al presentarse en su domicilio, encuadrando su acción en el delito de desobediencia, previsto y reprimido por el artículo 239 del Código Penal.
Asimismo, teniendo en cuenta que se trata de hechos independientes que recaen en más de una sanción penal, corresponde aplicar las reglas del concurso real, previstas en el art. 55 del CP.
En conclusión, entiendo que el accionar oportunamente llevado a cabo por el imputado resulta constitutivo de los delitos de “lesiones leves doblemente agravadas por la relación de pareja y por mediar violencia de género en concurso real con desobediencia” (arts. 89 y 92 en función del art. 80 inc. 1 y 11, 239 y 55 del Código Penal). Así lo voto.
Al momento de emitir su voto, la Dra. María Alejandra Vila, manifestó: Acreditadas la materialidad de los hechos y la autoría penalmente responsable de J. I. V. (2), adhiero a la calificación efectuada por la Presidencia respecto del hecho identificado como “dos”, subsumido en el delito de desobediencia previsto en el artículo 239 del Código Penal. Sin embargo, por las razones que expondré, disiento con la calificación asignada al hecho “uno”, pues entiendo que corresponde subsumirlo en el delito de tentativa de femicidio, conforme los artículos 79, 80 incisos 1 y 11, y 42 del Código Penal.
La discrepancia no radica en la reconstrucción histórica del hecho, sino en su significación jurídica. A partir de la materialidad que se tuvo por acreditada en la primera cuestión -golpes múltiples, compresión manual del cuello, falta de aire, expresión simultánea “te voy a matar hija de perra así no hablás más”, resistencia física de N. V. R. y posterior pedido de auxilio- entiendo que la conducta excede el marco típico de las lesiones leves y configura un comienzo de ejecución dirigido contra la vida.
Los hechos fueron subsumidos por el Ministerio Público Fiscal, al formular acusación, en las figuras de tentativa de femicidio y desobediencia, todo en concurso real, conforme los artículos 79, 80 incisos 1 y 11, 42, 239 y 55 del Código Penal. La cuestión central consiste, entonces, en determinar si la conducta desplegada por J. I. V. importó un comienzo de ejecución dirigido a atentar contra la vida de N. V. R., no consumado por circunstancias ajenas a la voluntad del autor, y si en el caso concurren las agravantes previstas en los incisos 1 y 11 del artículo 80 del Código Penal.
El homicidio doloso exige una conducta dirigida contra la vida de otra persona. Cuando el resultado muerte no se produce, la tentativa requiere que el autor comience la ejecución de un delito determinado y que éste no se consume por circunstancias ajenas a su voluntad, conforme el artículo 42 del Código Penal.
El dolo homicida, por su propia naturaleza, no se acredita mediante el acceso directo a una manifestación interna del sujeto activo. Debe reconstruirse por inferencia racional a partir de datos exteriorizados: la modalidad de la acción, la zona corporal comprometida, la intensidad del ataque, la posición relativa entre agresor y víctima, la capacidad defensiva de ésta, la persistencia de la conducta, las expresiones proferidas durante el hecho, el contexto relacional y el comportamiento anterior y posterior.
En este caso, la acción acreditada no consistió en un golpe aislado ni en una agresión física indiferenciada. Del informe médico forense surge una descripción extensa de lesiones en rostro, cuello, zona supraclavicular, brazos, manos, abdomen, muslo y región glútea, además de dolor referido en región craneal. En particular, se constataron excoriaciones en la región anterolateral y lateral izquierda del cuello y equimosis en zona supraclavicular, lesiones que el médico forense consideró compatibles con compresiones y con el relato de la damnificada.
A ello se suma que N. V. R. sostuvo, desde su primera intervención, que J. I. V. la tomó del cuello, la sofocó, le impidió respirar y le dijo “te voy a matar hija de perra así no hablás más”. Esa expresión no fue una amenaza aislada, posterior o desvinculada de la agresión física. Fue proferida durante la maniobra de compresión cervical. Por ello, debe ser valorada junto con el modo de ejecución y no como una frase carente de relevancia típica.
La relevancia penal de esa expresión aumenta porque fue acompañada por una conducta objetivamente idónea para comprometer la vida. No se trató sólo de decir que la iba a matar, sino de hacerlo mientras ejercía presión sobre el cuello, zona corporal vital, con afectación de la respiración y en un contexto previo de violencia sostenida. El propio médico forense explicó que una compresión manual del cuello tiene potencialidad lesiva grave e incluso fatal, que las carótidas son fácilmente compresibles, que pocos segundos de compresión pueden producir pérdida de conocimiento y que una compresión sostenida puede derivar en muerte. Esa explicación permite valorar la idoneidad objetiva del medio empleado, sin exigir que el resultado avance hasta un estadio de daño irreversible.
Por ello, no comparto que la ausencia de pérdida de conocimiento, convulsiones o secuelas neurológicas permita descartar el dolo homicida. La tentativa no exige que el curso causal avance hasta producir un estado agónico o lesiones irreversibles. Si se exigiera ese nivel de avance, se desplazaría indebidamente el análisis desde el comienzo de ejecución hacia la proximidad del resultado consumado, con el riesgo de vaciar de contenido la figura tentada.
Tampoco resulta decisivo que no se haya podido determinar con certeza si el desmayo posterior de N. V. R. respondió directamente a la maniobra de compresión cervical o al estrés derivado del episodio. Ese dato puede tener importancia médico-legal respecto de las consecuencias finales, pero no define por sí mismo la dirección típica de la conducta. El comienzo de ejecución ya se había configurado con la compresión del cuello, la falta de aire, la expresión homicida coetánea y la necesidad de la víctima de resistir físicamente para escapar.
En los casos de tentativa de femicidio, las lesiones pueden no ser graves para constituir peligro para la vida y tampoco se requieren necesariamente daños físicos severos. El riesgo vital puede reconstruirse a partir del contexto del hecho, de los testimonios de la víctima sobreviviente, de personas próximas o de quienes intervinieron inmediatamente después, y del modo concreto en que se ejecutó la agresión. Esta pauta se corresponde con los lineamientos del Protocolo UFEM para la investigación y litigio de casos de muertes violentas de mujeres -femicidios-, que resulta aplicable también al análisis de tentativas.
Tampoco resulta exigible que el autor conozca la forma exacta, el punto preciso o la intensidad necesaria para causar la muerte mediante compresión cervical. Lo jurídicamente relevante es que cualquier persona adulta comprende la peligrosidad de colocar las manos de manera compresiva sobre el cuello de otra persona, más aún cuando la víctima refiere falta de aire y se encuentra en una situación de sometimiento físico. La tentativa no exige pericia técnica del autor, sino comienzo de ejecución de una conducta objetivamente idónea, acompañada del dolo correspondiente.
En este caso, la dirección homicida surge de la modalidad concreta de la maniobra: golpes múltiples previos, compresión del cuello, afectación de la respiración, frase homicida simultánea, imposibilidad defensiva eficaz, contexto previo de violencia, vulnerabilidad de la víctima y cese provocado por la resistencia física de N. V. R., quien logró zafarse y salir de la vivienda para pedir ayuda.
Existe prueba directa sobre la maniobra asfíctica: la declaración de N.
V. R.. Esa prueba se encuentra corroborada por el informe médico forense, por las lesiones compatibles con compresiones en la zona del cuello, por la declaración del Dr. García, por lo relatado por C. A. E. al encontrarla inmediatamente después del hecho, por la intervención de Griselda G. M. V. O. y por los informes que dan cuenta del contexto de violencia y riesgo altísimo. La conclusión no descansa en una inferencia aislada, sino en la convergencia de prueba directa, médica, testimonial y contextual.
Tampoco comparto que el hecho de que J. I. V. no haya perseguido a N.
V. R. una vez que logró salir de la vivienda permita excluir el dolo homicida. La tentativa ya se había configurado con el comienzo de ejecución de la maniobra idónea contra la vida. La ausencia de persecución posterior no borra el contenido de la conducta previa ni transforma retrospectivamente la compresión cervical en una mera lesión.
Lo relevante es que la acción no cesó por una renuncia libre, espontánea y definitiva del autor. Cesó porque N. V. R. logró resistir físicamente, apretó los genitales del imputado, consiguió que la soltara y pudo escapar de la vivienda para pedir ayuda. Por ello, la no consumación del resultado muerte obedeció a circunstancias ajenas a la voluntad de J. I. V., en los términos del artículo 42 del Código Penal. En consecuencia, no estamos frente a un desistimiento voluntario. La interrupción de la maniobra no fue expresión de un retorno autónomo del imputado a la legalidad, sino el resultado de la resistencia eficaz de la víctima y de su inmediata huida. La posterior permanencia del imputado en la vivienda tampoco neutraliza esa conclusión. El cese de actos posteriores no elimina el comienzo de ejecución ya desplegado ni modifica el sentido homicida de la compresión cervical acompañada por la frase “te voy a matar”.
También debe rechazarse la lectura que reduce lo ocurrido a una relación conflictiva entre dos personas con consumos problemáticos. Esa formulación descontextualiza el hecho y corre el riesgo de colocar en un plano de falsa simetría a víctima y agresor. La Ley 26.485 define la violencia contra las mujeres como aquella conducta basada en razones de género, tanto en el ámbito público como privado, fundada en una relación desigual de poder, que afecta la vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, participación política o seguridad personal de la mujer. En ese marco, no resulta jurídicamente adecuado reducir el vínculo a una “relación tóxica”, “turbia” o meramente conflictiva. Esas categorías coloquiales pueden neutralizar la asimetría, desdibujar la relación de dominio y transformar hechos de violencia en una simple disfunción vincular. En este caso, la prueba revela una dinámica de violencia ejercida por el imputado contra N. V. R., con amenazas, agresiones físicas, medidas de protección, intervención institucional reiterada, dificultad de la víctima para reconocer el riesgo, minimización del daño y persistencia del vínculo pese a su alto nivel de vulnerabilidad.
La circunstancia de que N. V. R. también presentara consumo problemático, ambivalencia, dificultades de adherencia a tratamientos o antecedentes de vínculos violentos no disminuye la significación penal de la conducta desplegada por J. I. V. (2). Esos datos deben ser valorados como parte de su vulnerabilidad y de las dificultades para sostener estrategias de autoprotección, no como razones para reducir la violencia ejercida contra ella a una confrontación recíproca equivalente.
La perspectiva de género no permite presumir el dolo homicida ni sustituir la prueba del hecho por afirmaciones generales sobre violencia doméstica. Pero sí exige evitar una valoración fragmentada o descontextualizada que aisle la compresión del cuello, la frase de muerte, la vulnerabilidad de la víctima y el contexto previo de violencia, como si fueran datos inconexos. Valorados en conjunto, esos elementos permiten afirmar el comienzo de ejecución de un femicidio tentado.
La agravante del vínculo prevista en el artículo 80 inciso 1 del Código Penal se encuentra configurada. N. V. R. y J. I. V. mantuvieron una relación de pareja de aproximadamente seis años y tienen un hijo en común. El tipo penal no exige convivencia actual, pues alcanza a la persona con quien el autor mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia.
También concurre la agravante prevista en el artículo 80 inciso 11 del Código Penal. La tentativa fue cometida por un hombre contra una mujer mediando violencia de género. Esa violencia no se reduce al acto físico final, sino que comprende el contexto de dominación, amenazas, subordinación, dependencia, riesgo, dificultad de autoprotección y reiteración de intervenciones institucionales en el que la agresión se insertó.
El Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género explica que la categoría femicidio permite visibilizar la discriminación, la opresión, la desigualdad y la violencia sistemática contra las mujeres, y que en los femicidios íntimos suele presentarse una lógica de propiedad, dominación o pretendido derecho del agresor sobre la víctima. Esa pauta resulta aplicable a la tentativa, porque el análisis no depende sólo del resultado finalmente producido, sino de la significación de la conducta ejecutada, de su orientación lesiva y del contexto en que se desplegó.
En este caso, la tentativa se produjo en un vínculo atravesado por violencia previa, amenazas frecuentes, medidas de protección, alto riesgo, naturalización, dependencia y marcada dificultad de N. V. R. para identificar y sostener decisiones de autoprotección. Por ello, la agresión no puede ser interpretada como una disputa doméstica neutra ni como un episodio aislado de lesiones, sino como una manifestación concreta de violencia de género dirigida contra la vida de la víctima.En consecuencia, el hecho identificado como “uno” configura el delito de femicidio en grado de tentativa, previsto en los artículos 79 y 80 incisos 1 y 11, en función del artículo 42 del Código Penal.
En cuanto al hecho identificado como “dos”, adhiero a la calificación efectuada por la Presidencia. Se encuentra acreditado que J. I. V. se presentó en el domicilio de N. V. R. pese a encontrarse debidamente notificado de una prohibición de acceso, reingreso, acercamiento y contacto dispuesta por autoridad judicial competente. La eventual convocatoria o consentimiento de la persona protegida no tiene aptitud jurídica para dejar sin efecto, modificar o suspender una orden judicial vigente. Por ello, su conducta encuentra adecuación típica en el delito de desobediencia previsto en el artículo 239 del Código Penal, que reprime a quien desobedece a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones.
Finalmente, teniendo en cuenta que se trata de hechos independientes que afectan bienes jurídicos diversos -vida, libertad, integridad física y administración pública-, corresponde aplicar las reglas del concurso real previstas en el artículo 55 del Código Penal.
Por todo lo expuesto, entiendo que la conducta de J. I. V. (2) resulta constitutiva de los delitos de femicidio en grado de tentativa y desobediencia, todo en concurso real, conforme los artículos 79, 80 incisos 1 y 11, 42, 239 y 55 del Código Penal.
Así voto.
El Dr. Marcelo Hugo Bersanelli (subrogante) adhiere al voto de presidencia.
Tercera cuestión: ¿Cuál es la pena aplicable y el pronunciamiento final?
Al respecto, el Sr. Presidente Dr. Jorge Daniel Yance dijo: Determinada la calificación legal de las conductas atribuidas a J. I. V., corresponde ingresar a la individualización de la pena conforme las pautas previstas por los artículos 40 y 41 del Código Penal. El Ministerio Público Fiscal solicitó que se condene a al imputado a la pena de doce (12) años de prisión de cumplimiento efectivo, accesorias legales y costas, como autor penalmente responsable de los delitos de tentativa de femicidio y desobediencia en concurso real, conforme los artículos 79, 80 incisos 1 y 11, 42 y 55 del Código Penal. Para fundar su pretensión punitiva, la Fiscalía valoró la naturaleza de los hechos, la extensión temporal de los hechos de violencia, la situación de vulnerabilidad de N. V. R.. Y como atenuante valoró la ausencia de antecedentes penales.
La defensa, por su parte, solicitó la absolución por el delito de desobediencia, ya que el mismo se configuró ante el pedido de N. V. R. que se presente en su domicilio, extremo que ya fue refutado en el apartado materialidad y autoría. Respecto a la tentativa de femicidio, consideró que no se acreditó, que corresponde imponer pena solo por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género.
Así planteadas las posiciones, y teniendo en cuenta como marco la calificación jurídica analizada en el apartado precedente, corresponde recordar que la individualización judicial de la pena no puede quedar reducida a una invocación abstracta de los artículos 40 y 41 del Código Penal. La pena debe expresar una respuesta proporcional al injusto cometido y a la culpabilidad del autor, con explicación concreta de las razones por las cuales se escoge una sanción determinada dentro de la escala legal aplicable.
En esa línea, se ha sostenido que “el deber de motivación exige que todas las razones que el juez pone en juego al estimar la sanción sean claramente manifestadas”, de modo que pueda conocerse de manera concreta por qué el Tribunal escogió una pena y no otra, sin que baste la mera referencia formal a los artículos 40 y 41 del Código Penal (Fleming, Abel y López Viñals, Pablo, Las penas, 1ª edición, Ad-Hoc, Buenos Aires, 1999, p. 440).
Como primera pauta agravante corresponde valorar la naturaleza de los hechos: que afectan bienes jurídicos distintos, uno la integridad física y otro la administración pública.
También corresponde valorar el estado de vulnerabilidad en el que se encontraba inmersa N. V. R., el cual no solo surge del informe pericial psicológico sino también del informe de valoración de riesgo, de los cuales se desprende el consumo problemático, la escasa capacidad de defensa y de reconocimiento del riesgo, la naturalización de la violencia, la afectación a su salud mental, la escasa o nula red de contención que presenta.
También debe ser ponderada la multiplicidad de golpes que se constataron en el cuerpo de N. V. R., el cual no es un dato meramente cuantitativo, sino que permite dimensionar la intensidad y extensión de la violencia desplegada por el imputado, revelando un mayor grado de agresividad en la ejecución del hecho y un menosprecio particularmente intenso por la integridad física de su entonces pareja. Debe ponderarse, asimismo, el temor provocado no sólo mientras se materializaba el hecho, sino también a la fecha, recordemos que lo último que solicitó N. V. R. en la audiencia es que sea notificada del resultado de las presentes, para que en el caso de que recupere la libertad “se resguarde”.
En cuanto al consumo problemático de alcohol y sustancias mencionado durante el debate, no corresponde asignarle valor atenuante. No se produjo prueba que permita concluir que esa situación hubiera disminuido la capacidad de comprensión, autodeterminación o dirección de los actos del imputado al momento de los hechos. Por el contrario, la secuencia acreditada mostró conductas orientadas a objetivos concretos, con reclamo del celular, persecución dentro de la vivienda, agresión física, cese condicionado por la entrega del objeto exigido y posteriores conductas intimidatorias.
Como circunstancias atenuantes corresponde valorar qué J. I. V. carece de antecedentes penales computables.
Todas estas circunstancias llevan a considerar que, una sanción proporcional que atienda las condiciones personales del imputado pero a la vez que sea, en cierta forma, reparadora del daño causado por los delitos imputados es la de TRES AÑOS de prisión de cumplimiento efectivo y el pago de las costas del proceso (art. 29 inc. 3º del CP). Debiendo mantenerse el estado de detención del imputado. Corresponde, poner en conocimiento de N. V. R. la presente sentencia y la situación procesal del condenado, en los términos del Código Procesal Penal y de la Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos. Dicha ley reconoce derechos de asesoramiento, asistencia, protección, acceso a justicia, tratamiento justo, reparación y celeridad, entre otros.
También deberá informársele su derecho a ser oída durante la etapa de ejecución de la pena, cuando se sustancien trámites vinculados con salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional, prisión domiciliaria, prisión discontinua o semidetención, libertad asistida, régimen preparatorio para la liberación u otros institutos que puedan modificar sustancialmente las condiciones de cumplimiento de la pena, conforme el artículo 11 bis de la Ley 24.660. Esa norma reconoce a la víctima el derecho a ser informada y a expresar su opinión ante el juez de ejecución o juez competente en tales supuestos. Una vez firme la sentencia, corresponde ordenar la inscripción de J. I.
V. en el Registro Único de Personas Violentas –RUV–, conforme la Ley Provincial N° 3595, modificada por la Ley N° 3817 y texto definitivo fijado por Decreto N° 0700/2023, debiendo remitirse oficio y testimonio correspondiente.
Así lo voto.
Al momento de plasmar su criterio, la Dra. María Alejandra Vila, expresó:
En atención a la calificación jurídica que propuse al tratar la segunda cuestión, corresponde ingresar a la individualización de la pena respecto de J. I. V. , conforme las pautas previstas en los artículos 40 y 41 del Código Penal.
El Ministerio Público Fiscal solicitó la imposición de doce años de prisión de cumplimiento efectivo, accesorias legales y costas, como autor penalmente responsable de los delitos de tentativa de femicidio y desobediencia, todo en concurso real, conforme los artículos 79, 80 incisos 1 y 11, 42, 239 y 55 del Código Penal.
Dicha pretensión punitiva se ubica dentro de la escala legal aplicable. En efecto, al tratarse de la tentativa de un delito reprimido con prisión perpetua, corresponde acudir a la escala prevista por el artículo 44 del Código Penal, que establece para esos supuestos una pena de diez a quince años de prisión. A ello se suma el delito de desobediencia, en concurso real, conforme el artículo 55 del mismo cuerpo normativo. A diferencia de lo sostenido por la presidencia, entiendo que la naturaleza del hecho principal no puede ser valorada como una afectación limitada a la integridad física. Desde la calificación que propuse, el bien jurídico central comprometido fue la vida de N. V. R., puesta en riesgo mediante una maniobra de compresión cervical ejecutada en un contexto de violencia de género y acompañada por la expresión “te voy a matar hija de perra así no hablás más”. Como primera pauta agravante corresponde valorar, entonces, la gravedad del hecho principal: una tentativa de femicidio cometida en el marco de una relación de pareja de varios años y en un contexto previamente atravesado por violencia, amenazas, medidas de protección, intervenciones institucionales y alto riesgo.
También reviste especial entidad la modalidad concreta de ejecución. J. I. V. no desplegó una agresión aislada ni un único golpe. La prueba permitió acreditar golpes múltiples en distintas zonas del cuerpo, compresión manual del cuello, afectación de la respiración, frase homicida simultánea y cese del ataque a partir de la resistencia física de la víctima, quien logró zafarse y salir de la vivienda para pedir ayuda.
Debe ponderarse, además, la especial peligrosidad de la maniobra de compresión cervical. El médico forense explicó que ese tipo de compresión puede tener consecuencias graves e incluso fatales, y que pocos segundos de presión sobre estructuras vasculares del cuello pueden producir pérdida de conocimiento. Esa explicación resulta relevante no sólo para la calificación legal, sino también para dimensionar la intensidad del injusto al momento de mensurar la pena. Otra pauta agravante se vincula con la extensión de la violencia ejercida. El informe médico forense describió lesiones en rostro, cuello, zona supraclavicular, brazos, manos, abdomen, muslo y región glútea, además del dolor craneal referido. Esa multiplicidad lesiva muestra una agresión intensa, sostenida y desplegada sobre diversas zonas corporales de la víctima, dentro de una secuencia que culminó con la compresión del cuello.
Asimismo, corresponde valorar la situación de especial vulnerabilidad de N. V. R.. Tanto el informe de valoración de riesgo como el informe pericial psicológico dieron cuenta de su dificultad para identificar situaciones de riesgo, sostener decisiones de autoprotección y establecer límites eficaces frente al vínculo. Se describieron naturalización de la violencia, ambivalencia, dependencia, afectación de su salud mental, consumo problemático y ausencia de una red de contención suficiente.
Esa vulnerabilidad no atenúa la responsabilidad del imputado. Por el contrario, permite dimensionar con mayor precisión el impacto de la conducta sobre una víctima con herramientas subjetivas y vinculares reducidas para protegerse frente a una agresión de esa entidad. Debe considerarse, en igual sentido, la reiteración temporal de la violencia. Las certificaciones actuariales, las actuaciones judiciales incorporadas, el informe de riesgo, el informe psicológico y las referencias efectuadas durante el debate permiten reconstruir un vínculo atravesado por episodios previos de violencia y por una escalada que culminó en una maniobra de compresión cervical con amenaza explícita de muerte.
También corresponde ponderar el temor provocado. N. V. R. intentó minimizar algunos aspectos de la situación, pidió una oportunidad para el imputado y expresó ambivalencia frente al proceso; sin embargo, al mismo tiempo solicitó ser informada de la resolución para poder resguardarse en caso de que J. I. V. recuperara la libertad. Esa manifestación final permite advertir que el temor persistía, más allá de sus intentos de justificar o relativizar la conducta del imputado. El delito de desobediencia también incide en la mensuración. J. I. V. se presentó en el domicilio de N. V. R. pese a encontrarse debidamente notificado de una prohibición de acercamiento y contacto dictada por autoridad judicial competente. Esa conducta revela desprecio por una orden judicial vigente y persistencia en el acercamiento a la víctima, aun después de un hecho de extrema gravedad.
El eventual consentimiento o convocatoria de N. V. R. no neutraliza esa pauta. La medida judicial tenía por finalidad proteger a una persona en situación de riesgo y no podía quedar sometida a la voluntad fluctuante de la propia víctima protegida. Por ello, la desobediencia no aparece como un dato menor, sino como la continuación del incumplimiento de límites impuestos judicialmente para resguardar a la damnificada.
Como circunstancia atenuante corresponde valorar que J. I. V. carece de antecedentes penales computables. También pueden ponderarse sus condiciones personales, su edad, su situación laboral previa y el vínculo con su hijo. Sin embargo, esos elementos no tienen entidad suficiente para desplazar la gravedad concreta de la tentativa de femicidio, la vulnerabilidad de la víctima, la reiteración de la violencia y el incumplimiento posterior de una orden judicial.
En función de todo ello, considero que la pena de doce años de prisión de cumplimiento efectivo solicitada por el Ministerio Público Fiscal resulta adecuada y proporcional al injusto acreditado y al grado de culpabilidad evidenciado. Se trata de una pena ubicada dentro de la escala legal prevista para la tentativa de un delito reprimido con prisión perpetua, que no se aparta del mínimo legal de manera irrazonable y que contempla, además, la concurrencia real con el delito de desobediencia.
Por tratarse de una pena de prisión superior a tres años, corresponde imponer las accesorias legales previstas por el artículo 12 del Código Penal, además de las costas del proceso conforme el artículo 29 inciso 3 del mismo cuerpo normativo.
En cuanto a las restantes disposiciones relativas a la comunicación a la víctima, su derecho a ser informada y oída en la etapa de ejecución, la inscripción en el Registro Único de Personas Violentas —RUV— una vez firme la sentencia y demás comunicaciones de rigor, adhiero a lo dispuesto por la Presidencia, en cuanto resulte compatible con la calificación legal y la pena aquí propiciadas.
En consecuencia, voto por imponer a J. I. V. la pena de doce (12) años de prisión de cumplimiento efectivo, accesorias legales y costas, como autor penalmente responsable de los delitos de femicidio en grado de tentativa y desobediencia, todo en concurso real, conforme los artículos 79, 80 incisos 1 y 11, 42, 44, 239, 55, 12, 29 inciso 3, 40 y 41 del Código Penal.
Así voto.
El Dr. Marcelo Hugo Bersanelli (subrogante) adhiere al voto del Dr. Yance.
En virtud de la deliberación y el acuerdo que antecede, lo dispuesto por los artículos 381, 382, 383 y 386 del Código Procesal Penal, por mayoría, la Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial;
1. CONDENAR a J. I. V., de demás circunstancias personales obrantes en autos, a la pena de TRES (3) AÑOS DE PRISIÓN EFECTIVA como autor penalmente responsable de los delitos de “lesiones leves doblemente agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género en concurso real con desobediencia" (previstos en los arts. 89 en función del art. 92, 80 inc. 1° y 11°, 239 del CP, todos en concurso real entre sí en función del art. 55 del CP), e imponer las costas del proceso (art. 29 inc. 3 del CPP).
2. MANTENER el estado de detención de J. I. V., en la dependencia policial y/o penitenciaria en la que se encuentra actualmente alojado.
3. INSCRIBIR a J. I. V. en el Registro Único de Personas Violentas, a los efectos legales conforme lo establecido en la Ley Provincial Nro. 3595.
4. HACER SABER a la víctima de autos, el estado del presente trámite y la situación procesal del imputado, ello en los términos del artículo 73 inciso "b" del Código Procesal Penal y 5 inciso "i" de la Ley 27.372 (Ley de Derechos y Garantías de las Personas víctimas de delitos) y de la ley 24660.
5. REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE, OFÍCIESE, COMUNÍQUESE, fecho y una vez firme REMÍTASE a la Secretaría de Ejecución a sus efectos. Fdo. Dr Jorge Daniel Yance –presidente- Dra. María Alejandra Vila – jueza- y Dr. Marcelo Hugo Bersanelli –juez subrogante- ante la Dra. Gabriela Mansilla –secretaria-.
Fin de la sentencia