Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar el auto glosado a fs. 14/15vta., del presente incidente , por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.
TOMO CLXII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 10.145 FOLIO Nº 055/058 PROT. ELECT. JR101 292I.261
Río Gallegos, 28 de julio de 2026.
La presente causa caratulada: "S.J.O.
S/Incidente de Excarcelación", Expte. Nº 29444/26 - Apelación/Causa JR Nº 10230/26, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 14/15vta., del presente incidente obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nº Uno de El Calafate, quien en el punto 1) no hizo lugar a la excarcelación solicitada a favor de J.O.S..
Que a fs. 20/24vta., la defensa técnica apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 39 sostuvo el recurso y en la oportunidad prevista por el art. 437 del CPP, no efectuó presentación alguna.
Quedan en consecuencia los presentes en condiciones para ser resueltos,
Y
I. Que a continuación se abordarán cada uno de los agravios respetando el orden propuesto por la defensa.
1. De la arbitrariedad: La defensa señala que la resolución atacada carece de sustento normativo y debida motivación, limitándose a transcribir la norma –conocida por todos-, rechazando el pedido de excarcelación, sin realizar un juicio valorativo de las 25 páginas que componen la solicitud que diera inicio al incidente. Por ello solicita que la Alzada analice si con los escasos elementos utilizados por el a quo, alcanza para traspasar la barrera constitucional de los derechos del encausado.
Recuerda que, en función de la presunción de inocencia y la valoración de los derechos que le asisten al imputado, deberá estarse por la libertad del encausado mientras transite la Instrucción hasta la audiencia de debate, contándose con otras medidas menos gravosas que la detención inhumana de la que es objeto, permaneciendo alojado en la División Seccional Segunda de E.C., en un baño, durmiendo en el suelo con humedad, en un colchón y sábanas provistas por sus familiares, orinando en un balde, sin tener contacto con el exterior ni poder ver la luz del sol. Rechaza que existan en el caso concreto los peligros procesales de fuga ni de entorpecimiento de la investigación y refiere que su asistido es un ciudadano de escasos recursos económicos, con bajos medios como para poder evadir el poder persecutorio del estado. Critica que no se haya efectuado un estudio social, que no se haya practicado el informe de los arts. 26 y 41 del CP, no se haya contemplado la posibilidad del uso de dispositivos electrónicos ni se evaluó la solvencia de cauciones reales, personales y/o fiadores, por lo que concluye que se trata de una pena anticipada en este contexto señalado.
Del mismo modo se agravia que el a quo sostenga el peligro procesal en que aún no se encontró el arma que formara parte de la escena del hecho, confundiendo el instituto de la excarcelación con los fundamentos aportados en el auto de procesamiento con prisión preventiva y mezclando sus propósitos. Al respecto entiende que la Instrucción tuvo tiempo suficiente desde la detención de su asistido para colectar y resguardar la prueba de cargo que fundamente la imputación, no pudiendo alegar su propia torpeza o desidia en la recolección de la misma, por lo tanto postula que nada impide el éxito de su tarea investigativa por el hecho que el imputado recupere su libertad.
Cita doctrina y jurisprudencia en apoyo de su tesitura. En definitiva solicita se revoque el auto de prisión preventiva y se otorgue la inmediata excarcelación o, en su caso, se conceda la prisión domiciliaria en resguardo de los derechos humanos del imputado. Pues bien, habiendo estudiado la cuestión planteada, entendemos que pese al intento de la defensa por mejorar la situación procesal de su pupilo procesal sus agravios no prosperarán. La defensa sostiene que la resolución denegatoria de la excarcelación carece de sustento por limitarse a transcribir la norma y no realizar una valoración exhaustiva de las 25 páginas de su solicitud. Sin embargo, desde esta Alzada desestimaremos este agravio, toda vez que la obligación constitucional de motivar las resoluciones judiciales (plasmada en el artículo 291 del CPP-SC para el procesamiento y extensible a los incidentes por los artículos 116 y 314), no exige que el magistrado realice una refutación textual, línea por línea, de cada argumento o página presentada por las partes. El estándar de motivación suficiente se satisface cuando el juez de grado expone de manera clara, lógica y armónica los razonamientos de hecho y de derecho que dan sustento a su decisión, conforme a las reglas de la sana crítica racional. Si el auto denegatorio analiza de manera conjunta los elementos del caso y justifica la existencia de riesgos procesales insalvables, la mera discrepancia de la defensa con la valoración del mérito o la síntesis argumental del tribunal no configura un supuesto de arbitrariedad ni de nulidad por falta de fundamentación. Asimismo la defensa invoca la regla de la libertad durante el proceso (Art. 18 de la Constitución Nacional; Art. 1 del CPP-SC; Art. 9.3 del PIDCP; Art. 7.5 de la CADH), para argumentar que la detención cautelar constituye una "pena anticipada".
Sobre este punto, observamos que, si bien la libertad ambulatoria durante la instrucción es el principio rector, este derecho no es absoluto y cede legítimamente ante la verificación de riesgos procesales de fuga o de entorpecimiento de la investigación. En el caso concreto, el rechazo de la excarcelación se encuentra debidamente respaldado por los siguientes estándares objetivos: a) La expectativa de pena y la modalidad de cumplimiento: toda vez que el Sr. Juez de grado valoró que la conducta reprochada al encartado consistiría en el delito provisoriamente calificado de “portación y tenencia de arma de fuego y abuso de armas y daño” (arts. 189 bis, 104, 183 y 55 del CP), con lo cual el máximo de pena en abstracto para el sumatorio de los delitos enrostrados superaría ampliamente los 8 años de prisión, circunstancia objetiva que le impide acceder al beneficio del art. 299 del CPP.
Igualmente ponderó la peligrosidad de la conducta presuntamente desplegada por el imputado quien habría puesto en peligro la integridad física de los moradores de las viviendas sobre las cuales –en principiohabría efectuado 13 disparos de arma de fuego de grueso calibre (9mm), adicionando las propias circunstancias concretas del hecho y concluyendo que le impedirían acceder al beneficio pretendido. (Confr. fs. 14vta. del presente incidente). Es por ello que, a pesar que la defensa critica que se pondere la pena en expectativa, advertimos que el art. 302 del CPP-SC establece con claridad que la "objetiva y provisional valoración de las características del hecho" y la "posibilidad de la declaración de reincidencia" son pautas legales para denegar la excarcelación.
Cuando la escala penal aplicable impide, prima facie, que una eventual condena sea de ejecución condicional (Art. 295, inc. 1º, CPP-SC), el peligro de fuga se ve objetivamente incrementado. Es criterio uniforme de esta Alzada que se debe ponderar el aumento de las posibilidades de fuga que se genera al otorgarle la libertad a un detenido que enfrenta la seria probabilidad de volver al contexto de encierro de manera efectiva una vez dictada la sentencia definitiva. (Confr. Apelaciones JR Nº 6582/20, Nº 9257/24 y Nº 10.032/26 por citar algunas); b) La Insuficiencia del arraigo y situación socioeconómica: la defensa argumenta que el imputado es de escasos recursos y, por ende, carece de medios para evadir la justicia.
Sin embargo, el arraigo no es un concepto que se reduzca a la mera falta de recursos o a tener un domicilio fijo, sino que debe ser valorado en conjunto con la gravedad del ilícito y la severidad de la pena en expectativa, pudiendo constituir indicadores objetivos de que el imputado no se someterá formalmente al proceso. Por el contrario a lo argumentado por la defensa, respecto de la ausencia de un estudio social o de los informes de los artículos 26 y 41 del Código Penal, el Magistrado dejó asentado en la resolución que: “… no puede dejar de valorarse la conducta bajo los parámetros brindados por el art. 41 del Código Penal el que complementaría la operatividad del art. 26 del mismo cuerpo legal.
En este aspecto ha de tenerse en cuenta la peligrosidad de la conducta desplegada, la naturaleza y modalidad del ilícito obrar. Son estas circunstancias las que, sin perjuicio de las que pudiera efectuar un Tribunal de Juicio, que también indicarían que la probable condena será de cumplimiento efectivo…” (Confr. fs. 15 del presente incidente). Y desde esta Alzada concordamos en la apreciación del a quo, debiendo mencionar además que los informes de los arts. 26 y 41 del CP., se vinculan a la dosificación de la pena en la etapa de juicio y no a la neutralización inmediata de riesgos en la instrucción, con lo cual esta crítica de la defensa resulta improcedente;
c) La Inviabilidad de medidas menos gravosas (proporcionalidad): ya que el uso de dispositivos electrónicos de geolocalización o la fijación de cauciones (reales o personales) bajo el artículo 303 del CPP-SC, resultan alternativas viables únicamente cuando los riesgos procesales son de baja intensidad. Sin embargo si el comportamiento previo del imputado, la gravedad extrema del hecho o el contexto de ejecución demostrarían el desapego a las normas, el mantenimiento del encarcelamiento cautelar se erige como la única medida idónea, necesaria y proporcional para salvaguardar los fines del proceso. Tal como lo acontecido en el caso en análisis. Que con relación al agravio defensivo que postula una supuesta confusión de institutos (excarcelación vs. Procesamiento con prisión preventiva) por utilizar el argumento del "arma no habida" resulta técnicamente infundado, toda vez que entendemos que la no recuperación del arma presuntamente utilizada en la escena del hecho no se trata de una mera cuestión de fondo reservada al procesamiento, sino que constituye un riesgo procesal objetivo de entorpecimiento de la investigación plenamente vigente.
El peligro de obstaculización (Art. 302 CPP-SC) se configura de manera real y concreta cuando, en caso de recuperar la libertad, el imputado pudiera proceder a la ocultación, alteración o destrucción definitiva del arma, o bien valerse de ella para amedrentar a las víctimas o testigos del legajo.
Es por ello que entendemos que alegar la "propia torpeza o desidia" de la Instrucción por el transcurso del tiempo desde la detención no neutraliza el peligro, pues la necesidad de resguardar la prueba pendiente de producción y de reconstruir integralmente la secuencia fáctica justifica el mantenimiento de la medida de coerción más estricta.
Que sobre la descripción que realiza la defensa respecto de las deplorables condiciones de detención del imputado en la División Seccional Segunda (alojamiento en un baño, humedad, colchón en el suelo, falta de sanitarios adecuados y luz natural) revestiría una extrema gravedad y exigiría un abordaje judicial inmediato. Por imperio del artículo 18 de la Constitución Nacional, "las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas...". Asimismo, el Estado argentino ostenta una "posición especial de garante" respecto de las personas privadas de su libertad, estando obligado a brindarles un trato digno compatible con la dignidad inherente al ser humano (Art. 10.1 del PIDCP, Art. 5.2 de la CADH y las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos - Reglas de Mandela).
No obstante, en base a la doctrina penal consolidada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en el precedente "Verbitsky") y por las Cámaras de Apelaciones del país, el agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención no apareja como consecuencia automática la excarcelación o liberación del imputado cuando los riesgos procesales de fuga o entorpecimiento persisten y no pueden ser neutralizados. Es por ello que entendemos corresponderá al Sr. Juez de Instrucción disponer la realización de un informe médico e higiénico-sanitario detallado sobre el estado psicofísico del detenido, a través del Cuerpo Médico Forense y, en su caso, exhortar a la Autoridad Policial a fin de garantizar al causante la permanencia en una unidad penitenciaria adecuada en las condiciones de detención que deben brindar por imperio constitucional.
Por último, y con relación a la solicitud subsidiaria de prisión domiciliaria tampoco puede prosperar con los solos elementos arrimados por la defensa. Al igual que la excarcelación, la prisión domiciliaria (Art. 297 del CPP-SC y Art. 32/33 de la Ley 24.660) es un instituto de aplicación restrictiva y excepcional. Para que sea procedente, no basta con alegar las deficientes condiciones del centro de detención policial; la defensa debe acreditar de manera fehaciente que el imputado encuadra en alguna de las causales taxativas previstas por la ley (tales como una enfermedad de carácter terminal o una dolencia grave que no pueda ser tratada en el medio carcelario, extremo que debe ser respaldado por juntas médicas oficiales). En ausencia de tales presupuestos, y subsistiendo los indicadores de riesgo procesal (como el arma de fuego no recuperada), la concesión del arresto domiciliario resultaría imprudente e ineficaz para asegurar los fines del proceso. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de apelación de la defensa en lo que respecta a la excarcelación y a la prisión domiciliaria, debiendo confirmarse el rechazo de la solicitud de excarcelación de J.O.S., por resultar ajustado a derecho.
II. Formula expresa reserva de ocurrir en casación ante el TSJ y de formular denuncia ante la CIDH, lo que se tendrá presente para el momento procesal oportuno. III)
Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos. IV) Comunicaciones: En virtud de la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas, en mi carácter de Juez Subrogante de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto glosado a fs. 14/15vta., del presente incidente , por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.
la reserva de casación y de formular denuncia ante la CIDH incoada por la defensa. 3º)- REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante sne.
4. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected]. 5º)- Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
(AIG)
Suscripto y registrado por el Dr. Carlos E. Arenillas –Juez Subrogante-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital.
CONSTE.-
Fin de la sentencia