Abriendo la norma
TOMO CLXIV – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 10.296 FOLIO Nº 115/118 PROT. ELECT. JR101 444I.261
Río Gallegos, 30 de septiembre de 2026.-
La presente causa caratulada: “J.J.C. S/ DENUNCIA APREMIOS ILEGALES”, Expte. Nº 90.638/24 Apelación/Causa JR Nº 10387/26, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 194/200, obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez subrogante del Juzgado de Instrucción N° 1 de Río Gallegos, Dr. G.A.G., quien en el punto I) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de J.P.A.V., en orden al delito de “APREMIOS ILEGALES AGRAVADOS POR VIOLENCIA EN CONCURSO IDEAL CON LESIONES LEVES AGRAVADAS POR SER COMETIDAS POR UN MIEMBRO DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD" (arts. 45, 54, 89 en función del art. 80 inc. 9 y 144 bis inc. 2° último párrafo, en remisión al art. 142 inc. 1° del Código Penal).-
Que a fs. 201/206, la defensa oficial apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 214 sostuvo el recurso (cód. validación 97250a54) y en la oportunidad prevista por el art. 437 del CPP, no efectuó presentación alguna.-
Quedan en consecuencia los presentes en condiciones para ser resueltos;
I. Que la defensa argumentó que el resolutorio dictado no se ajusta a derecho, resultando –a su criteriotendencioso y arbitrario, atentando de dicha manera el debido proceso y la defensa en juicio, causando un grave perjuicio a su defendido.-
Que, en pos de un adecuado tratamiento de los agravios expresados por la parte recurrente, consideramos conveniente enumerar las cuestiones a resolver.-
Y DE LA AUTORIA: sustentó el remedio procesal interpuesto en la valoración arbitraria de la prueba incorporada en autos, como así también, en la utilización direccionada de la misma para llegar a una forzada conclusión, que solo tuvo en miras desde el comienzo de la investigación, declarar a su defendido como autor penalmente responsable de los delitos, que le fueron imputados.- Entendió que S.S. valoró de manera fragmentada la escasa prueba adjuntada en la pesquisa y únicamente analizó los elementos que podrían resultar cargosos sin merituar ni promover aquellos que desincriminan al Sr. V.; provocando el quebrantamiento de las reglas de la sana crítica.-
Refirió que no se ha constatado en autos de forma clara e inequívoca que existieron lesiones causadas por el Sr. V.; el informe pericial, constató lesiones pero no determinó si las mismas son producto de agresiones imputables a una persona o a un can conforme surge de la misma denuncia.-
Consideró que esta diferenciación resulta relevante y excluyente ya que si no hay sujeto no hay conducta; mencionando la testimonial de la víctima -fs. 51/vta.- y el informe médico forense.-
En ese sentido, indicó que si no se pudo establecer el origen de las lesiones (animal/animal), menos podrá establecerse quién/quienes fueron los responsables de las mismas.-
Señaló que los relatos de la víctima no coinciden;
por lo que no existe ninguna prueba de relevancia que pueda establecer a partir de los testimonios, que se trata del imputado.- En primer término, corresponde desestimar la pretendida tacha de arbitrariedad planteada por la defensa; un pronunciamiento solo padece del vicio de arbitrariedad cuando carece por completo de motivación, prescinde inequívocamente de las leyes aplicables o se apoya en el mero arbitrio subjetivo del juzgador (Postura seguida en Apelaciones Nros. 10152/26, 10237/26, entre otras).-
Por el contrario, cuando el magistrado subrogante de instrucción describe y pondera en forma fundada y lógica las probanzas que sustentan su convicción provisoria, no existe vicio alguno, sino el cumplimiento acabado del deber constitucional de fundamentación escrita (art. 18 de la Constitución Nacional).- La crítica de la defensa traduce una mera opinión en disenso frente al criterio incriminatorio del A Quo; de igual modo, no se advierte conculcación al principio de inocencia ni al principio "in dubio pro reo". La presunción de inocencia solo se destruye mediante una sentencia condenatoria firme al cabo del plenario, por lo que el auto de procesamiento —dada su naturaleza esencialmente provisoria y no vinculante— no juzga culpabilidad definitiva ni adjudica pena.-
Por su parte, la regla de la duda (in dubio pro reo)
es un estándar propio de la fase de juzgamiento definitivo; en el estadio de la instrucción penal, basta la confirmación inicial de la sospecha a partir de elementos de convicción que hagan prevalecer la probabilidad positiva (Criterio conforme surge de Apelación N° 10259/26).-
El agravio relativo a que la conducta no se ha comprobado con el "grado de certeza" o la exigibilidad propia del proceso penal confunde los presupuestos de las distintas etapas procesales.-
Al decir de la doctrina mayoritaria: “El procesamiento contiene un juicio de probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación de cada uno de los imputados en éste, tratándose, pues, de la valoración de los elementos probatorios suficientes para producir probabilidad aún no definitivos ni confrontados, pero que sirven para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir, hacia la base del juicio” (Clariá Olmedo, J.A., "Derecho Procesal Penal", Lerner Editora, Córdoba, 1985, pág. 612; cita similar en Apelaciones N° 10.039/26, 10.077/26, 10.093/26, 10.210/26).-
Por consiguiente, en esta etapa embrionaria, el magistrado instructor no necesita certeza absoluta, sino la comprobación inicial de la sospecha sustentada en un conglomerado indiciario válido.-
Que respecto al agravio referido a la valoración del certificado médico y/o informe pericial aunado en el legajo, debemos decir, que no tendrá favorable acogida.-
Como ha sostenido esta Alzada de forma ininterrumpida, el certificado médico cumple la función de comprobar objetivamente el daño en la salud y la integridad física de la persona, en tanto que la atribución de autoría al sujeto activo deviene de la ponderación armónica y conjunta del plexo probatorio.-
Asimismo, debemos recalcar que la víctima narró la secuencia de agresiones precisando tanto los golpes sufridos como la mordedura del can; más aún, el médico forense dejó constancia documental de dicho relato al momento del examen diciendo: "...El examinado refiere que estas últimas son producto de mordedura de perro..." -fs. 07-; con lo cual, se certificaron clínicamente las dolencias compatibles con ambas dinámicas.- La existencia de lesiones provocadas por un perro no elimina ni justifica la conducta típica del funcionario estatal, quien en el ejercicio de sus funciones tiene el deber de custodia y el límite estricto del uso proporcional de la fuerza máxime tratándose de un procedimiento de búsqueda y localización de una persona menor de edad. Las afectaciones corporales derivadas de los golpes directos propinados por el imputado configuraría por sí solas el resultado material exigido por el delito apremios ilegales agravados por violencia en concurso ideal con lesiones leves agravadas por ser cometidas por un miembro de las fuerzas de seguridad (arts. 89 y 144 bis inc. 2° último párrafo del C.P.). Al respecto, es dable destacar lo expresado por el Juez de grado: "...existe un atentado a la integridad piscofísica de E.T. en oportunidad de estar bajo el mandato de funcionarios policiales, quienes transgredieron los límites permitidos de coerción personal, ocasionándole como consecuencia un daño en su salud, siendo lesionado físicamente con un proceder prepotente, agresivo y abusivo por parte de los mismos en el desempeño de un acto de servicio, quienes tenían en ese momento el poder sobre su persona, evidenciándose la conducta dolosa ya en el momento del hallazgo de E.T. en una vivienda particular, continuando con su accionar durante el traslado en el móvil y también en oportunidad de encontrarse en Dependencia Policial.-
Que el evento bajo análisis resulta de especial importancia puesto que ha sido perpetrado por agentes dependientes de la policía provincial, lo que impone un análisis a la luz de un posible contexto de violencia institucional, entendida como una práctica estructurada de violación de derechos por parte de funcionarios pertenecientes a fuerzas de seguridad en contexto de restricción de la autonomía y/o libertad..."; criterio que compartimos -fs. 198 vta.-.-
Debemos rechazar el planteo de la defensa, toda vez que no existe opacidad sobre el origen de las lesiones. La pericia médica forense no padece de inconclusión, sino que documenta la coexistencia de lesiones por agresión física directa atribuibles al Sargento V. -habiendo sido junto con la mordedura del can referida por la víctima-, resultando ambas plenamente coincidentes con la versión de los hechos expresada por el damnificado desde el inicio de la instrucción.-
El agravio central de la defensa pretendía edificar una duda sobre la identidad del agresor, invocando la supuesta "ausencia de prueba directa". Sin embargo, el desarrollo de la rueda de reconocimiento de personas —celebrada con las formalidades de ley y bajo el estricto contralor de la defensa técnica—, en la cual la víctima sindicó categóricamente al Sargento V. como el autor material de las agresiones -fs. 108 y vta.-, convierte la imputación en una vinculación directa e inequívoca.-
La prueba de reconocimiento no se halla aislada, sino que se ensambla de manera perfecta con el resto de las constancias de la causa, conformando un cuadro probatorio cerrado e inexpugnable.-
El artículo 289 del CPP de Santa Cruz exige únicamente un juicio de probabilidad afirmativa sobre la existencia del delito y la participación culpable del imputado. En el caso de marras, el conglomerado indiciario alcanza la probabilidad exigida para el procesamiento, lo que habilitaría de inmediato la etapa de plenario y debate oral.-
DUDA RAZONABLE: planteó que no existen elementos de cargo objetivos y concretos que alcancen para establecer como reunidos los requisitos mínimos de mera probabilidad para sostener que el Sr. J.P.A.V. pueda ser presunto autor penalmente responsable del delito que se le endilga.-
Expresó que tanto la materialidad como la autoría resulta inconsistente, contradictoria y carente de fuerza suficiente como para excluir la duda razonable que debió primar en autos.- Solicitó el sobreseimiento o en su defecto la falta de mérito en los términos del art. 292 del CPP.-
Que, en virtud que la cuestión ha sido suficientemente analizada en el apartado anterior, resulta innecesario efectuar nuevas consideraciones al respecto.-
IV. En otro orden de ideas, y atento a las facultades de superintendencia atribuidas a este Juez de Recursos, se exhorta a la instrucción a dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el art. 197 del C.P.P. de la Provincia de Santa Cruz, específicamente a las disposiciones procesales referentes al tiempo de la tramitación en la investigación y a las pautas contenidas para solicitar una extensión en el plazo de instrucción.- Es que, sin perjuicio de no ser una causal que opere en detrimento de la consistencia respecto de los fundamentos de la resolución recurrida, advertimos que no se han respetado los tiempos que establece nuestro código de procedimiento en materia penal, lo que impone efectuar el presente señalamiento.-
Ello, a fin de evitar que en lo sucesivo, transcurran meses enteros sin registrar actividad procesal en los expedientes, con la consecuente restricción de acceso a la justicia. En efecto, se advierte que el inicio de la presente investigación se produjo en el mes de abril del año 2024 -fs. 01/05-; con fecha 18 de abril de 2024 se proveyó el primer proveído -fs. 16 y vta.-; con posterioridad a ello, se ordenaron diferentes medidas hasta diciembre de 2024 donde se recepcionó actuaciones policiales -fs. 116/119-; con fecha 02 de junio de 2025 se fijó día y hora a los fines que declaración indagatoria llevándose a cabo el 11/06/2025 -fs. 124/125-, pasando los actuados a despacho para resolver; el 03/12/2025, se dispuso que previo a resolver solicitaron medidas -fs. 129-; el 06 de mayo de 2026 se recepcionaron las actuaciones policiales y se corrió vista al Agente Fiscal a tenor de lo establecido por el art. 317 del CPP; con fecha 20 de mayo de 2026 se resolvió la situación procesal de J.L.C., F.N.D. y de R.G.P.; y el 19 de agosto de 2026 se resolvió la situación procesal del encartado de autos J.P.A.V. -fs. 194/200-
Que, en función de lo resuelto, y en aplicación de la debida diligencia reforzada, entendemos corresponderá dar cumplimiento sin más a lo previsto por el art. 197 del CPP que dispone: “…En ningún caso la instrucción podrá exceder de un (1) año. Cumplido dicho término y en el estado en que se encuentre la causa, se correrá vista al agente fiscal y al querellante a fin de que se expidan conforme lo dispuesto por el art. 330º inciso 2º por el término de tres (3) días…”.-
La falta de apego a los plazos procesales del juzgado interviniente no puede conculcar las garantías constitucionales, siendo que se atenta contra la prestación del debido servicio de justicia, por cuanto diluye las posibilidades de éxito en la investigación atento el tiempo transcurrido, razón por la cual se exhorta al juzgado actuante que se abstenga de incurrir en procederes de similar naturaleza, imprimiendo celeridad a las investigaciones.-
V. Ahora bien, toda vez que conforme surge de las constancias de autos (concretamente del acta de declaración indagatoria de fs. 124/125 de los autos principales), que el imputado sería de ocupación o profesión sargento de policía, corresponde librar oficio al Departamento Legal de la Jefatura de la Policía de la Provincia de Santa Cruz, remitiendo copia de la presente a los efectos que se estime corresponder.-
VI. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.-
VII. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.-
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto glosado a fs. 194/200 de los presentes, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.-
2. HACER SABER a la INSTRUCCIÓN lo consignado en el punto IV) del considerando que antecede, a sus efectos.-
3. LIBRAR OFICIO al Departamento Legal de la Jefatura de la Policía de la Provincia de Santa Cruz, remitiendo copia de la presente a los efectos que estime corresponder.-
5. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected]
GP
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson Andrés Sánchez –Juez-, ante la Actuaría firmante -Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia