Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO CXXVI – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8212 FOLIO Nº 048/055 PROT. ELECT. JR101088I.231
Río Gallegos, 03 de Noviembre de 2023.-
La presente causa caratulada “S.J. y OTRO S/ INFRACCION AL TITULO III DEL LIBRO II DEL C.P.A.” Expte. Nº 71841/21 Apelación/Causa JR Nº 8236/23, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 102/110 obra el auto dictado por la Sra. Jueza subrogante del Juzgado de Instrucción Nº Dos de esta Ciudad Capital, quien en los puntos 1) y 2) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de J.A.S. y M.F.C., en ese orden, en orden al delito de “Abuso Sexual con acceso carnal agravado” (art. 119, 3º párrafo inc. d) del Código Penal); y en el punto 3) trabó embargo sobre sus bienes como medida precautoria prevista por el art. 499 del CPP por la suma de Pesos ciento cincuenta mil ($ 150.000) a cada uno.- Que a fs. 113/115vta. y 128/134 las defensas técnicas de J.A.S. y M.F.C., respectivamente, apelaron dicho auto -motivándolo-; a fs. 145 y 149, en ese orden, sostuvieron los recursos y, no habiéndose presentado el memorial regulado en el art. 437 del C.P.P., quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos, y;
Que la defensa del imputado J.A.S. se agravió del resolutorio, argumentando que el plexo probatorio existente en el cual se sustenta resulta insuficiente para tener acreditado el hecho ilícito y la responsabilidad que se le atribuye a su pupilo.-
Agrega que, en consecuencia, el fallo atacado carece de fundamentación en razón que la prueba que fue valorada no reúne los extremos suficientes para arribar al grado de certeza para procesar a su asistido.-
Indica que la A quo para arribar a la decisión recurrida ponderó: el informe de inicio de actuados (fs. 1); la denuncia judicial incoada por B.M.B. (fs. 2/3); informe de pericia psicológica efectuada a J.A.S. (fs. 36/37); declaraciones testimoniales de B.B. (fs. 40/41), B.B.B. (fs. 49), E.J.Q. (fs. 66/67) y E.D.A. (fs. 79); e informe de pericia psicológica efectuada a B.B. (fs. 74/75).-
Añade que, no obstante, de dichas constancias colectadas, a juicio de esa defensa, no resultan elementos probatorios o indicios, claros, precisos y concordantes que revistan la fuerza demostrativa y plena eficacia legal para tener como verificada la participación de su asistido en el hecho endilgado y que consecuentemente embata la presunción de inocencia de la cual goza, como para concluir ligeramente que tuvo alguna participación en los hechos denunciados.- Sostiene que de la lectura de la causa prevalecen los elementos desincriminantes.-
Que debe merituarse que los hechos proferidos por parte de la presunta víctima resultan ser una mera descripción de su relato, que resulta insuficiente para arribar a un grado de certeza para tener por ciertos los hechos denunciados.-
Expone que asimismo se consideró el testimonio de conocidos de la presunta víctima, quien a todas luces no resultan ser testigos presenciales del hecho denunciado, y además no son imparciales.-
Que sabido es que para probar los presupuestos que invocan, los relatos proferidos en los testimonios no resultan decisivos por tratarse de hechos referidos de carácter unilateral, llegando a la conclusión que tales expresiones son imprecisas y confusas, vulnerando de ese modo el debido derecho de defensa, en virtud de la imputación endilgada a su asistido.-
Que en virtud de ello, a su decir, es una prueba de valor muy limitado, en tanto no se halle corroborada por otras probanzas, por encerrar, como manifestara anteriormente señala, una mera declaración unilateral, y por lo expuesto deben ser evaluadas en la medida del respaldo que halle con otros medios probatorios.-
Que por su parte entiende que, más allá de todo lo desarrollado, la Sra. Jueza de instrucción ha tenido por acreditada la capacidad de culpabilidad de su representado sin indagar mínimamente sobre el particular. Siendo que resulta falaz el argumento que sostiene que la negativa a someterse a la pericia psicológica, en el caso de M.C. (¿?.. no es su asistido), le impide analizar si se encontraba en una causal de inimputabilidad.- Indica que respecto del informe pericial se considera que el relato de la presunta víctima es fiable, que cumple con los requisitos que mencionan los diferentes protocolos de validación de testimonios, pero pese a ello cabe recordar que los peritos cuando afirman que “…los dichos resultan ser fiables…” no por ello implican que sean ciertos.-
Añade la recurrente que sobre la pericia en cuestión en el procesamiento se tiene en cuenta las múltiples referencias de las profesionales médicas que realizaron sobre la personalidad, tratando de otorgársele credibilidad a los dichos, observándose que tales juicios a los que se arriba son sólo indicios que sólo tienen entidad en cuanto al aspecto que comprendió la pericia, más no arrojan certeza sobre lo verdaderamente acaecido.- Indica en primer lugar que es preciso aclarar que, en casos de abuso sexual contra menores, un perito puede declarar sobre si el niño presenta las características del síndrome de abuso sexual e inclusive dar su opinión sobre si ese niño ha sido víctima de abuso pero no hasta el punto de declarar si el niño dice la verdad o no, o en su caso manifestar como sucedieron los hechos.-
Que en armonía con lo antes expresado refiere que se deberá valorar que la autoría del presente hecho se ha endilgado única y exclusivamente por los dichos de la presunta víctima, sin apoyo de una prueba directa, concluyendo la defensa que, de la compulsa de los escasos elementos probatorios, éstos no resultan precisos, consistentes ni concordantes para conmover el estado de inocencia de su asistido, agregándose a ello la prueba testimonial objetada.- Sobre este punto asevera la defensa que se anima a sostener que S.S. se apoya únicamente en los dichos de la presunta víctima, puesto que el informe pericial no puede ser de ningún modo concluyente.-
Asimismo se agravia por cuanto el embargo dispuesto por la suma de pesos ciento cincuenta mil ($ 150.000) resulta excesivo, en tanto y en cuanto no escapa al conocimiento del A quo que a su asistido le resulta imposible afrontar el pago de dicha cuantía, razón por la cual solicita se modifique el monto del embargo dispuesto sobre sus bienes.-
Citó jurisprudencia y doctrina en sustento de su presentación.-
Por su parte la defensa del imputado M.F.C. se agravió por entender que no existe caudal probatorio suficiente para un procesamiento, violentándose gravemente el derecho de defensa y la presunción de inocencia.-
Indica que le agravia que el a quo de un valor fundamental a la declaración del Dr. E.D.A., por cuanto la prestó no como testigo vivencial de la situación, sino de los dichos que relató la denunciante. Se pregunta si tan relevante fue esa declaración por qué V.S. no tuvo presente que según lo relatado, la denunciante sólo recuerda que sólo uno de ellos la accedió carnalmente, y que habría existido otro posible partícipe. Destaca otra contrariedad por cuanto el testigo refiere “…adujo que le habían puesto algo en la bebida…”, siendo que la denunciante argumenta que sólo había tomado alcohol. Que por ello sólo tendría valor esa declaración en el sentido de la duda, pues no aporta ninguna certeza.- Expresa que también la agravia que el a quo no haya tenido en cuenta el estado emocional de la denunciante referenciado por su psicólogo en la declaración. Ello por cuanto, a su decir, lo manifestado por el Lic. Q. demuestra que la denunciante ya tenía un problema de base, el cual se desconoce y una tendencia a sentimientos de angustia, lo que provocaba que no tenga deseos de salir o comer, etc. Que por ello se pregunta cómo el a quo puede tener por acreditado un hecho y tomar como prueba contundente esa declaración de donde no surge un nexo entre el estado de ánimo de la denunciante y los hechos denunciados, ya que la misma, insiste, tenía una problemática de base.- Indica que, a los fines de corroborar los dichos de la denunciante, el a quo debería haber llamado a testificar a los invitados que estaban esa noche con el fin de corroborar que los dichos sean veraces, dado que no se ha acreditado que realmente ese día se hayan juntado en la vivienda de C..-
Agrega que otra duda existencial que no se ha tenido en cuenta es que obran dos fechas del supuesto hecho que surgen del relato de la propia víctima: 22 de julio de 2021 y 27 de junio de 2021.-
Postula que también surgen contradicciones en torno a la exposición en la denuncia, la ratificación de la denunciante en sede del juzgado y en lo que surge del informe de la pericia psicológica en cuanto al estado de inconsciencia de la misma. En este último informe se establece tal circunstancia: “…que los imputados se habrían aprovechado de su estado de inconsciencia...” el cual surgiría de su relato, pero en la denuncia que da origen a las presentes y en el acta de declaración testimonial obrante a fs. 40 la denunciante expresa que estaba consciente y que se acuerda absolutamente de todo.- La recurrente también se agravia en cuanto a las resultas de la pericia, dado que de los informes que obran en autos no surge cuál sería la secuencia lógica que permita inferir las conclusiones a las cuales se arriba, esto es bajo el marco teórico expresado el por qué de la conclusión sobre una base científica.-
Refiere que tampoco se acreditó con las probanzas suficientes, no sólo que la denunciante y los imputados se encontraban en fecha y lugar determinados en una “juntada”, sino tampoco las circunstancias de inmovilización y acceso carnal, lo cual debería contar con las probanzas suficientes dada la penalidad correspondiente a tal delito, y que de no darse en autos vulnera gravemente los principios de culpabilidad y proporcionalidad de la pena.- Consigna que asimismo surge de las manifestaciones de la denunciante, así como de los testigos aportados por la misma que expresan lo que ella les contó: que todos habían ingerido bebidas alcohólicas en exceso.-
Que en tal sentido, entiende la recurrente, se agravia en cuanto surge claramente la violación al debido proceso, el derecho de defensa, el principio de inocencia y el principio de igualdad, toda vez que no se instruyó mayores pruebas que las mencionadas.-
Finalmente, considera también que resulta excesiva, en orden a la carencia de motivación suficiente, contrariedad y arbitrariedad del auto recurrido, la suma sobre la cual se traba embargo. Máxime cuando el denunciado se ha encontrado a derecho durante todo el proceso.-
Que por otra parte, siendo que la medida cautelar consiste en garantizar la posibilidad de una futura responsabilidad pecuniaria, las costas del proceso y el aseguramiento de las responsabilidades civiles emergentes, esto debe ser contrastado con la circunstancia de no haberse constituido la denunciante en querellante y/o actor civil.-
Citó jurisprudencia y doctrina en sustento de su presentación.-
Quedan así planteadas las cuestiones para resolver.-
I. Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente, se utilizarán únicamente las iniciales de los nombres de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, en miras a que los derechos que son universalmente reconocidos, sean reales y efectivos, velando por la preservación del derecho a la intimidad, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.-
II. En tratamiento del primer agravio expresado por la defensa del imputado J.A.S., es decir la insuficiencia del plexo probatorio y falta de fundamentación por parte de la Sra. Jueza subrogante actuante, adelantamos que el mismo no podrá prosperar.-
Ello en mérito a que la Sra. Jueza subrogante ha resuelto en función de las constancias obrantes en la causa, analizando las mismas bajo las reglas de la sana crítica racional, dando las razones de por qué asigna poder convictivo a la pericia psicológica practicada a la pretensa víctima, robusteciendo dicho informe, y dando crédito por ende, a los hechos referidos en la denuncia consignada ante la Comisaría de la Mujer y la Familia por parte de la Srta. B.M.B..- La decisión adoptada por la Sra. Magistrada se enrola en los estándares de Perspectiva de Género -que recientemente ha acuñado la CSJN-, de Infancia y a la valoración que los jueces debemos efectuar cuando estamos en presencia de estos delitos .-
Ello fundamentalmente en atención a que ha sido materia de tratamiento la circunstancia de vulnerabilidad en la que se habría encontrado la pretensa víctima al momento de los hechos que se denunciaran.-
Se evidencia en torno a este punto un acabado cumplimiento de las disposiciones de los Tratados Internacionales de DD.HH., tales como la “Convención Belem do Para”, “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad” (a la cual ha adherido nuestro T.S.J. mediante Acordada inscripta al Tomo: CXLVI; Registro: 141; Folio: 149/150 de fecha 26/10/2011), entre otras disposiciones normativas de carácter internacional y nacional.- La Sra. Magistrada subrogante ha expuesto fundadamente, con indicación de pruebas en el legajo, que el episodio de abuso sexual aquí investigado se habría cometido presumiblemente el día 22 de Julio de 2021 a las 06:00hs., en el interior del domicilio sito en calle Panamá Nº xxxx de esta ciudad, más precisamente en la habitación, oportunidad en la cual los imputados habrían entre ambos inmovilizado y quitado la ropa a la joven B.M.B., para posteriormente accederla carnalmente vía vaginal los dos, ello de manera sucesiva y pese a la negativa de la víctima que se hallaba bajo los efectos del alcohol.- La Sra. Jueza subrogante ha sido por demás explícita en el punto I de los Considerandos de la resolución cuestionada, respecto de las conclusiones arribadas en su informe por el perito psicólogo interviniente, quien observó en el relato de la joven “…secuelas postraumáticas con posterioridad al hecho incluyendo alteraciones de los patrones de sueño y la alimentación, pensamientos intrusivos, miedo y angustia intensas con el intento no logrado de tratar el acontecimiento como no acontecido…” (fs. 74/75).- En ese orden de ideas, también deviene pertinente mencionar que no se advierte por parte de la Sra. Magistrada subrogante en el resolutorio un comportamiento que denote que las pruebas fueron valoradas en forma aislada, sin contraponerlo con el resto de la actividad probatoria.-
Así a fs. 106vta. de los considerandos de la resolución puesta en crisis se advierte que la Sra. Jueza fundamenta por qué da credibilidad al relato de la pretensa víctima (vgr.: “…En suma, la declaración de la víctima, el resultado del informe psicodiagnóstico y las declaraciones de los profesionales de la salud, de la tía de B. y de la propia víctima, poseen el peso de incriminante suficiente para dar por cierta la ocurrencia del suceso..”.- Por otra parte la Sra. Magistrada pondera el contenido de las declaraciones testimoniales de los profesionales de la salud, de la tía de B. y de la propia víctima (ver fs. 106vta.).-
Es por todas estas razones que se vislumbra con meridiana claridad que el agravio vertido por la defensa en el sentido que la fundamentación del resolutorio descansa en elementos aislados que no tienen entidad para corroborar el delito con el grado de probabilidad que se requiere en este estadio procesal resulta inconsistente.-
Que dicho sea de paso no es la certeza la requerida como manifestara la apelante, es la mera probabilidad, la preponderancia de elementos de cargo por sobre los de descargo, extremos estos que están debidamente acreditados en esta investigación.-
Es por lo expuesto que no se avizora carencia de sustento probatorio como argumenta la recurrente, ni mucho menos que haya resuelto la situación procesal de la persona imputada de manera irracional.-
Tampoco se advierte falta de motivación en el auto recurrido. Por el contrario, se observa que la Sra. Jueza subrogante ha valorado en forma integral las pruebas que se han ido incorporando, lo que le permitió arribar a una decisión fundada, de acuerdo a los lineamientos de la sana crítica racional.-
Así, hubo de evaluar las declaraciones de la denunciante y testigos, las cuales son contestes, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar en los que se habrían desarrollado los hechos, con las referidas por la pretensa víctima.-
Por otro lado, los autos atacados se encuentran apontocados en las diversas pruebas incorporadas, las cuales guardan coherencia entre sí, no pudiéndose pretender tampoco un grado tal de exactitud en la narrativa por parte de la víctima del hechos como el que nos ocupa, ya que sabido es que muchas veces se forman lagunas en el recuerdo de algún tipo de circunstancia, siendo que dicha imprecisión no puede erigirse en un obstáculo que prive de efectos a la investigación en curso, y que por lo tanto obstaculice la prosecución de la acusación.- Es por ello que tampoco se advierte que el plexo probatorio reunido en el resolutorio sea desviado en su interpretación al sólo fin de mantener supuestamente justificada la acusación.-
No nos debemos olvidar que de ninguna manera se han afectado las garantías constitucionales de defensa en juicio y el debido proceso como alega la defensa del recurrente. La persona imputada fué enrostrada de los hechos en las circunstancias referidas en la denuncia formulada, las cuales guardan coherencia con lo relatado por la joven en la entrevista psicológica, ello sin perjuicio que siempre las actuaciones estuvieron en condiciones de ser sujetas a su contralor.- Se advierte, por ende, que la parte no ha logrado desvirtuar los elementos de cargo que obran en su contra, respecto de las circunstancias de los hechos expuestas por la denunciante/pretensa víctima en mérito a lo anteriormente analizado.-
Mucho menos se advierte animosidad en contra de las personas imputadas, siendo prueba de ello el tiempo que transcurrió desde que habría acontecido hasta su puesta en conocimiento.-
Debemos tener presente que corresponde la aplicación del principio de amplitud probatoria, por las especiales características del hecho endilgado a la persona imputada: delito contra la integridad sexual habiéndose aprovechado de la circunstancia de vulnerabilidad en la que se encontraba por estar bajo los efectos de ingesta de alcohol en el dormitorio del domicilio de uno de los imputados.- Por otra parte, tanto la doctrina como la jurisprudencia imperante, son contestes en sostener que la valoración de la prueba en delitos como el que nos ocupa, no puede realizarse como si se tratara de cualquier otro de los delitos tipificados por la legislación de fondo, debiendo conferir especial relevancia a la denuncia/relato de la víctima.-
En tal sentido, acerca de esta particular característica, y en oportunidad de resolver la situación procesal de los imputados, otros Tribunales han dicho: “…el estándar de prueba normalmente exigido para alcanzar el grado de certeza necesario a efectos de pronunciarse sobre la materialidad de los hechos y la responsabilidad del inculpado, se satisface de un modo distinto que aquél que puede exigirse para otros supuestos, y ello bajo un doble aspecto. Principalmente, porque los hechos de esta naturaleza son, por regla general, llevados a cabo en ámbitos íntimos excluidos de terceras personas que pudieran dar fe de lo ocurrido. De suerte tal que lo determinante en esta clase de asuntos, a los efectos de la reconstrucción histórica del suceso, suele ser pura y exclusivamente el relato que la víctima pueda brindar al respecto.
Además, cuando se trata de víctimas menores de edad, la ponderación de su relato no puede ser llevada a cabo de la misma forma y bajo los mismos parámetros con los que analizan los dichos de los mayores, pues la exigencia de una narrativa histórica coherente, concatenada, descriptiva y lo más detallada posible en relación a un hecho pasado difiere en uno y otro caso, de acuerdo a las distintas capacidades cognoscitivas de los sujetos involucrados.” (Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional - Sala 1 CCC 73954/2013/TO1/CNC1, causa nº 73.954/2013, caratulada “D. de M., R. F. s/ abuso sexual”).- En la provincia de Santa Cruz, respecto a la forma de valorar las pruebas en esta clase de delitos, el Tribunal Superior de Justicia, sostuvo: “En los hechos de abuso sexual este Alto Cuerpo expresó que el carácter de testigo único que reviste la víctima no descalifica su procedencia como prueba pertinente y útil; por ello, pretender revocar una sentencia condenatoria por el delito de abuso sexual con acceso carnal, alegando que lo único que sustenta la acreditación del mismo es la versión del hecho aportada por la víctima, atenta contra una regla de la experiencia común como es, que los delitos contra la integridad sexual no suelen cometerse frente a testigos presenciales.
Los dichos de la menor no deben descalificarse apriorísticamente si el tribunal de juicio los considera dignos de credibilidad –en el caso, se confirmó el abuso sexual denunciado– y más aún cuando el modus operandi implica de suyo la ausencia de testigos.”. (Tribunal Superior de Justicia, Secretaría Penal, Interlocutorio Nº: 018 - Recurso de casación, 19/08/2008 - autos: “A.G.A. s/ abuso sexual simple agravado”, Expte. Nº 2665 (A-566/07/T.S.J.).- En efecto, de las constancias de autos surge que la Sra. Jueza subrogante de instrucción valoró de manera adecuada la prueba rendida en autos, atendiendo a las particularidades del presente caso, en que los hechos habrían acontecido.- De esa manera dictó una resolución que se desprende del relato lógico efectuado luego de la investigación llevada adelante y a la luz de la sana crítica racional, no apareciendo a mi criterio atisbo alguno de arbitrariedad o fragmentación en la valoración de la prueba aunada a la causa, motivo por el cual su agravio no podrá prosperar.- No corresponde, como pretende la defensa valorar cada medio probatorio por separado, ni atomizar el análisis y evaluación de las pruebas colectadas.
En relación a la valoración de la prueba en las resoluciones, el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, sostiene: "...debe reposar en el análisis de las pruebas, indicios y presunciones en su conjunto y no en forma aislada o parcial tal cual lo sostiene la Corte Nacional, contraria a toda consideración fragmentaria y aislada que impida '...una visión de conjunto de la prueba reunida...' depende de la valoración conjunta que se hiciere...teniendo en cuenta su diversidad, correlación y concordancia, pero no su tratamiento particular, pues por su misma naturaleza, cada uno de ellos no puede fundar aisladamente ningún juicio convictivo, sino que éste deriva frecuentemente de su pluralidad...".
(Fallos 300:928; T.S.J. Sta. Cruz, Tº II, Sentencia, Rº 55, Fº 310/320, entre otros).- Recordemos que la probabilidad es la requerida para iniciar la investigación, y para fundar eventualmente el procesamiento de la persona imputada, como es el caso que nos ocupa. Sabido es que en esta instancia priman los elementos de cargo por sobre los de descargo, siendo que el grado de certeza apodíctica de culpabilidad no es necesario en este tramo del proceso.-
En otro orden de ideas, sin perjuicio que la defensa no señala cuáles serían los elementos que entiende desincriminantes, no se advierte medida probatoria alguna que haya sido incoada por la defensa, a lo que se añade que tampoco obra declaración de su asistido que haya permitido abrir otro canal en la línea investigativa.-
Por otra parte sorprende que en el escrito de la defensa se haga referencia en varios episodios a sus asistidos (cuando representa exclusivamente a J.A.S), siendo la sorpresa aún mayor al hacer alusión a un cuestionamiento de una medida probatoria que atañe al otro imputado, quien tiene otra defensa técnica.-
Retomando, es por todo lo expuesto, no vislumbrándose, se insiste, que la resolución atacada sea violatoria de los derechos de defensa y del debido proceso como lo sostiene la defensa, es que deberá confirmarse en esta instancia el procesamiento de la persona imputada J.A.S. dictado por la instrucción y en orden al delito allí calificado.-
En análisis del recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado M.F.C., y sin perjuicio de serles aplicables muchas de las consideraciones vertidas precedentemente en relación de la presentación de la patrocinante del otro consorte, reseñaremos las siguientes argumentaciones que inviabilizan que prosperen sus agravios.-
En primer orden, y más allá de entender que existen elementos suficientes para confirmar el procesamiento, por cuanto le aplican también a él, los cuales se reitera han sido exhaustivamente valorados por la Sra. Jueza subrogante, las críticas formuladas por la defensa se presentan más como una disconformidad que una crítica razonada.-
Veamos, la queja respecto del valor probatorio del testimonio del Dr. E.D.A., ya que éste declara algo que la paciente le contó y que existe inconsistencias entre su relato y lo referido en la denuncia por la pretensa denunciante, no puede tener andamiaje por las consideraciones antedichas, concretamente la importancia de la declaración de todas aquellas personas que de un modo u otro hayan tomado conocimiento de la situación, no pudiendo pretenderse tampoco una precisión inmaculada en la concordancia de los testimonios que termine por hacer imposible el progreso de la investigación. Máxime en atención a las circunstancias en que éste se habría cometido y las eventuales lagunas en la memoria o en detalles nimios (como los que se alegan) que pueden acontecer producto de la situación traumática.- No puede tampoco argumentarse, que en virtud lo expresado por el licenciado en psicología Q., la pretensa víctima tendría un problema de base en su estado emocional que haga dudar de la veracidad de los hechos denunciados. A la luz de toda la prueba colectada y analizada esa aseveración concretaría una visión muy sesgada del plexo probatorio, e incluso de la declaración del propio profesional.- Asimismo respecto de las medidas que sugiere la defensa hubieran coadyugado a la investigación, de haber sido producidas en la instrucción, no corresponde a esta Alzada expedirse, por cuanto es allí donde debían ser planteadas por la recurrente, lo cual no ocurrió, como se puede advertir de las constancias del legajo, pese a las facultades que le acuerda el art. 190 del C.P.M.P..-
Por otra parte no existen las alegadas fechas disímiles formuladas por la denunciante en sus declaraciones en la que se habría concretado el ilícito (22 de julio de 2021 y 27 de Junio de 2021). De la simple compulsa de las dos actas de fs. 2/3vta. y 40/41 se acredita que la recurrente falta a la verdad, razón por la cual deberá abstenerse de incurrir a futuro en conductas similares.-
Tampoco luce acertada la afirmación referente a que en las presentas actuaciones se violó el debido proceso, el derecho de defensa, el principio de inocencia y el principio de igualdad para con su asistido, toda vez que no se instruyeron mayores pruebas. Ello por cuanto no se evidencia ninguna anomalía procesal, el imputado fue enrostrado del delito con la información de las pruebas obrantes en la causa con su debida ubicación en el expediente, habiéndose respetado todas las garantías. En tratamiento del agravio relacionado con las pruebas diligenciadas y aquellas que entiende deberían haberse producido, nos remitimos a las consideraciones vinculadas con el art. 190 del C.P.M.P. y la actuación de la defensa.- Por tales motivos, no quedan dudas que los elementos reseñados, alcanzan –al menos en esta etapa procesal-, para acreditar el hecho, y la responsabilidad que “prima facie” le cabe a las personas imputadas en el mismo.-
En este sentido, se ha dicho: “El procesamiento contiene un juicio de probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación de cada uno de los imputados en éste, tratándose, pues, de la valoración de los elementos probatorios suficientes para producir probabilidad aún no definitivos ni confrontados, pero que sirven para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir, hacia la base del juicio.”. (Clariá Olmedo, J.A., "Derecho Procesal Penal", Lerner Editora, Córdoba, 1985. Pág. 612).- Con relación al monto del embargo trabado, siendo un agravio formulado por ambas defensa y con los mismos argumentos, corresponde decir que no tendrán acogida favorable en esta instancia.-
Sobre esta cuestión cabe referir que la Ley de Procedimientos en materia penal, de manera imperativa, establece que el Juez -al dictar el auto de procesamiento- ordenará el embargo de bienes del imputado, cumpliendo el auto apelado -en este punto- con las reglas establecidas en el Art. 499 del C.P.P..-
En efecto, de una atenta lectura de la resolución puesta en crisis -en lo que se refiere propiamente al agravio articulado- se advierte que la Sra. Magistrada subrogante en el punto VI) de los Considerandos (fs. 108vta/109vta.) ha valorado todos los elementos probatorios agregados a estos autos, los cuales le han permitido arribar a una resolución de tipo incriminante como lo es el auto de procesamiento, y que conforman basamento de suficiente entidad para sustentar una acreditación provisoria del hecho investigado y de la participación de las personas imputadas en el mismo, lo que respalda el dictado de la medida cautelar atacada, resultando la misma adecuada a derecho, señalando los rubros a garantizar mediante dicha medida precautoria, considerando que guardan relación con el perjuicio que se hubiere causado.- En orden a lo expuesto y en razón de las circunstancias del hecho debo decir que comparto el criterio seguido y los parámetros tenidos en cuenta por la Sra.
Magistrada subrogante para la fijación de la medida precautoria y acordes a la entidad del daño penal como consecuencia de los delitos investigados en autos, por lo que la suma ordenada de Pesos ciento cincuenta mil ($ 150.000) a cada uno de los procesados no aparece como irrazonable ni desproporcionada.- Así se ha dicho que “…A los fines de establecer el monto del embargo fijado en el auto de procesamiento debe tenerse en cuenta que el mismo está destinado a garantizar el pago de la tasa de justicia y los honorarios profesionales, sin que deba tenerse en cuenta, a los fines de su cuantificación, la situación económica del acusado…” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala IV, fecha 17/09/2009, La Ley Online, cita: TR LA LEY AR/JUR/44048/2009).- En este sentido, resulta oportuno citar calificada jurisprudencia que dice “...el texto del art. 554 C.P.P.
(art. 518 C.P.P.N. y 499 del C.P.P.S.C.) alude, de esta manera expresa, a la determinación de la cantidad sobre la que puede recaer el embargo explicitando que debe ser suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas. El legislador ha dejado librado al órgano judicial la apreciación o valoración de tales circunstancias, siendo posible su control jurídico, solo en tanto y cuanto el monto de la medida preventiva resulte grosera desproporción con las razones que determinaron al Juez a tomarla...” (Cámara de Acusación de Córdoba, A.I.: N20, 14/3/88. Causa: “Meana, Héctor Angel”. Vocales: Funes, Pueyrredon, Vargas. Secc. N1).-
III. Comunicaciones: En virtud de la Acordada dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género”, elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.-
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. NO HACER LUGAR AL RECURSO DE APELACION INTERPUESTO por las defensas técnicas de J.A.S. y M.F.C., a fs. 113/115vta. y 128/134, respectivamente, confirmándose íntegramente el resolutorio atacado por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.-
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected]
(NAS)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaría firmante -Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia