Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Sala I de San Isidro.delitos Contra la Vida · Causa 13668
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. POR UNANIMIDAD, declarar admisible el recurso de apelación interpuesto por el señor Defensor Oficial asistente de J.J.A., Dr. Juan Staubli, a fs. 1/13vta., contra la sentencia cuya copia obra a fs. 166/224, de conformidad con los motivos expuestos al tratar la cuestión primera del acuerdo que antecede (arts. 18, 31, 33 y 75 inc. 22 CN; 168 y 171 Const. Prov.; 59 y 61 Ley 13.634; 421, 439 in fine, 441 segundo párrafo, 442, 443, 446 a contrario sensu CPP).
II. POR MAYORÍA, hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto y confirmar la sentencia dictada por el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil Departamental, FIJANDO LA PENA EN DIECISÉIS AÑOS DE PRISIÓN, ACCESORIAS LEGALES Y COSTAS DEL PROCESO, por haber sido responsabilizado como coautor de los delitos de robo calificado por el resultado homicidio y tenencia de arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal, en concurso real, ocurridos el día 10 de octubre de 2009, en la localidad y partido de Tigre, de conformidad con los motivos expuestos al trata la cuestión segunda del acuerdo que antecede (arts. 1, 18, 31, 75 inc. 22, 116 y 120 CN; 26 DADyDH; 10 DUDH; 8.1 CADH; 14.1 PIDCyP; 40 CDN; 168 y 171 Const. Prov.; 40, 41, 45, 165 y 189 bis inc. 2 párrafo segundo CP; 4 Ley 22.278; 106, 203 a contrario sensu, 210, 373, 375 y 434 CPP; 33 y 58 Ley 13.634).
“A., J. J. s/incidente de apelación”.
C. 13668/I
En la ciudad de San Isidro, partido homónimo, Provincia de Buenos Aires, a los 30 días del mes de junio de 2015 del año dos mil quince, siendo las 12 horas, reunidos en acuerdo ordinario los Señores Jueces integrantes de la Sala I de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de San Isidro, Dres. Duilio Alberto Cámpora, Ernesto A. A. García Maañón y Oscar Roberto Quintana, bajo la presidencia del segundo de los nombrados, con el objeto de resolver el recurso de apelación interpuesto por la Defensa Oficial en la presente causa número 13.668/I del registro interno de la secretaría de este Tribunal, caratulada “A., J. J. s/incidente de apelación”.
Practicado el sorteo que establece la ley, resultó que en la votación debía observarse el siguiente orden: CÁMPORA - GARCÍA MAAÑÓN - QUINTANA, para el caso de disidencia. En el modo precedentemente dispuesto, los señores magistrados se abocaron al estudio de los siguientes:
I. Llegan los autos a consideración del Tribunal como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por el señor Defensor Oficial asistente de J.J.A., Dr. Juan Staubli, contra la sentencia dictada por el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil Departamental, presidido por el Dr. Alberto Villante, en la que con fecha 10 de noviembre de 2014, se resolvió condenar a J.J.A. a la pena de diecisiete años de prisión, accesorias legales y costas del proceso por haber sido encontrado coautor del delito de robo calificado por el resultado homicidio en concurso real con tenencia de arma de guerra sin la debida autorización legal (art. 45, 55, 165, 189 bis inc. 2º segundo párrafo CP).
II. El Dr. Staubli se agravia de la decisión sosteniendo que la sentencia recurrida resulta arbitraria, padece de falta de imparcialidad y violenta garantías de orden constitucional por encontrarla inmotivada y con fundamentación aparente. Con cita de los artículos 37 inc. a),c) y 40 ap. 2 inc, b) y ap. 4 de la Convención de Derechos del Niño y Opinión Consultiva Nº17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como normas presuntamente vulneradas, entiende que corresponde declarar la nulidad de la sentencia atacada en los términos del art. 203 del Ritual, por quebrantar garantías consagradas constitucionalmente.
Así, el apelante se agravia de la especial preponderancia dada por los magistrados del Tribunal Penal Juvenil a la gravedad de los hechos cometidos por el encausado para fundar la necesariedad de aplicación de pena considerando, en consecuencia, contrariados los principios rectores para la interpretación de las normas del proceso penal juvenil: la protección integral de los derechos del niño, mínima intervención y subsidiariedad, los cuales están expresamente enunciados en el art. 33 de la ley 13.634 y de raigambre constitucional (art. 75 inc. 22), y que imponen como regla para determinar la necesidad de pena respecto de una persona juzgada en el ámbito del fuero penal de menores, que sea aplicada de manera excepcional, en caso de que resulte el único medio tendiente a lograr la finalidad resocializadora de la sanción y por el menor tiempo posible. Sostiene que “la gravedad del hecho” no constituye un argumento eficaz que justifique por sí mismo la aplicación de pena a J.J.A. y mucho menos pronunciarse a favor de una sanción excesivamente alta.
Recuerda que tanto la normativa a nivel internacional como nacional con más el leading case “Maldonado” imponen la necesidad de que se considere toda circunstancia relativa al accionar del joven declarado penalmente responsable, y que su historia de vida no puede ser obviada el momento de mensurar la pena de un menor de edad.
Por lo tanto, siendo que los miembros del Tribunal se apoyan principalmente en la modalidad del hecho delictivo es que, a juicio de la Defensa, la sentencia así emitida solo se encuentra fundada de manera aparente, por lo tanto carece de validez y deberá ser declarada nula.
Por su parte, el recurrente afirma que los miembros del Tribunal yerran al trazar los límites máximos y mínimos de la escala penal, en tanto parten de los montos previstos en los delitos consumados, cuando corresponde necesariamente –a juicio de la Defensa- reducir a la escala de la tentativa el baremo punitivo establecido para la calificación legal de los delitos endilgados al joven, de acuerdo con el articulo 4 de la ley 22.278 y la doctrina sentada en el precedente “Maldonado” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Destaca que en función de los delitos por los cuales A. fuera declarado penalmente responsable -homicidio en ocasión de robo en concurso real con tenencia de arma de guerra (arts. 45, 55, 165, 189 bis inc. 2º segundo párrafo del Código Penal)- la escala penal conformada para el concurso de delitos establecido parte de un mínimo de 5 años de prisión y la sanción elegida por el Tribunal a quo, fijada en 17 años, excede en mas del triple el mínimo, sin que haya justificado debidamente esa extrema divergencia, ya que solo la gravedad del hecho es el insuficiente común denominador de la sentencia invocado para dar sustento a ello. Afirma que luego de las pautas sentadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el mencionado precedente “Maldonado” y a la luz de la normativa de orden constitucional e internacional vigente, queda a las claras que la reducción de los delitos a la escala de tentativa no es solo una “facultad” o un “beneficio” del juzgador.
Fundamenta su postura con cita del precedente “PAGNIEZ, Eduardo y otros s/homicidio calificado” causa 71.276 de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal deptal. (voto del Dr. Pitlevnik) indicando que impone justificar el motivo por el cual se opta por apartarse de la reducción a la escala de la tentativa en los delitos enrostrados a menores de edad y justificar la imposición de pena sobre la base del análisis de situaciones tutelares de cada joven en particular, extremos que el apelante no encuentra verificados en la sentencia en crisis. Desde otra perspectiva, el recurrente se agravia del quantum de pena impuesto por el a quo toda vez que, según se desprende del libelo recursivo, el Ministerio Público Fiscal solicitó se imponga a A. la pena de 17 años de prisión en orden a los delitos por los que el joven fuera oportunamente declarado penalmente responsable, esto es: homicidio en ocasión de robo (art. 165 C.P.) y tenencia ilegal de arma de guerra (art. 189 C.P.) más el agravante contenido en el art. 41 bis del mismo cuerpo legal, y el Tribunal condenó a su defendido por el mismo monto de pena requerido por la Fiscalía, mas rechazando en su voto mayoritario la agravante contenida en el 41 bis del C.P.
Expresa que si el voto mayoritario descartó la aplicación del art. 41 bis del C.P., necesariamente el monto solicitado por el titular de la vindicta pública debió reducirse, y que de ninguna manera el Tribunal podría haber llegado a la misma pena en base a una calificación legal más benigna.
Tacha de parcial y lesiva del principio de proporcionalidad a la sentencia de marras, de lo que colige la invalidez del pronunciamiento atacado correspondiendo, a su entender, su declaración de nulidad.
Asimismo, se disconforma respecto de la valoración de la prueba, esgrimiendo que no se ha analizado ni valorado debidamente la totalidad de la información recabada en el período de privación de libertad de su defendido, lo que a su juicio, descalifica el pronunciamiento como acto jurisdiccional válido. Pone de manifiesto que el hecho cometido por su pupilo fue un episodio aislado en su vida, que no se trata de una persona que eligió el delito como forma de vida sino que se trata de un joven que al momento del hecho no había alcanzado la madurez, quien solo a instancias de personas mayores de edad se encontró incurriendo en los hechos ventilados en la presente y que la incursión en la violación de la norma no estaba inscripta en el joven como una forma habitual de desenvolvimiento social, por lo que esta particularidad debió ser sopesada a su favor en el momento de determinar la pena correcta para el caso.
Siguiendo este lineamiento, cuestiona la circunstancia que los jueces a quo se hayan decidido por una pena que no solo resulta extremadamente cercana a la aplicada al coimputado mayor de edad –quien registraba antecedentes penalessino incluso por un monto que excede la edad con la que contaba J.A. al cometer el hecho.
Por tanto, la omitida consideración de la personalidad inmadura en la esfera emocional de A. dada su corta edad, la errónea afirmación sobre el rol de director que habría desplegado, y la escasa -prácticamente nula- consideración a la calidad de primario que registrara A. tornan a la sentencia indebidamente fundada, conforme el criterio sostenido por la Defensa.
Aduce que el arbitrario monto punitivo es tan desproporcionado que convierte la pena en cruel, inhumana y degradante, en consecuencia violatoria de lo establecido por el art. 37 a, c de la Convención del Niño, arts. 1.1, 5.1, 5.2 y 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que se aleja de la finalidad que debe perseguir la sanción aplicada a adolescentes. El enorme plazo temporal solo implicará la exclusión social del joven.
Hace mención de la reciente sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos "Caso Mendoza y otros vs. Argentina" en cuanto destaca el art. 5.6 de la Convención Americana que la medida que deba dictarse como consecuencia de la comisión de un delito debe tener como finalidad la reintegración del niño a la sociedad, por lo tanto la proporcionalidad de la pena guarda estrecha vinculación con la finalidad de la misma (considerando 65), y transcribe los considerandos 161, 162, 173, 174 y 178 de la mentada sentencia.
Señala que estos lineamientos han sido receptados por el Superior Tribunal de Justicia de Chaco en "Caso Osvaldo Ayala", donde se destacó que luego de la inclusión constitucional de los Tratados de Derechos Humanos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos y las directivas de la Comisión Interamericana constituyen una "imprescindible pauta de interpretación de los deberes y obligaciones derivados de la Convención Americana sobre Derechos Humanos". De ello deriva que la sentencia atacada no respeta las directrices establecidas en los Pactos Internacionales aplicables al fuero penal juvenil, ya que en lugar de orientar su decisorio a procurar para J.A. el fomento de oportunidades para una efectiva reinserción social, propiciaron un criterio retributivo.
Destaca que no se tuvo en cuenta el abrupto cambio que sufrió el joven en las condiciones de detención debido al traspaso desde la órbita de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia al Servicio Penitenciario Bonaerense, que significó un cambio sumamente negativo para A., quien se vio privado de los recursos existentes en el Centro Cerrado que lo alojaba, se coartó su inserción escolar real, la formación profesional a través de talleres, se lo privó de contar con la contención y abordaje terapéutico, alimentación, indumentaria adecuada. Recursos que, conforme infiere el Defensor, A. perdió al entrar al Servicio Penitenciario Bonaerense, destacando que el traspaso al Servicio Penitenciario se efectuó de oficio por el Juzgado Penal Juvenil, medida cuestionada por la parte y luego confirmado por esta Alzada.
Considera que yerra nuevamente el Tribunal al hablar de “fracaso del tratamiento tutelar” ya que no corresponde hacer valer en contra del joven el supuesto fracaso del tratamiento tutelar si ello se debe a que no se han brindado las herramientas esenciales para lograr el objetivo.
Concluye que el período en el cual J.A. en Unidades Carcelarias mal puede contabilizarse como parte de un “tratamiento tutelar", al no tratarse de instituciones específicas para niños, por no contar con personal especialmente capacitado en minoridad, y por no habérsele brindado los recursos mínimos para que su pupilo pueda acceder a las herramientas que lo fortalezcan como persona, para su formación como miembro útil de la sociedad y procurar su reinserción. Sin perjuicio de ello, afirma que en el último período A. logró adaptarse al régimen carcelario y apropiarse de los espacios que fue ganando, encontrándose actualmente en el camino hacia el concreto objetivo de lograr su reinserción social. El temperamento adoptado entonces por el a quo impacta negativamente en A. al punto de acarrearle consecuencias perjudiciales e irreparables, causándole un gravamen de imposible reparación ulterior.
III. El Dr. José Alberto Villante, en su calidad de Presidente del Tribunal, concedió a fs. 230/231 de esta incidencia, el recurso de apelación interpuesto por el señor Defensor Oficial a fs. 1/13vta., contra la sentencia obrante en copia a fs. 166/224, por ante esta Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental, de conformidad con lo normado en los arts. 433 CPP y 61 Ley 13.634, quedando radicadas las actuaciones por ante esta Sala, conforme se desprende del auto de fs. 248, razón por la que habiéndose celebrado la audiencia que establece el artículo 60 de la Ley 13.634, conforme surge del acta de fs. 266, la causa se encuentra en condiciones de ser resuelta, por lo que los señores Jueces decidieron plantear y votar las siguientes:
Primera: ¿Es admisible el recurso de apelación interpuesto?
Segunda: ¿Es justa la sentencia apelada?
Tercera: ¿Que pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión planteada, el Señor Juez Dr. Duilio A. Cámpora dijo: A mi juicio, la impugnación intentada resulta formalmente admisible. No obstante destacar que en el recurso de la defensa aparecen cuestiones que debieron ser planteadas durante el debate previo a la sentencia impugnada y que el recurrente ha variado drásticamente la petición que formuló en ese momento, por una más ambiciosa que expone ante la Alzada, considero que se encuentran cumplidos los recaudos de tiempo y forma que regulan su interposición y que el recurso abastece los requisitos de impugnabilidad tanto en el aspecto objetivo como subjetivo, puesto que fue deducido contra una resolución expresamente prevista como apelable, por quien se encuentra legitimado para ello, en tanto posee interés directo en el fondo del asunto, indicando específicamente los motivos de agravio y los fundamentos en que se sustenta su pretensión (arts. 18, 31, 33 y 75 inc. 22 CN; 168 y 171 Const. Prov.; 59 y 61 Ley 13.634; 421, 439 in fine, 441 segundo párrafo, 442, 443, 446 a contrario sensu CPP).
Voto por la afirmativa.
A la misma cuestión planteada, el Señor Juez Dr. Ernesto A. A. García Maañón dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante en igual sentido y por sus mismos motivos y fundamentos (arts. 168 y 171 Const. Prov.; 106 CPP).
Voto por la afirmativa.
A la misma cuestión planteada, el Señor Juez Dr. Oscar Roberto Quintana dijo:
Adhiero al voto del colega que abre el acuerdo, Dr. Duilio Alberto Cámpora, en igual sentido y por sus mismos motivos y fundamentos (arts. 168 y 171 Const. Prov.; 106 CPP).
Voto por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada, el Señor Juez Dr. Duilio Alberto Cámpora dijo:
Habiendo analizado detenidamente las constancias del presente incidente, estimo que corresponde hacer lugar parcialmente al recurso interpuesto y modificar la sentencia a nivel del monto de pena impuesto.
Sintetizando, condensando y ordenando los motivos de agravio expuestos en el recurso, la defensa critica la decisión del Tribunal de Responsabilidad Juvenil en relación a que (a) cada uno de los jueces emitió su propio voto, coincidiendo únicamente en el monto punitivo y, con matices, en el fundamento relativo a la gravedad del hecho como elemento que lo justifica y motiva también la necesidad de aplicación de pena, tratándose de un argumento ineficaz para fundar la necesidad de pena y el apartamiento de la escala de la tentativa; (b) se valoraron parcializadamente los informes elaborados para justificar la necesidad y monto de pena, lo que descalifica la sentencia como acto jurisdiccional válido y violenta los principios de mínima intervención, pro hómine e interés superior del niño; (c) la falta de aplicación de la escala de la tentativa, evidenciada en el importante monto punitivo, que luce desproporcionado; y (d) la falta de incidencia de la obliteración de la agravante genérica del art. 41 bis CP, descartada en el voto de la mayoría, en relación a la pena solicitada por el Fiscal que la tuvo en cuenta para el alcanzar el monto pretendido.
Los reclamos identificados en los puntos (a), (b) y (c), se encuentran íntimamente vinculados, en la medida que se encuentran dirigidos a criticar el proceso de determinación judicial de la necesidad y cuantía de la pena, con ajuste a las particularidades del caso, de modo que corresponde su tratamiento conjunto. Liminarmente cabe advertir que si bien es cierto que cada uno de los miembros del Tribunal sufragó en relación a los aspectos que resultaban abordables para la determinación de la necesidad y monto de pena, no puede concluirse, como lo pretende la defensa, que se trate de votos separados, sólo coincidentes en el monto de pena impuesto y la valoración de la gravedad de los hechos como pauta dirimente sobre el punto.
Conforme puede observarse, las diferencias entre el voto que abre el acuerdo y los de las dos vocales integrantes del Tribunal, radican en el análisis del cuadro sobre la vida institucional del joven -en cuanto no medió una continuidad del encierro en el mismo medio, en tanto la primera parte se ejecutó en un ámbito específico para menores y la segunda lo fue en el ámbito penitenciario-, la valoración de las sanciones disciplinarias -en cuanto el primer votante justipreció, incluso, las que fueron declaradas nulas-; y la aplicación de la agravante genérica del art. 41 bis CP -receptada favorablemente por el Juez del primer voto y descartada por las magistradas que formaron mayoría-.
En este sentido, el reclamo así presentado resulta improcedente.
Existe concordancia en lo referente a la gravedad del hecho, y también en que el resultado del proceso transitado intramuros evidenciaba la necesidad de imponer pena, en la medida que los retrocesos experimentados por el joven en materia de introyección de pautas de conducta, señalaba la ineficiencia resocializadora del encierro sufrido hasta el momento.
Nótese que el Dr. Villante, luego de hacer un racconto de los informes elaborados por los distintos establecimientos que albergaran a A., así como los emitidos por los diversos profesionales que intentaran abordar su situación desde perspectiva multidisciplinaria, indicó, concretamente, que los avances logrados en un primer momento, se vieron obnubilados con el ingreso del joven al sistema penitenciario, momento a partir del cual empezó mantener trato conflictivo tanto con sus pares como con los funcionarios del Servicio Penitenciario Bonaerense; ámbito en el cual, además, el justiciable fue sancionado.
La Dra. Chomiez abordó el tópico adhiriendo a la posición del Juez que abriera el acuerdo, aunque planteando una aclaración en lo relativo a la valoración unitaria de la estadía institucional del joven, afirmando que puede escindirse en dos momentos diferenciables, uno en el sistema minoril y otro en el ámbito penitenciario.
Se apartó en lo vinculado a las sanciones disciplinarias nulificadas que fueron justipreciadas, sostuvo que la modificación de la conducta de A. a lo largo de su encierro mostraba la necesidad de reforzar el tratamiento resocializador, valorando para ello los avances y retrocesos en el proceso de introyección de pautas de conducta, que ya habían sido sintetizadas en la descripción de los informes elaborados en el marco del proceso, formulada en el primer voto. Finalmente, la Dra. Ravera Godoy avanzó sobre el punto tomando como base el núcleo de coincidencias que sobre este aspecto trazaron sus colegas e incluyendo consideraciones personales sobre la cuestión.
No se advierte acreditada la denuncia del recurrente, en la medida que los magistrados votantes abordaron la cuestión de la necesidad de pena respetando el marco propuesto por el Fiscal al momento de llevar a cabo su alocución, coincidiendo en el núcleo del punto tratado. Podría señalarse cierto desorden expositivo. También aspectos reiterativos que tornan innecesariamente extensos cada uno de los votos, especialmente en lo que hace al aporte de matices personales sobre aspectos que ya fueron consignados o que no resultan sustanciales, a los efectos del concepto de sentencia, ni dirimentes en lo referente a la necesidad de pena, que exige mayoría de opiniones en los términos de los arts. 168 y 171 Const. Prov. Pero ello no acarrea automáticamente una sanción como la propuesta por la defensa.
Sobre el extremo relativo a la fundamentación de la necesidad de pena, tengo dicho que:
[...] tal exigencia supone la valoración crítica de lo que surge de los diversos informes elaborados en el transcurso del denominado tratamiento tutelar por la Ley 22.278, sopesando los avances y/o retrocesos evidenciados en la conducta adoptada por el joven en ese marco, que permitan afirmar o no un mayor o menor grado de introyección de pautas de conducta, que habiliten a determinar la necesidad o no de imponer castigo.
'Ello requiere el análisis integral y conglobado de los diversos informes que permita evaluar las diversas contingencias y consecuencias del encierro experimentado, en la forma que fuere y, en el caso de considerar necesaria la imposición de una penalidad, la manifestación concreta de las razones que habiliten a dar preponderancia a las circunstancias de contenido negativo por sobre aquéllas que evidencian avances o progresos en el proceder del niño.
'El requisito de fundamentación exige la formulación de un juicio crítico en base a los elementos compilados y la ley aplicable [...]" (Causa Nro. 11.846/I). De tal modo, no advierto una argumentación insuficiente o aparente de este aspecto, ni que la coincidencia de opiniones sólo alcance al monto de la pena a imponer o la gravedad del hecho como parámetro decisivo para fallar como se lo hizo. Lo que existe es una distinta apreciación de los aspectos destacados. Ello puede ser confirmado o corregido en esta instancia, pero no parece que la nulidad opere como remedio, pues no puede argumentarse con entidad suficiente, un apartamiento de las formas que provoque un perjuicio procesal irreparable. Esto descarta también el reclamo vinculado a la valoración parcializada de los informes producidos, pues, conforme queda dicho, aún con desprolijidades, fueron sometidos a un análisis crítico en que se sopesaron los avances y retrocesos experimentados por el joven en su estadía institucional, en función de lo que se concluyó la necesidad de imponer castigo.
Luego, tal como fue correctamente contestado por la Dra. Chomiez en su voto, pierde fuerza el recelo exhibido por la defensa al indicar las consecuencias negativas de haber sido sometido a varios traslados de su lugar de alojamiento, en la medida que ello no obedeció a una arbitraria decisión del Servicio Penitenciario, sino a los problemas conductuales que llevaron a A. a estar en permanente conflicto con sus pares y el personal penitenciario, de modo que no sólo no constituye un aspecto que resulte beneficiante, sino, al contrario, se exhibe como un indicador válido del resultado infructuoso del tratamiento restaurativo de derechos y, consecuentemente, de la necesidad de imponer pena en el caso concreto.
Para cerrar este aspecto, no puede obviarse que el reclamo de la defensa va a contramano de la doctrina de los actos propios, en la medida que el aspecto vinculado a la necesidad de la pena no sólo no fue fustigado en el marco de la audiencia sino que incluso fue consentido, en tanto el propio defensor centró sus pretensiones en la imposición de cinco años de prisión, por lo que mal puede agraviarse cuando se limitó a no alegar sobre el tópico, dándolo por supuesto, con lo que concurrió a fijarlo.
Tengo dicho en este sentido, que:
"[...] Cabe recordar aquí que el acusatorio impone no sólo que el trato punitivo en cualquiera de sus formas sea sólo habilitado a requerimiento del acusador (principio acusatorio), sino que el magistrado se encuentra limitado por los términos y alcances del contradictorio (sistema acusatorio), a fin de no afectar la posibilidad de ejercicio racional de la defensa y la imparcialidad del juzgador. Y en ese contradictorio se enmarca la actividad de la defensa que concurre con amplias facultades al proceso, al punto de no meramente resistir la acusación -práctica arquetípica de los modelos procesales materialmente inquisitivos- sino tener la posibilidad de contraprobar, introducir hipótesis diversas e incluso investigar los hechos de manera independiente para favorecer a su asistido (art. 22 tercer párrafo in fine Ley 12.061; 35 segundo párrafo Ley 14.442).
'Ello implica que la carga de justificar probatoriamente sus asertos no constituye una afectación del estado jurídico de inocente. La capacidad de rendimiento de esa regla de garantía se agota en el principio según el cual no cabe dar crédito a una hipótesis acusatoria sin andamiaje probatorio suficiente, en atención al estado del proceso. Sin embargo, cuando debidamente justificada la acusación, pesa sobre la defensa, si recela de la evidencia, la carga de aportar los elementos de que pretende valerse para apontocar su posición, pues con las limitaciones que impone el principio de inocencia, el proceso es dispositivo [...]" (Causa Nro. 13.521/I). Estos términos pueden ser, mutatis mutandi, trasladados al aspecto criticado por la defensa en el recurso, en la medida que en lugar de resistir la argumentación de la fiscalía sobre el punto, la consintió, impidiendo la contradicción sobre este aspecto, de manera que ello afecta, en mi opinión y conforme la dinámica procesal propia del sistema local, la posibilidad de recelar cuestiones previamente consentidas, sea expresa o implícitamente; máxime, cuando no se exponen mutaciones fácticas o valorativas entre uno y otro.
Así, verificados por el Tribunal los términos del alegato acusatorio en clave de suficiencia probatoria -respecto de los extremos relevados para motivar y fundar la pretensión- y frente al silencio de la Defensa, el Juez es soberano para decidir, en la medida que no exceda el marco impuesto por el acusador, no empeore la situación del justiciable y que fundamente debidamente sus conclusiones. En lo que respecta a la medida de la pena impuesta, debe recordarse que el principio de proporcionalidad exige una correspondencia racional entre la respuesta punitiva y el disvalor de acción y de resultado del delito.
De tal modo, la proporción debe establecerse en relación al injusto y la magnitud de la culpabilidad del infractor.
En este aspecto, la gravedad del hecho resulta un parámetro de valoración insustituible para la determinación de la pena.
El artículo 40 inciso 4 in fine de la Convención de los Derechos del Niño establece expresamente la necesidad de correspondencia, en términos de proporción, de la pena con el hecho -infracción en palabras de la Convención- y la culpabilidad -sus circunstancias [del niño] en palabras de la Convención-, de modo que el reclamo sobre el punto pretende prescindir de un aspecto considerado fundamental por el propio instrumento internacional que establece el sistema garantista para el abordaje institucional de los jóvenes en conflicto con la ley penal en el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos; cuestión receptada en el sistema procesal local, en el artículo 58 inc. 1 Ley 13.634. Esto debe integrarse con la culpabilidad por el hecho como concepto imputativo, regulativo y limitativo a la vez, que tiene por objeto justificar y medir el castigo que puede habilitarse, en tanto opera como recaudo y sistema de medida de la pena.
En el caso de los niños, niñas y adolescentes este aspecto aparece problemático, pues al difícil juicio que entraña la determinación de la pena en cualquier caso, derivada de la confluencia de factores que deben ser sopesados en escalas penales habitualmente amplias, se agregan las particularidades del sujeto pasivo de la medida, que se encuentra en formación y que siempre puede ser pasible de un menor reproche.
Resulta un elemental límite óntico que los niños, niñas y adolescentes en tanto sujetos de derechos en formación, tienen una menor capacidad de culpabilidad. Ello exige máxima prudencia en la delimitación de la medida del reproche, pues no puede desconocerse ese dato, como tampoco que ello se encuentra incorporado en la reducción de la escala penal correspondiente al delito a la de la tentativa, como opción posible, que acota el ámbito de la respuesta punitiva, fijando su límite máximo un tercio por debajo de la máxima posible para un mayor de edad.
Esto significa un reconocimiento, de modo general, de las diferencias derivadas de la capacidad psíquica de culpabilidad existentes entre un joven y un adulto, sin perjuicio de la determinación concreta que con ajuste a las capacidades individuales del agente quepa formular en cada caso concreto.
Todo proceso de determinación judicial de la pena enfrenta al juzgador al problema de las variables a considerar para una construcción racional de la respuesta punitiva.
Los artículos 40 y 41 del Código Penal ofrecen la base legal para la reconstrucción dogmática de las variables a considerar como elementos base: cuando el inciso 1 del artículo 41 señala como base para la determinación a la naturaleza de la acción y de los medios empleados para ejecutarla y la extensión del daño y el peligro causados, está identificando los extremos configuradores del injusto; y cuando el inciso 2 señala la edad, educación, costumbres y la conducta precedente del sujeto, la calidad de los motivos que lo determinaron a delinquir, la participación que haya tomado y las circunstancias del hecho que lo motivaron, se está identificando a la culpabilidad como principio regulativo correctivo de la magnitud del injusto.
Los tres magistrados coincidieron en las variables vinculadas al injusto (bienes jurídicos afectados, excesiva violencia, pluralidad de intervinientes, medios empleados, la nocturnidad, etc.), con carácter agravatorio.
No puede prescindirse del disvalor de resultado propio del hecho contra la propiedad en el marco del cual se lesionó el bien jurídico vida de S.U. y se puso en peligro concreto la vida del resto de los ocupantes de la vivienda, tanto personalmente como en función del aporte activo a un hecho común en que, conforme quedara fijado por la Suprema Corte, el joven aceptó un resultado luctuoso como posible en función de los medios empleados para ejecutarlo, incorporándolo a su voluntad realizadora.
La entidad del bien jurídico vida (tanto respecto del joven U. como por el peligro cierto de los sujetos pasivos restantes), la ejecución del hecho al resguardo de la noche para garantizar la impunidad, la utilización de armas de fuego con alto poder vulnerante para eliminar toda posible resistencia y reducir al máximo las chances de solicitar auxilio, la pluralidad de intervinientes con alto grado de organización para la realización de la empresa, la extrema e innecesaria violencia desplegada respecto de dos mujeres cuyas posibilidades de reacción se encontraban neutralizadas y la ocurrencia de estos graves factores dentro del hogar de las víctimas con la impronta negativa que irroga a futuro, ponen decididamente al hecho muy por encima del mínimo legal que la defensa requirió en primera instancia, con la mengua de la escala en grado de tentativa o del mínimo común que tomó el Tribunal.
Además, no puede soslayarse que, más allá de los reclamos de la defensa, en el auto de responsabilidad ha quedado fijado, con carácter firme, que el aporte de A. fue trascendental, en la medida que no sólo introdujo una condición del resultado sino que determinó y decidió el derrotero del acontecer típico en una porción decisiva del hecho, más allá de no haber ejecutado de propia mano el homicidio que califica la afectación de la propiedad que se le atribuye. En este contexto, existen pluralidad de bienes alcanzados, a lo que cabe adicionar aún la afectación por peligro de la seguridad pública, que aporta una dosis extra de disvalor.
En este sentido, la calidad de primario alegada por la defensa se relativiza frente al disvalor de resultado que resulta particularmente alto, teniendo en consideración la naturaleza extremadamente violenta de la acción, los medios utilizados que incrementaban el peligro para los bienes jurídicos y la extensión del daño causado, de naturaleza ónticamente irreparable.
Tampoco aporta la afirmación de que no tuvo poder de decisión en la configuración del acontecer típico, cuando en la sentencia viene fijado con carácter firme lo contrario.
Desde la perspectiva de la culpabilidad por el acto, no puede soslayarse que vienen excluidas a esta altura, circunstancias con virtualidad eximente, tales como supuestos de incapacidad psíquica de delito por inimputabilidad, o error. Tampoco circunstancias que, desde ese punto de vista, tengan aptitud diminuente.
La magnitud del injusto es el objeto de reproche y la culpabilidad el reproche mismo, por lo que es evidente que éste se monta sobre aquel como correctivo para delimitar el máximo de poder punitivo aplicable.
La calidad de sujeto en formación como pauta limitativa del reproche, cobra sentido y relevancia cuando las particularidades del hecho indican que el agente debió hacer un esfuerzo superior al jurídicamente exigible para comprender la criminalidad del acto, de modo que la conciencia de la ilicitud se vea menguada. Sin embargo, cuando el hecho es tan groseramente lesivo que la conciencia de la ilicitud resulta simplemente aprehensible por cualquiera, sin requerir mayor esfuerzo, carece de idoneidad para relativizar o atenuar el reproche. El sometimiento violento de un tercero, generador de peligro para la vida de otro e incluso la muerte, ocurrida en ese contexto, es un dato entendible sin esfuerzo y la prohibición que se yergue sobre ello, también.
De tal modo, la sanción alejada del mínimo, deviene adecuada y proporcionada al injusto y a la culpabilidad por el hecho.
Luego, la afirmación de la defensa de que la incursión en la violación de la norma no estaba inscrita en el joven como una forma habitual en su desenvolvimiento social, no es más que una indebida pretensión de aplicación de la denominada culpabilidad de autor o culpabilidad por la conducción de la vida, incompatible con un derecho penal de acto, propio del estado de derecho. Lo expuesto, permitiría homologar la sentencia del Tribunal de grado. Pero entiendo que le asiste razón a la defensa en relación a la procedencia final del monto punitivo.
Es que para arribar a la pena de diecisiete años, el Fiscal de intervención tomó en consideración la agravante del artículo 41 bis del Código Penal, que fue descartada por las Juezas que, sobre el punto hicieron mayoría, de manera que descartada esa circunstancia del proceso de determinación de la respuesta punitiva, estimo que no puede quedar inconmovible el monto solicitado. Más allá de que no comparto la solución propiciada por la mayoría, en la medida que entiendo aplicable la agravación del art. 41 bis CP a la figura del homicidio en ocasión de robo -pudiendo descartarse en relación al delito contra la seguridad pública-, en la medida que el tipo del art. 165 de la norma de fondo no identifica medios comisivos que obturen la operatividad de la agravante genérica, y que las razones aportadas para la exclusión no resultan unívocas e indiscutibles, la decisión sobre el punto constituye un espacio ganado para el joven sometido a proceso, que no fue fustigado por los acusadores frente a la decisión adversa sobre su procedencia, de manera que llega firme e inconmovible a esta Alzada, y obliga a su consideración, de modo que su sustracción a las variables objetivas para el establecimiento de la escala penal conformada debe tener algún tipo de incidencia en el proceso de determinación de la pena aplicable.
En concreto, no es lo mismo la implicancia de aplicar la pena de diecisiete años teniendo un continente que va de trece años y cuatro meses a cuarenta y un años y diez meses, que sería la posición del Fiscal, a uno de diez a treinta y un años, que es la que queda definida a través de la posición de la mayoría. De este modo, si el acusador público consideró esa pauta agravante para alcanzar y determinar una pretensión punitiva de diecisiete años de prisión, su desconsideración de parte de la mayoría del Tribunal no puede mantener la respuesta punitiva en la misma intensidad pues, el vacío argumental que deja la agravante típica frente a la justificación del monto, viene a ser ocupado por argumentos oficiosos de los Magistrados, generados básicamente por la extensión de la gravedad del hecho, pudiendo entonces aparentar, como la defensa lo insinuó en su alegato previo a la sentencia en crisis, que la cuestión podría responder al mediatismo que en un momento alcanzó el caso.
Es en este aspecto que la inmutabilidad del castigo aplicable aparece como una vulneración del sistema acusatorio y la imparcialidad del Tribunal, pues el órgano debe suplir la variable con otra no considerada o extendiendo el alcance otorgado a las ponderadas (aspecto que además las Magistradas no explicaron, para sustentar el monto finalmente impuesto).
En este sentido, la reducción de la pena finalmente impuesta resulta obligatoria, desde que la garantía de imparcialidad del Tribunal, de raigambre constitucional, y el sistema acusatorio establecido procesalmente a nivel local, impiden a los Magistrados avanzar sobre aspectos que no encuentren correlato en los argumentos de las partes.
Así, más allá de que las variables justipreciadas más arriba permitirían arribar a los diecisiete años solicitados por el Fiscal y el Particular Damnificado, en función de las razones expresadas en su alocución, el hecho de desterrar del campo de los aspectos que varían la pena a la agravante típica señalada, que impide aumentarla, me obligan, por manda legal, a darle incidencia en el proceso de determinación de la pena.
Este aspecto, tratado por la jurisprudencia provincial, tiene fundamento en las implicancias propias del sistema acusatorio.
La Sala Primera del Excmo. Tribunal de Casación Provincial, en su anterior integración, sostuvo en Causa Nro. 22.255, por mayoría, que:
[...] Al recalificar el hecho 2 el "a quo", apartándose de lo acordado, impone una figura más beneficiosa (robo simple por robo agravado por efracción), ello debió redundar –necesariamente- en una disminución del monto de pena a imponer. 'Si las partes han acordado la imposición de un determinado quantum punitivo en base a una calificación legal, toda modificación que el sentenciante realice de la calificación consensuada en función de la facultad que le otorga el art. 399 del ceremonial, debe reflejarse en la pena, ya que –de otro modo- se va a estar penando por encima de lo solicitado por la Acusadora [...] En el mismo sentido, la Sala Segunda de ese mismo Tribunal, ha sostenido en Causa Nro. 62.861, que:
[...] Esta Sala tiene dicho que la pena necesariamente guarda una relación directa con los hechos en los que se basa la condena, su calificación y, en caso de existir, con las agravantes a ponderar. Si el Tribunal de mérito decidió modificar la calificación legal de un hecho hacia la figura menos gravosa, ello debe conducir necesariamente a la reducción del monto de la pena impuesta porque, vinculado el Tribunal por la prohibición de exceder el monto de la pena pactada en base a una calificación más gravosa, resultaría contradictorio e implícitamente violatorio de la sanción acordada, que mantuviera la misma, que debe ser reducida en proporción a la incidencia que se otorgue a la rebaja en la gravedad de las figuras imputadas, tarea en la cual si bien son soberanos los jueces, no puede obviarse una cierta correlación en la cuantificación de la pena [...].
Del mismo modo, aunque en el caso se ventilaba una cuestión diversa, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia ha sostenido que:
[...]la valoración de las pautas para graduar la sanción -tanto desde lo objetivo como desde lo subjetivo- esto es, su incidencia en la pena que finalmente será escogida, necesariamente se realiza -y resulta relativa- a la escala dentro de la cual esa sanción se va a fijar. Se trata de dos términos en estrecha relación [...] (Causas Nro. P 97528 S 18/03/2009, P 103451 S 14/10/2009 y P 66866 S 17/07/2003). Inclusive, la Sala Primera del Tribunal de Casación Penal de la Provincia, ha extendido este criterio a la exclusión de circunstancias atenuantes y agravantes, señalando en la Causa Nro. 63.697, que:
"[...] De otro lado, entiendo que a partir del contradictorio en la discusión de las pautas atenuantes y agravantes y, en atención a las posturas allí expuestas, se verifica una situación que ya inicialmente tiene, a mi modo de ver, incidencia sobre la dosificación de la sanción a imponer.
'Me explico. La acusación estatal, tras el señalamiento de, al menos, cuatro agravantes, estimó justa la imposición de cuatro (4) años de prisión. Ahora bien, el Tribunal de la audiencia al tratar la quinta cuestión del veredicto desechó, con acertado criterio, tres de esas pautas al entender que escapaban a la órbita de los arts.40 y 41 del plexo penal de fondo, no obstante al momento de fijar la sanción a recaer la mantuvo en idéntica dosificación a la peticionada por la acusación en su origen (cuatro años).
'Si el representante de la persecución pública estimó como límite superior una pena de cuatro años, bajo una múltiple ponderación de razones que agregaban factores que significaban un plus de desvalor de hecho, es cuestionable la racionalidad de la individualización que, tras descartar gran parte de aquellas pautas severizantes, haya omitido reflejar en la sanción a imponer aquellas circunstancias.
'Parto en este análisis de considerar que en un sistema de características acusatorias, la estimación de pena fiscal funge como límite a la potestad jurisdiccional de imposición de pena, criterio que es doctrina tanto de esta Sala como la de nuestros colegas de la Sala Tercera.
'Sentado lo anterior, en el caso que nos ocupa también se verifican otras características que ameritan ser analizadas. En efecto, el marco de pena que se erige a partir de las reglas de fondo infraccionadas arroja como resultado un mínimo de un (1) año y seis (6) meses y una sanción máxima que alcanza el límite formal de seis años (6) y ocho (8) meses, producto del juego de las reglas del art. 166 inc. 2do tercer párrafo y los arts. 42 y 44, aunque en rigor –por las razones antes expuestas- el límite superior queda entonces acotado por la petición fiscal[...] Por mi parte, tengo dicho reiteradamente que:
"[...] teniendo en cuenta que en el ámbito bonaerense rige el sistema acusatorio, dicho extremo debe ser fundamentado por el representante del Ministerio Público Fiscal de intervención, exclusivo titular de la acción penal, debiendo el magistrado (...), limitarse a decidir sobre la base de las alegaciones de las partes, pudiendo apartarse únicamente cuando favorezca al imputado [...] Dicho modelo de enjuiciamiento no resulta un recaudo formal carente de contenido sino que se fundamenta en la necesidad de que, quien deba decidir las cuestiones planteadas, mantenga equidistancia entre las partes, como modo de garantizar la imparcialidad del juzgador [...] Esta necesidad de que el órgano decisor sea un tercero distinto de las partes surge de las garantías mínimas establecidas en los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos (arts. 26 DADyDH, 10 DUDH, 8.1 CADH, 14.1 PIDCyP, […]), sin contar con que ello puede deducirse de los arts. 1, 116 y 120 CN, en cuanto establecen que corresponde al Ministerio Público Fiscal el ejercicio de la acción penal y al Poder Judicial la decisión de las causas que llegan a su conocimiento, delimitando concretamente las funciones de uno u otro órgano..." (causas 11.201/I y 11.214/I, entre muchas otras).
Es así que si el Tribunal se encuentra limitado por el contradictorio y en la consideración de la penalidad concreta se valoró un aspecto punitivo ahora descartado por el órgano jurisdiccional, no puede alcanzarse el mismo monto punitivo.
Asistiéndole razón a la defensa en este aspecto y teniendo en consideración el resto de las variables analizadas, entiendo que corresponde asumir competencia positiva sobre el punto y con ajuste a las circunstancias del caso, hacer lugar al recurso de apelación interpuesto a nivel de la determinación concreta del monto punitivo, reduciendo en un año la pena impuesta y fijándola, en definitiva, en dieciséis años de prisión.
En función de lo expuesto, propongo al acuerdo hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto y confirmar la sentencia dictada por el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil Departamental, fijando la pena en dieciséis años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, por haber sido responsabilizado como coautor de los delitos de robo calificado por el resultado homicidio y tenencia de arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal, en concurso real, ocurridos el día 10 de octubre de 2009, en la localidad y partido de Tigre (arts. 1, 18, 31, 75 inc. 22, 116 y 120 CN; 26 DADyDH; 10 DUDH; 8.1 CADH; 14.1 PIDCyP; 40 CDN; 168 y 171 Const. Prov.; 40, 41, 45, 165 y 189 bis inc. 2 párrafo segundo CP; 4 Ley 22.278; 106, 203 a contrario sensu, 210, 373, 375 y 434 CPP; 33 y 58 Ley 13.634).
Es mi voto.
A la misma cuestión planteada, el Señor Juez Dr. Ernesto A. A. García Maañón dijo:
Si bien comparto los argumentos del Dr. Cámpora y adhiero a su voto en cuanto se pronuncia por la confirmación de la sentencia dictada por el Tribunal a quo, respetuosamente he de disentir con la propuesta presentada al acuerdo en relación con el monto de la pena de prisión a imponer, pues consideró que la estipulada en el resolutorio en crisis resulta adecuada, ello de acuerdo con los fundamentos que desarrollaré a continuación.
Como reseña del caso analizado en el presente y en razón de brevedad, evitando la reiteración de antecedentes que fueron enunciados en el acápite correspondiente, cabe señalar que el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil Departamental, resolvió condenar a J.J.A. a la pena de diecisiete años de prisión, por haber sido encontrado coautor del delito de robo calificado por el resultado homicidio en concurso real con tenencia de arma de guerra sin la debida autorización legal. El monto punitivo señalado coincide con el que fuera oportunamente peticionado por el Fiscal -petición a la que adhirió la representante del particular damnificado-, sin perjuicio de que la mayoría del Tribunal a quo rechazó la aplicación al caso del art. 41 bis del C.P., que fuera requerida por el Representante del Ministerio Público, y conforme lo señala mi colega, habría sido tenido en cuenta al momento de peticionar la pena.
Ahora bien, luego de analizar detenidamente el decisorio en crisis, conjuntamente con los elementos adunados a la causa, el recurso de apelación interpuesto por la defensa, y el voto del Juez preopinante; reitero que discrepo respetuosamente con la opinión de mi distinguido colega, pues considero adecuado el temperamento adoptado por los magistrados de instancia al determinar el monto punitivo a imponer y, en concreto, entiendo que el hecho de que la mayoría del tribunal haya rechazado la aplicación al caso de lo dispuesto en el art. 41 bis del C.P., no implica que la pena solicitada por el Fiscal necesariamente deba ser reducida.
Como lo he señalado en el voto que emití el 2 de septiembre de 2014, en el marco de la causa N° 13.371, caratulada "M.L.C. s/ Recurso de Queja por apelación denegada", no se puede perder de vista que el Derecho Penal, constituye derecho de orden público y acoge el principio de legalidad, lo que lo diferencia estructuralmente de aquellos como el derecho privado, en donde la autonomía de la voluntad reina las relaciones jurídicas entre las partes. En los sistemas como el nuestro, regidos por dicho principio, los sujetos procesales están bien definidos, cada uno con sus roles, los que no pueden verse alterados so riesgo de conculcar garantías y principios constitucionalmente receptados. En similar sentido se ha expedido la jurisprudencia, al señalar que "La competencia de los jueces para penar no se modifica un ápice en razón del proceso acusatorio pues con el se ha dispensado a los magistrados de la iniciativa persecutoria a fin de garantizar la imparcialidad de sus actuaciones, con lo que va de suyo que no corresponde construirlo como si se tratara de un proceso civil, ya que en nuestro proceso penal no se trata de hacer valer un derecho propio reclamando su adjudicación, sino que se afirma el derecho judicial de penar que al mismo tiempo representa un deber." (TC0003 LP 22857 RSD-35-9 S 03/02/2009 Juez BORINSKY (SD) Carátula: C. ,H. S. s/Recurso de casación interpuesto por los actores civiles y sus acollaradas .Observaciones: y sus acumuladas 22855, 22856, 22858 y 22872. Magistrados Votantes: Borinsky-Violini-Natiello. Tribunal Origen: TR0400SI).
En otro orden de ideas, cabe tener presente que desde antiguo se ha acuñado en Roma la máxima “Iura novit curia”, bastión del referido principio de legalidad, en apoyo de ello, “el conocimiento judicial del Derecho es considerado un presupuesto necesario para que los órganos jurisdiccionales cumplan con la obligación de sujetarse a la Ley al adoptar sus decisiones ("Iura novit curia y Aplicación del Derecho", Francisco Javier Ezquiaga Ganuzas, Editorial Lex Nova, Valladolid, Año 2000). A su vez, cabe recordar que el pretor romano expresaba a las partes antes de comenzar el juicio: "Da mihi factum, dabo tibi ius" -dame los hechos, yo te daré el derecho-. Estas máximas latinas, bien entendidas como una facultad otorgada al juez, significan también la obligación de fundar en derecho sus decisiones, y en lo que aquí concierne, dan cuenta del rol preponderante que cumple el juez al imponer una sentencia.
A su vez, puede agregarse que encuentra respaldo normativo la aplicación del principio de legalidad en el art. 71 del Código Penal, que en su parte pertinente dispone que: “Deberán iniciarse de oficio todas las acciones penales…”; y luego de ello, el mismo cuerpo de normas otorga ciertas pautas a la judicatura para determinar la pena a través de sus arts. 40 y 41. Del primero de ellos no quedan dudas por zanjar, pues atribuye únicamente a los jueces la imposición de la pena al consignar “…los tribunales fijarán la condenación de acuerdo con las circunstancias atenuantes o agravantes particulares a cada caso y de conformidad a las reglas del artículo siguiente”.
De acuerdo con lo hasta aquí expuesto, considero que el Tribunal Juvenil a quo se encuentra plenamente habilitado para imponer la pena del modo en que lo hizo, siendo dable destacar que no se ha afectado el principio de congruencia en el decisorio en crisis, pues no se advierte que el Tribunal a quo haya excedido los límites establecidos en relación a los hechos contenidos en la acusación fiscal. Además, no puede dejar de señalarse que la pena impuesta no excedió la petición fiscal, sino que coincidió con aquella; y, a su vez, el monto individualizado se encuentra debidamente fundado en el decisorio bajo examen, a partir de las variables que se desprenden de lo estipulado en los arts. 40 y 41 del Código de Fondo, cuestión que fue pormenorizadamente merituada en el voto que me precede, coincidiendo en este aspecto con la afirmación de mi colega preopinante relativa a que "...la sanción alejada del mínimo, deviene adecuada y proporcionada al injusto y a la culpabilidad por el hecho".
En síntesis, conforme las consideraciones vertidas en lo que antecede, reitero que el monto punitivo impuesto en la presente causa no debe ser modificado, pues fue establecido en el marco de los deberes y facultades que rigen en la intervención de los jueces en la sentencia.
En este mismo sentido se ha expedido el Tribunal de Casación Provincial, al señalar que "El principio acusatorio obliga a los jueces a respetar los límites establecidos en relación a los hechos contenidos en la acusación fiscal -que fija el objeto del juicio, resguardando el principio de congruencia-, pero no les impide aplicar la pena que estimen adecuada dentro de los parámetros de la escala correspondiente". (TC0004 LP 55952 RSD-159-13 S 25/04/2013 Juez KOHAN (SD) Carátula: C. ,G. R. C. s/Recurso de casación Magistrados Votantes: Kohan - Natiello , Tribunal Origen: TR0100SN).
En similar sentido, se ha dicho que "El principio acusatorio sólo obliga a respetar los límites establecidos en la relación de los hechos contenidos en la acusación fiscal que fija el objeto del juicio, pero no impide al Tribunal cambiar la calificación o aplicar la pena que estime adecuada, si lo hace en el marco establecido en el código sustantivo. Salvo que se incurra en una peligrosa equiparación entre sistema acusatorio y principio dispositivo, debe entenderse que el acusatorio importa la sujeción de los Jueces al objeto del juicio, es decir, a los hechos y las personas establecidas en la acusación, mientras que los otros aspectos vinculados a la calificación legal, a si el delito resultó o no consumado, al grado de participación del acusado a las circunstancias agravantes y a la aportación de la prueba deberían analizarse dentro del ámbito referido a la contradicción". (TC0002 LP 31648 RSD-194-10 S 25/02/2010 Juez CELESIA (SD) Carátula: V. ,J. M. s/Recurso de casación Magistrados Votantes: Celesia - Mancini - Mahiques. Tribunal Origen: TR0200LP) (TC0002 LP 7723 RSD-371-4 S 29/07/2004 Juez CELESIA (SD) Carátula: N. G. ,C. A. y D. ,A. J. s/Recurso de casación Magistrados Votantes: Celesia-Mancini-Hortel Tribunal Origen: TR0500SI). Más específicamente, la jurisprudencia del Tribunal de Casación, señaló que "No se verifica violación a los principios acusatorio y de razonabilidad, si los jueces de grado impusieron al imputado una pena igual a la requerida por la fiscalía, por más que hayan valorado una circunstancia atenuante más que la solicitada por el acusador". (TC0002 LP 17924 RSD-933-7 S 08/11/2007 Juez CELESIA (SD)
Carátula: D. J.,D. A. E. s/Recurso de casación. Magistrados Votantes: Celesia- Mahiques .Tribunal Origen: TR0900LZ ).
Por todo lo desarrollado, en el entendimiento de que nuestro sistema acusatorio se encuentra regido por el principio de legalidad y que la fijación de las penas permanece como resorte exclusivo de la judicatura que debe establecerlas de manera motivada con arreglo a todos los principios y excepciones antes expuestos, he de apartarme del criterio del colega que me precediera en el orden de votación en cuanto propone fijar la pena en dieciséis años de prisión, proponiendo al acuerdo que se confirme la resolución apelada en todo cuanto fuera materia de agravio(Arts. 18, 75 inc. 12 de la C.N., 171 de la C.P., 106, 375, 398, 399 del C.P.P., 40, 41 y 71 C.P.).
Es mi voto.
A la misma cuestión planteada, el Señor Juez Dr. Oscar Roberto Quintana dijo:
Adhiero al voto del colega que abre el acuerdo, Dr. Duilio Alberto Cámpora, en igual sentido y por sus mismos motivos y fundamentos (arts. 168 y 171 Const. Prov.; 106 CPP).
A la tercera cuestión planteada, el Señor Juez Dr. Duilio Alberto Cámpora dijo: Visto el modo en que han quedado resueltas las cuestiones precedentes, corresponde: I. Por unanimidad, declarar admisible el recurso de apelación interpuesto por el señor Defensor Oficial asistente de J.J.A., Dr. Juan Staubli, a fs. 1/13vta., contra la sentencia cuya copia obra a fs. 166/224, de conformidad con los motivos expuestos al tratar la cuestión primera (arts. 18, 31, 33 y 75 inc. 22 CN; 168 y 171 Const. Prov.; 59 y 61 Ley 13.634; 421, 439 in fine, 441 segundo párrafo, 442, 443, 446 a contrario sensu CPP); y II. Por mayoría, hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto y confirmar la sentencia dictada por el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil Departamental, fijando la pena en dieciséis años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, por haber sido responsabilizado como coautor de los delitos de robo calificado por el resultado homicidio y tenencia de arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal, en concurso real, ocurridos el día 10 de octubre de 2009, en la localidad y partido de Tigre, de conformidad con los motivos expuestos al trata la cuestión segunda (arts. 1, 18, 31, 75 inc. 22, 116 y 120 CN; 26 DADyDH; 10 DUDH; 8.1 CADH; 14.1 PIDCyP; 40 CDN; 168 y 171 Const. Prov.; 40, 41, 45, 165 y 189 bis inc. 2 párrafo segundo CP; 4 Ley 22.278; 106, 203 a contrario sensu, 210, 373, 375 y 434 CPP; 33 y 58 Ley 13.634).
Es mi voto.
A la misma cuestión planteada, el Señor Juez Dr. Ernesto A. A. García Maañón dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante en igual sentido y por sus mismos motivos y fundamentos (arts. 168 y 171 Const. Prov.; 106 CPP).
Es mi voto.
A la misma cuestión planteada, el Señor Juez Dr. Oscar Roberto Quintana dijo:
Adhiero al voto del colega que abre el acuerdo, Dr. Duilio Alberto Cámpora, en igual sentido y por sus mismos motivos y fundamentos (arts. 168 y 171 Const. Prov.; 106 CPP).
Es mi voto.
///Isidro, 30 de junio de 2015.
Los de la presente causa N° 13.668/I del registro interno de la secretaría de este Tribunal, caratulada “A., J.J. s/incidente de apelación”;
Los fundamentos consignados en el acuerdo que antecede, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso (arts. 168 Y 171 Const. Prov.), el Tribunal
I. POR UNANIMIDAD, DECLARAR ADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por el señor Defensor Oficial asistente de J.J.A., Dr. Juan Staubli, a fs. 1/13vta., contra la sentencia cuya copia obra a fs. 166/224, de conformidad con los motivos expuestos al tratar la cuestión primera del acuerdo que antecede (arts. 18, 31, 33 y 75 inc. 22 CN; 168 y 171 Const. Prov.; 59 y 61 Ley 13.634; 421, 439 in fine, 441 segundo párrafo, 442, 443, 446 a contrario sensu CPP).
II. POR MAYORÍA, HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de apelación interpuesto y CONFIRMAR la sentencia dictada por el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil Departamental, FIJANDO LA PENA EN DIECISÉIS AÑOS DE PRISIÓN, ACCESORIAS LEGALES Y COSTAS DEL PROCESO, por haber sido responsabilizado como coautor de los delitos de robo calificado por el resultado homicidio y tenencia de arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal, en concurso real, ocurridos el día 10 de octubre de 2009, en la localidad y partido de Tigre, de conformidad con los motivos expuestos al trata la cuestión segunda del acuerdo que antecede (arts. 1, 18, 31, 75 inc. 22, 116 y 120 CN; 26 DADyDH; 10 DUDH; 8.1 CADH; 14.1 PIDCyP; 40 CDN; 168 y 171 Const. Prov.; 40, 41, 45, 165 y 189 bis inc. 2 párrafo segundo CP; 4 Ley 22.278; 106, 203 a contrario sensu, 210, 373, 375 y 434 CPP; 33 y 58 Ley 13.634).
Regístrese, notifíquese al Señor Fiscal General y devuélvase de conformidad al Acuerdo Extraordinario de esta Alzada Nro. 693, encomendando al señor secretario del Juzgado actuante la realización de las notificaciones restantes, sirviendo el presente de atenta nota de envío.
FDO: DUILIO A. CÁMPORA - OSCAR R. QUINTANA- ERNESTO A. A. GARCÍA MAAÑON.
Ante mí: BERNARDO HERMIDA LOZANO.
Fin de la sentencia